Normas Internacionales Sobre El Arresto2 6k2334

NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL ARRESTO

ARRESTO: Viene a ser el acto que el sujeto sufre al verse privado de su libertad, de corta duración, ordenada por autoridad judicial o istrativa. El sujeto que lo realiza puede ser un funcionario del orden público o por una persona particular. El arrestado no habrá de estar sujeto a más restricciones que las necesarias para su arresto y detención, y tendrá derecho a que su abogado o su familiar más cercano lo visiten y se comunique con él.

EL ARRESTO EN EL PERÚ Todo sujeto in fraganti podrá ser aprehendido por cualquier ciudadano. Policía Nacional además está facultada a detener, sin mandato judicial. A partir del 01 de julio del 2009, toda persona podrá proceder al arresto de cualquier sujeto en caso de flagrante delito, al ponerse en vigencia en todo el país la Ley Nº 29372 que modifica los artículos 259 y 260 del nuevo Código Procesal Penal, referidos precisamente al arresto ciudadano y a la detención sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Así, la primera disposición refiere que la Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existirá flagrancia, además, cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible, o si es sorprendido con objetos o huellas que revelen que

acaba de ejecutarlo. Si se tratara de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de la libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgente, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. Mientras que, el artículo 260 de la Ley Nº 29372 precisa que en los casos antes descritos, toda persona también podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. Agrega que, en esa circunstancia, deberá entregar en forma inmediata a la Policía más cercana, al arrestado y a las cosas que constituyan el cuerpo del delito. Aquí, se entenderá por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halle por inmediaciones del lugar, en ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantenerlo privado de su libertad, en un lugar público o privado, hasta su entrega a la autoridad policial. La autoridad policial, finalmente, redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. El destacado abogado peruano Dr. Luis Lamas Puccio, señala que con la puesta en vigencia de la Ley Nº 29372, lo fundamental será informar a la opinión pública sobre lo que es el arresto ciudadano, que no es propiamente una detención, la que solo compete a la PNP. Luego, precisó que dicha facultad solo implica conducir al arrestado inmediatamente a una comisaría o autoridad más cercana y que por ningún motivo debe existir algún acto de violencia. Igualmente, el sujeto debe hallarse en estado de flagrancia y no porque a uno se le ocurra o pueda sospechar de él. Para mejor eficacia de la norma, sería recomendable reglamentar el arresto, a través un decreto supremo para darle más elasticidad. Precisar lo que significa el arresto, sus condiciones o circunstancias, limites al uso de la fuerza, tiempo del traslado a la autoridad. Inclusive las responsabilidades en que incurrirían los ciudadanos cuando excedan estas atribuciones. Las comunas deben fijar un reglamento único de actuación de los del serenazgo, para detallar en lo istrativo la manera de proceder, formas y actuaciones de los de este servicio”

La norma permitirá a todo ciudadano a efectuar el arresto de cualquier otro que incurra en flagrancia delictiva, con el fin de combatir con mayor eficacia la delincuencia.

Pautas que recomiendan los penalistas: Primero, insistir en que las personas solo podrán ser arrestadas ante casos de flagrante delito. Tampoco al arrestado se le podrá privar de su libertad, sea en un lugar grande o pequeño, como una casa, sino que inmediatamente deberá ser puesto a disposición de la policía nacional. Segundo, la ciudadanía debe actuar con precaución y responsabilidad frente a esta nueva facultad, pues está en riesgo su integridad, que muchas veces puede ser su propia vida. Tercero, tener presente que muchas veces estos sujetos no actúan solos, como experiencia sé que no ha existido ningún caso en que un delincuente en flagrancia del delito no haya ofrecido resistencia al policía. Los sujetos solo serán arrestados ante casos de flagrante delito, y nunca por una actitud sospechosa. Tampoco se le podrá privar de su libertad, sino conducido de inmediato a la autoridad respectiva.

El Arresto en Otros Países Legislación En otros países también existe la posibilidad del arresto ciudadano. En México, Argentina y Bolivia se establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al inculpado poniéndolo sin demora de la autoridad inmediata. Similar facultad prevé el “citizens arrest” del California Penal Code y el New York Penal Code de EE UU.

