Derecho De Propiedad Evolucion Historica 1b2840

Evolución Histórica del Derecho de Propiedad CAPITULO I EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD A.- ROMA En esta época es donde se forja la idea básica de la propiedad; se desarrollo por etapas: A.1. PERIODO ARCAICO En este periodo es la Familia o Gens la que tenía la titularidad sobre un primitivo derecho sobre el suelo, teniendo al frente de ella la PATER FAMILIAS, quien era el que tenia la potestad, la plenitud de sus derechos civiles (SUI IURIS). Por lo tanto, hubo una propiedad colectiva, pero privada y no pública, en el primer caso una propiedad individual en el segundo. La propiedad individual es más un "poder" que una propiedad, en el moderno sentido del término. Desde el principio de la República, Roma ve crecer sus dominios a merced de las conquistas, lo cual permitirá confiscar las tierras y dárselas a particulares, contra el pago de una tasa anual. Esta situación de hecho, se denomina POSSESIO, poco a poco atribuye un verdadero derecho a quien consigue la ocupación, de forma que cada vez más el derecho de propiedad del Estado se dibuja como un señorío teórico, un dominio eminente. A.2 PERIODO CLÁSICO En primer lugar, podemos señalar la denominada "Propiedad Quiritaria" o plena propiedad romana, donde los únicos que la ejercían eran los ciudadanos romanos. En segundo lugar, podemos señalar la aparición de las denominadas propiedad provincial, pretoria o peregrina. El pretor considera que existían propiedades que nos e hallaban bajo la propiedad quiritaria y debían ser protegidas; las condiciones de su protección son fijadas por el magistrado, gracias a éste las relaciones de hecho producen consecuencias jurídicas cada vez mas importantes. La posesión se considera como una relación de hecho, pero adaptada a las necesidades, la práctica y asimilada unas veces a la posesión material y otras al derecho de poseer. A.3. BAJO IMPERIO

Encontramos aquí que la única propiedad existente es la reconocida por el derecho civil romano. En esta época la propiedad pretoria, peregrina y provincial son sólo un recuerdo. En esta época la posesión adquiere su mayor evolución, al señalarse que la posesión por excelencia es el POSSESIO CIVILES o posesión del propietario o del que cree serlo, en virtud, de un justo título de adquisición, para lo cual debía demostrar buena fe, justo título y duración. Resumiendo, diremos que el Dominium ExIure Quiritium es sí escasa, en razón de que eran muy pocos los FUNDI IN SOLO ITÁLICO; lo frecuente en Roma no es tal dominio, sino una abultada serie de fundos provinciales, en base a lo cual los Bizantinos elaboraron su CORPUS IURIS que se toma como la típica propiedad romana, a pesar de tampoco revestir sus características. B. EDAD MEDIA Después de la caída del Imperio, la autoridad de los grandes propietarios se convierte en más de hecho que de derecho, la crisis del Estado Convierte al gran propietario en un dueño todo poderoso y hace de su propiedad una "dominación". El número de pequeños propietarios libres disminuye quedan sujetos a la Ley "Potens" o bien a solicitar la protección de un establecimiento eclesiástico. Un carácter esencial de la época es la confusión entre los vínculos personales y los vínculos reales. Las relaciones jurídicas son relaciones de fuerza: "Tener" una cosa no significa ser su propietario, es muy difícil hablar de propiedad y propietario, sería mejor poner de relieeve el hecho de que sobre una misma tierra se superponen distintos derechos reales. La aparición de los señoríos marca la aparición de una especie de "Jefes Rurales" que gozan de casi total autonomía, llevándolos a confundir soberanía y propiedad. Los "Potens" convierten los tributos del poder público en el objeto de su propiedad privada, adquieren derechos señoriales que son un signo de su poder, la propiedad se convierte en objeto de su soberanía El grupo feudal es una especie de familia dilatada y los vínculos de hombre a hombre, creados por la ceremonia del vasallaje. El vasallo debe ser "fiel" a su señor y éste debe prestarle el "Auxilium" y el "Consilium" (Consejo). Es así que el régimen de los feudos interesa más al derecho privado que al público. Se convierte así en un régimen concreto de propiedad que subsistiría hasta 1,789, año en que la Revolución sa pondría fin radicalmente al feudalismo, como afirma TOCQUEVILLE "Terminando de abatir el feudalismo fue que se hizo notar la revolución" . Fue la Revolución, que a través de varia leyes, suprimió

los títulos nobiliarios, las deudas contraídas con los nobles y los juicios nacidos por delitos cometidos contra ellos, pero quizás la Ley más importante fue la de exigir a los nobles la presentación de sus títulos de propiedad sobre la tierra para poder conservarla o rescatarla, lo que en la práctica fue una abrogación pura y simple, a favor de los burgueses. Es la declaración de 1789 la que daría a la propiedad un carácter inviolable y sagrado que se reflejaría en el Código Civil Francés de 1804. C. EDAD CONTEMPORÁNEA Es durante el siglo XIX, como señalamos anteriormente que surge la tesis de la propiedad como función social, la tesis que rompería con el carácter "sagrado e imprescriptible" que pretendió darle el Liberalismo a la propiedad. Como base de esta tesis, podemos señalar en primer lugar, la crítica al carácter individualista de la propiedad; señalaba VON IHERING que "La propiedad no podía ser un castillo inaccesible... dejado al arbitrio... de la incomprensión, el capricho, la terquedad y el más frívolo y desaforado egoísmo del individuo", ya que la propiedad debía servir, como un elemento para el desarrollo integral de la sociedad. En segundo lugar podemos señalar la creciente intervención por parte del Estado en la economía, punto que se reflejaría con mayor énfasis después de las guerras mundiales, como un primer ejemplo de lo dicho, podemos señalar la Constitución de WEIMAR de 1919 que en su artículo 153 señala que "La Propiedad será amparada por la Constitución. Su contenido y límites son fijadas por las Leyes. La propiedad obliga. Su uso debe estar a la vez al servicio del bien común" . Es decir, a partir de este momento el derecho sirve como freno a las facultades del propietario. Esta orientación es recogida por nuestra legislación positiva, señalándose "Que la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social" o en armonía con el bien común conforme a los dictados de la nueva Constitución (Art. 70). D. LA PROPIEDAD EN EL PERU Lo desarrollaremos por épocas para poder apreciar su evolución. D.1. EPOCA PREINCAICA Los datos sobre el período prehistórico en materia de propiedad son todavía incompletos; sin embargo, en el Perú como en los demás pueblos, la propiedad ha sido colectiva en su origen. En el caso peruano. La célula social primitiva es la comunidad agraria o AYLLU. Esta comunidad se nos aparece como resultado de una evolución secular; su nacimiento se pierde en la prehistoria y la volvemos a encontrar todavía hoy en varias regiones de América sin que su fisonomía haya sido sensiblemente alterada ( Baudin).

En consecuencia, como asevera Hildebrando Castro Pozo "la raíz original del ayllu prehistórico fue, pues, el clan o los grupos hórdicos constituidos y organizados por vínculos de consanguinidad, en una sola unidad económica, al principio de calidad sólo consumitiva y defensiva, y con posterioridad esencialmente productora. Por eso es que el vocablo "Ayllu", en quechua, significa genealogía, linaje, parentela, casta; el género o especie de las cosas". La plena existencia de la propiedad privada corresponde, en general, a una etapa histórica en que las agrupaciones clánicas y gentilicias se derrumban, las familias se emancipan y aíslan, y se impone una capa señorial dividida en familias que tienen esclavos y servidores. Coincide, por esos, dicha etapa con el despotismo organizado y la creación de funcionarios oficiales, es decir del Estado. D.2. EPOCA INCAICA Respecto a la naturaleza de la propiedad del suelo, se considera al Incario como un sistema colectivista socialista, donde se llega a advertir determinadas huellas de propiedad individual que fue detenida por la aplicación del sistema incaico, y la "cuasi propiedad", consistente en donaciones, era una excepción". Una Sociedad colectiva así erigida lleva a considerar, jurídicamente, una propiedad colectiva bastante vigorizada. Atilo SIVIRICH afirma que siendo los incas tradicionalmente colectivistas, no tuvieron el menor concepto de la propiedad privada en lo referido a bienes inmuebles. Por ello, según él, los incas sólo tuvieron un Derecho Público; no tuvieron conocimiento del Derecho Privado. Al desconocer la propiedad privada, afirma que no existían las instituciones del derecho privado relativas a personas, obligaciones, contratos, etcétera. Pero hay otros autores como Jorge Basadre , que ite un derecho privado y comercial bastante empobrecido. Parte del hecho que si bien la propiedad inmobiliaria no podía ser, al menos mayoritariamente, objeto de venta, luego, cuando se produce una relativa "asimilación" de las tierras a los bienes muebles, haciéndose ella intercambiable, el Derecho de cosas (reales), obligaciones y sucesiones, cobra relevancia. D.3. EPOCA DE LA CONQUISTA Y EL COLONIAJE El colectivismo es sustituido por el individualismo. En cuanto a la propiedad, el AYLLU es reemplazado por la propiedad privada de corte feudal. Uno de los elementos coadyuvantes a dicha penetración variopinta es el derecho que pudiéramos caracterizar como mestizo, intermedio: el Derecho Indiano. Este derecho indiano jugó un rol importantísimo, pues tan pronto América fue descubierta, la corona española trata de obtener los títulos que "prueben", que

legitimen sus derechos sobre las regiones del Nuevo Mundo. Esto cobra todavía más importancia en la medida que la empresa de la colonia está íntimamente vinculada a la apropiación de bienes (minerales, tierras, etc). Aparentemente, fue el papado el que vino a formalizar la dominación real española, vía la institución de las bulas. En es cuestionada bula se amparó la corona para otorgar las tierras a diversas personas en calidad de recompensa por los servicios prestados en el descubrimiento y la conquista. Y también conforme a dicha bula, la corona obviamente tenía el dominio sobre las tierras americanas; tales tierras eran conferidas no sólo a los descubridores y colonizadores, sino también a las iglesias, municipios, conventos, etc. Y, por oposición, en todo lo que no era entregado o concedido por la corona, evidentemente le pertenecía (así lo estableció la Ley XIV del 20 de octubre de 1578). El régimen agrario colonial, sostiene Ugarte, "determinó la sustitución de una gran parte de las comunidades agrarias por latifundios de propiedad individual, cultivados por los indios bajo una organización feudal. Estos grandes feudos, lejos de dividirse en le transcurso del tiempo, se concentraron y consolidaron en pocas manos a causa de que la propiedad inmueble estaba sujeta a innumerables trabas y gravámenes perpetuos que la inmovilizaron tales como, los mayorazgos, las capellanías, los patronatos, y demás vinculaciones de la propiedad". Este Período se caracteriza, pues, por la heroica resistencia de la comunidad agraria (Perú profundo), frente a las constantes agresiones por desaparecerla e implantar absoluta y totalmente la propiedad feudal (Perú oficial). D.4 EPOCA DE LA INDEPENDENCIA José Carlos Mariátegui, al analizar el problema de la tierra durante este periodo, pone de manifiesto el papel de rector de la burguesía- burguesía incipiente, por lo demás – durante este movimiento. El campesinado indígena, a pesar de ser la gran mayoría, no tuvo una presencia directa, activa, pues, agrega el Amauta " Si la revolución hubiese sido un movimiento de las masas indígenas o hubiese representado sus aspiraciones, habría tenido necesariamente una fisonomía agrarista" La nueva política de la República, " dejaba intactos el poder y la fuerza de la propiedad feudal, invalidaba sus propias medidas de protección de la pequeña propiedad y del trabajador de la tierra" . D. 5 EPOCA DE LA REPUBLICA Al iniciarse la época republicana, los legisladores - al igual que en la coloniatrasplantan las ideas jurídicos- políticas europeas heredadas de la revolución

sa: división de poderes, derechos civiles, libertades ciudadanas y democráticas, etc., Y la concepción revolucionaria sa no era otra cosa que una vuelta a la concepción romana llevada al extremo. La concepción subjetivista de la propiedad- que la considera como una proyección o prolongación de la personalidad humana sobre los bienes- , lleva a considerarla como un derecho absoluto e ilimitado, de suerte que se procede a la eliminación de todo tipo de vinculaciones y privilegios. Por ello, la primera de nuestras Constituciones (1823), garantizaba la inviolabilidad del derecho de propiedad (Art.193 Inc 3). Ejemplo que han seguido todas las subsiguientes, aunque ya las de este siglo introducen las nuevas corrientes relativas a la materia. DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE DOMINIO Y PROPIEDAD Al desarrollar en el primer punto, la evolución de la propiedad nos encontramos con el hecho de que en Roma no existió una única forma de propiedad, sino varias (Propiedad Quiritaria, Pretoria, Provincial, etc), asimismo señalamos el error que se comete al equiparar la palabra "Propiedad" con "Dominium", ya que cada una de ellas tiene su propia significancia en Roma. Después, con los juristas de la Edad Media, se confunden estos términos, confusión que en muchos de los casos aún subsiste. Para Puig Brutau el término propiedad indicaba toda relación de pertenencia o titularidad, y así resulta posible hablar, por ejemplo, de propiedad intelectual e industrial. En cambio el dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal . Propiedad = Cuestión Económica Dominio = Cuestión Jurídica En esta misma línea Jorge Eugenio Castañeda textualmente dice: " El término "Propiedad" toma una significación más amplia, comprende también los derechos no solo las cosas. En cambio el vocablo "dominio" se reserva para las cosas muebles o inmuebles". En ese mismo torrente de ideas, Beatriz Arean comentando la opinión de algunos autores reseña: "La palabra propiedad es más genérica, pues se la puede emplear para referirse a todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. Comprende al dominio, que es el derecho de propiedad sobre las cosas". Como consecuencia de la mayor amplitud acordada al vocablo propiedad, es posible hablar de propiedad literaria, científica, artística o industrial, para aludir situaciones completamente ajenas al dominio que , inclusive, en cierto aspecto desbordan el ámbito patrimonial, como ocurre por ejemplo con el derecho

moral del autor . Navega en esta misma dirección Roca Sartre al señalar que el Dominio es el Derecho Real, que atribuye a su titular el poder o señorío posible sobre una cosa corporal, dentro de los límites institucionales con carácter plenamente autónomo, perpetuo (en principio), elástico y en parte de contenido discrimínable. De igual manera Puig Brutau indica que "La propiedad es un concepto económico-Jurídico, mientras que la palabra dominio se utiliza generalmente en sentido técnico, para designar el señorío sobre las cosas corporales. Se refiere a cosas y derechos, plena o limitada, pero siempre referida a cosas corporales. Se habla de propiedad con referencia a todos los derechos reales, mientras que el dominio se hablaría solamente con referencia al poder pleno sobre las cosas corporales" . Sin embargo de estas opiniones Lafaille señala "que estos dos conceptos se vienen utilizando como sinónimos desde la época romana". Vélez Sarsfield también tiene esta misma opinión al usar la palabra dominio en el sentido de "propiedad", señalando que ese es el criterio que se extrae de la Jurisprudencia Española. Nuestro Derecho Civil no es ajeno a esta discusión, pero al haber utilizado en su técnica legislativa el concepto "Propiedad" esta encerrado en ella, como señala Jorge Eugenio Castañeda, no solo las cosas, sino también los derechos "Así no se podrá decir que se tiene el dominio sobre un crédito al portador, sino la propiedad de dicho crédito". DEFINICIONES CLÁSICAS Y MODERNAS DE LA PROPIEDAD No existe una definición validad para todos los lugares y todos los tiempos de la propiedad. Ella esta acondicionada por factores económicos, políticos y de otra índole. Los romanos eran muy prácticos, siempre eludieron dar una definición abstracta del dominio. REA MEAS EST era una breve expresión romanística que da, como dice Ferranti, una idea sintética del derecho de propiedad. Ella indica la relación de señorío de la persona con el bien. Para las Partidas de Alfonso el Sabio, es "el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan" (Ley27, tit28, Art. )5; Ley 10, tit. 55, Art.7). Clemente De Diego da una interesante definición, para él, propiedad y familia, con sus derivados contratación y sucesión Mortis causa, constituyen el objeto principal del Derecho Civil y la raíz de todos los tipos de relaciones jurídicociviles.

Para el romanista alemán Rudolf Sohm, es el señorío jurídico absoluto sobre una cosa; y aunque se le impongan limitaciones, ellas siempre habrán de ser externas y consistirán en derechos de otras personas o en personas de policía o de derecho publico Los eminentes ses Marcel Planiol y Georges Ripert la conceptúan así: " Es el derecho en virtud del cual una cosa se halla sometida, de modo perpetuo y exclusivo, a la acción y a la voluntad de una persona" Esta definición tiene el merito de contener todos los caracteres que le atribuye la doctrina clásica. Martín Wolf, sostiene que la propiedad es el derecho mas amplio de señorío que puede tenerse sobre una cosa. Juan Bonnecasse la define así: "Es el derecho real tipo, en virtud del cual, en medio social dado, y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de apropiarse, por medio de estos materiales o jurídicos, toda la utilidad inherente a una cosa mueble" Karl Marx, fundador del socialismo científico, sostiene críticamente:"En cada época histórica la propiedad se ha desarrollado de un modo diferente en una serie de relaciones sociales completamente distintas. De ahí que la propiedad no sea una cosa eterna, inmutable y sagrada, como lo afirman los juristas, sino una cosa relativa y contingente, producto de la organización económica de las sociedades a través de la historia. Por eso pretender dar una definición de la propiedad, como de una relación independiente, de una categoría abstracta y aparte, de una idea eterna no puede ser más que una ilusión de metafísica o jurisprudencia". CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD La definición tradicional del derecho de propiedad se basa en la enumeración de las principales facultades que integran su contenido. Así se observa en la más famosa de las definiciones nacida en Bizancio DOMINIUM EST IUS UTENDI ET ABUTENDI RE SUA QUATENU IURIS RATIO PATITUR. Esta forma de definir la propiedad paso al Código Francés e 1804 que en su artículo 544 señala que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto con tal que no haga de ellos un uso prohibido por la Ley o los reglamentos" y luego a todos los Códigos Latinos que lo imitan, teniendo entre nosotros, como vimos anteriormente, una norma de este tipo (articulo923 del Código Civil). Esta clase de definición de por sí, ya señalan la casi imposibilidad de definir la propiedad ya que no es posible indicar todas las posibilidades que la voluntad del dueño tiene respecto a la cosa. La doctrina moderna considera al derecho de propiedad (como a todo derecho subjetivo), como el poder unitario más

