4) Tarjeta De Credito 4a6m6a

Concepto:

Cuenta Corriente Bancaria

La cuenta corriente bancaria —que no debe confundirse con la mercantil— es aquel contrato de adhesión suscripto por una parte denominada "banco", quien, por intermedio del cumplimiento de su función profesional para la que fue creado se obliga a prestar un servicio de caja a la otra parte, denominada "cliente" o "cuentacorrentista", reglándose en el mismo aquellas operaciones, negocios o actos jurídicos que pueden generar las distintas imputaciones y en consecuencia, los resultados o saldos de dicha operativa, percibiendo por esta tarea una retribución. Está regulada en el Código de Comercio (arts. 791 a 797) y la profusa reglamentación del Banco Central (Comunicación A 4272, art. 2 de la ley de cheque 24.452 y la OPASI III que establece que no podrá generar saldo deudor el débito de importes correspondientes a operaciones instrumentadas mediante títulos que en sí mismos no poseen fuerza ejecutiva. Art. 791. La cuenta corriente bancaria es de dos maneras: a descubierto, cuando el Banco hace adelantos de dinero; o con provisión de fondos, cuando el cliente los tiene depositados en él. Art. 792. La cuenta corriente bancaria puede cerrarse cuando lo exija el Banco o el cliente, previo aviso con 10 (diez) días de anticipación, salvo convención en contrario. Art. 793. Por lo menos 8 (ocho) días después de terminar cada trimestre o período convenido de liquidación, los Bancos deberán pasar a los clientes sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita, y ésta o las observaciones a que hubiere lugar, deben ser presentadas dentro de 5 (cinco) días (Término ampliado por vía reglamentaria a 60 días). Si en este plazo el cliente no contestare, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada, y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la fecha de la cuenta. Las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimientos del lugar donde se ejercite la acción. (Párrafo incorporado por art. 2° del Decreto-Ley N° 15.354/46 B.O: 25/06/1946.) Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina. (Párrafo incorporado por art. 2° de la Ley N° 24.452 B.O. 02/03/1995. Vigencia: a partir de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.)

Tipos de cuentas. La cuenta no operativa. En principio vale distinguir las cuentas operativas, que cuentan con un servicio de caja y posibilidad de disponer de los fondos conforme el libramiento de los cheques, y las denominadas cuentas no operativas que son aquellas en las que no existe pacto de cheque. Sobre la cuenta no operativa: es aquella en la cual no hay posibilidad de librar cheques (no hay pacto de cheque). Se ha planteado la existencia discutible de las denominadas cuenta corrientes instantáneas o cuentas no operativas, creación autónoma de las entidades Bancarias, que son aquellas que se abren a solo efecto de cargar en ellas saldos de operaciones del cliente con el banco, pero que

no operan como cuenta corriente bancaria, no teniendo ni habiendo utilizado el servicio de caja, sino que lo que se persigue es solamente, por el banco, es dotar al saldo de la vía ejecutiva, verbigracia, el Banco procede a abrir una cuenta corriente, le asigna el saldo deudor por el importe correspondiente a la deuda, sea cual fuere el origen y luego emite un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria y lo ejecuta a través de la vía ejecutiva. Esta distinción es esencial para entender después los alcances del art. 42 de la Ley de Tarjeta de Crédito que establece que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo (las no operativas) no puede reclamarse mediante cobro ejecutivo directo, rigiendo la preparación de la vía prevista por los arts. 38 y 39 de la LTC. Igual ojo: hay distinción que hacen algunos entre las no operativas y las instantáneas. Algunos las distinguen otros las toman como lo mismo. Averiguar. El título: En este sentido, el título ejecutivo es el saldo deudor de dicha cuenta. Es un título causado, pero sin que la causa se expresa o literal; es un título autocreado por el mismo acreedor y autónomo, en la medida que es autosuficiente, que se basta a sí mismo con independencia de la cuenta corriente que le sirve de causa. No sólo debe cumplimentar los requisitos del art. 793 del C.Com. (firmas de los funcionarios correspondientes), sino también los propios del art. 518 del C de provincia, vale decir, que se documente una deuda dineraria, líquida y exigible. Entonces, los requisitos son: 1) Que el certificado de saldo deudor de cuenta corriente esté emitido por una entidad financiera regida por la LEF. 2) Que estén presentes la firma del gerente y contador de la institución financiera (éste último no necesariamente debe ser N); se refiere a la función que desempeña cada uno de ellos. Ergo, pueden ser firmados por sus reemplazantes naturales. Incluso lo puede extender el Banco Central cuando actúa como liquidador del banco acreedor, por medio de su personal jerárquico delegado. 3) El saldo debe contener un saldo líquido, una suma en números, que debe ser exigible. Sobre esto dice Colombo Kiper: El certificado del saldo de una cuenta corriente bancaria —expedido conforme el 793 del C.Com— es un título autónomo, que se basta a sí mismo, sin necesidad de complemento alguno; de allí que no sea procedente exigir para su ejecución que esos saldos hayan sido aprobados por el cliente del banco o que deban tenerse por aprobados por haber transcurrido el término legal hábil para ser objetados, lo que supondría la prueba de que el banco remitió oportunamente los extractos de cuenta y que fueron recibidos por el destinatario, ya que ello implicaría desnaturalizar el carácter del documento y privarlo prácticamente de eficacia (Cámaras Nacionales Comerciales en Pleno, 1962). Agrega: el párrafo que dota de ejecutividad al certificado del saldo deudor, guarda independencia con los anteriores; esos requisitos de los primeros dos párrafos no se aplica a la ejecutividad que se refiere el tercero.