¿QUÉ ES LA DETENCIÓN ARBITRARIA? Es el acto que se lleva a efecto sin el fundamento de una norma jurídica por la simple decisión de la autoridad pública o la aprobación de ésta ante la acción de cuerpos de seguridad o de grupos paramilitares. Es así que se entiende como una detención ilegal, la desaparición forzada que es una grave violación de los derechos humanos a la vida, a la seguridad, la integridad y a la libertad de las personas

Se definen 3 categorías de detención arbitraria: 1. Cuando no hay base legal para la privación de libertad (por ejemplo, cuando una persona permanece detenida después de haber terminado su sentencia a prisión o a pesar de la ley de amnistía aplicable a ella); 2. Cuando una persona es privada de su libertad por haber ejercido los derechos y libertades garantizados en la UDHR y la ICR. 3. Cuando una persona ha sido privada de su libertad tras un juicio que no cumplía las normas para la celebración de un juicio justo establecidas en la UDHR y otros instrumentos internacionales pertinentes. Ahora bien los derechos humanos toman en cuenta en primer lugar los derechos de toda persona, como son mencionados en su Art. 2º. Toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad personal.

Así: 

No hay prisión por deudas.



Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto

a

disposición

del juzgado

correspondiente,

dentro

de las

veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 

Nadie puede ser incomunicado sino en el caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo la responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.



Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir

por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

LA DETENCIÓN ARBITRARIA EN EL PERÚ Son dos millones de peruanos los indocumentados. Se trata de personas que, por una serie de barreras económicas, geográficas o lingüísticas, jamás pudieron obtener una partida de nacimiento, una Libreta Militar o un DNI. En muchos casos, además, los registros civiles fueron destruidos durante los años del conflicto armado. Para muchos peruanos, simplemente la extrema pobreza en que viven estos ciudadanos ha llevado a que nunca hayan cambiado la antigua Libreta Electoral por el DNI. Existen también centenares de miles de peruanos en el extranjero que no han cumplido con este trámite. Sin contar con DNI una persona no puede trabajar formalmente, presentar una denuncia o una demanda y a su vez no puede inscribir a sus hijos.

La

indocumentación tiene además una carga de género: la gran mayoría de personas que padecen esta condición son mujeres campesinas.

Sin embargo, para estas personas un nuevo riesgo se presentó, por la entrada en vigencia del artículo 205 del Código Procesal Penal. El inciso 4º de este artículo establece que la Policía Nacional puede detener a una persona que considera sospechosa de estar involucrada en un hecho delictivo si no porta su DNI. Estas detenciones pueden realizarse sin la presencia de Juez o Fiscal. Supuestamente, se realizarán hasta que los policías puedan comprobar la identidad del detenido… Pero cabe preguntarse cómo se logrará comprobar la identidad de un indocumentado, lo cual probablemente implique una detención indefinida. Ahora bien, el artículo 205 no sólo pone en peligro los derechos de los indocumentados, sino de cualquier joven de 16 o 17 años que tampoco tiene DNI, un documento que es obligatorio solamente para los mayores de edad. ¿Será posible que algunos integrantes de la Policía Nacional detengan a jóvenes con cualquier excusa para luego solicitarles dinero a ellos o a sus padres?

¿Será

posible que enfrenten este riesgo también los peruanos que regresan del extranjero por las fiestas navideñas?

Lamentablemente, existen muchos problemas de

corrupción policial, como para que la ciudadanía no pueda temer que incremente la posibilidad de sufrir abusos. De hecho, el inciso 3 de ese artículo ya autoriza la revisión de la vestimenta y el vehículo de una persona… a discrecionalidad de los policías involucrados. Por si fuera poco, también entró en vigencia el artículo 209, inciso 2, que ha creado la figura de la “retención”, por la cual, los efectivos policiales, sin orden del juez, sin que medie delito flagrante o aunque el ciudadano tenga sus documentos en regla, pueden detenerlo hasta por cuatro horas si sospechan de que una persona está involucrada en un delito grave. Estas detenciones también se pueden realizar sin la presencia de Jueces o Fiscales. Ante estos peligros, es urgente que el Congreso de la República dicte las normas necesarias para regular la entrada en vigencia de estos artículos, y, al mismo tiempo, desarrolle las modificaciones para que estos artículos del Código Procesal

Penal sean compatibles con la Constitución Política y las normas internacionales de derechos humanos.