amplio sobre la cosa, como un señorío global, donde las llamadas facultades o derechos del propietario no son una serie de sumandos cuya adición constituya la propiedad, sino que son solo aspectos parciales del señorío total que este es . <en este sentido Manuel Albaladejo define a la propiedad como "el máximo poder jurídico pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud, esta - en principio – queda sometida directa y totalmente (es decir en todos sus aspectos y utilidades que pueda proporcionar) a nuestro señorío exclusivo" De igual manera Wolf dice que "la propiedad es el más amplio derecho de señorío que puede tenerse sobre una cosa"; y en el rumbo de estas ideas Jorge Eugenio Castañeda define la propiedad como "El poder o señorío que una persona tiene sobre una cosa de modo exclusivamente y exclusivo". Debemos señalar a modo de explicación que, al referirnos al poder pleno, no queremos decir ilimitado ya que es la misma Ley que le pone límites al derecho de propiedad; por esos compartimos la idea de Albaladejo cuando dice que: " el poder pleno es poder total, dentro de los limites en los que la Ley lo concede sobre la cosa, o si se quiere, dentro de los límites máximos que la Ley ite que alcance el señorío sobre las cosas" o como dice Pugliatti, quien comentando el articulo 832 del Código Civil Italiano indica que la propiedad no tiene límites y tiende a absorber totalmente toas las posibilidades de utilización de la cosa, lo cual nos lleva a señalar que el derecho de propiedad no pierde su carácter de poder total, aunque las facultades del propietario estén reducidas , al tener otra persona algún otro derecho sobre el mismo bien. Lo que existiría es una limitación por recaer sobre la cosa el derecho de un tercero (Derecho Real sobre bien ajeno), el cual se recuperaría apenas se extinga ese derecho. CONCEPTO DE OBJETO DE PROPIEDAD Tradicionalmente las legislaciones que asumen la utilización del vocablo "dominio" como la relación directa con la cosa, consideran que el objeto del derecho de propiedad recae exclusivamente sobre las cosas corporales. Normas de este tipo las hallamos, por ejemplo, en la Legislación Española que en el artículo 348 del Código Civil señala que "la propiedad es el derecho de usar y disponer de una cosa". Comentando el Código Civil Francés, Ripert y Boulanger señalan "que la propiedad es el derecho más completo que puede tener una persona sobre una cosa , se identifica con las cosas, se materializa en ellas y aparece siendo algo corpóreo" . En esta línea Manuel Albaladejo considera que el objeto de la propiedad pueden ser solo las cosas corporales (sean inmuebles o muebles) específicamente determinadas". Diego Espin Canovas, al tratar este mismo tema, considera que "lógicamente el derecho de propiedad recae sobre cosas corporales, y a estas se limita originariamente, peor el Derecho Moderno habla también de propiedad intelectual e industrial, por lo que ella prefiere hablar de derechos sobre bienes inmateriales, como categoría de derechos patrimoniales, de naturaleza análoga

a las reales, por lo que deben ser consideradas como derecho de propiedad especiales. Refiriéndose a este punto Puig Brutau señala que "el uso del vocablo propiedad significa el derecho mas pleno que pueda recaer sobre objetos de otra clase (distintos a las cosas materiales), por lo que se puede hablar de propiedades especiales". De distinta manera piensa Barbero al indicar que se puede hablar de objeto de la propiedad tanto en cuanto a los bienes materiales (cosas), cuanto en relación a los bienes inmateriales. Señala que solo las personas no pueden ser "objeto" de propiedad. Nuestra legislación, al considerar que la propiedad es un conjunto de derechos sobre un bien, esta englobado en su objeto tanto los bienes materiales como los bienes inmateriales, así lo considera el maestro Jorge Eugenio Castañeda al señalar que la palabra "bien es un término amplio que no solo comprende cosas, sino también derechos". LA PROPIEDAD COMO CONCEPTO FUNDAMENTAL DE LOS DERECHOS REALES El tipo fundamental, el tipo dominante de los derechos reales es la propiedad. No solo la propiedad material - como creen los alemanes – sino también la llamada propiedad inmaterial (incorporal). Algunos seres humanos nunca han tenido que ver con una hipoteca o un usufructo, pero no hay probablemente uno solo a quien le sea extraña la propiedad. Como sostiene Justus Wilhelm Hedemann, "el mismo mendigo es dueño de los harapos que lo cubren y del cayado en que se apoya". Para comprender el significado profundamente humano de los derechos reales-agrega el jurista alemán – "nos basta pensar en la propiedad, como en una forma elemental, referida a lo cual es aquel un concepto vulgar". MODALIDADES DE LA PROPOIEDAD INMUEBLE PROPIEDAD HORIZONTAL Actualmente rige en el Perú la nueva ley de PROPIEDAD HORIZONTAL ( si bien no con ese nombre), Ley no 27.157, publicada en El Peruano el 20 de Julio de 1999. El objeto de la ley especial es el saneamiento de la titilación y la declaración de fabrica de las "unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común", tales como son departamentos en edificios, quintas, casa en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos fériales, entre otras. Como puede verse, el primigenio concepto circunscrito a los edificios ha sido, pues, notoriamente ampliado, si bien creemos que la enumeración es diferente. Así por ejemplo, falta

mencionar las ciudades satélites, unidades residenciales, por mencionar a algunos

vecinales,

agrupamientos

La PROPIEDAD HORIZONTAL, se trata de una modalidad particular de propiedad que se produce cuando el dominio de los diferentes pisos, o las secciones, departamentos o locales en que se divide cada edificio o modalidad multifamiliar, puede pertenecer o corresponder a varias personas. Evidentemente, cada piso, sección o departamento de él, pertenecerá a un propietario diferente. Se parte de la idea de que "así como un edificio puede pertenecer entero en propiedad a una persona, cabe también que sus diferentes pisos correspondan a sendas personas" (ALBALADEJO). La legislación peruana no la define aunque da una cobertura más amplia – y que corresponde al auge de este instituto- comprendiendo no solo a los departamentos ubicados en los edificios, sino también quintas, centros y galerías comerciales, campos fériales y las mal llamadas "casa en copropiedad" (Art. 1º ). La ley omite mencionar a las unidades vecinales, ciudades satélites y agrupamientos residenciales, tan generalizados y que si estaban mencionados en su antecesora Según la naturaleza jurídica, la PROPIEDAD HORIZONTAL, es una modalidad especial o peculiar de la propiedad, en la que junto a la propiedad exclusiva (de los pisos, departamentos o secciones) existe la copropiedad forzosa (de los elementos comunes). No se trata, pues de la copropiedad o condominio, porque este requiere que no haya propiedad global o materializada, sin una participación en el todo, fijada aritméticamente. En la propiedad horizontal, en cambio, cada dueño de un departamento o piso es el propietario absoluto; por consiguiente, podrá arrendarlo, hipotecarlo, venderlo y, en general gravarlo libremente. Dos son los elementos, en síntesis, que caracterizan la propiedad horizontal: propiedad exclusiva sobre cada uno de los departamentos o pisos; y las partes o bienes comunes (copropietario sobre el tercero y demás bienes de uso común). Este temperamento ha sido sancionado por nuestros tribunales mediante una ejecutoria que dice: "La propiedad horizontal se caracteriza por el hecho de que cada propietario tiene derecho exclusivo sobre un piso o departamento y copropiedad o condominio sobre las zonas y servicios comunes del edificio. La constitución de una servidumbre de paso sobre propiedad ajena no basta para considerar que se trata de propiedad horizontal" . La propiedad exclusiva, está constituida por el dominio que cada propietario ejerce sobre un bien de propiedad exclusiva, llámese sección o departamento.

La ley en vigor se orienta a posibilitar la regularización y saneamiento de la situación de todos aquellos propietarios de este tipo de unidades inmobiliarias y edificaciones " que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fabrica, independización y/o reglamento interno" (Art. 3) Esta propiedad exclusiva tiene todos los caracteres que otorga el Código Civil a los inmuebles (esto es, a la propiedad común) . Por consiguiente, reconociendo la ley el dominio exclusivo, el dueño tiene la potestad o derecho de vender, hipotecar, alquilar, gravar y, en general, disponer de la sección o departamento de su exclusiva propiedad, independientemente de los demás propietarios (lo decía expresamente el Art. 12, "c" del Reg. De la ley derogada). Existen bienes o partes de la edificación de dominio común, es decir, cuyo goce y utilización beneficia a todos los propietarios (de cada departamento); estos bienes son inseparables del dominio y uso de su respectiva propiedad. La ley vigente – contraviniendo a la ley anterior, que declaraba nula de pleno derecho la transferencia o enajenación de los bienes de dominio comúnite expresamente la transferencia de bienes de propiedad común , la misma que "debe aprobarse por los dos tercios de los votos de la Junta de Propietarios". (Art.43) La ley especial contiene una enumeración enunciativa, no limitativa, de los bienes y partes comunes, a saber: El terreno sobre el que este levantada o construida, la edificación. Los cimientos, sobre cimientos, columnas, muros exteriores, techos y demás elementos estructurales, siempre que estos no sean integrantes únicamente de una sección sino que sirva a una o más secciones. Los pasajes, pasadizos, escaleras y, en general, vías aéreas de circulación de uso común. Los ascensores y montacargas. Las obras decorativas exteriores de la edificación o ubicadas en ambientes de dominio común. Los locales destinados a servicios de portería y guardianía. Los jardines y los sistemas e instalaciones para agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular. Los sótanos y azoteas, salvo que en los títulos de propiedad de las secciones aparezcan cláusulas en contrario.

Los patios, pozos de luz, ductos y demás espacios abiertos. Los demás bienes destinados al uso y disfrute de todos los propietarios (Art.40) Todos estos bienes son comunes por ser indispensables al uso y disfrute de todos los dueños ; la doctrina y la legislación comparada siempre han considerado que estos elementos están sometidos al régimen de copropiedad forzosa. Empero, la ley peruana, como se dijo, ite su enajenación o transferencia, lo que podrida generar cantidad de conflictos. La lista contenida en el numeral referido es necesariamente enunciativa, o sea no taxativa ni definitiva; así por ejemplo, es obvio que la puerta general de entrada, las puertas comunes, los crematorios los vestíbulos, etc; tienen carácter de bienes comunes, aunque la ley no lo diga. Ello es así porque, el legislador no puede prever el desarrollo de la técnica y sus aplicaciones a la industria de la construcción, que de hecho generan nuevas formas y servicios, no siendo factible ser enumerados. El suelo o terreno sobre el que se levanta la edificación es el elemento mas importante. Expresamente la ley señala su carácter de bien común (Art. 40, "a"). No obstante en otras legislaciones se ite la posibilidad de que pueda pertenecer en dominio exclusivo a un propietario. La propiedad horizontal tiene características comunes con la copropiedad, puesto que en aquella determinados bienes comunes tienen el carácter de condominio forzoso, pero en la copropiedad pueden ser divisibles; y además, en la copropiedad se contemplan "derechos de cuota sobre un objeto y cada una de sus partes (un tercio, una mitad), pero semejantes cuotas no engendran un derecho singular o concreto sobre una parte material del objeto. En cambio, la propiedad horizontal contempla la titularidad y ejercicio de un derecho sobre una parte material del edificio; en ningún caso, sobre la titularidad". En suma, la propiedad de un departamento o sección es pura y simplemente una "propiedad individual, unitaria, pero con la particularidad de que recae sobre un objeto que constituye la parte del todo>". Se trata, en consecuencia de una superposición de partes y no de una división ideal de cuotas, como en la copropiedad. Expresar una definición única del instituto no es posible. Sin duda estamos asistiendo al afianzamiento de una nueva modalidad de propiedad. Esta figura no puede ser confundida con la copropiedad, y tampoco puede basarse en los principios o reglas de la propiedad horizontal. La MULTIPROPIEDAD tiene que ven con la propiedad COLECTIVA GRUPAL EN EL ESPACIO E INDIVIDUAL EN EL TIEMPO.

En la MULTIPROPIEDAD "el constructor u organizador de un complejo destinado a tiempo compartido ‘vende’ una o mas semanas de goce de un departamento amueblado y en condiciones de ser habilitado inmediatamente. A su vez, el comprador debe devolverlo a la expiración del plazo fijado, en las mismas condiciones que lo recibió. Es decir, que la compra no solo es del inmueble, sino también de todos los muebles rios: camas, mesas, sillas, sabanas, frazadas etc. A veces, la operación significa también el goce de bienes comunes, tales como piscinas, canchas de deportes, etc." (Borda) Igualmente comprende saunas, club house, entre otros. Son muchas las bondades y ventajas de este sistema. " El sistema del tiempo compartido significa la posibilidad de gozar de unas breves vacaciones en el tiempo y lugar deseado, con un costo muy reducido, si se lo compara con la compra de una propiedad unipersonal. Significa también la posibilidad de permutar su tiempo de goce por otro tiempo compartido" (Borda) La MULTIPROPIEDAD es un derecho real nuevo, distinto de la copropiedad y de la propiedad horizontal, que se caracteriza porque varias personas (multipropietarios o tiempo-compartidores) son dueños del mismo bien (generalmente, inmueble, aunque también mueble) pero es distintos momentos o tiempos. Cada titular tiene el uso o goce del bien escalonadamente, de ahí que se diferencia netamente con la copropiedad. El propósito de la MULTIPROPIEDAD es favorecer e impulsar el turismo, el esparcimiento y el descanso vacacional reparador de las energías. La multipropiedad no es privativa de los bienes inmuebles, también se aplica en el régimen a bienes muebles como "yates, veleros, equipos, sistemas y programas de computación, diseños industriales, marcas y patentes, infraestructuras industriales, civiles y navales, laboratorios, estudios jurídicos, notariales, contables y de auditoria y todas aquellas cosas o bienes cuyo uso y goce se susceptible de partición convencional" . La multipropiedad es un derecho real distinto, el cual debe ser regulado como un derecho real autónomo, distinto de la propiedad horizontal como del condominio, así como también de los iura in re aliena (uso, habitación, usufructo, superficie). LA MULTIPROPIEDAD PROPIEDAD DE LOS SEPULCROS Existe una interesante polémica respecto a esta figura sui generis. Los sepulcros son "concesiones en los cementerios", donde la istración ha querido considerar la concesión como un arrendamiento; pero no es un derecho de propiedad civil, porque aun cuando la concesión sea perpetua, en

algunos casos resulta resoluble, precaria así cuando se ordena el desplazamiento (traslado) de la necrópolis. Sin embargo, en tales casos se concede al concesionario un derecho similar en el nuevo terreno. En realidad no hay una norma que establezca que se trate de copropiedad con indivisión forzosa, si bien es cierto que es costumbre considerar a los mausoleos como propiedad de la familia. Sin embargo en tales casos se concede al concesionario un derecho similar en el nuevo terreno. Es difícil establecer la naturaleza jurídica de los sepulcros, sepulturas y mausoleos. Hay varias tendencias: Se dice que es sui generis, pues su destino excluye todo otro que no sea el de servir para deposito de los restos mortales del concesionario y de sus deudos. También se estima que el acto de la concesión en el cementerio municipal es una renta, o una locación, según que la concesión haya sido a perpetuidad, o con carácter temporal. Ley de Cementerios y Servicios Funerarios (Ley no 26.298, publicada el 28 de marzo de 1994). Con relación a los sepulcros, se pueden establecer algunas características: 1.- Se trata de bienes de propiedad privada, ya se encuentren en cementerios privados, ya en cementerios municipales. 2.- Las sepulturas otorgan una concesión de uso, temporal o perpetuo (la Ley no 26.298 establece en su articulo 7: "el dominio de los terrenos para sepulturas que no hubieren sido construidos por los concesionarios en uso perpetuo, dentro de los 1º años posteriores a su concesión, revertirá a favor del cementerio"). 3.- Son bienes inembargables (Cod. Proc. Civ. Art. 648, 8). 4.- Es difícil saber si son bienes inembargables e inalienables, pero quizás los sepulcros situados en los cementerios públicos, pudiera decir que reúnen esos caracteres. La Constitución derogada sancionaba el derecho de toda persona a una sepultura y, considerándola un servicio publico, aun en el caso de no tener medios económicos, debía ser enterrada gratuitamente en un cementerio publico (Cons. Art.11). Aunque es conocido que este principio nunca se aplico. La Constitución de 1993 no recoge una norma análoga. En conclusión, en el Perú los cementerios son públicos o privado. A su vez, las sepulturas son bienes sui generis que otorgan un derecho de uso (o quizás usufructo) temporal, siendo además inembargables. OTRAS MODALIDADES DE PROPIEDAD INMUEBLE

D.1.- EL DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES No es propio hablar de propiedad sino mas bien de dominio de los recursos naturales. Estos, como se sabe, pertenecen a toda la Nación. Lo dice expresamente la Constitución Política (Art. 66). D.2.- EL DOMINIO IMPERFECATO, CONCEPTO Y CLASES. La legislación peruana no contempla esta figura; sin embargo, el código argentino si hace referencia a ella. NO es propiamente una modalidad de propiedad inmueble. Se denomina así, por aparecer desprovista de algunos de los caracteres o facultades que ella normalmente ofrece y aminorados o disminuidos, en consecuencia, los derechos del dominus. El código argentino establece en su articulo 2.507: El dominio se llama pleno perfecto, cuando es perpetuo, y la cosa no esta gravada con ningún derecho real hacia otras personas. Se llama menos pleno, o imperfecto, cuando debe resolver al fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición o si la cosa que forma su objeto es un inmueble, gravado respecto de terceros con un derecho real, como servidumbre, usufructo, etc.. El dominio imperfecto solo existe en tres casos regulados por el articulo 2,661 del citado código argentino. Dominio Fiducirio En estas dos hipótesis, se afecta la perpetuidad. La propiedad se extingue pasado cierto tiempo. Dominio Revocable Dominio desmembrado o gravado con derechos reales constituidos a favor de terceros. Esta ultima hipótesis estas referida a la limitación del derecho de uso y goce material del bien – por la vía de la desmembración de algunos de los atributos- , que soporta el propietario. Son los derechos reales sobre bien ajeno (uso, usufructo, habitación, superficie). Es una enajenación transitoria, provisional. Terminado el lapso de tiempo para el que fue conferido el bien, este vuelve a su propietario. Estos supuestos si son regulados por el Código civil peruano. C. LA PROPIEDAD APARENTE