2) Del Cerro marcó lo mismo: no es necesario el consentimiento del saldo ni el paso del tiempo de 60 días que reglamentariamente amplían los 8 días que menciona el artículo. Tampoco es exigible la comunicación del cierre de la cuenta y notificación al deudor. Esto generó debate. El debate se circunscribe a ¿Es necesario el cierre de la cuenta corriente como condición de exigibilidad del saldo deudor allí contenido? Jurisprudencialmente se ha dicho que sí. El cierre de la cuenta corriente es un requisito formal necesario para proceder a la expedición del certificado del art. 793 del C.Com, dado que de lo contrario no habría crédito líquido y exigible a favor del banco A favor de esta postura: Plenario “Banco Galicia y Buenos Aires c/ Lussich, donde se sostuvo que para que el certificado del art. 793 del Cod. Com., resulte un título hábil, se exige que el saldo se determine en ocasión de la clausura de la cuenta corriente, sin que sea menester demostrar que ha sido comunicado al cliente o conformado expresa o tácitamente por éste. 2) En contra de esta postura (y en minoría) Roitmann en un voto para el Superior Tribunal de Córdoba en autos “Banco de la provincia de Córdoba c/ Bacachián” dijo que se podían ejecutar los saldos deudores de cuenta corriente sin necesidad de que se cierre; si la cuenta tuviere movimientos posteriores —v.gr., créditos en la cuenta— son perfectamente denunciables en la causa como hechos sobrevinientes. Legitimaciones: 1) Activa: lógicamente la entidad financiera donde haya sido abierta la cuenta. 2) Pasiva: los titulares de la cuenta. A diferencia de lo que ocurre con los cheques —donde responden quienes firman— acá lo que importa es quién figura como titulares. Ellos, en forma conjunta y solidaria, responden frente al banco. Ambos serán demandados. Cuándo se produce la mora. Nuevamente, hay dos opiniones. Una posición establece que hace falta interpelarlo y la otra postura establece que ello ocurre con el cierre mismo de la cuenta. En la provincia tenemos doctrina legal, donde se dijo que no hay mora legal, sino que se trata de una mora ex persona y por lo tanto hace falta interpelar al deudor. La SCBA dijo: “A la obligación derivada de un saldo de cuenta corriente bancaria no resulta aplicable la mora ex re, porque es pura y simple, siendo necesario entonces la interpelación (Título Preliminar I, Código de Comercio; arts. 508 y 509, 2° párr. del Código Civil)” (SCBA, autos “Banco de Italia y Río de La Plata S.A. (en liquidación) c/ Giménez, Ramón Francisco y otro s/ Ejecución”) Discusiones relativas al contenido de la cuenta por medio de excepción de inhabilidad de título El título es el certificado de saldo deudor; no hay que acompañar el contrato de cuenta corriente. Así, el art. 542 inciso 4 veda todo tipo de discusión causal. Sin embargo, a partir de ciertos abusos que se han ido dando, la jurisprudencia ha ido itiendo la