CASO DE DETENCIÓN ARBITRARIA Detención Arbitraria Si un requisitoriado es detenido sin mandato alguno, ¿se produce una detención arbitraria? Mediante la STC recaída en el Exp. N. ° 2252-2007-PHC/TC, publicada en el portal institucional el 18/01/2008, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Hugo Quispe Vilca. Precisemos, en primer lugar, que la demanda fue declarada fundada en parte en segunda instancia, e infundada en la parte que se dirige contra el Capitán de la PNP. Así, el recurso de agravio constitucional lo formula cuestionando el extremo en el que se declara infundada la demanda.

Sobre el particular corresponde hacer algunas precisiones. Primero, el objeto del proceso de hábeas corpus no es la de determinar responsabilidades de los agresores, sino la de evaluar si un acto vulnera o no el derecho a la libertad personal o un derecho conexo a esta. En ese sentido, el artículo II del Título Preliminar, y los artículos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional (Const.), señalan que son fines de los procesos constitucionales la protección de derechos fundamentales y la garantía de la supremacía constitucional, los cuales se logran, en el caso de los

procesos constitucionales de la libertad, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos alegados. Sin embargo, ello no obsta para que, en aplicación del artículo 8 del Const., el juez constitucional derive lo actuado al órgano judicial competente para que, conforme a sus atribuciones, sea el juez competente -penal- el que inicie las investigaciones y establezca las sanciones que corresponda. Pero debe tenerse en cuenta que esta no es la finalidad del proceso de hábeas corpus, sino solo una facultad que tiene el juez constitucional durante su conocimiento. Ahora bien, se puede decir que el objeto de interponer el recurso de agravio constitucional cuestionando el extremo del fallo declarado infundado, era vincular al capitán de policía al fallo del hábeas corpus, para que de este modo se tomen las medidas necesarias para evitar que el acto vulneratorio vuelva a repetirse. En todo caso consideramos, que no se puede solicitar en el recurso de agravio constitucional que se determine la responsabilidad de un funcionario, o que el juez constitucional aplique el artículo 8 del Const. En efecto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al artículo 18 del Const., el recurso de agravio constitucional procede para brindar una adecuada protección a los derechos fundamentales o para restablecer el orden constitucional o para solicitar la ejecución de una sentencia constitucional, cuyo cumplimiento haya sido desconocido por el órgano judicial competente para la ejecución de la misma. En ese sentido, si se ha comprobado la existencia de un acto lesivo que vulnera el derecho alegado y el juez constitucional no ha actuado conforme al artículo 8 mencionado, siempre le quedará la posibilidad al justiciable de acudir a las vías regulares para denunciar un acto ilícito. De otro lado, el Tribunal Constitucional hace mención al artículo 9, sobre la ausencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales, y pareciera señalar que por ello se debe derivar la investigación de los actos cometidos por el demandado a la Inspectoría de la Policía Nacional. Sin embargo, como se señala líneas arriba no es propósito de un proceso constitucional de la libertad determinar

la responsabilidad del agresor, por lo que resultaría impertinente la cita a dicha disposición normativa. Asimismo, si la legislación ha previsto la ausencia probatoria, ello se debe precisamente al objeto y la forma de protección que brindan estos procesos, y por ello mismo es que los presupuestos procesales son especiales. En los procesos constitucionales no se determina si hay o no derecho, si existe o no acto lesivo, como sí ocurre en los procesos ordinarios en los que sí hay etapa probatoria. Tanto el derecho constitucional como el acto lesivo deben estar perfectamente acreditados, para que a partir de ello se pueda proteger el derecho reponiendo las cosas al estado anterior a dicha afectación. Estos procesos perderían su razón de existir si en su interior tuviera que determinarse la titularidad de un derecho fundamental o la existencia del acto vulneratorio. Por eso la actividad probatoria es mínima, pues los medios presentados deben bastar, en principio, para acreditar lo alegado. En el caso, observamos, que el Tribunal Constitucional consideró pertinente que la conducta del Capitán PNP sea investigada en el marco de la Ley N. º 28338 -Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú- como posible delito de función: pasible de procedimiento y sanción istrativo-disciplinarios. Al respecto, la Undécima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de esta ley señala, empero, que los encargados de la istración disciplinaria, ya sea en la etapa de investigación o decisión, que tomen conocimiento de la comisión de un delito o hallen indicios de tales hechos, tienen la obligación de informarlo a la autoridad que corresponda para que se adopten las acciones del caso, sin perjuicio de continuar con la tramitación del procedimiento istrativo disciplinario que corresponda. Por otro lado, y respecto del fondo de la controversia planteada ante el colegiado constitucional, este ha dicho que la ilegitimidad de la detención se produce por el incumplimiento de la PNP del procedimiento establecido para el caso de las detenciones de personas requisitoriadas, específicamente del artículo 4 de la Ley 27411. Sin embargo, se debe precisar que el requisitoriado no tenía orden de

detención, sino solo impedimento de salida del país. Así el elemento esencial que debió considerarse era sí existía un mandato de detención, y si este cumplía con las exigencias constitucionales.