Al igual que el instituto anterior, no es en realidad un tipo o modalidad de propiedad inmueble. Expresa Louis Josserand , que el propietario aparente es aquel que pasa, a los ojos del publico, como si fuera el propietario de un bien que, en rigor, pertenece a otra persona; es, pues aquel que tiene la posesión de estado de propietario sin estar investido de ese estado mismo. Así sucede, verbigracia, con el heredero aparente; o también con los actos realizados por un testaferro cuyo poder ha sido revocado, no estando autorizado para ello. CAPITULO II TEORIAS LEGITIMISTAS DE LA PROPIEDAD Son aquellas que reconocen y aceptan la existencia del derecho de propiedad privada estable. Este tema comprende las diversas teorías o corrientes que explican el fundamento del derecho de la propiedad. Algunas están referidas a un hecho o aspecto individual (teoría de la ocupación, teoría del trabajo); otras, en cambio, se basan en un hecho social o colectivo (teoría de la convención, teoría de la ley). Teorías existen que fundamentan la propiedad en un aspecto sociológico y económico; en la naturaleza racional y social del hombre, etcétera. Veamos cada una de ellas: 1.- TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD EN UN HECHO INDIVIDUAL A. TEORIAS DE LA OCUPACIÓN La más antigua de todas, aparece con el renacimiento del Derecho romano. Sostiene que hubo un momento o estado social (de aislamiento), en que los bienes eran comunes y que, por lo tanto, cada hombre podía ocupar lo referido para satisfacer sus necesidades básicas (solo necesitan extender la mano para apropiarse de los bienes que necesitan y que tan abundantemente se le ofrecían). Esta ocupación lo convertía en propietario. Tal ocupación, al advenir el estado social que sustituye al estado de naturaleza "sirvió de titulo justificado del derecho". Sus defensores más caracterizados con Grocio y Pufendorff, de la Escuela del Derecho Natural. En efecto Pufendorf a firma que no ha precepto alguno de derecho natural que precepto su reparto general de todos los bienes para signar como cosa propia a cada uno su parte. Lo que hace ley natural es aconsejar el establecimiento de la propiedad, cuando lo requiera la

conveniencia de la sociedad humana; dejando a la prudencia todas las cosas o solamente algunas, y si las deben poseer separadamente o pro indiviso, abandonando las otras al primer ocupante, de filosofo. Una vez sentado el permiso divino, el hombre estuvo desde entonces en el derecho de hacerse dueño de los bienes de la tierra; pero para conseguir que fuera tenido como excluido el derecho común de los demás sobre la cosa que quedaban en posesión de uno falta alguna convención, y la institución de esta propiedad, para ser de conformidad con las máximas de la recta razón, no deja de estar originalmente fundada en las convenciones humanas. También entre los partidarios de esta corriente encontramos a Burlamaqui, para quien lo que ha producido la propiedad es la toma de posesión de lo que no tiene dueño, y que para comprenderlo hay que considerar que el trabajo aumenta el valor, siendo justo que el suelo sea de quien ha añadido dicho valor. Se considera que esta tesis es insuficiente – aun inisible porque si bien explica el origen histórico de la propiedad, no sirve para otorgarle un fundamento racional. La simple ocupación no justifica que los demás tengan que respetar el derecho del primer ocupante. Se dice que la propiedad no puede consistir en un hecho arbitrario cuya estabilidad solo dependerá de la fuerza. B. TEORIA DEL TRABAJO Afirma que el trabajo es la esencia de la propiedad; ergo esta deriva del trabajo, como recompensa de este. El hombre transforma la naturaleza aumentando su utilidad. Por ello, el producto de ese trabajo debe ser para quien lo ha realizado. En cierta medida, podemos decir que esta teoría es complementado de la anterior, pues para ella la ocupación no basta para explicar la propiedad aquella solo confiere posesión que se transforme en propiedad mediante el trabajo. Esta teoría nace con los economistas del siglo XVIII, en su obra Investigación de la Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Adán Smith dice que: El producto del trabajo es la recompensa natural o el mismo. En aquel primer estado de las cosas que suponemos haber precedido a la propiedad de las tierras y a la acumulación de los fondos, todos el producto del trabajo pertenecería al trabajo: en el había propietario ni otra persona con quien partirlo por derecho de señorío o dominio. La institución de la propiedad, limitado a sus elementos indispensables, consiste en el reconocimiento del derecho que tiene cada persona a disponer, exclusivamente, de todo lo que pueda haber producido por su esfuerzo

personal, o recibido de los productores por titulo de dadiva o de leal consentimiento, sin emplear ni la fuerza ni el fraude. La base de todo es el derecho de los productos sobre lo producido por ellos mismos. El filosofo ingles Johon Locke consideraba que el producto de nuestro es nuestro y en consecuencia se produce la propiedad que también es nuestra. Critica: Se argumenta, en su contra, que el trabajo no produce sino solo transforma. El trabajo por si solo, no puede otorgar la propiedad. En realidad, se esgrimen además muchas otras razones negativas, Se dice que el trabajador supone ya el derecho de propiedad en las materias primas, herramientas, tierras, etc.; Si el trabajador fuera el único fundamento del derecho de propiedad, no podría darse esta en los niños ni en las personas incapacitadas (ancianos, dementes) los cuales carecerían de la posibilidad de ser propietarios aun en bienes de consumo, lo que equivale a negarles el derecho de subsistir. Asimismo, agregan sus criterios, no podrían ser objetos de propiedad privada aquellos bienes que son utilísimos en la forma en que los ofrece la naturaleza. En esta línea de pensamiento. H. George afirma que el suelo no podría ser objeto de propiedad privada pues no procede del trabajo humano, es anterior a el y produce frutos sin su concurso. Marcel Planiol objetando esta teoría, ha llegado al extremo de decir que originaria un inextricable amontonamiento de propietarios. De igual forma las teorías del contrato social y de la ley han observado esta tesis, afirmando que el trabajo es un hecho, y un hecho no basta para legitimar un derecho. Los derechos no fundamentan los derechos, estos deben tener su razón de ser en un ordenamiento jurídico determinado, sea este positivo o natural. 2.- TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD EN UN HECHO COLECTIVO A. TEORIA DEL CONTRATO SOCIAL. También llamada teoría de la conversación social, parte del supuesto que el contrato social, a la vez que creo la sociedad, instituyo o garantizo la propiedad privada. Afirma que ni la ocupación ni el trabajo sirven de fundamento al derecho de propiedad, porque no obliga a los demás a respetar dicho derecho. Esta obligación solo se genera de un consentimiento mutuo o convención. Otros sostienen esta tesis con la variante de que, mientras que unos creen que el pacto puso termino a la comunidad de bienes por los inconvenientes de este sustituyéndola con la propiedad privada, Rousseau supone que este es anterior al pacto, derivándose del trabajo unido a la ocupación y que el convenio solo tuvo por objeto garantizarla.

En efecto, Rousseau, al explicar el paso del estado de naturaleza al estado social sintetiza su posición diciendo: Reduciendo nuestro planteamiento a términos fáciles de comparar: el hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuando desee y pueda alcanzar ganando en cambio, la libertad civil y la propiedad de lo que posee. Y agrega, lo hay de mas extraño en esta alienación es que, lejos de despojar la comunidad a los particulares de sus bienes, al aceptarlos, no hace ella otra cosa que asegurar su legitima posesión, cambiando la usurpación en absoluto derecho y el goce en propiedad. De igual forma, si puede ser jurídicamente posible haber alguna cosa como suya, debe también ser permitido a toda la persona el constreñir a todos aquellos con los que puede experimentar dificultades hacer de lo mío y lo tuyo en la relación a un objeto cualquiera, a que se sitúen con ella en el estado de sociedad (principios metafísicos de Derecho. Añade luego, Pero el titulo racional de adquirir no puede encontrarse mas que en la idea de la voluntad universal conjuntamente o unánime; idea que esta supuesta tácitamente como condición indispensable: pues una voluntad universal, realmente armónica, o conjuntamente en sus elementos a los efectos de legislador, es el estadio social; es decir considerando ese estado y su función, pero antes de su realización (porque de otra manera la adquisición seria derivada) como alguna cosa pueda ser adquirida primitivamente, y en consecuencia de una manera previsional. La adquisición perentoria no tiene lugar mas que en estado social. Se considera que Kant sistematizo esta teoría distinguiendo tres periodos: Periodo de Preparación.- Durante el cual el hombre ocupan las cosas Periodo de la Propiedad Provisional.- Durante el cual el hombre transformo las cosas con su trabajo, creando sobre ellas una suerte de propiedad provisional, pero que no era verdadera propiedad, por no crear en los demás la obligación de respetarla. Periodo del pacto social.- En el cual los hombres convinieron tácitamente en respetarse sus derechos sobre las cosas, apareciendo así la propiedad definitiva y completa. Se dice también que esta teoría presenta un doble aspecto: Uno individual: ocupación y trabajo continuo de la tierra. Otro social: La ley que garantiza el dominio pero no le da nacimiento. Lo primero que se aduce en su contra, es que la convención, en el supuesto de existir, seria un fundamento demasiado débil para un derecho tan transcendente como el de propiedad. Seria mudable y aleatorio, pudiendo deshacerse hoy lo hecho ayer, con lo que la propiedad carecería de estabilidad. Otra razón que se aduce, es que dicho pacto sólo obligaría a los que lo

convinieron, pero no a los que no intervinieron en él, por lo que habría que probarlo a cada paso, siendo siempre dudoso a quiénes obligaba y a quienes no. Finalmente, afirmaba Arnés, el derecho en general es independiente de la voluntad, estando por encima del arbitrio de las personas, aunque esa voluntad esté consignada en un contrato; de la misma manera el derecho de propiedad no puede depender de las convenciones, sino que es indispensable que la convención esté de acuerdo con el derecho, no pudiendo ser el contrato general más que la garantía social de los derechos de todos. B. TEORIA DE LA LEY De acuerdo con esta teoría, la propiedad es creación de la ley. Sólo ella puede constituirla o fundamentarla, disponiendo la renuncia de todos y otorgando un título de goce a uno sólo Afirma que una vez constituida la sociedad y el poder civil, éste decretó, en interés de todos, la capacidad de cada uno para lograr la posesión exclusiva de los bienes y fijó las condiciones de esta apropiación, comenzando a existir desde entonces el derecho de propiedad privada. Esta tesis tiene mucha semejanza con la anterior contractualita, pues la ley es más que la expresión del consentimiento común de los asociados. Destacan entre sus defensores Montesquieu J.Bentham, revolucionarios de la talla de Mirabeau, Robespierre y otros.

Bossuet;

Montesquieu, sustentándola, dice: Así como los hombres han renunciado a su independencia natural para vivir bajo las leyes políticas, han renunciado también a la comunidad natural para vivir sujetos a las leyes civiles. Las primeras de estas leyes les otorgaron la libertad; las segundas la propiedad. Es decir que el hombre prescinde de su inicial libertad para someterse a las leyes políticas, asegurándose con ellas su libertad y su propiedad. Venta, por su parte, expresa. La ley no dice al hombre "Trabaja y yo te recompensaré", sino que le dice, trabaja y los frutos de tu trabajo, esta recompensa natural y suficiente, que sin mí tú no podrías conservar, yo te aseguraré el goce de ellas, conteniendo la mano que quisiera quitártelos, Si la industria crea, la ley es la que conserva. Si en el primer momento se debe todos los otros momentos todo se debe a la ley. Agrega que para conocer mejor el beneficio de la ley, procuraremos formarnos idea clara de la propiedad natural, y que ella es únicamente obra de la ley. Pero su pensamiento lo resume en esta frase célebre. La propiedad y la ley han nacido juntas y morirán juntas. Antes de las leyes no hubo propiedad; suprimida las leyes y toda propiedad desaparece.

Se arguye que la ley servirá para reconocer la propiedad, resultado imponente para creerla; no explica cual es el derecho de propiedad, ni cómo nació. El derecho de propiedad, como todo derecho fundamental seria anterior y superior a ley humana positiva. En apoyo de esta crítica se citan las palabras de León XIII, no es la ley humano positivo sino la naturaleza la que ha dado a los particulares el derecho de propiedad, y por lo tanto no puede la autoridad pública abolirlo sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con el bien común. También se afirma que esta teoría en vez de fundamentar el derecho de propiedad, lo destruye, pues de un lado, no vendrían jurídicamente obligados a respetarlo las personas que no estuviesen sometidos a la misma ley humana la que hubiese creado ese derecho la misma ley es decir los poderes públicos podrían suprimirlos. TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD EN UN ASPECTO SOCIOLOGICO Y ECONOMICO A. POSICION SOCIOLOGICA Y ECONOMICO.Entre quienes sostienen esta tesis encontramos al fundador de la sociología moderna. Sostiene que la característica egoísta de la industria primitiva tiende a transformarse, desde que la existencia dejando de ser individual, empieza a ser social; incluso ya en la existencia, dejando de ser individual empieza a ser social incluso ya en la etapa domestica. Esta transformación, añade, no puede ser científicamente apreciada mas que estableciendo dos leyes correlativas desconocidas hasta ahora, relaciones con la existencia material. Su combinación natural constituye la teoría positiva de las acumulaciones. De estas dos leyes económicas, una es subjetiva y la otra objetiva, pues se refieren a nosotros mismos y el mundo exterior, respectivamente y consiste en estos dos hechos generales cada hombre puede producirse mas de lo que consume los productos obtenidos pueden conservarse mas tiempo del que exige su producción. Otro de los sostenedores de esta teoría, dice que la propiedad, es el derecho absoluto de un hombre sobre el producto de sus esfuerzos sobre las cosas que él es el primero en proporcionarles el valor y a los cuales él da una forma duradera y otorga una productividad permanente. Y termina diciendo que lo que constituye la razón suprema de la propiedad en general y de la propiedad territorial en particular lo que le da una base inquebrantable, es el interés de la sociedad entera.

TEORIA QUE FOMENTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA NATURALEZA RACIONAL Y SOCIAL DEL HOMBRE A. TEORIA DE LA PERSONALIDAD HUMANA Adquiere a esta para quien el hombre, por su naturaleza, tiene en el instinto el derecho, la propiedad, la moralidad. Por ello el hombre encuentra en si con los hechos de conciencia el querer el derecho, la propiedad, el Estado y agrega mi voluntad en la propiedad es personal y la personalidad y la persona es un ser individual de donde la propiedad se hace lo privativo de esta voluntad. Toda vez que yo por medio de la propiedad doy una esencia determinada a mi voluntad, importa que la propiedad tenga también ella una determinación y que sea esta la más. En esto esta la más fuerte razón de la necesidad de la propiedad privada. B. TEORIA DEL PENSAMIENTO CATOLICO. Esta se funda en el derecho natural, concebido este como una participación de la ley eterna en la criatura racional. Por lo tanto la actividad estatal debe limitarse a reconocer, reglamentar, garantizar y sancionar la propiedad teniendo en cuenta su función social. Esta doctrina pretende ubicarse en una situación intermedia entre las teorías individualistas y las sociedades o colectivas, pues comprende de elementos uno individual y otro social. Este ultimo le sirve para rechazar la idea de propiedad en forma complementaria absoluta. Entre los legítimos modos de adquirir la propiedad o títulos inmediatos el dominio sobre los bienes concretos, agrega, sobresalen en la ocupación del bien que no tiene dueño y el trabajo o especificación, es decir, la actividad del hombre se adjudica legítimamente el fruto de su trabajo. Para el Estado no tiene derecho para disponer arbitrariamente de esa función. Añade que siempre ha de quedar intacto e inviolable el derecho natural de poseer privadamente y trasmitir los bienes por medios de las herencias. Sostiene que la naturaleza misma estableció la repartición de los bienes entre los particulares para que rindan utilidad a los hombres de una manera segura y determinada y afirma que las riquezas incesantemente aumentadas por el incremento económico social debe distribuirse entre las personas y clases. Los principales argumentos que da la escuela católica son: La propiedad privada es una institución universal y permanente que progresa paralelamente con la cultura de los hombres, ha existido siempre y en todos los pueblos.

La naturaleza ha asignado a los bienes materiales el fin de satisfacer las necesidades humanas, aquella que exige que estas puedan ser adquiridas por el hombre en propiedad privada y estable. Los bienes materiales han sido dados por la naturaleza al hombre para que usándolos de manera conforme a su dignidad y a sus aspiraciones naturales, provea no solo a su propia conversación y perfeccionamiento, sino al bien de su familia. El hombre tiene derecho natural al fruto de su trabajo, el cual solo puede existir mediante la propiedad privada. Además la teoría Católica vuelve a la hipótesis antigua que afirma que la propiedad ha existido desde los comienzos de la historia, contra el criterio generalmente aceptado de que la propiedad primitiva ha sido colectiva también sostiene, erróneamente que la propiedad privada es el único medio por el cual pueden los bienes materiales cumplir su fin, cuando es por todos sabido que la gran mayoría de personas carece satisfactoriamente sus necesidades. TEORIA DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD ANTECEDENTES: Como hemos expresado reiteradamente, resultas de la revolución sa volvió a imperar la concepción romana de la propiedad llevada al extremo. Empero esta tendencia liberal ultranza pronto entro en crisis pues se estimo que la ley podía limitar las facultades del propietario. Es así que apareció con otra concepción que la supeditaba al interés colectivo. TEORÍA DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD A partir de ese momento se justifica el dominio no por los beneficios que obtiene el dominas sino por aquellos que de su existencia o mantenimiento deriva la sociedad. Los defensores de esta corriente lo consideraban el más importante hito dentro de la evolución del concepto. Muchos autores no discuten carácter social. Aunque insisten en no desligarlo del aspecto individual o natural de la propiedad. Tal es el caso, tanto del positivo cuanto el catolicismo El positivismo sea estatal suele hacer radicar el fundamento en la norma jurídica del Estado o bien con formula más amplia en la mera utilidad social. VARIANTES DE LA TEORIA

En Esta teoría social de la propiedad, podemos distinguir básicamente dos variantes: una que considera que la propiedad es una función social, y otra que afirma que la propiedad cumple una función social ambas por cierto tienen diferencias. Aquella corriente que considera que la propiedad cumple una función social ambas por cierto tienen diferencias. Aquellas corriente que considera a la propiedad como función social, en realidad no tiene mayores adeptos. La reacción frente a la publicación del derecho se ha producido por el lado del derecho privado, volviéndose a reiterar el carácter subjetivo del dominio, argumentándose que la propiedad no constituye una función social, el hecho de tener bienes puede naturalmente servir al ejercicio de la función pero no es por si mismo hablando propiamente, una función. Si no que lo que es distinto, debe cumplirse una función de este carácter reprochable a la confusión entre la propiedad y la empresa a que sirve, su pretendida identificación como función social y no como derecho subjetivo. Esta corriente considera que corresponde al Estado zanjar, regular la propiedad, los eventuales conflictos que se originen entre el interés publico y privado. La segunda variante aquella que arguye que la propiedad cumple una función social es la que goza de mayor predicamento. La característica de esta corriente es que impone deberes pues no queda su empleo y función al arbitrio del dueño a interés de un particular. LA FUNCION SOCIAL Es una formula de armonía que intenta concordar los intereses del individuo con los de la sociedad toda, impidiendo que el ejercicio del propietario pueda menoscabar o afectar en forma alguna el bien común. Se funde en la libertad del individuo y las facultades que la propiedad concede, con la obligación de hacer uso de ella de manera conveniente al interés social. La función social puede limitarse a la propiedad pero también puede determinarla activamente. FUNDAMENTO DE LA FUNCION SOCIAL La base de esta función social de la propiedad esta en el cumplimiento de fines encaminados al mayor incremento de la producción, en beneficio de la sociedad entera, considerada a estos efectos fundamentalmente como conjunto de familias y que entraña en sí a la vez en una aspecto general un repecho a la personalidad humana. Es por lo tanto un interés social el que fundamenta el derecho de propiedad pero un interés social basado en la necesidad, siempre apremiante y universal,

de aumento de la producción para conseguir principalmente una mayor perfección en la satisfacción de las necesidades inherentes a la familia. EL CAMBIO DE LA TITULARIDAD DEL EJERCICIO A este respecto se produjo una transformación consistente en el ejercicio de los derechos. CONTROL DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. Se concibió que el ejercicio de los derechos subjetivos como acto de liberalidad individual no cumplía el objetivo de asegurar a todos la eficaz posibilidad de ejercicio de los derechos. La profunda transformación, económica y política de los ordenamientos puso en crisis estos valores típicamente liberales e hizo afirmar paulatinamente la teoría del abuso del derecho como mecanismo controlador del ejercicio de los derechos. El paso de la titularidad que implica señorío o libre actuación a la actividad es uno de los fenómenos más notables que en el rubro del de recto se han observado últimos tiempos. PROPIEDAD Y PROCESO ECONÓMICO Otra característica que se ha observado es la inserción de la propiedad en el proceso productivo que marca una transición de la propiedad estática a una propiedad orgánica e instrumentalmente incorporada a la actividad económica. Aquí se ha producido un giro copernicano: la propiedad, que en el sistema codificado comprendía la actividad económica como una actividad de ejercicio del derecho ha pasado de continente a contenido al ser considerada uno de los medios de que sirve la actividad económica para la consecución de sus fines o en otras palabras como el elemento del patrimonio establecimiento, explotación o si se quiere empresa en sentido objetivo. LA NUEVA PROPIEDAD. Como Consecuencia de este proceso evolutivo aparece una nueva imagen del dominio. Podría definírsela señalando cuatro rasgos fundamentales pluralismo conexión o relación social, desconexión de la idea de libertad y actividad o ejercicio como entro de la regulación. EL PLURALISMO. Es consecuencia de la diversidad de normas especiales dictadas para atenuar los efectos del individuo vía la intervención y generalmente en función de las peculiaridades características de determinados tipos de bienes, intervención estatal que en estos momentos esta reducida a su mínima expresión.