posibilidad de la discusión causal, cuando la ilicitud denunciada en la excepción surge de la documentación que acompaña el ejecutado, emitida por el propio ejecutante. Esto refiere tanto a débitos no autorizados, como a tema de liquidación de intereses con tasas que superen los topes establecidos por vía plenaria, etcétera. Pero la clave es que no procede utilizar estudios contables u otros documentos: lo que corresponde es traer al proceso documentos en poder del accionado que hubiesen emanado de la entidad financiera actora. En general, la revisión de los saldos deudores de las cuentas corrientes se canaliza a través de dos acciones legisladas en el art. 790 del Código de Comercio: la acción de revisión y la acción de rectificación de pago. Aclaró Del Cerro que lo que se decida con motivo de la excepción de inhabilidad de título —aquella que corresponderá usar para defenderme en los supuestos que se mencionaban— habrá de hacer cosa juzgada en sentido material y por ende será irrevisable en el juicio ordinario posterior (y éste, a su vez, siempre podrá incoarse cuando se abone la condena de la sentencia de trance y remate; salvo que se acredite la imposibilidad de pagar, tal como determinó la Cámara de Mar del Plata en “Godoy c/ Fisco”). ¿Qué tasa de interés se utiliza? Se aplica la tasa legal prevista en el art. 565 del C.Com.: tasa activa del banco Nación. Salvo Mar del Plata, que tiene establecido por vía plenario que al no convenirse la tasa, se aplica la tasa pasiva + el 50% (Banco Quilmes c/ Ojea, María, Cámara Mdp en pleno, mayo de 1996). Capitalización de intereses El art 795 del Código de Comercio establece que “en la cuenta corriente bancaria los intereses se capitalizarán por trimestre, salvo estipulación expresa en contrario”. La pregunta será entonces si esta norma es aplicable dentro del contexto de un proceso ejecutivo. En Mar del plata se estableció en la Cámara departamental que la capitalización de los intereses no corresponde una vez que el contrato termina: o sea que dentro del proceso ejecutivo (momento para el cual ya la cuenta está cerrada) no corresponde capitalizar intereses. La doctrina comercialista reniega de esta postura: no puede ser que el deudor abone en el proceso menos de lo que le correspondía pagar durante la vigencia de la relación contractual. Es lógico en tanto la capitalización es más bien la regla que sostiene el sistema de circulación del crédito bancario, antes que un procedimiento abusivo violatorio de nuestros derechos constitucionales. Si los jueces aplican las tasas para operaciones de descuento del BNA sin capitalizar, incurrirán en un error matemático y financiero porque no se computará la función valortiempo del dinero para luego añadir que si hubiera que evitar la capitalización mensual habría que recurrir a otras tasas de interés que reflejaran aquella realidad. Prescripción La prescripción también es motivo de debate. Mar del Plata aplica el plazo de 10 años genéricos del Código de Comercio, art. 846. Otros tribunales aplican analógicamente los 5 años previstos por el art. 790 del C.Com para las acciones de rectificación y revisión. Ahora, tratándose de una relación de consumo, debo aplicar que más le beneficie a la parte débil, por lo que corresponde estarse a los 3 años (intuyo que Del Cerro se refería a la del art. 50 de la ley 24.240).

Concepto:

Tarjeta de crédito

Históricamente —aunque no en forma pacífica— ante la necesidad de lograr un rápido cobro de la deuda, las entidades emisoras de tarjetas de crédito incorporaron a los contratos de tarjeta de crédito diversas cláusulas que establecían la vía ejecutiva ante la morosidad en el recupero de las sumas; dichas cláusulas fueron históricamente cuestionadas por la jurisprudencia. Se modificó entonces el art. 793 del Cód. de Comercio. que abrió una vía interesante para lograr esa rapidez que tanto se buscaba en materia de recupero de los saldos impagos. Ahora bien, la cuestión relativa a la ejecutividad de la acción de cobro del saldo de tarjeta de crédito aparece resuelta con la sanción de la ley de tarjeta de crédito (25.065), que determinó que, preparada la vía ejecutiva, acompañando el contrato de emisión de tarjeta de crédito, el o los resúmenes de cuenta y una declaración jurada acerca de la inexistencia de denuncia de sustracción o extracción, ni de cuestionamiento o impugnaciones por parte del , el cobro es posible (Art. 39 LTC). El art. 42 agregó que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo no puede reclamarse mediante cobro ejecutivo directo, rigiendo la preparación de la vía prevista por los arts. 38 y 39 de la LTC. ¿A qué cuentas corrientes se refiere este artículo? Se refiere a las cuentas no operativas, aquellas en las que la única finalidad es volcar un determinado saldo impago, proceder a realizar el certificado correspondiente y perseguir su cobro ejecutivo (sin preparar la vía). De esta manera, el art. 42 —sumado al inciso h de art. 14 que establece la imposibilidad de pactar la vía ejecutiva directa— viene a modificar parcialmente el art. 793 del Código de Comercio. ¿Siempre es nulo el cobro ejecutivo a través de la ejecución del saldo deudor de una cuenta corriente? NO, sólo cuando la deuda por tarjeta de crédito se vuelque a una cuenta corriente ad hoc, para sólo ese fin y sin ningun otro motivo; una cuenta no operativa o instantánea. Dice Colombo-Kiper en nota al pie nro 258 en p. 682 del tomo IV: La jurisprudencia ha ratificado la validez del acuerdo presentado por el cliente para el débito de los saldos de tarjetas de crédito en sus cuentas corrientes en tanto las mismas no se hayan abierto específicamente a ese fin, haciendo mérito de la reforma del art. 793 del C.Com. Entonces sólo podría defenderse el deudor alegando que el banco lo ejecuta directamente (sin preparar la vía, como corresponde) cuando ello se realizare a través de una cuenta no operativa (con el solo fin de ejecutar, como dice el art. 42 LTC), pero si hubieran pactado que el saldo de la tarjeta se vuelque a una cuenta que el cliente tiene con el banco, no habría problema.

¿Cómo hace el banco para ejecutar directamente los saldos de la tarjeta de crédito por vía de la ejecución del saldo deudor de una cuenta corriente? El banco, en la expedición de un certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuenta en la que se ha debitado los resultados de varias relaciones jurídicas (incluyendo los gastos hechos con la tarjeta de crédito), deberá especificar cómo se encuentra compuesto el saldo general por el que se emite, indicando —en los supuestos de deudas por liquidaciones no abonadas de tarjetas de crédito— la deuda y sus intereses. Dijimos en clase: ¿Pueden debitarse los saldos deudores de tarjetas de crédito? El art. 42 viene a imposibilitar tal supuesto. El art. 42 incluye lo que la doctrina ha distinguido como cuenta corriente con servicio de cheque o servicio de caja. Con la instantánea volcaba el saldo deudor de la cuenta corriente para adjudicarle la ejecutividad a ese saldo, nada más para eso se usaba. La cuenta no operativa era la que, si bien se abría conjuntamente con la tarjeta de crédito, nunca se usaba el servicio de cheque. Sólo se usaba para pagar su tarjeta de crédito (el depositaba dinero en la cuenta y el banco de allí debitaba). Si uno lee la reglamentación de la BCRA uno puede abrir una cuenta corriente y no usar el servicio de cheque, pero sólo están previstas para la personas jurídicas; pero para todo lo demás tiene que estar habilitado. Parecería que el art. 42 está vedando el uso de las cuentas corrientes… Paleantonio dijo que el art. 42 (vinculada con el 14, inciso h) en realidad imposibilita que en la cuenta corriente se vuelquen los saldos deudores de la tarjeta. Muguillo piensa distinto: hay posibilidad de volcar los saldos, pero al momento de ejecutar debería abrirse la cuenta y distinguir qué proviene de la tarjeta y qué proviene de otros rubros (algo impracticable). El 793 del C.Com, estaría modificado y derogado en la parte pertinente, por el art. 42 de la LTC. Jurisprudencia. Dos posturas: 1) Por un lado: aquellas vinculadas a lo comercial, lo que hacen es establecer que el art. 42 refiere a las instantánea y no operativas. Si tengo una cuenta corriente, habilitaría la vía. 2) Otros pronunciamientos (junin, san martin, mdp) interpretan que cuando se vuelcan los saldos a la cuenta corriente, se podrían generar una serie de violación a las normativas de orden público (prohibición de ciertas tasas, de cobrar rubros no pactados, etcétera) con lo cual si se advirtiera que en los saldos deudores se incorpora movimientos pertenecientes a tarjeta de crédito, estaríamos ante un título inhábil. 1) Ver Banco Río con Goloni (2006) 135.684, Sala I; Banco Río c Paget 136.779; además, ver 138.525, Banco Francés c Pascuto, sala II. 2) De Juba: ver Cámara de Junin “Banco Provincia de Bs.As. c/ Rico, Gustavo s Cobro ejecutivo 42.302, Allí se dijo que : si se itiera la habilidad de un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria conformado con débitos provenientes del uso de la tarjeta de crédito por parte del cuentacorrentista, se desvirtuaría el procedimiento previsto por la ley, posibilitando al emisor eludir la exigida preparación de la vía ejecutiva (que requiere – entre otros recaudos - el acompañamiento del contrato de emisión de tarjeta de crédito y del resumen de cuenta instrumentados en legal forma), brindándoles un sencillo mecanismo para