Por ello las normas sobre el arresto se dan en el marco de la legalidad por ello se menciona: EL ARRESTO Y LA DETENCIÓN ARBITRARIA: PRECISIONES CONCEPTUALES Las normas internacionales sobre derechos humanos también se pronuncian en relación a este tema. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9º inciso 1º) establece: "Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta" (subrayado nuestro). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7o inciso 2º) señala: "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas" (subrayado nuestro). Al analizar esta disposición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que: "(...) nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)" En consecuencia, la privación de la libertad personal sólo puede efectuarse en los casos y de acuerdo a los procedimientos previstos en la Constitución o la ley. Las normas internacionales de derechos humanos no sólo prohiben toda privación de la libertad que se realice sin observarse las causas y condiciones legales previstas para tal efecto, sino también cualquier restricción a este derecho fundamental que resulte arbitraria. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 9º)

establece que "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9°, inciso 1º) dispone que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias". Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º, inciso 3º) precisa que "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios".

Al precisar los alcances de una detención o privación arbitraria de la libertad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad".

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN JUDICIAL La libertad física es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por autoridad competente o en caso de flagrante delito, y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o las leyes. En este sentido, el artículo 2° inciso 24° de la Constitución establece que: "Toda persona tiene derecho: a) La libertad y seguridad personales. En consecuencia: (...) b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los

casos previstos por la ley. (...) f)

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. (...)"

De la lectura de estas normas constitucionales se pueden precisar diversos aspectos relacionados con las medidas restrictivas de la libertad personal. En este sentido, para que una persona sea privada de libertad no basta con que su conducta se enmarque dentro de los supuestos de hecho previstos en la ley que habilitan la adopción de esta medida, sino que se requiere también que exista una orden que autorice la detención. Dicha orden, además, debe constar por escrito, encontrarse debidamente motivada y ser expedida por una autoridad competente (la excepción al respecto ocurre en el caso del flagrante delito). En cuanto a la autoridad que puede ordenar la privación de libertad de una persona, la Constitución peruana de 1993 establece en su artículo 2º inciso 24° literal f) que para la adopción de esta medida se requiere que exista un "mandamiento escrito y motivado del juez". Sin embargo, pueden existir situaciones en donde a pesar de existir una orden judicial de detención, la medida adoptada resulta arbitraria o ilegal, situación ante la cual cabe la posibilidad de presentar los medios judiciales de protección de la libertad personal previstos en el ordenamiento jurídico nacional, entre ios cuales se encuentra el proceso de hábeas corpus.

NORMAS QUE ESTABLECEN DERECHOS DE LOS DETENIDOS 1. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 2. Los procesados deben estar separados de los condenados,

salvo en

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 3. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 4. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. No debe efectuarse nunca una detención

sin base legal para hacerlo o sin ajustarse a los procedimientos legalme.nte establecidos para ello. 5. Debe garantizarse que a todos los detenidos se les permite comunicarse sin demora con sus familiares y su abogado y se les presta toda la asistencia médica que necesiten. 6. Todas las personas detenidas deben recibir un trato humano. No se infligirán, instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna circunstancia, y hay que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo.