El pluralismo suscita problemas relativos a la determinación de las características especificas de la propiedad en cada uno de los tipos a la interconexión entre ellas y principalmente en orden al conflicto entre el interés del titular y el interés de la colectividad representado por el Estado. EL INTERES SOCIAL. Al carácter social del dominio se llego de un radical cambio en las relaciones que se dan entre las exigencias individuales y las estatales. El aceptarse la función social como aspecto central de la propiedad supone que esta tiene como presupuesto su posible correlación a un fin no individualizado de suerte que esta conexión llega a ser fundamento del derecho de propiedad. REPLANTAMIENTO DE LA RELACION ENTRE LIBERTAD Y PROPIEDAD La Antigua idea de que libertad y propiedad se exigían mutuamente es hoy cuestionada filosófica y económicamente y es un simple perjuicio metodológico, en rigor la propiedad jamás pudo asegurar la igualdad ni el viene estar de muchas personas que ha vivido libremente sin propiedad. Incluso puede afirmarse que ahora la propiedad privada llega a contradecir la libertad misma. Se concluye que actualmente, ni la propiedad privada confiere la libertad a los individuos ni el ejercicio de los derechos de propiedad es en sentido propio ejercicio de la libertad. A lo sumo se dirá que los propietarios de los bienes tienen más segura su libertad, en el sentido de posibilidad de elección de medios de vida. Aunque esta es una connotación bastante restringida solo trascendente en el sistema capitalista. TITULARIDADY ACTIVIDAD DEL DOMINUS: La concepción de la función social que subordina el individuo ala colectividad se basa en la énfasis que se pone ahora en el ejercicio del derecho y no en la atribución. Se afirma que este fenómeno ha alterado el concepto de bien y por cierto la noción de propiedad como tipo de derecho sobre los bienes. Hoy día se observa una inserción de la propiedad en el procesó económico de producción o intercambio de bienes y servicios y ha generado finalmente un proceso de propiedad donde el ejercicio prima sobre la atribución y en el que produce una relación dialéctica entre la titularidad al punto fuerza es hacer una separación entre la propiedad y control de la riqueza ideas que la codificación considera inseparable. CAPITULO III

LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE 1933: La normatividad positiva en el texto constitucional peruano de 1933, en materia dominal, era bastante deficiente. Incluía la propiedad dentro de las Garantías Constitucionales – nacionales y sociales. La Constitución del 1933, siguiendo la corriente de sus contemporáneos ya establecía por otra parte, la subordinación o condicionamiento de la propiedad al cumplimiento de la función social. De una forma muy sintética, podemos resumir sus notas más características. Defendía, en vía de principio, la propiedad privada, siempre y cuando contribuyera a la realización de las necesidades de la nación y del bien común, esto es en el entendido de que se subordine al cumplimiento de la función social. Aunque disponía la inviolabilidad de la propiedad, itía la privación de la misma, cuando se tratase de un caso de utilidad pública y que viniere precedida de la indemnización justipreciada. LA CONSTITUCIÓN DE 1979: La Constitución anterior reconocía también en vía de principio, con meridiana claridad, el derecho a la Propiedad privada. A pesar de las normas atenuadoras que contenía, bien puede afirmarse que su espíritu era liberal. En los debates parlamentarios pudo observarse la presencia de temas tales como: el respeto a la Propiedad privada inviolable, articulándola con la función social de la misma; el mecanismo de la expropiación como técnica de sanción (privación de la propiedad), en cuyo caso debía darse una indemnización previa en dinero. Una suerte de pluralidad de propiedades sobre todo al aceptarse las diversas formas de ella creadas principalmente durante el régimen anterior de 1968-75. LA CONSITUCION DE 1933. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD: La Constitución profundizo mas abiertamente la orientación por una Filosofía nítidamente liberal. Ha desaparecido el rol social que debía cumplir, la expropiación es prácticamente imposible de aplicar; los recursos naturales pueden ser concedidos a particulares. Desde esa perspectiva, el dominio presenta algunas innovaciones en cuanto a sus características. El derecho de propiedad esta suficientemente tutelado, pues con posterioridad a la formulación de este precepto constitucional establece la procedencia de la acción de amparo.

La Propiedad como derecho personal.- En principio era considerada a la propiedad como un derecho personal, al disponer que toda persona tiene derecho a la propiedad. Pues considera a la Propiedad como inherente a la personalidad del hombre, como una continuación o proyección de esta. La propiedad privada implica quizás un bien o una ventaja que ha de ser accesible a todos. Por cuanto envuelve incluso en el actual estadio político – social un valor de libertad, si bien de libertad económica. En el orden del derecho civil esto supone que el titular tiene derecho o facultad de usar, disfrutar, disponer y reinvidicar un bien que le pertenece. Naturalmente ella deberá ejercer con arreglo a las limitaciones que establecen las leyes. Inviolabilidad de la Propiedad.- En vía de principio la propiedad privada. Incluso es considerada inviolable siguiendo aquí la mas rancia tradición liberal que viene desde la declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Esta propiedad no obstante debe esta orientada al bien común a beneficiar la colectividad. En consecuencia el propietario continua teniendo derecho mas completo sobre un bien. PLURALISMO DE LA PROPIEDAD.- La constitución del 79 regula explícitamente varias modalidades o formas de la Propiedad. Hacia referencia cuando se permitía al Estado promover el a la propiedad en todas sus modalidades. Las relaciones de propiedad que ofrecía el Perú y que necesariamente tenia que plasmar en la Constitución. Así tenemos que había aparecido una propiedad social, la comunidad industrial, las cooperativas. De ahí que no tuvieran los constituyentes del 79 otra alternativa que reconocerlas, aunque de un modo bastante peliado. La Constitución de 1993 reitera el principio del pluralismo económico, cuando habla de la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, sin embargo, ya no hace referencia palmaria a las empresas cooperativas. Lo que si puede afirmarse es que el Estado ya no las estimula, se inclina prioritariamente por las privadas. CONTENIDO ESENCIAL DE LA PROPIEDAD La Constitución Peruana reconoce el derecho a la Propiedad privada, entre los derechos del ciudadano. Estas leyes no podrán disminuir su contenido correrá a cargo de las leyes ordinarias. El contenido esencial de la propiedad constituye de una parte el criterio que nos ha de permitir la distinción entre la configuración de los derechos y privación o ablación de los mismos. El concepto de núcleo o contenido esencia protege la propiedad privada. CONCEPTO DE PROPIEDAD El texto constitucional traía ciertos elementos que hacían de la propiedad un concepto ligero pero no totalmente liberal o individualista. No obstante advertimos ahí una contradicción, pues mientras una parte se establecía la

función social de la propiedad y se la ubicaba no solo como un derecho sino fundamentalmente como una obligación, de otra parte cuando, por excepción se sancionan por incumplir tales exigencias, se exigía que era previo paro gen dinero de la indemnización con lo que indudablemente, la expropiación prácticamente se tornaba muy difícil de aplicar. Pues bien, la Constitución de 1933 supera esa contradicción con una salida individualista, que exige la misma indemnización en efectivo pero ya no la considera social. Se puede decir que es coherente liberal EXPROPIACIÓN Y LIMITACIÓN DEL NÚCLEO ESENCIAL.El núcleo o contenido esencial constituye la barrera o frontera de las expropiaciones de suerte que si bien garantiza la propiedad, la violación de las obligaciones que tiene. Es decir se produce como consecuencia de la privación de la propiedad una alteración en el ya referido contenido esencial del dominio. El numeral 70 prescribe que nadie puede ser privado de su propiedad excepto declarada la ley y previo pago en efectivo de indemnización justiprecisa. a. Debe ser por causa de seguridad nacional o necesidad pública.- La Constitución derogada establecía junto a la necesidad y utilidad pública la causa del interés social. En lo que respecta al primer elemento necesidad y utilidad publica hacia referencia a las exigencias de funcionamiento de la istración. La Constitución vigente reitera la noción de necesidades pública pero prescinde de la utilidad pública y lo que es más importante del interés social. El segundo factor recogido es el de la seguridad nacional que hace alusión a casos extremos de emergencia no muy comunes por los demás. b. Calificación Conforme a Ley.- Esto implica que la medida expropiatoría debe ser legalmente tipificado una ley así debe disponerlo. C. Previo pago en efectivo de la indemnización justiprecisa.- En este aspecto si es criticable. Aquí se habla se hable simplemente de previo pago de la indemnización justiprecisa. LIMITACIONES ESPECIALES A LA PROPIEDAD.El estado peruano puede establecer algunas limitaciones y prohibiciones especificas sobre determinados bienes, por razón de seguridad nacional. LOS BIENES PUBLICOS.- Los bienes de dominio público son inamisibles e imprescriptibles. Los bienes de uso Público puede ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Los bienes públicos cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados. En la Constitución del 73 sostiene que los bienes de uso público son de uso de todos como entonces también pueden ser de uso particular.

CAPITULO IV LOS LÍMITES DE LA PROPIEDAD 1. DIFERENCIAS ENTRE LÍMITES Y LIMITACIONES Antes de continuar con el desarrollo de este punto, es importante que distingamos entre lo que es un "límite" y una "limitación", ya que sin su previo conocimiento, podemos incurrir en errores de interpretación. Al respecto, siguiendo a Albaladejo, diremos que los límites del derecho de propiedad son "las fronteras, el punto normal hasta donde llega el poder del dueño, o sea el régimen ordinario de restricciones a que está sometido tal poder", lo que nos indica que es característico de los límites, estar determinados por la Ley. Con respecto a las limitaciones, que nuestra Legislación conoce como "restricciones", podemos señalar que ellas "reducen el poder que normalmente tiene el dueño sobre su bien"; y en esa línea acorde a nuestra legislación, estas limitaciones (restricciones) se pueden originar por causa de necesidad, utilidad o interés social y en segundo caso, por la propia voluntad de las partes. 2. LÍMITES A LA PROPIEDAD Los límites pueden en general considerarse tanto de interés público como de interés privado, bajo este criterio procederemos a analizarlos utilizando para ello sólo las principales categorías. A. LÍMITES EN ORDEN AL INTERÉS PÚBLICO

A.1. EN INTERÉS DE LA DEFENSA NACIONAL Este punto se basa en lo señalado en el 2do. párrafo del artículo 71 de la Constitución que señala que "dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros, no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el consejo de Ministros conforme ley". Esta norma contiene un claro criterio de salvaguardar la integridad de nuestro territorio. A.2. EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD DE PERSONAS Y COSAS Al respecto el Código Civil en su artículo 956, señala que "si alguna obra amenaza ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, la demolición o la adopción de medidas preventivas" lo cual nos señala el derecho de accionar que tiene toda persona que se vea afectada por la ruina, vetustez o peligro de una obra. Esta norma es interesan te porque supera el artículo 860 del Código Civil anterior al agregar que el encargado de hacer valer la acción es aquel que tenga legítimo interés clarificando la ambigua la redacción de dicho artículo. La acción se tramitaba a través del artículo 1027 y siguiente (interdicto de Obra Ruinosa) del Código de Procedimientos Civiles de 1,912 que indica que sólo pueden intentar dicho interdicto el que tenga que pasar necesariamente por la obra ruinosa o el dueño de alguna propiedad que pueda sufrir daño por la misma, pero con la promulgación del Dec. Leg. 768 (Nuevo Código Procesal Civil), el 01/08/93 el interdicto de obra ruinosa queda absorbido por la figura del interdicto de retener (artículo 606). Siendo a partir de su entrada en vigencia (01/01/93), el poseedor perturbado en su posesión, el único titular para interponer la acción, entendiendo la perturbación tanto como actos materiales como la ejecución de construcciones en estado ruinosos. Como vemos, esta nueva interpretación limitaría en alguna manera el "legítimo interés" para solicitar la "medida preventiva", exclusivamente al poseedor perturbado, excluyendo a todo aquel que de una u otra manera se viera afectado, sin embargo, debo señalar que considero que las Municipalidades también tiene capacidad de accionar contra un inmueble en estado ruinoso, en base a su deber de controlar los inmuebles de áreas urbanas conforme se desprende de la lectura del Art. 65 inc. 11 y 14 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23853). A.3. EN INTERÉS DE LA VIVIENDA Y EL URBANISMO Estas limitaciones se establecen por Leyes y Ordenanzas Municipales. Esto último conforme lo señalaba el Art. 255 Inc. 1 de la Constitución de 1979, (Art. 192 Inc. 5 de la Constitución actual otorga competencia a la municipalidades para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones), que encargó a las municipalidades la zonificación de viviendas y el urbanismo, este sometimiento de la propiedad privada a las normas istrativas se ha acentuado cada vez más, debido al gran crecimiento urbano y los consiguientes problemas de salud y seguridad de la población, etc. El artículo 957 del Código Civil señala en forma general que "la propiedad predial queda sujeta a la zonificación y a los requisitos y límites que establecen las disposiciones respectivas". Específicamente, podemos señalar como las causas más frecuentes de estos límites a la previsión (desarrollo de proyectos), estética (buena presencia del caso urbano), seguridad (no acarrear peligro), higiene (limpieza para precaución de enfermedades) y patrimonio histórico (conservación de monumentos). Entre los más frecuentes tenemos:

Altura máxima de edificaciones, en armonía con la zonificación aprobada. Autorización previa, para abrir pozos, cisternas. variación de planos. Fijación del uso de la tierra de conformidad con la planificación y el Reglamento Nacional de Construcciones (Ley 23853, Art. 73 Inc. 1). La Fijación de conservar el alineamiento y la de no sobrepasar las alturas máximas permitidas (Art. 78, Inc. 4). Los predios circundantes y adyacentes a los aeródromos y aeropuertos destinados al servicio público están sujetas a las restricciones legales a la propiedad, cuando el fin de las mismas comprenda a la seguridad de las operaciones aéreas (Ley de Aeronáutica Civil, Art. 26 al 28). B. LÍMITES EN ORDEN AL INTERÉS PRIVADO Se encuentran reguladas por las disposiciones del Código Civil en lo referente a las relaciones de vecindad. Es interesante señalar que nuestro Código se refiere a "limitaciones" por razón de vecindad, cuando lo adecuado hubiera sido que se refiera a "límites" por razón de vecindad, que en nuestro concepto como señalarnos anteriormente, es la expresión que mejor responde a la intención del legislador. B.1. HUMOS, HOLLINES, EMANACIONES Este límite se halla expuesto en el Art. 961 del Código Civil que señala que "El propietario, en el ejercicio de su derecho y especialmente de su trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas que exceden de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención a las circunstancias. El Derecho Comparado, al referirse a este tema, ha distinguido dos conceptos: 1. Respeto Recíproco Es decir, que no puede haber respeto recíproco, sino hay tolerancia recíproca, ni puede haber tolerancia recíproca sin respetó recíproco. Si cada vecino ve su propio interés, sin preocuparse por los demás, no habría paz para nadie, por tanto no habría justicia. 2. Tolerancia Normal Concepto que fue introducido por Ihering indicándose, como señala Valencia Zea, que "Todo acto que ejerza influencias molestas, deberá ser prohibido cuando represente un uso anormal o extraordinario de la cosa propia y supere el límite de la tolerancia establecido en cada lugar y tiempo". Partiendo de estos conceptos diremos que nuestra norma en su primer Párrafo señala claramente que una industria, no obstante su interés para la economía nacional, debe desenvolverse guardando el debido respeto a la propiedad ajena, sin perjuicio de las normas previstas en el Código de Derecho Ambiental (Dec. Leg. 611) y la concordancia correspondiente con las normas del Código Penal (Art. 304 y siguientes, Delitos Ecológicos o contra el Derecho Ambiental).

El segundo Párrafo tiene como inconveniente el no definir la naturaleza de las "emanaciones" ya que aquí debemos considerar las de cantidad (rumores, olores, etc.), su calidad (el lugar donde provengan), y la condición del lugar (su naturaleza geofísica puede dar lugar a la multiplicación, lo que no se daría en otro lugar). Como vemos, nuestra norma ha dejado en este caso al libre albedrío del Juez la valoración de la "tolerancia normal" entre los vecinos. B.2 PROHIBICIÓN DE DESVIAR AGUAS A PREDIO VECINO Nuestra Legislación regula en su artículo 964 este criterio al indicar que el "propietario no puede hacer que las aguas correspondientes al predio discurran en los predios vecinos, salvo pacto distinto". Aquí podemos considerar al propietario que debe construir para que las aguas pluviales corran sobre su propio terreno y no vayan a caer el predio vecino, y si existiese desagüe público, canalizar las aguas, e introducirlas en ella. El Derecho Comparado considera que "los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso" (Art. 552 C.C. Español y 640 del C.C. Francés). Finalmente, se considera que un propietario no puede, aduciendo su propio interés, cortar o desviar el cauce de un río, salvo que lo haga previo acuerdo con su vecino y pago de indemnización. B.3 LÍMITE A LA FACULTAD DE EXCLUSIÓN Con referencia a este punto los Arts. 959 y 960 de nuestro Código Civil señalan los motivos por los cuales se limita al propietario su facultad de excluir a un extraño de su predio. El Art. 959 nos expone que: "el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados". El análisis de esta norma nos indica que es el propietario del predio amenazado con peligro actual o inminente, el encargado de solicitar la autorización de su vecino para poder realizar en su predio los actos necesarios que conjuren dicho peligro. Siguiendo en este terna a Wolf, decimos: "que el obligado a tomar las medidas preventivas necesarias, no procede contra derecho frente al propietario del predio vecino si las ejecuta contra la voluntad de éste" . Es importante señalar que al referirnos "al obligado" no nos referimos exclusivamente al propietario del predio, porque puede darse el caso, que un edificio o construcción se derrumbe por un vicio de construcción en la obra. En este caso el dueño afectado pedirá indemnización al constructor, siendo éste el obligado a tomar las medidas necesarias para subsanar el vicio en la construcción y sería el encargado de pagar la indemnización al propietario que se vio obligado a sufrir en su predio las obras correspondientes. El artículo 960 señala que: "si para construir o reparar un edificio es indispensable pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios, el dueño de éste debe consentirlo, recibiendo indemnización por los daños y perjuicios que se le causen". Es importante señalar que el Legislador en este artículo cambia la frase "no puede impedir" del artículo anterior, por el "debe consentirlo", lo cual nos daría a entender que un elemento indispensable para obtener el derecho de paso por el predio ajeno, es el previo consentimiento de su dueño, lo que es discutible porque dejaría al capricho de una persona la urgencia de lograr el paso por su predio, para poder refaccionar un edificio dañado por un terremoto.