accionar ejecutivamente en forma directa. También, de esa manera quedaría obstaculizado el eficaz ejercicio de la facultad de impugnar los resúmenes mensuales de operaciones”.

** Defectos de la ley marcados por Del Cerro. Es una ley defectuosa que no regula todas las relaciones que pueden darse en un sistema abierto. Cuando uno piensa en una tarjeta de crédito, tenemos un del sistema (ej. mastercard), el banco emisor (ej. patagonia, citi, etc.), tengo también un sujeto titular y al lado de éste, puede haber un adicional e incluso un fiador. El adicional no está regulado, y tampoco el fiador. Tampoco habla del del sistema. Además está el comercio donde se compró, que la ley llama proveedor, respecto del cual existe también un sujeto pagador que tampoco fue concebido en la ley. El art. 39 refiere al emisor del plástico que le quiere cobrar al poseedor de la tarjeta. También tendrá acción el proveedor cuando el banco emisor del plástico no le quiere pagar (art. 40). Las demás relaciones no están contempladas por la ley. ¿Y si voy a un comercio y me rebota la tarjeta por inhabilitada cuando en verdad pagué? Voy contra el banco emisor y con el de la tarjeta. Voy con ambos, dado que el del sistema se beneficia con la información de inhabilitaciones erróneamente informada. El luego irá por repetición contra el banco emisor si le envió información equívoca. La clave es que lucran todos con esa información. Mira, Favacard, y esos, son sistemas cerrados. El emisor y el es lo mismo. Sobre el título en sí: El título emanado de la 25.065 es incompleto pero causado (causa expresa en el título). Se necesita la preparación de la vía, todo lo cual es reafirmado por el art. 14 inciso “h” (declara nula toda cláusula que asigne ejecutividad a una deuda derivada de tarjeta de crédito), recontra reafirmado por el art. 42 (que refiere a las cuentas corrientes no operativas), que también inhabilita a que se vuelque en un saldo deudor de Cta. Corriente el saldo deudor de una tarjeta, cuando dicha cuenta es creada a sólo ese fin (ver debate).

¿Cómo se prepara la vía ejecutiva? En primer lugar hay que ir al art. 39 que enumera los requisitos que tiene que presentar el emisor para ir contra el titular, pidiendo el reconocimiento judicial de dos cosas: (a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito, instrumentado en legal forma y (a) ¿En legal forma? habrá que estar a lo que fija el art. 6 y 7 que regulan el contrato de emisión y forma de redacción. 2 2 Del cerro marcó la contradicción entre el art. 7 que habla de ejemplares para el emisor, para el titular y para el eventual fiador, y para el adherente o autorizado; mientras que el art. 8 sólo habla de tantas copias como partes intervengan; es contradictorio.