RESPETO DE LAS GARANTÍAS DEL DETENIDO Los agentes de policía están facultados para limitar la libertad de las personas procediendo al arresto y detención de aquellos que, presunta o realmente, han cometido actos delictivos. Al igual que en el punto anterior, el control por parte de la sociedad se vuelve crucial para garantizar un ejercicio correcto de esta potestad e impedir actuaciones arbitrarias e ¡legales. El momento de la detención de la persona y su posterior traslado y estancia en las dependencias policiales a la espera de una resolución judicial, se revelan como momentos críticos en los que es más probable que se den determinadas violaciones de derechos humanos, especialmente, la tortura y los malos tratos. Dos son las cuestiones básicas a la hora de regular este punto: Las detenciones deben realizarse siguiendo los procedimientos legales pertinentes y siempre de manera motivada, es decir, debe existir una presunción fundamentada de un comportamiento delictivo o ilegal del detenido. Deberán respetarse escrupulosamente los derechos del detenido que deberá ser debidamente informado de las causas de su detención y al que se facilitará el a un abogado y a sus familiares o allegados. Igualmente, se le deberá prestar toda la asistencia médica que pudiera necesitar. El trato que se dará al detenido será correcto, debiendo ponerse especial énfasis en todas las medidas que eviten el que pueda ser objeto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

PELÍCULA “TRÁFICO DE PERSONAS”

RESUMEN Narra la investigación de un policía en México encargado de buscar a una chica de 13 años que ha sido secuestrada por una organización dedicada al tráfico sexual. Su búsqueda en los bajos fondos se convertirá en una pesadilla.

Adriana (Paulina Gaitán) es una niña de trece años de Ciudad de México cuyo secuestro por traficantes de sexo pone en marcha una misión desesperada por parte de su hermano de diecisiete, Jorge (César Ramos), para rescatarla. Una organización delictiva internacional que gana millones explotando su carga humana la mantiene cautiva y aterrorizada. La única amiga y protectora que tiene Adriana en su odisea es Verónica (Alicja Bachleda), una joven polaca que ha sido metida en el tráfico mediante engaños por la misma pandilla criminal.

Después de eludir a los oficiales de inmigración y superar tremendos obstáculos para seguir a los secuestradores de las chicas, Jorge se topa con Ray (Kevin Kline), un policía de Texas cuya propia pérdida familiar a raíz del tráfico sexual lo lleva a convertirse en el aliado del muchacho.

Luchando con valentía y una fe a toda prueba, los protagonistas de "Trade" van atravesando el horroroso terreno de los "túneles" del tráfico de sexo que unen a México con Estados Unidos. Desde los vecindarios de Ciudad de México y la peligrosa frontera del Río Grande, a las subastas secretas por internet de esclavos sexuales y la confrontación final en una casa secreta de los suburbios de Nueva Jersey, Ray y Jorge desarrollan rápidamente un fuerte vínculo mientras siguen desesperadamente a los secuestradores de Adriana antes de que la vendan y desaparezca para siempre en este brutal mundo subterráneo, un lugar del que muy pocas víctimas han podido regresar.

TITULO ORIGINAL Trade GENERO Thriller PAIS Estados Unidos DURACION 119 Minutos AÑO 2007

DIRECTOR: Marco Kreuzpaintner GUION Jose Rivera y Peter Landesman INTERPRETES Alicja Bachleda-Curus, Kathleen Gati, Kevin Kline y Paulina Gaitan

Esta película presenta de un modo conmovedor las palizas, moretones, degradación, terror, enfermedad y muerte; todo esto son realidades que lamentablemente se presentan en forma cotidiana en nuestra sociedad La finalidad de esta película, es parte de un esfuerzo para internacional para hacer conciencia sobre el crimen que es la trata de personas. Se hace hincapié en que la trata de personas es una forma moderna de esclavitud. La trata de personas, es “una amenaza mundial” y sus ganancias “alimentan al crimen organizado”. También busca elevar la conciencia de la opinión pública, mostrando que la trata de personas es un delito que existe en todos los países y en todas las sociedades, sin excepción, y que todos debemos hacer nuestra parte para combatirla.

El filme refleja la realidad de millones de mujeres que, ansiosas por encontrar un futuro mejor, acaban atrapadas la pesadilla de la prostitución. Si bien la trama de la película tiene lugar en Estados Unidos, el problema del tráfico y trata de personas ocurre en todas partes del mundo.

A través de la historia de las protagonistas de este drama, los espectadores pueden acercarse a la realidad del mundo de la trata y tráfico de personas y pueden comprobar que todavía no se toman las medidas para defender a las víctimas de este delito.