La doctrina clásica erróneamente ubicaba esta norma como servidumbre, razón por la cual señalaba la obligatoriedad de paso por predio vecino con cargo a la indemnización respectiva. Entendemos que nuestro Código se aparta de esta Tesis, por los argumentos señalados y en el supuesto de no darse el consentimiento conforme al artículo ya citado, el vecino abrumado por la necesidad de construir o reconstruir recurrirá a la municipalidad para la autorización correspondiente previo pago de la indemnización. B.4. LIMITE A LA LIBERTAD DE CONSTRUIR, PLANTAR Y MONTAR INSTALACIÓN EN TERRENO PROPIO Al respecto los Artículos 962 y 963 del Código Civil establecen como fundamento para la aplicación de estos límites, que los predios vecinos se vean amenazados por posible desmoronamiento. ruina, pérdida de plantaciones o falta de salubridad. El artículo 962, al indicar que el propietario de un inmueble no puede abrir o cavar pozos que amenacen de ruina o desmoronamiento o afecte las plantaciones vecinas, obviamente toma en consideración el tipo de construcciones modernas que necesitan de excavaciones muy profundas para su realización; es por eso que el Código Civil derogado no consideraba una norma de este tipo. La norma, en su segunda parte, tiene un marcado carácter sancionador al señalar que "puede ser obligado a guardar las distancias necesarias para la seguridad de los predios afectados, además de la obligación de pagar la indemnización por los daños y perjuicios"; esta sanción puede llegara significar la paralización de la excavación en caso de acarrear peligro actual o inminente para los colindantes. El artículo 963 señala: la prohibición de construir horno, chimenea, establos, depósitos para agua, explosivos o radiactivos sin observar las distancias y precauciones establecidas por los reglamentos respectivos, o los que sean necesarios para preservar la solidez o la salubridad de los predios vecinos, la inobservancia de esta disposición puede dar lugar al cierre o retiro de la obra y la indemnización de daños y perjuicios. Esta norma, igual que la anterior, es nueva para nuestra Legislación ya que es importante actualmente regular esta materia, siendo que nos encontramos en la época atómica. La norma es clara al señalar que este tipo de construcciones se deben regir por las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenanzas Municipales sobre Seguridad, Salubridad y Estética (Art. 73, inc. 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades). Finalmente, se señala que la inobservancia de este precepto puede generar, por parte de la autoridad correspondiente, al cierre o retiro de la obra que afecta al predio vecino, que en su caso se procedería a la indemnización por daños y perjuicios. Es interesante señalar que la Legislación Española en su artículo 590 del Código Civil señala que para que se pueda tomar las medidas preventivas correspondientes, previamente debe darse un examen pericial, requisito que consideramos pertinente porque evitaría el abuso por parte del vecino en el momento de exigir la indemnización, decisión que actualmente está en manos de la autoridad municipal (Art. 120 de la Ley Orgánica de Municipalidades). B.5. FACULTAD DEL VECINO EN ORDEN A LAS RAMAS Y RAÍCES AJENAS QUE INVADEN SU ESPACIO O SUELO Este criterio se halla expuesto en el Art. 967 que señala: "todo propietario puede cortar las ramas de los árboles que se extiendan sobre el predio y las raíces que lo invadan. Cuando sea

necesario podrá recurrir a la autoridad municipal o judicial para el ejercicio de estos derechos". Este artículo supera el criterio contenido en el artículo 864 del Código anterior, al contemplar no sólo la capacidad de exigir que se corten las ramas que invaden el predio vecino, sino que ahora le da al dueño del predio vecino la capacidad de poder cortarlas por sí mismo. Nuestra Legislación en este punto, creemos con buen criterio, evita caer en el excesivo tecnicismo de la legislación italiana, la cual al señalar que el vecino tiene derecho a exigir la extirpación de los árboles realiza una categorización en base ala altura de los mismos (árboles de alto fuste, árboles de medio fuste y árboles de bajo fuste). Asimismo, nuestro Código no considera un plazo para que el propietario del árbol que invade el predio ajeno pueda cortar las ramas invasoras-, dejando al dueño del predio invadido que ejercite su derecho en el momento que él estime conveniente y, en caso de encontrar resistencia del otro propietario, recurrir a la autoridad municipal o judicial para lograrlo. Una pregunta se impone La quién le pertenecen los frutos que cuelgan de las ramas invasoras? La Doctrina es unánime al señalar que cuando esos frutos caen al suelo en forma natural, son de propiedad del vecino, así lo conforma Wolff al decir "El derecho del vecino respecto a los frutos caídos en su suelo no es un derecho de propiedad". Los frutos se consideran de la propiedad en que caen y, por tanto, corresponden al titular del derecho (propietarios usufructuarios al poseedor de buena fe y al arrendatario que tenga la posesión). Es claro entonces afirmar que el propietario del predio vecino no puede recoger los frutos del árbol ni sacudir éste. Con estos medios no adquiere la propiedad. Finalmente, diremos que los frutos que caen en un inmueble de uso público (carretera, etc.) no se consideran como frutos del mismo, sino que siguen siendo propiedad del dueño del árbol, el tercero que se apodere de ellos comete hurto. B.6. APERTURA DE PUERTA Y VENTANA EN PARED MEDIANERA Se puede considerar como un límite a la propiedad, pese a que nuestro Código la ubica independientemente de las limitaciones legales, dentro del capítulo de la co-propiedad. El artículo 996 señala que: "todo colindante puede colocar tirantes y vigas en la pared medianera y servirse de ésta sin deteriorarla, pero no puede abrir en ella ventanas o claraboyas". La explicación de esta prohibición, como bien señalan los MAZEUD, es: "a fin de que la curiosidad indiscreta de un propietario no constituya una molestia constante para sus vecinos-, en una pared medianera no se permite ningún hueco, salvo de común acuerdo entre los propietarios". Asimismo, el hecho de que la pared sea medianera otorga al colindante su propiedad hasta la mitad de la pared y hasta la altura máxima que pueda alcanzar el muro, por consiguiente puede arrimar a ella lo que crea conveniente, colocar vigas o abrir huecos siempre que no sobrepasen el límite permitido. 3. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD Como señalamos anteriormente, la limitación reduce el poder que normalmente tiene el dueño sobre un bien: como dijimos, éstas pueden establecerse por necesidad, por su utilidad pública o interés social y también por la propia voluntad de las partes.

Así, cuando el Estado dicta una norma que restrinja el derecho de propiedad y su ejercicio, la cual tampoco debe ser arbitraria, lo que está haciendo es aplicar el IUS IMPERIUM, lo cual evita que pueda existir un pacto en contrario contra esa norma de orden público. De igual manera, para que las restricciones al derecho de propiedad realizada entre las partes puedan ser oponibles a terceros, debe cumplir con inscribirse en el registro respectivo, sea bien mueble o inmueble para evitar así cualquier tipo de fraude o simulación frente a terceros. Las limitaciones más importantes son: A. PROHIBICIÓN DE DISPONER El estudio del artículo 926 del Código Civil nos coloca frente a una figura a través de la cual, las partes pueden mediante pacto, limitar el derecho a disponer que tiene el propietario sobre su bien, el cual para poder surtir efecto frente a terceros debe inscribirse en el registro respectivo. En la exposición de motivos y comentarios del Código, se señala que esta norma no tiene antecedentes en la legislación anterior y se dice que está destinada a resolver el problema de la impunibilidad de terceros de las restricciones de la propiedad acordadas con pacto. Si por restricciones se entiende conforme a lo que indica Guillermo Caballeros, disminución de facultades y derechos debe entenderse entonces que las partes podrían acordar limitaciones al derecho de propiedad o a su ejercicio, pero creemos que esta limitación no debe contravenir lo dispuesto por el artículo 882 del Código, ya que si tuviera que imponerse la limitación ala libertad de enajenar, significaría una severa limitación del IUS ABUTENDI que es "el principal atributo de la propiedad" lo cual conllevaría a una desnaturalización de este derecho. En consecuencia, creemos que por pacto no puede rebasarse la ley, por cuanto el artículo 882, consagra la libertad de la persona para enajenar. La excepción que señala este artículo tienen que aflorar en forma nítida de la ley, por razones de interés social o necesidad pública, pudiendo inferirse entonces que las restricciones que señala el artículo 926 del Código serán de otra naturaleza. B. SERVIDUMBRE ISTRATIVA Gustavo Bacacorzo señala que: "Toda servidumbre es jurídicamente una carga impuesta a una propiedad predial inmueble, considerando si ésta es civil o istrativa". Debemos señalar que la servidumbre istrativa es un gravamen que consiste en una sujeción parcial de la propiedad a alguna utilización en uso o en beneficio no de su dueño, pero que a diferencia de la servidumbre civil, se establece en beneficio de la comunidad. Es importante señalar que sobre este punto es la Ley General de Aguas (Dec. Ley 17752), la norma que más estrictamente señala la implantación de servidumbres necesarias para el uso, conservación y preservación de las aguas, considerando que las propiedades aledañas a la faja marginal de terrenos necesarios para el camino o para el uso de agua, navegación, tránsito, la pesca u otros servicios se mantendrán libres en una o ambas márgenes, siendo la autoridad la que fije la zona sujeta a servidumbre. En estos casos no hay lugar a indemnización por la servidumbre, pero quienes la usen quedan obligados a indemnizar los daños que causaren, tanto en las propiedades sirvientes como en los cauces públicos o en las obras (artículo 79).

Estas servidumbres, así como sus modificaciones y las que se implanten, son forzosas y se establecen como tal. C. LIMITACIÓN EN FUNCIÓN A LOS ALQUILERES Debemos señalar que el D. Ley N° 21938 y su reglamento creaban limitaciones al derecho que podía tener el propietario para fijar los montos de la merced conductiva a cobrar por el arrendamiento de un determinado predio. El Art. 9 del referido Decreto Ley señalaba que el monto máximo por el que podía alquilarse predios sujetos a su régimen no podía exceder de la cantidad resultante de la división entre del valor del autovalúo entre 120. Actualmente con la promulgación del Decreto Legislativo 709 (0811-91), los contratos de arrendamientos se regirán exclusivamente por las normas del Código Civil, el cual no contempla ninguna fórmula especial para el cálculo de la merced conductiva sino que la deja al libre acuerdo entre las partes, de tal manera que a partir de la fecha va a ser un contrato tipo regulado por el Código Civil. D. EL DERECHO DE RETRACTO El derecho de retracto señalado en el Art. 1549 del Código Civil, a excepción del Inc. 1 derogado por el D. Ley antes citado, también constituye una limitación, puesto que de configurarse algunas de las hipótesis señaladas en el numeral acotado podrían algunas de las personas a que se refiere, sustituirse al comprador reembolsando el valor del precio del bien, gastos notariales y registrales propias de la compra venta; por lo que algunos tratadistas consideran que el RETRACTO es una forma de adquirir la propiedad cuando obviamente se declare fundada la demanda. 4. ÁMBITO DE LA PROPIEDAD PREDIAL A modo de no incurrir en errores de interpretación, es necesario, antes de concluir este capítulo, que distingamos entre los "límites legales" de la propiedad, desarrollados anteriormente y los "confines del objeto" materia del derecho de propiedad, ya que éstas son cosas muy distintas. Así como señalamos que los límites legales son el punto normal donde llega el poder del dueño y las limitaciones serán las que reducen el poder que tiene normalmente dueño el sobre su bien, diremos que los confines del objeto "circunscriben la extensión física del bien objeto del derecho", distinción fácil de señalar cuando se trata de un bien mueble, pero muy problemático, si se trata de delimitar un inmueble. Nuestra Legislación Civil, al referirse a la propiedad predial, señala en su artículo 954 que: "La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales". Esta norma es un gran avance frente al Art. 954 del Código Civil anterior y que sólo excluía del ámbito de la propiedad a las trinas y aguas. Actualmente, tanto el artículo 36 y 118 de la

Constitución se refieren a la conservación del patrimonio cultural de la nación, además este último artículo considera que todos los recursos naturales son de propiedad del Estado. A. CON REFERENCIA AL SUELO El con fin de la propiedad en el plano horizontal es dado por la línea que señale mediante elementos materiales ese confín (Hitos. Mojones, etc.): como dice Barbero, "El confin del objeto de cada propiedad se delimita por la adyacencia de una porción del suelo de propiedad de algún otro o de pertenencia del dominio público" siendo además que estos mismos límites pueden hallarse sujetos a "límites" impuestos por Ley, como el caso de las relaciones de buena vecindad. B. CON REFERENCIA AL SUBSUELO La norma utiliza la frase: "hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho" concepto que es fácil de entender cuando nos referimos a la necesaria utilización que el propietario realiza del subsuelo para poder echar los cimientos de su futuro hogar u otra construcción que crea conveniente, pero que será más difícil de manejar cuando este derecho del propietario choca con la actividad de un tercero. Barbero señala que: "el propietario del subsuelo no puede oponerse a actividades de tercero que se desplieguen a tal profundidad en el subsuelo, que no tenga el interés en excluir" Esta afirmación podemos entenderla conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 960 del Código Civil, que señala la prohibición de cavar pozos que amenacen con el desmoronamiento del predio vecino. Que en el subsuelo se hallen recursos naturales, yacimientos o restos arqueológicos, en cuyo caso el propietario es el Estado, quedando el derecho del propietario enervado frente al mayor derecho del Estado. Al respecto, es importante que señalemos que el D. Leg. 109 (Ley General de Minería) en su artículo 246 otorga la posibilidad a cualquier persona de solicitar a la jefatura regional que comprenda la expropiación de cualquier propiedad donde hubiera riqueza minera, sin otorgar al propietario posibilidad de oponerse a esta demanda, debiendo únicamente limitarse a tratar de llegar a un acuerdo o en su defecto pagar el precio del justiprecio. La norma es clara, porque incluso si una vez hecha la expropiación se comprueba que el bien materia de ella es usado para actividad distinta a la minera, ella no regresa a poder de propietario original, sino que pasa sin costo alguno al dominio del Estado (Art. 250 Ley General de Minería). Finalmente, diremos que en este caso la persona favorecida con la expropiación no asume un derecho de propiedad sobre el predio sino sobre su concesión y los minerales que extraiga. En caso que, sin ninguna justificación de necesidad o utilidad pública declarada por ley, un tercero perturbase el derecho del propietario sobre el subsuelo (cavar túneles), éste tendrá derecho a interponer una demanda para la cesación de los actos perturbatorios en la Municipalidad de su circunscripción (Art. 65 inc. 11, 17 y 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades) o en su defecto al juez de Ira. Instancia en lo civil, vía acción de amparo. C. CON REFERENCIA AL SOBRESUELO

La cuestión de los confines en el espacio sobre el suelo es un tema complicado; el aire, "el espacio", por su propia naturaleza no es un ente "apropiable", por lo tanto es difícil que pueda ser "objeto de derecho". En este tema, igual que en el subsuelo, de lo que se trataría es de utilización (hasta donde le sea útil), que hace el propietario de él. Es claro que toda propiedad usa de alguna manera el "espacio atmosférico" (Ejm. las minas tienen en la superficie, casas para los trabajadores), lo que la norma nos daría a entender en base a una interpretación CONTRARIUM SENSU es que el propietario no puede utilizar su espacio atmosférico en desmedro del derecho de terceros. El Art. 13 de la Ley 24882 (Ley de Aeronáutica Civil) señala que: "nadie puede oponerse en razón de un derecho de propiedad al vuelo de una aeronave", de igual manera los artículos 26 y siguientes de la misma Ley, señalan expresamente las restricciones legales a la propiedad que se establece en función a las operaciones aéreas. Las Municipalidades también tienen la capacidad de imponer límites a la propiedad privada para que ésta no sobrepase las alturas máximas permitidas en el Reglamento Nacional de Construcciones (Art. 73 inc. 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades). Finalmente, señalaremos que el propietario tiene derecho a ejercitar acciones con la finalidad de salvaguardar la integridad territorial de su propiedad. 5. EL DESLINDE A. DERECHO DE CERCAR Conforme al artículo 965 del Código Civil, todo propietario tiene derecho a cercar su propiedad, derecho que en algunos casos se convierte en obligación, cuando nace de una disposición municipal (Art. 73 inc. 5 de La Ley Orgánica de Municipalidades), derecho que no hace desaparecer las servidumbres que pudieran existir: este derecho se tomaría entonces como una garantía a la inviolabilidad del predio. B. DERECHO DE OBLIGAR AL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO El artículo 966 del Código Civil reconoce que el propietario de un predio puede obligar a sus vecinos, sean estos propietarios o poseedores, a la realización de un deslinde y amojonamiento, con la finalidad de fijar la línea que servirá de lindero entre los inmuebles colindantes, después de un examen de los títulos de propiedad (Art. 540 del Código de Procedimientos Civiles y Art. 504 del Nuevo Código Procesal Civil). De no ser así, puede optar por la colocación de los mojones (rectas o señas) que indique los límites de la propiedad. Por lo general estos casos se dan con más frecuencia en el campo o zonas de la ciudad por urbanizar. Puede haber dos clases de deslinde: A. Extrajudicial. B. Judicial. B.1 EXTRAJUDICIAL En este caso, la partición del área en discusión se hará en función al acuerdo que hayan tomado las partes, tomándose como referencia para delimitar los terrenos, un río, una cerca. cualquier otro punto de referencia que crea conveniente. Esta partición constará en un documento de carácter privado que en lo posible cumpla ciertas formalidades (en presencia del Juez de Paz, Notario Público y Testigos).

B.2. JUDICIAL En este caso nos hallamos frente a la acción de deslinde. En este supuesto no funciona el principio "quien afirma prueba" ya que el Juez aceptará como único medio de probanza los títulos de propiedad que cada colindante exhiba otorgando la partición en base a ellos. El Juez procederá a realizar inspección para verificar lo señalado en el título y la colocación de los mojones en ambos extremos de la línea divisoria, procediendo a levantar un acta de ese acto. En caso de que los colindantes no presentaran títulos verdaderos sobre la propiedad en discusión, el Juez procederá a señalar la partición respetando el UTIS POSIDENDI que tenga cada uno de ellos, si a través de este criterio, tampoco se puede realizar la misma; el Juez podrá realizar la partición proporcionalmente en base a la posesión original que tuvieron. El procedimiento a seguir en este caso se contempla en el artículo 504 del Código Procesal Civil.

La propiedad 1.

Introducción

2.

Extinción de la propiedad

3.

Otras causales extintivas de la propiedad no incluidos en el Art. 968 C.C.

4.

Protección de la propiedad

5.

Propiedad horizontal

6.

La propiedad intelectual

7.

De la propiedad industrial

8.

Formas especiales de propiedad

9.

Propiedad de las aguas

10.

Propiedad de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos

11.

Conclusiones

12.

Bibliografía

Introducción Los derechos reales son derechos que recaen sobre una cosa; es una relación inmediata entre una persona y una cosa. El derecho real es aquel que concede al titular un señorío sobre un bien que es a veces ilimitado y entonces le llamamos propiedad (es el derecho real más absoluto) y otras veces es menos pleno ejercitándose sobre una cosa de modo limitado en cuyo caso da lugar a los derechos reales sobre cosa ajena. En el derecho real a la propiedad, diremos que esta se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. El código civil establece que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

La propiedad desde que existe como tal se ha tratado de explicar y en el presente trabajo delimitaremos conceptos específicos relacionados a la propiedad; tales como la extinción, protección, y otras formas especiales de la propiedad.