(b) el resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales

(a) ¿Cuáles son esos requisitos legales?: debemos estarnos al art. 23 que establece los requisitos del resumen de cuenta Dijo Del cerro: para la cátedra, se deben acompañar no el último resumen de cuenta (el cual no siempre representa en su composición el saldo) sino todos aquellos resúmenes que representan el saldo ejecutado). Por eso es título causado, con expresa mención de la causa. Insistió en que los resúmenes deben respetar lo normado por el art. 23 de la LTC (que enumera los requisitos, que son una bocha). Además el emisor debe acompañar: (dice la segunda parte del art. 39): 1) Declaración jurada sobre inexistencia de denuncia fundada y válida previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva tarjeta. 2) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los art. 27 y 28. Dijo del cerro: no es necesario que estas declaraciones vengan separadas de la demanda. Podría ser parte del texto, mientras incluya la firma del representante a que refiere la norma. (Los requisitos del 40, previstos para cuando la acción la ejerce el proveedor (es decir, el comercio adherido, no los vimos). Cómo es el procedimiento de impugnación Claro, la ley fija un procedimiento para impugnar los resúmenes, dándose la posibilidad al de que objete la incorporación de alguna operación (lo que haría inexigible la deuda). Debe ser una oposición seria y fundada, dándole al banco la posibilidad de responder dentro de los 15 días (sesenta días si fue realizada en el exterior). Una vez contestada, hay 7 días para dar o no dar la conformidad. Disconformes, la entidad emisora tiene un nuevo plazo para resolver la cuestión, de 10 días hábiles. El art. 29 último párrafo establece que terminado ese procedimiento sin un acuerdo entre partes, queda expedita la acción judicial (para el banco, el cobro y para el titular, la acción del art. 790 del Código de Comercio: acción de rectificación de cuenta corriente por partidas extrañas. ¿Qué tipo de proceso se usaría? Es discutido. Por la 24.240, se inclinan por el sumarísimo. Recordar una cosa más: según el art. 8 de la LTC, la solicitud de emisión no perfecciona la relación contractual. Ésta solo se estima perfeccionada cuando se firma el contrato, se emite el plástico y se recibe de conformidad.

Aspectos procesales de la preparación de vía Legitimación activa para el cobro: Dice Colombo: Merced al régimen que dispuso la LTC y la doctrina judicial favorable, quedó normativamente establecido que el emisor y el proveedor pueden recurrir a la preparación de la vía ejecutiva para el cobro forzoso de las liquidaciones o resúmenes impagos. Claro, son instrumentos privados que no

aparejan por sí solos la posibilidad de accionar ejecutivamente. De allí que debe prepararse la vía mediante la citación del accionado a reconocer la firma que se le atribuye. En clase dijimos: Art. 39 LTC circunscribe la acción ejecutiva sólo al emisor frente al titular (nada más, ignora de los demás obligados que pudiera exigir por el contrato; salvo por el fiador). No podría ir contra un adherente responsable, según la ley. Sí podría ir contra el fiador; pero podría darse que la fianza tenga una extensión distinta al reclamo ejecutivo (no me podrían demandar a mi por la tarjeta de mi papá). La fianza debe estar limitada en cuanto al monto y al tiempo y puede que difiera con el reclamo. En tal caso, —intuyo que del cerro se refiere al caso de deudor y su fiador— al demandar hay que tener en cuenta que voy a tener dos demandados, en distinta extensión. Además, pensaré en el 521 inciso 2, para que respecto del fiador debo también reconocer la vía, dado que la fianza estará instrumentado por instrumento privado (deberá reconocer la firma). Si quiero responsabilizar —a los fines de demandar por la vía ordinaria— a los dos: titular y extensión, debería plantearlo en el contrato, extendiendo la responsabilidad expresa y claramente (es requisito de la ley, y de la ley de defensa del consumidor). Legitimación pasiva: ¿Qué ocurre si el demandado murió? El heredero podrá desconocer la firma (art. 1031 CC) sobre si es o no del causante (si dice que no es, y en verdad era, se puede comer la multa del 526 del C.) En cambio si la firma la otorgó el citado, sí tiene que comparecer y manifestar si es o no su firma; y si no se presenta, se lo tiene por reconocido. Pero la norma habla de “pidiendo reconocimiento judicial de el resumen de cuenta que reúna los requisitos legales”. Acá hay dos opiniones. 1) Los autores dicen que en realidad la redacción está mal, y lo que hay que reconocer son los contratos, dado que los resúmenes, en caso de haber desconocimiento, debieron ser substanciados por el procedimiento del (art. 26 a 30) y no va a abrirse el debate de eso en el proceso ejecutivo. 2) Del Cerro dice que hay que hacer lo que dice la ley: traer los resúmenes y reconocerlos. Además, el C no trae un procedimiento para reconocer cuentas. Entonces: ¿qué hacemos si frente a los resúmenes de cuenta son expresamente negados o desconocidos? El código nada dice. El juez no puede crear una sanción que la ley no prevé. Otro caso: si la persona no se presenta, no podrían tenerse por aprobados dado que la sanción no está prevista. Por eso rechazó la ejecución e hizo lugar a una inhabilidad de título. • Viejo fallo de la Cámara departamental: Favacard c/ Arriola, Sala I MDP. “El silencio debía ser interpretado como una manifestación de reconocimiento, conf, 919 del C.Civ.”. Pero en este caso, la Cámara advierte que el juez no había puesto en la resolución que lo citaba a reconocer los papeles el apercibimientos de que si no se presentaba, se los tendría por reconocidos. Esa sería la condición para que el vacío legal sea llenado. El hecho de poder reconocer o