DERECHOS ATENTADOS CONTRA LA PERSONA Este marco normativo busca desarrollar dichas medidas preventivas, considerando el enfoque de derechos humanos y de grupos vulnerables, así como sus factores de riesgo, teniendo en cuenta su investigación, capacitación, información y difusión, precisa un Decreto Supremo. La norma señala que las autoridades y servidores públicos que asistan a las víctimas de estos delitos informarán a éstas acerca de los derechos que les corresponden, al igual que los alcances de la asistencia integral, así como los beneficios e implicancias de los procedimientos que deriven de su situación. Asimismo, bajo responsabilidad istrativa, civil o penal, se mantendrá en reserva y privacidad la identidad de la víctima y se preservará la confidencialidad de las actuaciones fiscales, policiales y judiciales relativas al caso, indica el citado decreto. El interés superior del niño y el adolescente estará consagrado a las acciones que adopten los organismos gubernamentales o no gubernamentales, priorizando el interés de los menores en aquellos delitos de trata de personas y tráfico ilícito de de migrantes de los que sean víctimas. Igualmente, la norma menciona que el Estado velará por la protección y asistencia integral de la víctima, que incluya, como mínimo, la repatriación segura, alojamiento transitorio, asistencia médica, psicológica, social y legal; así como los mecanismos previstos en la citada ley. El referido reglamento incluye aspectos relacionados con la política integral contra la trata de personas, las acciones de prevención de este delito y del tráfico ilícito de migrantes, así como la persecución y sanción de ambos ilícitos, y la protección y asistencia a las víctimas, familiares directos dependientes, colaboradores, testigos y peritos en la trata de personas. 

Derecho a la seguridad pública Artículo 303º-A.- Tráfico ilícito de migrantes El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

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Derecho de Inalienabilidad Por Inalienabilidad, entendemos que todos los derechos les pertenecen a todas las personas desde el momento en que nacen. Nacemos con derechos, y ningún gobierno tiene el derecho de negarle a persona alguna sus Derechos Humanos básicos.

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Derecho a la libertad



Derecho a la Dignidad Humana La dignidad se refiere al valor intrínseco del ser humano como miembro de la especie humana, más allá de toda diferencia de nacionalidad, raza, sexo, religión, EDAD, orientación sexual u origen social. Ser digno implica ser merecedor de moverse por el mundo sin que nadie lo pueda cosificar o reducir a la condición de medio. Implica ser reconocido como un fin y no como un medio.

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Derecho a la libertad de tránsito

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Derecho a desarrollarse como persona

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Derecho a ser protegido por el Estado Artículo 7.o- Asistencia y protección a víctimas, colaboradores, testigos y peritos de trata de personas En el caso de trata de personas, el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, proporcionan a las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos dependientes, como mínimo: la repatriación segura; alojamiento

transitorio;

asistencia

médica,

sicológica,

social,

legal;

y

mecanismos de inserción social, además de las medidas de protección previstas en los artículos 21.o al 24.o 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada.”

SOLUCIONES 

Hacer que las personas y autoridades tomen conciencia tanto a nivel nacional como internacional sobre el crimen que es la trata de personas. Se hace hincapié en que la trata de personas es una forma moderna de esclavitud.

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Se deben aplicar leyes más severas a los tratantes de personas, por ejemplo: cadena perpetua.

PELÍCULA “LA CAPTURA DEL SIGLO”

La historia de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, llevado al cine peruano donde se rescata el trabajo en equipo del GEIN. El guión se basó en la historia escrita por los mismos integrantes del Grupo de Inteligencia.

DOCTRINA POLICIAL -

Seguimiento: Conocimiento específico sobre una sospecha dentro de la evolución de una realidad determinada.

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La realidad circundante: en el cual se desenvuelve el policía.

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Programas de Acción. Señala en forma precisa la acción que debe realizar el grupo policial utilizando los medios a su alcance, los planes previstos y criterios de eficiencia y eficacia que se adoptan para concretar sucesivamente propósitos comunes que satisfacen las necesidades y aspectos de una organización para alcanzar sus fines.

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Metodología.- Ordenamiento sistemático de métodos y procedimientos que requieren las acciones para alcanzar el fin propuesto.

CIENCIA Y DOCTRINA Ciencia La policía apeló a las Ciencias Médicas, porque tenía conocimiento que Abimael sufría de soriasis, entonces si encontraban algún medicamento para este mal en la basura eso confirmaría su presencia.

Doctrina El grupo GEIN, utilizó los elementos esenciales de toda doctrina policial aparte de la intuición y la lógica. Hay que hacer presente que la labor policial fue larga: implementaron y aplicaron la doctrina en todos sus aspectos, incluso el del silencio hacia otros receptores.