Extinción de la propiedad Según el código civil comentado de WILDER TUESTA SILVA, nos dice que las formas de extinción de la propiedad: Entre las formas de extinción de la propiedad el código civil regula la adquisición del bien por otra persona. Destrucción o pérdida total o consumo del bien, expropiación, abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del Estado. Respecto a la destrucción o el consumo del bien, en ambos casos estamos ante un supuesto de extinción del objeto material sobre el cual recae el derecho de propiedad; consecuencia lógica de ellos es que el dominio se extinga. Respecto a los supuestos de expropiación y abandono, es indispensable analizar con mayor detalle tales causales de extinción de la propiedad Según la constitución política, la EXPROPIACIÓN Y el ABANDONO son las únicas causales en virtud de las cuales se puede afectar legalmente el derecho a la propiedad. Extinción de la Propiedad Según: El código civil establece las causales por las cuales se extingue el derecho de propiedad, en el artículo 968. El derecho de propiedad se extingue por adquisición del bien por otra persona, ya sea a titulo oneroso como en el caso de la compra venta o gratuito como en la donación. Por destrucción o pérdida total o consumo del bien, en ambos casos estamos ante un supuesto de extinción del objeto material sobre el cual recae el derecho de propiedad; consecuencia lógica de ellos es que el dominio también se extinga. APROXIMACIÓN AL TEMA El art. 968 C.C. enumera las causales de extinción del derecho de propiedad, lo cual constituye una mejora con respecto al código de 1936, pues este último cuerpo legal no contenía regulación alguna sobre la materia. Empero, el Art. 968 del código actual no está exento de serias críticas conforme se verá a lo largo de este capítulo. A diferencia de lo que ocurre con los modos extintivos de las obligaciones, las causales de extinción de la propiedad (y en general de los derechos reales) no tienen un desarrollo doctrinal detallado y sistemático. Esto se explica por la naturaleza mucho más dinámica y transitoria de la relación obligacional, que conlleva una tensión entre el acreedor y el deudor destinada a su extinción; mientras los derechos reales – y en especial la propiedad por su carácter perpetuo están dotados en cierta estabilidad y permanencia. En principio las obligaciones existen para cumplirse (extinguirse); en cambio, los derechos reales han sido creados para mantenerse. En doctrina se hace una distinción interesante entre las causas ´´absolutas´´ y ´´relativas´´ de extinción de la propiedad. Por las primeras, la propiedad se extingue en forma definitiva, esto es, ya no hay propiedad sobre un bien determinado. Así ocurre con la destrucción del bien, o del hecho que este haya excluido del comercio de los hombres (ejemplo: afectación de un bien al dominio público). Por las segundas, la propiedad se extingue para el sujeto específico pero el derecho sigue existiendo en la cabeza de otro sujeto. En este caso la propiedad pasa a otro,

cambia de manos, se extingue en cuanto al antiguo propietario, pero renace e el nuevo titular; así ocurre en los actos de transmisión de propiedad, el art. 968 C.C. incurre en el error de enumerar algunas causales de extinción de la propiedad, pero no distingue entre aquellas de carácter absoluto con respecto de aquellas otras de carácter relativo. FORMAS DE EXTINCION DE LA PROPIEDAD PÉRDIDA DEL BIEN La propiedad es un derecho real consiste en la suma de poderes sobre un bien determinados; por la razón, si el bien ya no existe más, obvio que el derecho de propiedad se extingue automáticamente, sin perjuicio de eventuales acciones resarcitorias (contractuales y extracontractuales) a favor del perjudicado, pero que en todo caso son derechos de crédito, y no un derecho real. En tal sentido, la ´´destrucción o pérdida total o consumo del bien ´´ (art. 168- 2 C.C) es la típica causal de extinción ABSOLUTA de la propiedad. La redacción del precepto legal indicado nos genera, sin embargo, las siguientes interrogantes: ¿Son sinónimos los términos ´´ destrucción´´, ´´pérdida total´´, y ´´consumo´´? En doctrina se reconoce normalmente como sinónimos los dos primeros términos, esto es, la destrucción y pérdida total en cuanto a ambos vocablos aluden al acto consistente en dejar de existir o dejar de ser. En el mismo sentido (univoco) deberán entenderse en nuestro código. Queda pendiente la cuestión referida al término ´´consumo´´, pues este no necesariamente significa la destrucción inmediata del bien (por ejemplo: bienes de consumo duradero). El art. 3-a D.S.039-2000-ITINCI. Texto único ordenador de la ley de protección al consumidor, define como consumidor a quien adquiere, utiliza o disfrute un bien como destinatario final, sin importar las características del bien. Por su parte, el art. 3-c de la misma ley define como producto objeto de consumo a ´´cualquier bien mueble o inmueble, material, producido o no en el país, materia de una transacción comercial con un consumidor´´. Evidentemente el código civil no se refiere al acto de consumo regulado en la ley de protección al consumidor. ¿A qué se refiere entonces? Seguramente, el codificador tuvo en cuenta la acepción gramatical de ´´consumir´´, de la que son sinónimos: ´´gastar´´, ´´agotar´´, ´´acabar´´ y ´´ extinguir´´. Por tal motivo, el código se refiere al consumo como acto de uso del bien que conlleva sin inmediata destrucción.es el caso de los bienes alimenticos, cuyo ´´consumo´´ (en acepción gramatical9 implica su destrucción total. En efecto, usualmente se habla de los bienes ´´consumibles´´ como aquellos cuya existencia termina con su primer uso. Sin embargo, lo importante para que se produzca la extinción del derecho de propiedad no es el simple acto de consumo, sino que efectivamente se cause la destrucción o pérdida total del bien. Por ejemplo: se consume una bebida gaseosa, pero la propiedad no se extingue con respecto al envase que contenía la bebida. Por tanto, el consumo- aun en su acepción restringida propia de los denominados ´´bienes consumibles´´ - no produce ´´ per se´´ el efecto señalado en el art.9682 C.C habla de la ´´destrucción o pérdida total´´ del bien, lo cual pudiera hacer pensar en una cuestión exclusivamente física, es decir que la destrucción se produce solamente en la realidad física. Sin embargo, no hay dudas de que la destrucción del bien también puede operar en el plano jurídico, como ocurre efectivamente cuando el bien es excluido del comercio de los hombres. Un resultado semejante se obtiene cuando el bien se inutiliza o queda inepto para servir a su destino económico, por ejemplo: el billete que por error se ingresa a la lavadora y queda convertido en un simple pedazo de papel. En este caso, subsiste el objeto físico, pero en forma totalmente idónea para cumplir su finalidad típica. Por eso, algunos autores identifican la ´´perdida´´ con la imposibilidad de realizar la función o destino económico del bien.

Más o menos en esta línea de ideas se halla el articulo 1137 C., en tanto considera como perdida del bien –en las obligaciones de dar- las casos de perecimiento, inutilidad, desaparición, irrecobrabilidad y por quedar fuera del comercio. Es indiferente a efectos de la extinción del derecho real, que la perdida haya sido fortuita, negligente o dolosa, Se aprecia aquí una profunda diferencia entre la pérdida del bien en materia de obligaciones y en materia de derechos reales. En este ámbito de las obligaciones solo la pérdida fortuita conlleva la extinción de la relación jurídica; en cambio, si la pérdida fue ocasionada por dolo o culpa, entonces existirá una pretensión a indemnización frente al causante del daño. En el ámbito de los derechos reales, la extinción opera en forma automática y con independencia de cualquier elemento subjetivo. ADQUISICIÓN DEL BIEN POR OTRA PERSONA. Una causa RELATIVA de extinción se produce cuando la propiedad es adquirida por otra persona. En tal caso el derecho se extingue en relación al anterior titular, pero renace (rectius ´´se transmite´´) en la cabeza del nuevo titular. Esta causal extinta se halla reconocida en el art. 968-1 C.C., y aun cuando puede recusarle la categoría de modo extintivo, pues en puridad no extingue el derecho de propiedad (en verdad, el derecho no se extingue, simplemente pasa a otro), empero, su previsión útil para efectos prácticos. Por ejemplo: el propietario es responsable de la caída del edificio (art 1985), por lo que su responsabilidad solo será enervada si acredita alguna causal de la extinción del dominio, como puede ser, precisamente la adquisición del bien por parte de otra persona. EXPROPIACIÓN. La expropiación también es una causa RELATIVA de extinción de la propiedad de extinción de la propiedad, pues el derecho no se extingue ´´ per se´´ sino que se extingue en relación al anterior titular, pero renace (rectius. ´´ se trasmite) en cabeza del nuevo titular. Esta causal extintiva se halla reconocido en el art. 968-3 C.C y en realidad es redundante con la prevista en el inciso 1, es decir, con la adquisición del bien por otra persona. En efecto, el art. 2 ley 27117, general de Expropiaciones, define a esta figura como la transferencia forzosa de la propiedad privada de un particular a favor del Estado, por lo cual estamos en presencia, simplemente del Estado por virtud de un procedimiento expropiatorio, salvo si la expropiación ante una ´´ pérdida total´´ Para mayores referencias al tema de la expropiación, el lector podrá remitirse al apartado correspondiente en el capítulo VII de esta misma obra. ABANDONO DE PREDIOS POR VEINTE AÑOS Hemos demostrado en el apartado anterior que los arts. 927 y 968-4 CC. Son incompatibles entre sí, pero como se trata de mandatos emanados de un mismo cuerpo legal no es posible sostener la derogación de uno u otro por cuestión de incompatibilidad. Para que ello ocurra sería necesario que una norma sea posterior a la otra (art. I.T.P.C.C.). Si bien esa situación no puede ocurrir entre preceptos pertenecientes al mismo tiempo cuerpo normativo, cabe preguntarse si alguna norma posterior al código civil da pie para sustentar una interpretación abrogarte del art. 968-4. En nuestra opinión, esa norma es la propia constitución de 1993. En efecto, el art. 70 Const. Establece que el Estado garantiza la propiedad y la intromisión de este solo puede ocurrir en el caso de expropiación declarada por ley y previo pago de la indemnización justipreciada. En ninguna parte se habla que el Estado puede apropiarse de la propiedad privada por el solo no-uso del titular, lo cual supondría imponer una obligación de

aprovechamiento económico de los bienes bajo sanción de perdida e la titularidad. El modelo económico subyacente en la constitución de 1993 se inspira en la libre iniciativa de los particulares (art.58), y no en la planificación centralizada, por lo que debería descartarse la existencia de obligaciones legales impuestas para usar y explotar los bienes privados. O obstante ello, podría contra- argumentarse de que el art. 70 Const. Obliga al ejercicio de la propiedad ´´ en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley´´ Por nuestra parte, la duda que este último párrafo del texto fundamental puede se ocasionar se desvanece con la lectura conjunta del art 88 de la misma constitución. En esta última se regula el régimen agrado, y en relación específica con la propiedad de las tierras se señala que su abandono, según previsión legal, hace que estas pasen al dominio del Estado para su posterior adjudicación en venta. Es decir, el ´´abandono´´ (o perdida de la propiedad por no uso) a que se refiere la constitución queda circunscrito a las tierras agrícolas, y según los parámetros establecidos por la ley pertinente. Esta conclusión se obtiene de una interpretación sistemática de los arts. 70 y 88 Const. La única manera (racional) de concordar ambas disposiciones es limitar la anómala figura del abandono al ámbito de las tierras agrícolas, más aun si de esta manera se respeta el contenido esencial de la propiedad, reconocido en la propia constitución (arts. 2-16, 70) como derecho fundamental, y entre cuyos atributos clásicos se encuentra la perpetuidad. Tal vez en una constitución intervencionista como la de 1979 podría itirse la figura; pero no en una constitución liberal como la de 1993, reconocedora de la iniciativa privada como base de la economía, así como eliminadora de la planificación centralizada y sus secuelas, entre ellas, la imposición de obligaciones de uso de los bienes y de la riqueza en general. La interpretación sistemática de los arts. 70 y 80 Const. Nos lleva a circunscribí la extinción de la propiedad por no- uso (o ´´abandono´´) a las tierras agrícolas, pero la norma fundamental establece expresamente que esta figura está sujeta a una reserva de ley, es decir, el ´´abandono ´´ deberá ser delineado por obra del legislador ordinario. En efecto, el art. 5 de la ley 26505, de tierras, procedió a complementar el mandato constitucional de la siguiente manera: ´´ el abandono de tierras, a que se refiere el artículo 88 segundo párrafo de la constitución política del Perú, solo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella´´. Es decir el ´´abandono´´ ya no opera por el no-uso del bien, sino en el caso de incumplimiento de los términos contractuales establecidos entre el estado y el adjudicatario en concesión. Por tanto, el ´´abandono´´ se reduce a una sanción impuesta ante el incumplimiento contractual, y no una sanción por el no-uso del bien. Del ámbito de los derechos reales se pasa al de los derechos de obligación. En consecuencia, el bloque constitucional conformado por los arts. 70 y 88 Const., y complementado por el art. 5 Ley 260505, descarta la existencia de un abandono por el uso, con lo cual queda derogado el art 968-4 C.C. No solamente se encuentran en juego el principio de primacía normativa de la constitución frente a una ley ordinaria (art. 51 Const.), sino la incompatibilidad entre una ley nueva- art.5 Ley 26505- y la anterior – art. 968-4 C.C (art. I.T.P. C.C). De esta forma, además, se salva la incongruencia existente entre los arts. 927 y 968-4 del código civil a través de la abrogación de esta ultima norma. EL ´´ABANDONO´´ DEL ART. 968-4 (O HIPOTESIS DE PERDIDA DE LA PROPIEDAD POR ´´NO-USO´´) SE ENCUENTRA DEROGADO

Hemos demostrado en el apartado anterior que los arts. 927 y 968-4 CC. Son incompatibles entre sí, pero como se trata de mandatos emanados de un mismo cuerpo legal no es posible sostener la derogación de uno u otro por cuestión de incompatibilidad. Para que ello ocurra sería necesario que una norma sea posterior a la otra (art. I.T.P.C.C.). Si bien esa situación no puede ocurrir entre preceptos pertenecientes al mismo tiempo cuerpo normativo, cabe preguntarse si alguna norma posterior al código civil da pie para sustentar una interpretación abrogarte del art. 968-4. En nuestra opinión, esa norma es la propia constitución de 1993. En efecto, el art. 70 Const. Establece que el Estado garantiza la propiedad y la intromisión de este solo puede ocurrir en el caso de expropiación declarada por ley y previo pago de la indemnización justipreciada. En ninguna parte se habla que el Estado puede apropiarse de la propiedad privada por el solo no-uso del titular, lo cual supondría imponer una obligación de aprovechamiento económico de los bienes bajo sanción de perdida e la titularidad. El modelo económico subyacente en la constitución de 1993 se inspira en la libre iniciativa de los particulares (art.58), y no en la planificación centralizada, por lo que debería descartarse la existencia de obligaciones legales impuestas para usar y explotar los bienes privados. O obstante ello, podría contra- argumentarse de que el art. 70 Const. Obliga al ejercicio de la propiedad ´´ en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley´´ Por nuestra parte, la duda que este último párrafo del texto fundamental puede se ocasionar se desvanece con la lectura conjunta del art 88 de la misma constitución. En esta última se regula el régimen agrado, y en relación específica con la propiedad de las tierras se señala que su abandono, según previsión legal, hace que estas pasen al dominio del Estado para su posterior adjudicación en venta. Es decir, el ´´abandono´´ (o perdida de la propiedad por no uso) a que se refiere la constitución queda circunscrito a las tierras agrícolas, y según los parámetros establecidos por la ley pertinente. Esta conclusión se obtiene de una interpretación sistemática de los arts. 70 y 88 Const. La única manera (racional) de concordar ambas disposiciones es limitar la anómala figura del abandono al ámbito de las tierras agrícolas, más aun si de esta manera se respeta el contenido esencial de la propiedad, reconocido en la propia constitución (arts. 2-16, 70) como derecho fundamental, y entre cuyos atributos clásicos se encuentra la perpetuidad. Tal vez en una constitución intervencionista como la de 1979 podría itirse la figura; pero no en una constitución liberal como la de 1993, reconocedora de la iniciativa privada como base de la economía, así como eliminadora de la planificación centralizada y sus secuelas, entre ellas, la imposición de obligaciones de uso de los bienes y de la riqueza en general. La interpretación sistemática de los arts. 70 y 80 Const. Nos lleva a circunscribí la extinción de la propiedad por no- uso (o ´´abandono´´) a las tierras agrícolas, pero la norma fundamental establece expresamente que esta figura está sujeta a una reserva de ley, es decir, el ´´abandono ´´ deberá ser delineado por obra del legislador ordinario. En efecto, el art. 5 de la ley 26505, de tierras, procedió a complementar el mandato constitucional de la siguiente manera: ´´ el abandono de tierras, a que se refiere el artículo 88 segundo párrafo de la constitución política del Perú, solo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella´´. Es decir el ´´abandono´´ ya no opera por el no-uso del bien, sino en el caso de incumplimiento de los términos contractuales establecidos entre el estado y el adjudicatario en concesión. Por tanto, el ´´abandono´´ se reduce a una sanción impuesta ante el incumplimiento contractual, y no una sanción por el no-uso del bien. Del ámbito de los derechos reales se pasa al de los derechos de obligación.

En consecuencia, el bloque constitucional conformado por los arts. 70 y 88 Const., y complementado por el art. 5 Ley 260505, descarta la existencia de un abandono por el uso, con lo cual queda derogado el art 968-4 C.C. No solamente se encuentran en juego el principio de primacía normativa de la constitución frente a una ley ordinaria (art. 51 Const.), sino la incompatibilidad entre una ley nueva- art.5 Ley 26505- y la anterior - art. 968-4 C.C (art. I.T.P. C.C). De esta forma, además, se salva la incongruencia existente entre los arts. 927 y 968-4 del código civil a través de la abrogación de esta ultima norma.

Otras causales extintivas de la propiedad no incluidos en el Art. 968 C.C. INTRODUCCIÓN El listado de causas extintivas de la propiedad previsto en el art. 968 C.C. no es taxativo. Esta conclusión tiene en cuenta la existencia de otras normas. Algunas consignadas inclusive en el mismo código, que establecen distintos modos de extinción de la propiedad. La única forma de entender el listado de art. 968 C.C. en conjunción con las causales de extinción previstas en otras normas, es considerarlo como un listado meramente enunciativo. Así lo reconoce la mejor doctrina En lo que no existe acuerdo es en determinar cuáles son efectivamente aquellas causales extintivas de la propiedad no establecidas en el art. 968 C.C para AVENDAÑO Por ejemplo, están los supuestos extintivos de conversión del bien privado en uno de dominio público, así como el caso de los llamados animales alzados, esto es, aquellos que recobran su libertad o se pierden para su titular. El primer caso no constituye omisión alguna, pues en la hipótesis ya conocida de ´´perdida del bien´´ (art. 968-2 C.C.) Está perfectamente incluido el caso del bien que sale del comercio de los hombres (interpretación sistemática con el art. 1137 C.C.). El segundo caso tampoco constituye ninguna omisión: los animales alzados NO DEJAN DE SER PROPIEDAD de su titular por el solo hecho de recobrar su libertad o perderse, ya que en esta situación se presenta una disociación entre la propiedad y la posesión, por la cual el propietario del animal dejará de ser poseedor, pero no perderá la titularidad jurídica. Ante ello, el que recupere el animal perdido o ´´ alzado´´ deberá entregarlo a la autoridad municipal a fin de iniciar un procedimiento de devolución a su dueño (art. 932 C.C) Si la opinión de AVENDAÑO fuese correcta, entonces todo animal perdido se convertiría automáticamente en ´´nullius´´ - por obra de la extinción de la propiedad del dueño anterior – por obra ocupante debería adquirir la propiedad (art. 929C.C).sin embargo, no hay base normativa para dimitir esta solución. En realidad, pues, las causas extintivas de la propiedad no reguladas son la renuncia y el abandono; mientras que las causales reguladas en otras normas, y no en el art. 968 C.C, son el abandono liberatorio, la accesión, la especificación y mezcla, entre otras. CAUSALES: RENUNCIA DEL ABANDONO En doctrina existe discrepancia respecto a la identidad, o diferenciación, entre el abandono y la renuncia. Por ejemplo, DIEZ PICAZO acoge la tesis unificadora: ´´se denomina renuncia, abandono o también técnicamente deliberación a aquel de libre voluntad del propietario, por medio del cual, desamparado o desoyéndose de una cosa, da por extinguido su derecho d

dominio sobre ella. Por el contrario, PUIG BRUTAU acoge la tesis dualista y hace una sutil distinción entre ambos: el abandono es un acto material de desposesión de un bien y del derecho que sobre él se tenía; es la dejación material de bien unido a la abdicación de la titularidad jurídica. En cambio, la renuncia seria una declaración formal de voluntad por la que se abdica de la titularidad de un derecho. En buena cuenta, el abandono seria un ´´ negocio de actuación´´, es decir, aquellos en donde el comportamiento concluyente del sujeto manifiesta indudablemente du voluntad sin necesidad de expresarla mediante una declaración formal de la voluntad en la que se abdique de la titularidad. En nuestra opinión, la tesis monista es la más cercana a la realidad de las cosas. En efecto, si bien asisten algunas normas en donde se prevé la renuncia de la propiedad o de cualquier otro derecho real limitado, y en ellas el elemento central es la declaración en formal de voluntad para este propósito. Mientras que en el abandono el elemento central no es la declaración sino un comportamiento material no de destinado a ser comunicado a alguien es necesario tener en cuenta que el abandono físico de la cosa no es una acto distinto del de renuncia, pues normalmente, trata de un mera expresión conductual (o material) de lo mismo, esto es, de la voluntad de renuncia. En ambos casos, y sea cualquiera la tesis que adoptemos- monista o dualista-, el negocio abdicativo (de renuncia o abandono) siempre es de estructura unilateral, pues en caso de ser bilateral se convertiría en una enajenación en donde otra persona que la renuncia o el abandono produzcan la perdida de la propiedad, no es necesaria la aceptación abdicante; es un negocio no recepticio, no dirigido a nadie Como ya se ha señalado, el principal efecto jurídico de la renuncia o del abandono es la extinción del derecho de propiedad. El bien mueble pasa a convertirse en ´´nullius´´, salvo que disposiciones normativas distintas. En el caso de los bienes inmuebles queda la duda respecto a si estos se pueden convertir ´´nullius´´ pues falta una disposición específica sobre el tema. Sin embargo, del art. 929 C.C Se infiere que solo los bienes muebles pueden ser ´´nullius´´ y, por tanto, susceptibles de apropiación a contrario del art. 929 CC., se deduce que estos siempre estarán bajo una titular originario de todos los recursos naturales es la Nación (art. 66 Const.), Y normalmente se reputara que el suelo es uno de los típicos recursos naturales si el bien objeto de renuncia o de abandono se encuentra afecto a otros derechos reales (hipoteca, prenda, usufructo, etc.), estos continúan subsistiendo aun cuando el bien (mueble) se conviertan en ´´nullius´´. El púnico problema consiste en averiguar si el titular del derecho real limitado o de garantía adquiere el dominio vacante por apropiación (en caso de muebles), a lo que puede contestarse afirmativamente siempre y cuando el titular del derecho real sea poseedor y manifiesta su voluntad táctica o expresa en ese sentido. En tal caso, el derecho real limitado se extingue por consolidación. OTRAS CAUSALES DE EXTINCIÓN El mismo código civil contiene algunas normas dispersas cuyos efectos son extinguir el dominio. Por ejemplo, en la especificación (art. 938 C, C) el propietario del objeto PIERDE el dominio a favor del artificie de la nueva obra producida sobre la base del objeto ajeno, quedándole al antiguo propietario un remedio de indemnizatorio. Igual sucede el caso de la accesión (art. 938 C.C), en donde el propietario del objeto secundario PIERDE el dominio a favor del titular del bien principal, operando la vieja máxima romana ´´ lo rio sigue la suerte de lo principal´´. Ninguno de estos modos extintivos esta enumerando en el art. 968 del código.