desconocer los resúmenes prácticamente deja anulada la vía: habría que recurrir a las periciales contables, lo que frustra la vía. Una vez completados los pasos... puedo pedir mandamiento de intimación, etc. El título es muy débil y permite una amplia defensa dentro del proceso ejecutivo. Son tantos los requisitos que se piden que se habilitan un montón de escenarios donde puedo excepcionar. Ejemplos vistos en clase: 1) Inhabilidad de título fundada en que el contrato no está autorizado por la Sec. De Comercio, como la ley lo pide. Basta mandar oficio a la autoridad de aplicación para ver si el contrato está efectivamente aprobado. 2) No se acompañe la constancia de la entrega de la tarjeta. 3) Que no sean exigibles las operaciones que figuran en los resúmenes, impugnadas por el procedimiento del art. 26. 4) Falsedad de la declaración jurada, (art. 39.a) respecto de la sustracción o pérdida de la tarjeta. 5) El art. 14.c prohibe incorporar cargos por atraso (un sobreinterés); los arts. 16 y cctes establecen las tasas. El inciso c impide justamente el interés acumulable al interés legal. Eso inhabilitaría parcialmente el reclamo. 6) En cuanto a los intereses no hay que estarse a los plenarios. Porque para recurrir a ellos, debería alegar la inaplicabilidad del tope legal previsto en la LTC. Lo primero que hay que ver, es la tasa convenido (art. 16, no superable el 25% de la tasa promedio para préstamos personales de esa misma entidad; si la supera, pido informativa a la misma entidad financiera; si no fuera una entidad financiera, uso el 25% de la tasa promedio publicada por el BCRA). /Ver art. 16. Acá hay tasa legal máxima. Ej. si el contrato prevé el 42% máxima, uno debe decir que hay una tasa legal. Analizar luego si la tasa pactada violenta la legal. De ser así, puedo ir a los plenarios. Sólo puedo apartarme de la legal en la medida que violenta la norma superior (Art. 17 CN). en DGI c Peone la CSJN habló de esto. 7) respecto de los intereses punitorios, hay dos limitaciones claras: El art. 14 dice que no se puede poner cargo fijo por atrasos. El art. 18 establece que los intereses punitorios no pueden superar el 50% los moratorios del art. 16, pero además, establece 1) que no son capitalizables y 2) no se pueden cobrar intereses punitorios si se paga el mismo establecido en la tarjeta. pero el art. 23 inciso ñ, al hablar de los resúmenes de cuenta establece una pauta general: no se capitalizan. Entonces, podrían impugnarse: Tasa de interés pactada que violente el art. 16, 18, 21 y 23. 8) Inhabilidad de título fundada en cargos istrativos (art. 6 inciso l) 9) Comisiones diferentes a las pactadas. 10) Falta de legitimación pasiva, porque se demanda a una persona que no es el titular del plástico, o se quiera demandar al fiador por una suma superior a la afianzada.

La prescripción en la tarjeta de crédito.

El art. 13 hablaba de la ultraactividad de la relación de tarjeta de crédito en los cuales la relación se mantenía sin perjuicio del derecho del titular, de pedir la adecuación de la relación a la nueva ley. Este artículo fue reconocido por la CSJN en caso “Banco Nación c Monti”, donde se había omitido el tratamiento y se resuelve. Es decir, ¿qué pasa con las relaciones anteriores a la sanción de la ley, donde los autores y tribunales no se ponían de acuerdo en el plazo de prescripción aplicable? Los 10 años genéricos del Código de comercio, o los 4 años del 846 o del C. Com (ver). La LTC vino a reducir el plazo a 3 años. En el 2009, la SCBA trató el tema en “Banco Provincia de Buenos Aires c/ Aloisi, Gustavo Ezequiel, sobre Cobro de pesos (n 101.610; 30 de set de 2009). En este caso había una relación nacida antes de 1999, y que había finalizado también con anterioridad (la mora era anterior a la sanción de la ley), pero se demanda en el año 2004. El voto del Dr. Hitters (leer) relaciona el art. 13 de la LTC; se establece allí que en las consecuencias de la relación se le aplica la nueva ley. Si se modifica el plazo de prescripción, por imperio del 4051 del CC, se aplicará a partir del 14 de enero de 1999. El 4051 es una norma permanente de derecho transitorio. Análisis mío del fallo “Banco Provincia c/ Aloisi”.: El conflicto: se discute qué plazo de prescripción aplicar a una relación de Tarjeta de Crédito que comenzó y terminó previo a la sanción de la LTC (1999); la demanda, además, se inició en el año 2004. La deuda es también anterior a la sanción de la LTC (criterio de Hitters, corrigiendo lo que dijo la Cámara). La cámara entendió —mal— que la deuda era del año 2000; en este contexto el plazo de 3 años de prescripción que prevé el art. 47 de la LTC se encontraba cumplido. La acción estaba prescripta. La cámara, que confirmó la prescripción, dijo que esto no importa aplicar retroactivamente una ley violando derechos constitucionales sino la operatividad de dicha ley sobre situaciones jurídicas no consumidas al comienzo de su vigencia. Qué dice Hitters: es una típica cuestión de derecho transitorio, consistente en determinar la vigencia temporal de una norma sobreviniente que modifica el plazo de prescripción establecida hasta entonces por el ordenamiento (la LTC lo fijo en 3 años) hasta ese entonces se discutía qué plazo aplicar: mayoritariamente se decía que era el de 10 años del 846 del C.Com,; otros hablaban de los cuatro años del 847 inc. 1 y 2. Todo eso quedó atrás dado que la LTC fijó el plazo y ya no es motivo de discusión. Hitters reacomoda la plataforma fáctica, diciendo que la relación y la deuda misma era anterior a la sanción de la LTC. Agrega que al momento de la sanción de la LTC la deuda — exigible a ese momento— no se encontraba prescripta. Entonces resume el debate: ¿El plazo de 3 años del art. 47 de la LTC es aplicable a obligaciones exigibles con anterioridad a la vigencia de esa ley? La LTC no tiene una disposición transitoria expresa. El art. 13 no resulta aplicable al caso dado que éste artículo comprende un caso distinto, que es la validez de los contratos celebrados con anterioridad de la ley. Nada dice el artículo respecto de los plazos de prescripción por lo que extender los efectos de dicho art. 13 es ampliar equivocadamente sus límites.

¿De dónde encuentra la respuesta al caso el Dr. hitters? En el art. 4051. Establece que el art. 3 del Cod. Civ. no es aplicable al caso, sino que corresponde estarse a lo previsto en el art. 4051 el cual establece que las prescripciones comenzadas antes de regir el nuevo Código estan sujetas a las leyes anteriores; pero si por esas leyes se requiriese mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedarán sin embargo cumplidas, desde que haya pasado el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día en que rija el nuevo Código. De aplicar el art. 3 el plazo se reduce de 10 a tres años y la acción por ello está prescripta. Pero aplicando el 4051 del C.Civ, se aplica el plazo que determinaba la normativa anterior, salvo que la legislación sobreviniente lo hubiera reducido, caso en el cual la prescripción se tendrá por sucedida una vez transcurrido el nuevo término legal, pero contado desde la vigencia de la ley posterior (y no desde el dies a quo original). Entonces: la acción en el caso está prescripta. El crédito del banco nació a fines del año 1997 por lo que el plazo de 10 años imperante ante de la LTC hubiera fenecido en diciembre de 2007. Pero a poco que se cuentan tres años a partir de la sanción de la ley que redujo dicho plazo, se cuenta desde 1999 hasta el 2003, momento en el cual prescribe la acción. Planteada la demanda recién en el año 2004, cagó fuego. Estaba prescripta.