Por último, también existen causales de extinción de la propiedad regulada en leyes especiales. Solamente trataremos de una de ellas: ´´el abandono traslativo y liberatorio´´. esta figura consiste en el abandono del propietario respecto al bien que sobre el cual pesan algunas obligaciones, siendo que el abandono conlleva la transferencia de propiedad a favor del titular de esas obligaciones, las mismas que cesan automáticamente .tiene como principales características: 

a) la pérdida del dominio provocada por el dueño del bien, b) la intención de perder la propiedad exige una declaración dirigida al titular favorecido por la obligación, en la que se manifieste la puesta a disposición del bien abandonado, c) la adquisición no tiene causa onerosa o gratuita, sino es el efecto de una relación jurídica preexistente.

Esta figura de gran complejidad solo se presenta cuando el legislador la ha previsto expresamente. El ejemplo típico lo encontramos en el abandono del buque por parte de su propietario a favor de los acreedores de una indemnización orinada por algún accidente marítimo. El art. 600 del código de comercio dice: ´´El naviero será también civilmente responsable de las indemnizaciones a favor de tercero, a que diere lugar a la conducta del capitán en la custodia de los efectos que cargo en el buque; pero podrá eximirse de ella, haciendo abandono del buque con todas sus pertinencias, y de los fletes que hubiera devengado el viaje´´ .En caso del seguro marítimo también se reconoce que el asegurado a favor del asegurador, y siempre que dicho bienes se hayan dañado en, por lo menos, tres cuartas partes del valor asegurado. En cualquiera de los dos casos, el propietario abandono ante PIERDE la propiedad, mientras del beneficiado la adquiere AUN CONTRA SU VOLUNTAD, por cuanto se trata de un efecto producido por la ley, y no por un negocio de enajenación.

Protección de la propiedad 

ACCIONES PROTECTORAS.- La protección del derecho de propiedad se realiza mediante diferentes acciones, según el tipo de perturbación de que se trate, o el aspecto ante el que se esté de dicha protección (por ejemplo, la acción reivindicatoria tiende a recuperar la cosa que se nos arrebató, y la negatoria a que se declare que no existe u obtener el cese del ejercicio de un falso derecho de otro sobre la cosa nuestra)



PROTECCIÓN COMPLETA.- Naturalmente, como todo otro derecho, el de la propiedad es protegido íntegramente en el sentido de que cabe entablar acción para cualquier clase de defensa que le sea precisa, aunque falte un nombre especial para designar esa acción. Esto, como regla, es indudable, y basta de por sí.



ESTUDIO PARTICULAR DE CIERTAS ACCIONES PROTECTORAS.- Ahora bien, la doctrina suele estudiar en concreto algunas acciones, porque son las más importantes o de uso más frecuente o, simplemente, porque tienen un nombre propio que las distingue individualmente. Nombre que suele ser aquel con el que las bautizó el Derecho Romano, y que, aunque no tiene que ser invocado ante los tribunales( pues, como tiene dicho reiteradamente la jurisprudencia, basta hacer el pedimento que sea, por ejemplo, que se nos restituya la cosa, que cese el uso de la servidumbre que otro pretende tener sobre ella, etc.; sin necesidad de llamar de ninguna forma a la acción que se ejercita), sin embargo, se conserva en el lenguaje forense y en la ciencia jurídica.

ACCIÓN REINVINDICATORIA CONCEPTO Y FUNCIÓN La acción reivindicatoria tiende a que la cosa sea restituida a su propietario por quien la posee indebidamente. Compete pues al propietario que tiene derecho a poseerla, contra el poseedor que carece de él. LA ACCION REINVINDICATORIA PERSIGUE: 1. Que sea reconocido o declarado el derecho de propiedad de quien lo interpone. 2. Que en consecuencia le sea restituida la cosa sobre que aquel recae. La reivindicatoria es el remedio de tutela por excelencia de la propiedad, por el cual el propietario reclama la propiedad del bien cuando este se halla en posesión de un tercero sin título alguno. La reivindicatoria es una ACCION REAL, es decir, puede ser dirigida contra cualquier tercero que posee el bien. LAS VENTAJAS QUE POSEE LA ACCION REINVINDICATORIA SON DE TRES TIPOS: A) El actor solo requiere la prueba de su propiedad, no necesita probar la existencia de una específica obligación de restituir por parte del demandado. B) La reivindicatoria tiene existo no solo contra el ursurpador, sino contra cualquier que tuviese el control del bien luego de usurpación. C) El legislador suele acordar a favor del reivindicarte términos largos para ejercer su pretensión. REQUISITOS Para que prospere la acción reivindicatoria se precisa: 10. Que se acredite que el demandante es efectivamente dueño. 20. Que se demuestre que la cosa reclamada es precisamente aquella sobre el cual recae el dominio. 30. Que el demandado la posea sin derecho frente al demandante. 40. El demandante debe hallarse en poder, ya que la reivindicatoria pretende tornar en efectivo el derecho del actor, recuperando la posesión del bien .por eso al demandado le bastaría demostrar que no posee para que sea resuelto. QUE PASA SI EL DEMANDADO PRETENDE ENTORPECER LA REINVINDICATORIA TRASPASANDO CONSTANTEMENTE LA POCESION DE UNA PERSONA A OTRA A FIN DE TOMAR INEFICAZ LA SENTENCIA POR TOMARSE. En doctrina se ite que la acción es viable contra quien dejo de poseer el bien en forma dolosa una vez entablada la demanda . REINVINDICANTE Y PRUEBA DEL DOMINIO REINVINDICANTE Cualquier dueño que no tenga la posesión como hecho, puede reivindicar su cosa, sea mueble o inmueble, lo haya perdido o entregado.

En definitiva solo está excluido de poder reivindicar el propietario que sea a la vez, poseedor inmediato y total de loa cosa y no le Cabe reivindicar porque sencillamente no le hace falta. PRUEBA DE DOMINIO Incumbe al reivindicante que es quien lo alega; que la prueba del dominio he hecho presente dificultades, no es cuestión que teóricamente nos competa ahora. Pero como la presenta prácticamente conviene examinar la cuestión. Si el demandante adquirió originariamente el dominio, le bastar DEMOSTRAR EL HECHO ADQUISITIVO (por ejemplo, ocupación) ,si su adquisición fue derivativa, para acreditar que efectivamente adquirió, deberá probar no solo el acto por el que el adquirió, sino también que la propiedad correspondía a su transmitente y así en toda la cadena de transmisiones anteriores. FACILITACION POR EQUIVALENTES

PRESUNCIONES

DE

DOMINIO

O

SITUACIONES

La prueba de dominio resulta facilitada: A) EN MATERIA DE MUEBLES.- Para probar una cosa mueble no es necesario probar que se es dueño, sino que basta probar que la posesión (como hecho o derecho.de la cosa se adquirió onerosamente de buena fe concepto de dueño. y a su vez el poseedor que se opone a la reivindicación prueba que también el ala adquirió de buena fe en concepto de dueño, para que su reivindicación prospere, que la perdió o fue privada de ella ilegítimamente. B) EN MATERIA DE INMUEBLES.-En materia de inmuebles (o de muebles cuya propiedad, salvo prueba en contrario, se estime que es la que consta en un registro público), por la prescripción en el registro de la propiedad(o en el de muebles que sea todos los efectos legales se les presumirá que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo¨. C) EN MATERIA DE AMBOS.-Lo mismo la prueba del dominio resulta facilitada por el Art.448 del C.c y ley 360.1, de la Comp. Navarra, que al presumir que el que posee como titular de un derecho es titular de este, permiten que probando el reinvindicante la posesión como dueño de la cosa se reinvinvindica, se presume que es suya, y no tenga que probar que lo es efectivamente. EFECTOS El efecto principal de la acción reivindicatoria, si prospera, es la restitución de la cosa, que debe ser entregada con sus accesiones y frutos (salvo que proceda diferente por aplicación de las reglas sobre restitución de posesión). DURACION En cuanto a la duración de la vida de la acción reivindicatoria, advirtiendo que nuestra ley no señala plazo de prescripción para ella en particular, remito a lo expuesto, en general, para la prescripción extintiva de las acciones reales. PRESCRIPCION EXTINTIVA El Art.927 C.C declara imprescriptible la acción reivindicatoria, salvo si el propietario ya hubiese perdido esa condición en virtud a la usucapión consumada de un tercero. De esta norma se infiere que la acción reivindicatoria será procedente sin importar el tiempo de no usodel derecho.

La imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria implica que el derecho de propiedad no es susceptible de extinguirse por prescripción extintiva, esto es por, el no uso. La exclusión de la prescripción extintiva en la acción reivindicatoria se justifica por un conocido argumento de REDUCTIO AD ABSURDUM si se pensara en una prescripción extintiva de la reivindicatoria, entonces podría darse el caso de el demandante no pueda reivindicar por haber transcurrido el plazo de prescripción, con la cual en la práctica habría perdido el dominio pero como el demandante tampoco lo adquirido, pues por hipótesis no ha usucapido, entonces se trata de un simple poseedor. IDENTIDAD DE LA COSA Como dije ha de identificarse la cosa probando el demandante que la que ha demostrado pertenecerle y reivindica es la misma que posee el demandado. La jurisprudencia exige que se traten de cosas concretas y determinadas ya que es solo un presupuesto necesario para que sean necesariamente identificadas .mas la identificación consiste en que la cosa determinada, cuya propiedad ha demostrado el reinvindicante que le pertenece, es precisamente aquella que se reclama al demandado y que este posee. POSEEDOR SIN DERECHO FRENTE AL DEMANDANTE Demandado de reivindicación ha de serlo solo y precisamente quien posea sin derecho frente al demandante la cosa reclamada. La prueba de que posee el demandado es a cargo del reinvindicante. Pero no así la de que carece de derecho a poseer. Probada su posesión, será el demandado el que, para detener la acción, haya de probar que posee por que tiene derecho a ello. POSEEDOR Como se vio, el Art.384.2 concede la acción reivindicatoria frente contra EL TENEDOR Y EL POSEEDOR DE LA COSA lo que es una repetición inútil pues en nuestro derecho bastaría con haber dicho poseedor. Se trata pues de que sea un poseedor actual .poseedor de hecho o o con posesión como derecho.

Propiedad horizontal Breve Historia De La Ley De Propiedad Horizontal El 30 de septiembre de 1948 se regula, a través de la Ley 13.552, el instituto de la Propiedad Horizontal. Reglamentado por el Decreto Nacional 18 734/1949, la norma sufrió algunas enmiendas posteriores en pos de un "aggiornamiento" reclamado por la comunidad jurídica y ansiada por la sociedad en su conjunto.Resulta, así, una solución al problema de atribución de derechos sobre inmuebles en los que conviven partes de uso común y partes de uso privativo, además de permitir una subdivisión de los mismos en planos de ejes horizontales; es decir: la forma normal de división de la propiedad es por planos verticales (perpendiculares al suelo) que abarcan desde el subsuelo hasta el espacio aéreo, en torno al perímetro del inmueble. La evolución en la construcción de viviendas se plasma en la aparición de los edificios de departamentos, tornando obsoleta la manera de división tradicional de la propiedad. Se genera, en consecuencia, la necesidad de determinar por planos horizontales (paralelos al suelo) los límites de esos bienes

Históricamente, se hallan vestigios de esta institución en el antiguo derecho romano, aunque habrá que esperar hasta la aparición del Código Napoleónico

de 1804 para tener una legislación concreta sobre ella.En la Argentina, Vélez Sarfield, redactor del Código Civil, prohibió expresamente su incorporación a su ordenamiento, en razón de los futuros inconvenientes que podría acarrear una propiedad compartida sobre ciertos sectores del inmueble y en función de la necesidad de poblamiento suburbano que necesitaba nuestro territorio. La derogación del artículo se produjo ipso iure en virtud de una realidad intransigente que el codificador no pudo prever. Ley propiedad horizontal: Inmuebles en planos horizontales La única forma de subdividir inmuebles en planos horizontales entre diferentes propietarios es a través de este régimen, es decir, de este sistema de normas previstas para regular relaciones jurídicas (contempladas por las leyes) específicas.Las razones para afectar un inmueble a la propiedad horizontal están dadas en los beneficios que proporciona respecto del condominio. A modo de ejemplo, a diferencia de esta forma de copropiedad, el titular del derecho de propiedad horizontal puede disponer libremente de su sector privativo (incluso hipotecarlo) sin necesidad de contar con el consentimiento de los demás propietarios, ya que en el condominio todos son propietarios de una porción ideal del todo en su conjunto; además, varía el régimen de responsabilidad frente a deudas comunes. La ley prevé que puede afectarse a este sistema no solo edificios de varios pisos y departamentos sino que también puede establecerse sobre construcciones de una planta pero que reúnan los requisitos impuestos en su artículo 2°. Incluso, en la actualidad es una forma jurídica bastante utilizada en la regulación de countries, clubes y casas de campo. Esta afectación puede ser realizada de diversas formas: si el constructor está constituido por varias personas copropietarias de las distintas unidades, deberán formar un consorcio de propietarios, redactar un reglamento de copropiedad e inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble. Si se trata de una sola persona que ha construido el inmueble puede él mismo redactar el reglamento y proceder de la misma manera.

Ley de propiedad horizontal: Derecho Real La Propiedad Horizontal es un derecho real (derecho establecido entre la persona y una cosa, por oposición a los derechos personales que se establecen entre los individuos) sobre un inmueble edificado que abarca un derecho exclusivo sobre un sector y un derecho común sobre otros. La persona, titular de un derecho real de propiedad horizontal posee el dominio absoluto, exclusivo y perpetuo, que es la facultad de disponer de la

cosa, sobre una parte privativa, que el artículo 1° de la ley enumera como: "los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por pasaje común…". Pero además, será titular de un derecho de condominio o copropiedad sobre una parte común, constituida por el terreno y sobre todas las cosas de uso compartido o indispensable para mantener la seguridad del edificio. El artículo 2° de la norma se encarga de enumerarlas: "cimientos, muros maestros, techos, patios solares, pórticos, galerías y vestíbulos, escaleras, puertas de entrada, jardines, instalaciones de servicios centrales, locales de alojamiento del portero…", etc. Tanto el dominio sobre el sector privativo como el condominio sobre la parte común determinan derechos y obligaciones particulares para el propietario del inmueble, que surgen de los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14 y 17 de la ley. El régimen de propiedad horizontal puede finalizar por desafectación o por extinción, ya sea causa de destrucción de la cosa o vetustez de la misma. Se le denomina propiedad horizontal: "propiedad por departamentos": "propiedad de casas por pisos"; "división horizontal de la propiedad edificada"; "dominio horizontal" y "propiedad horizontal". Parece, como anota O.RIBEIRO DE CASTRO (305), que "propiedad horizontal" hace surgir, por contraposición, el concepto de "propiedad vertical". DEFINICIÓN Es el instituto en el que los pisos de un mismo edificio pertenecen a diferentes propietarios, independientemente, sin perjuicio de ciertas relaciones de vecindad y estado de condominio. La construcción en esta forma es más económica. Un edificio de diez pisos es más barato que diez casas, por lo mismo que no se requieren diez solares, o sea diez áreas de tierra donde levantarlo. Permite salir del estado de indivisión, concediendo a cada uno de los herederos la propiedad exclusiva de un piso, o empleando otra forma distinta de división. Se logra una mayor densidad y concentración de la población, desde que solo se requiere un área reducida. Se gana en elevación lo que se pierde en extensión. En las zonas centrales de las urbes se aprovecha mejor el terreno. Como dice IHERING: "El valor práctico de una institución jurídica no está determinado por la circunstancia de que no presenta más que ventajas, sino por el balance entre las ventajas y las desventajas y la preponderancia de las primeras". Por

lo mismo, en esta forma de propiedad sus ventajas prevalecen sobre los efectos que presenta. No es una servidumbre, desde que está siendo ria del predio, no puede enajenarse independientemente de aquel. En cambio, la propiedad horizontal puede enajenarse a un extraño, salvo el derecho de retracto. Puede el propietario horizontal, vender, donar, arrendar, hipotecar su propiedad; puede disponer de ella por testamento o, simplemente, pasa a los herederos. El solar, que es el terreno donde se asienta el edificio, es indivisible e inalienable. No lo dice el código civil. Es indudablemente un bien común, pero sujeto a indivisión forzosa en tanto exista el edificio. Este es incuestionablemente un derecho autónomo. La propiedad intelectual La Propiedad Intelectual es la relacionada a los derechos intangibles. Por ejemplo, es la propiedad que tiene el autor de una canción sobre esta, o la propiedad que tiene un escritor sobre la novela que escribió. Por ser los autores son los únicos que pueden autorizar que sus creaciones sean publicadas o utilizadas para fines diversos. La Propiedad Intelectual también es la que tiene el inventor de un micrófono, por ejemplo, que aunque no tenga la propiedad de los aparatos que se fabrican sí es el único que tiene la potestad de autorizar la fabricación de dichos micrófonos. La Propiedad Intelectual es fundamental para la sociedad, pues si no se respeta no se puede contar con un correcto funcionamiento del mercado. Existen dos tipos de derechos incluidos dentro de la Propiedad Intelectual: El Derecho de Autor: Protege todas las creaciones del ingenio humano; vela por los derechos del autor sobre sus obras (canciones, poemas, aparatos electrónicos, etc.). Propiedad Industrial: Es el derecho exclusivo del uso de un signo distintivo (marcas, nombre comercial, lema comercial, denominación de origen), una patente de invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial. La propiedad industrial protege la creatividad, la invención e ingenio de cualquier persona o empresa para identificarse en el mercado. El Indecopi cuenta con tres direcciones que se dedican a velar por el respeto a los derechos de Propiedad Intelectual: Dirección de Derecho de Autor Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Dirección de Signos Distintivos Las apelaciones derivadas de los procesos seguidos ante las direcciones mencionadas, son resueltas en Segunda Instancia por la Sala de Propiedad Intelectual, órgano funcional especializado integrado por cuatro vocales. La Sala tiene entre sus atribuciones el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, a través de resoluciones que expide en casos particulares. DE LOS DERECHOS DE AUTOR La Dirección de Derecho de Autor fue creada mediante el Decreto Legislativo Nº 1033, comenzando a funcionar desde el 25 de Agosto de 2008. La Dirección promueve una cultura de respeto al derecho de autor y los derechos conexos y como parte de sus funciones se encarga de velar por el cumplimiento de las normas legales que protegen al autor, a los artistas intérpretes y ejecutantes con respecto a sus obras, interpretaciones y ejecuciones así como a todo titular de derechos sobre las mismas. Adicionalmente, la Dirección de Derecho de Autor autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, es decir, aquellas entidades privadas que representan a los autores o titulares de los derechos de autor o derechos conexos recaudando y distribuyendo las regalías por el uso de sus obras. El funcionamiento de la Dirección de Derecho de Autor se rige por la Ley sobre Derecho de Autor, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 822, así como por el Decreto Legislativo Nº 1033, la Decisión Andina Nº 351, así como por los convenios internacionales sobre la materia. La Dirección de Derecho de Autor istra el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. El Registro de Derecho de Autor data desde 1943. Mediante el Decreto Ley Nº 25868 modificado por el Decreto Legislativo Nº 1033, hoy la Dirección de Derecho de Autor es la entidad responsable del depósito de intangibles conformado por obras literarias, obras artísticas, software, etc. Actualmente la Dirección de Derecho de Autor cuenta con una base de datos de todos los registros otorgados, la que asciende aproximadamente 33,000 registros. La Dirección de Derecho de Autor cuenta con un Director, un Sub-Director, un funcionario y una asistente istrativa. La Comisión de Derecho de Autor cuenta con un Secretario Técnico y cuatro comisionados. . Es el órgano colegiado competente para pronunciarse sobre las acciones por infracción a los

derechos de autor y derechos conexos; y asimismo sobre la nulidad y posterior cancelación de partidas registrales. La preside el Director de Derecho de Autor. LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR: DECRETO LEGISLATIVO Nº 822 (*) De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28131, publicada el 19-12-2003, se deroga el presente decreto legislativo en la parte que se oponga a la Ley N° 28131(Ley del Artista). Esta Ley, tienen por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural. Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación. Del objeto protegido: La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. El derecho de autor es independiente y compatible con: Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. Los derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos. En caso de conflicto se estará siempre a lo que más favorezca al autor. Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas. Las composiciones musicales con letra o sin ella. Las obras dramáticas-musicales, coreográficas-musicales, pantomímicas y escénicas en general. Las obras audiovisuales.

coreografías,

Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluido loa bocetos dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. Las obras audiovisuales. Las obras de arquitectura. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. Las ilustraciones, mapas croquis, planos, bosquejos y obras pláticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad. Los programas de ordenador. Las antologías o complicaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de las elección, coordinación o disposición de su contenido. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los repostajes, editoriales y comentarios. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad: Las traducciones, adaptaciones. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. Los resúmenes y extractos. Los arreglos musicales. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore. No son objeto de protección por el derecho de autor: 1. Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, los sistemas o el

contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. 2. Los textos oficiales de carácter legislativo, istrativo o judicial, ni las traducciones oficiales de los mismos, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente. 3. Las noticias del día, pero, en caso de reproducción textual, deberá citarse la fuente de donde han sido tomadas. 4. Los simples hechos o datos. De los titulares del Derecho de Autor: Se presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona natural que aparezca indicada como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos por ley. Sin embargo, la ley reconoce que se podrán beneficiar otras personas naturales o jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella. El autor de una obra tiene por el sólo hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la presente ley. La enajenación del soporte material que contiene la obra, no implica ninguna cesión de derechos en favor del adquirente, salvo estipulación contractual expresa o disposición legal en contrario. El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede existir aun cuando las obras originarias estén en el dominio público, pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias, de manera que el autor de la obra derivada no puede oponerse a que otros traduzcan, adapten, modifiquen o compendien las mismas obras originarias, siempre que sean trabajos originales distintos del suyo. Los derechos morales reconocidos por ley, son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. A la muerte del autor, los derechos morales serán ejercidos por sus herederos, mientras la obra esté en dominio privado, salvo disposición legal en contrario. Son derechos morales: El derecho de divulgación.

Por el derecho de divulgación, corresponde al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. En el caso de mantenerse inédita, el autor podrá disponer, por testamento o por otra manifestación escrita de su voluntad, que la obra no sea publicada mientras esté en el dominio privado. El derecho de paternidad. Por el de paternidad, el autor tiene el derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y de resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma anónima. El derecho de integridad. Por el derecho de integridad, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de la misma. El derecho de modificación o variación. Por el derecho de modificación o variación, el autor antes o después de su divulgación tiene la facultad de modificar su obra respetando los derechos adquiridos por terceros, a quienes deberá previamente indemnizar por los daños y perjuicios que les pudiere ocasionar. El derecho de retiro de la obra del comercio. Por el derecho de retiro de la obra del comercio, el autor tiene el derecho de suspender cualquier forma de utilización de la obra, indemnizando previamente a terceros los daños y perjuicios que pudiere ocasionar. Si el autor decide reemprender la explotación de la obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular, en condiciones razonablemente similares a las originales. El derecho se extingue a la muerte del autor. Una vez caída la obra en el dominio público, podrá ser libremente publicada o divulgada, pero se deberá dejar constancia en este caso que se trata de una obra que el autor había rectificado o repudiado. El derecho de . Por el derecho de , el autor tiene la facultad de acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro a fin de ejercitar sus demás derechos morales o los patrimoniales reconocidos en la presente ley.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de las obras y el a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor. De los Derechos patrimoniales a favor del Autor: El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 1.- La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. 2.- La comunicación al público de la obra por cualquier medio. 3.- La distribución al público de la obra. 4.- La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 5.- La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. 6.- Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa. De los límites al derecho de explotación: Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes: 1.- Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio. 2.- Las efectuadas en el curso de actos oficiales o ceremonias religiosas, de pequeños fragmentos musicales o de partes de obras de música, siempre que el público pueda asistir a ellos gratuitamente y ninguno de los participantes en el acto perciba una remuneración específica por su interpretación o ejecución en dicho acto. 3.- Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución.

1.- Las que se realicen dentro de establecimientos de comercio, para los fines demostrativos de la clientela, de equipos receptores, reproductores u otros similares o para la venta de los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras, siempre y cuando la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte. 2.- Las realizadas como indispensables para llevar a cabo una prueba judicial o istrativa. Las lecciones dictadas en público o en privado, por los profesores de las universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y recogidas en cualquier forma, por aquellos a quienes van dirigidas, pero nadie podrá divulgarlas o reproducirlas en colección completa o parcialmente, sin autorización previa y por escrito de los autores. De la duración del Derecho patrimonial: El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminación. Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte. Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos se contarán desde la fecha de publicación del último volumen. Los plazos establecidos, se calcularán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra. El vencimiento de los plazos previstos por la ley implica la extinción del derecho patrimonial y determina el pase de la obra al dominio público y, en consecuencia, al patrimonio cultural común. También forman parte del dominio público las expresiones del folklore. De la transmisión de los derechos y de la explotación de las obras por terceros:

El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley. Toda cesión entre vivos se presume realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario. La cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras es independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso debe constar en forma expresa y escrita, quedando reservados al autor todos los derechos que no haya cedido en forma explícita. Si no se hubiera expresado el ámbito territorial, se tendrá por tal el país de su otorgamiento; y si no se especificaren de modo concreto la modalidad de explotación, el cesionario sólo podrá explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad de éste. Es nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato. Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. DEL CONTRATO DE EDICIÓN: El contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto por Ley. DEL CONTRATO DE EDICIÓN-DIVULGACIÓN DE OBRAS MUSICALES: Por el contrato de edición-divulgación de obras musicales, el autor cede al editor el derecho exclusivo de edición y lo faculta para que, por sí o por terceros, realice la fijación y la reproducción fono mecánica de la obra, la adaptación audiovisual, la traducción, la sub-edición y cualquier otra forma de utilización de la obra que se establezca en el contrato, quedando obligado el editor a su más amplia divulgación por todos los medios a su alcance, y percibiendo por ello la participación en los rendimientos pecuniarios que ambos acuerden. El autor tiene el derecho irrenunciable de dar por resuelto el contrato si el editor no ha editado o publicado la obra, o no ha realizado ninguna gestión para su divulgación en el plazo establecido en el contrato o, en su defecto,

dentro de los seis meses siguientes a la entrega de los originales. En el caso de las obras sinfónicas y dramático- musicales, el plazo será de un año a partir de dicha entrega. El autor podrá igualmente pedir la resolución del contrato si la obra musical o dramático-musical no ha producido beneficios económicos en tres años y el editor no demuestra haber realizado actos positivos para la difusión de la misma. Salvo pacto en contrario, el contrato de edición musical no tendrá una duración mayor de cinco años. DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y DE EJECUCIÓN MUSICAL: Por este contrato, el autor, sus derechohabientes o la sociedad de gestión correspondiente, ceden o licencian a una persona natural o jurídica, el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, a cambio de una compensación económica. Los contratos indicados pueden celebrarse por tiempo determinado o por un número determinado de representaciones o ejecuciones públicas. En caso de cesión de derechos exclusivos, la duración del contrato no podrá exceder de cinco años, salvo pacto en contrario. La falta o interrupción de las representaciones o ejecuciones en el plazo acordado por las partes, pone fin al contrato de pleno derecho. En estos casos, el empresario deberá restituir al autor, el ejemplar de la obra que haya recibido e indemnizarle los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento. DEL CONTRATO DE INCLUSIÓN FONOGRÁFICA: Por el contrato de inclusión fonográfica, el autor de una obra musical, o su representante, autoriza a un productor de fonogramas, mediante remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares. La autorización otorgada por el autor o editor, o por la entidad de gestión que los represente, para incluir la obra en un fonograma, concede al productor autorizado, el derecho a reproducir u otorgar licencias para la reproducción de su fonograma, condicionada al pago de una remuneración.

La autorización concedida al productor fonográfico no comprende el derecho de comunicación pública de la obra contenida en el fonograma, ni de ningún otro derecho distinto a los expresamente autorizados. El productor fonográfico está obligado a satisfacer al menos semestralmente, la remuneración respectiva de los autores, editores, artistas intérpretes o ejecutantes, remuneración que también podrá ser entregada a sus representantes, salvo que en el contrato se haya fijado un plazo distinto. El productor fonográfico hará las veces de agente retenedor y llevará un sistema de registro que les permita comprobar a dichos titulares la cantidad de reproducciones vendidas y deberá permitir que éstos puedan verificar la exactitud de las liquidaciones de sus remuneraciones mediante la inspección de comprobantes, oficinas, talleres, almacenes y depósitos, sea personalmente, a través de representante autorizado o por medio de la entidad de gestión colectiva correspondiente. DEL CONTRATO DE RADIODIFUSIÓN: Por el contrato de radiodifusión el autor, su representante o derechohabiente, autorizan a un organismo de radiodifusión para la transmisión de su obra. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. DE LAS SANCIONES La Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina. Se considerará como falta grave aquella que realizare el infractor, vulnerando cualquiera de los derechos y en la que concurran al menos alguna de las siguientes circunstancias: La vulneración de cualquiera de los derechos morales reconocidos en la ley. El obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean estos directos o indirectos. La presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho. autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda

otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos por la presente ley. La realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor. La difusión que haya tenido la infracción cometida. La reiteración o reincidencia en la realización de las conductas prohibidas. También incurrirá en falta grave aquél que fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello. La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer conjunta o indistintamente, las siguientes sanciones: a) Amonestación. b) Multa de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias. c) Reparación de las omisiones. d) Cierre temporal hasta por noventa días del establecimiento. e) Cierre definitivo del establecimiento. f) Incautación o comiso definitivo. g) Publicación de la resolución a costa del infractor. En caso de reincidencia, considerándose como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de dos años, se podrá imponer el doble de la multa de manera sucesiva e ilimitada, sin perjuicio de aplicar otras sanciones establecidas en el artículo 188 de la presente Ley." La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones y medidas que fueren procedentes.´ De la propiedad industrial

El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica aprobado por Resolución Legislativa Nº 28766, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio del 2006, establece una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, con el fin de estimular la expansión y la diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes. Para cumplir con los compromisos comerciales que se derivan del Acuerdo, el Estado Peruano debe reformar algunas normas internas en materia de propiedad intelectual, que comprende la propiedad industrial, para ser consistentes con los compromisos asumidos en el citado Acuerdo. Por ello, mediante Decreto Legislativo Nº 1075 se aprobaron Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Dicho cuerpo jurídico tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la ConstituciónPolítica del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia. Elementos constitutivos de la propiedad industrial Constituyen elementos de la propiedad industrial: a. Las patentes de invención; b. Los certificados de protección; c. Las patentes de modelos de utilidad; d. Los diseños industriales; e. Los secretos empresariales; f. Los esquemas de trazado de circuitos integrados; g. Las marcas de productos y de servicios; h. Las marcas colectivas; i. Las marcas de certificación; j. Los nombres comerciales; k. Los lemas comerciales; y

l. Las denominaciones de origen. Autoridad Nacional Competente: La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía istrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía istrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia de Tecnología. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia istrativa. De la Patentabilidad: Será patentable toda invención, ya sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. No se consideran invenciones: Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos. Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte. Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte. Procesos biológicos naturales. Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.

Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales. Formas de presentar información." De los certificados de protección: Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término de un (01) año. La posesión del certificado de protección otorga a su titular el derecho preferente sobre cualquier otra persona que, durante el año de protección, pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia." De la Licencia de marca: El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad competente. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. El derecho sobre la marca podrá darse en garantía o ser objeto de otros derechos. Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente surtan efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro correspondiente. De los Actos que constituyen Infracción: Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional. Competencia desleal: Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún

elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial. De las Sanciones, Medidas Definitivas y Multas Coercitivas: Son Sanciones: a) Amonestación b) Multa. Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora. La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía istrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda. Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a. el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción; b. la probabilidad de detección de la infracción; c. la modalidad y el alcance del acto infractor;

d. los efectos del acto infractor; e. la duración en el tiempo del acto infractor; f. la reincidencia en la comisión de un acto infractor; g. la mala fe en la comisión del acto infractor. Son Medidas definitivas: Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas: a) El cese de los actos que constituyen la infracción; b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción; c) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal; d) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción; e) La destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o f) El cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; g) La publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con autorización expresa del titular. La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas facultades que las Direcciones competentes en primera instancia istrativa para el dictado de medidas definitivas. Multas coercitivas:

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta. Cabe acotar que según nuestra legislación vigente, quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica u otra entidad de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribuyéndole una infracción sancionable, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción istrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. De la Indemnización por Daños y Perjuicios: Agotada la vía istrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos (2) años de concluido el proceso istrativo. De los Recursos impugnativos: Contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración y Apelación dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba. Formas especiales de propiedad COMUNIDADES ESPECIALES IDEAS PRELIMINARES Hay comunidades a las que la ley (común o foral que sea) dedica algunos preceptos especiales, que rigen para ellas con preferencia a los generales ya expuestos. Normalmente tales comunidades han merecido la atención específica del legislador por ser figuras tradicionales para las que se ha considerado preferible recoger la regulación particular de cada una. Algunas tienen matices o aspectos que extravasan el puro derecho privado.

Como en la comunidad ordinaria, cuando la regulación de que se trate no sea imperativa, los interesados pueden establecer para el caso que sea, reglas distintas de las especiales legales. LA COMUNIDAD DE PASTOS CONCEPTO Consiste la comunidad de pastos en tener en común los de varias fincas de forma que el ganado propio pueda pastar en las ajenas y el ajeno en la nuestra. NATURALEZA Realmente esto no es un caso de copropiedad de los terrenos, sino una comunidad en la titularidad del derecho a los pastos. Como sobre ellos no recae una propiedad aparte de la del suelo, al poner en común los propietarios de éste el derecho de aquellos, cada uno sigue conservando la exclusiva propiedad de su finca. Señala la diferencia entre copropiedad, aunque sea propiedad dividida de una cosa y la comunidad de pastos, la sentencia de 26 octubre 1962. Así, pues, no se puede hablar de que se esté ante un caso de copropiedad. A menos que se trate de que cada uno se reserve la propiedad de su finca a efectos distintos de los pastos y ponga en común con los demás las facultades que la propiedad (pro diviso) de su finca le confiere a efectos de pastos, es decir, el derecho a pastos como parte del dominio (dividido) de su finca. Entonces sí que habría un condominio (pro indiviso) sobre las distintas fincas. De cualquier forma, a pesar de que lo normal será, sin duda, lo primero conviene aquí, que trato de la copropiedad, examinar brevemente la comunidad de pastos –como hace parte de nuestra doctrina-, aunque sólo sea por dejar constancia de lo anterior. DIFERENCIA CON LA SERVIDUMBRE DE PASTOS Diferente de la comunidad de pastos (en una u otra forma) es la servidumbre de pastos. Esta consistirá en el derecho concedido a una o varias personas como tales (servidumbre personal) a que su ganado paste en el fundo sirviente, o establecido en beneficio de un fundo (servidumbre predial) – llamado fundo dominante- a que el ganado afecto a él (así, el de la persona a que en cada momento pertenezca el fundo) paste en el otro. Ahora bien, si los dueños de varias fincas acuerdan establecer recíprocamente servidumbre de pastos a favor de las otras, resultaría que –de hecho- el ganado, de todas y cualquiera de ellas, podría pastar, en la propia por derecho de propiedad, y en las demás por derecho de servidumbre. Y ello da lugar a, si

se quiere, poder decir que en cierto sentido hay una comunidad (impropia) de pastos). De cualquier forma, el Código confunde comunidad y servidumbre de pastos en los arts. 600 y siguientes. Al confusión la reconoce la jurisprudencia en algunas sentencias, y en otras intenta diferenciarlas, señalando cuándo se da la una, y cuándo, la otra. Es de interés práctico distinguirlas, porque como se verá en su momento, la servidumbre es redimible (a tenor del art. 603 del C.c.), y la comunidad, n. Los anteriores extremos han sido abordados en bastantes sentencias. Pueden verse, por ejemplo, las de 18 febrero 1932, 19 y 19 (son dos sentencias de igual fecha) noviembre 1949, 6 octubre 1951,2 y 19 febrero 1954, 21 marzo 1955, 26 octubre 1962, 23 octubre 1964, 7 marzo 1966, 19 febrero 1982, 24 febrero 1984 y 16 febrero 1987. A continuación expongo los preceptos relativos a la comunidad de pastos. Preceptos que evidentemente constituyen una regulación insuficiente de la materia, pues sólo se refieren a un par de aspectos concretos de la misma. Para el resto habrá que acudir a las disposiciones relativas a la comunidad de bienes y, en general, a las fuentes jurídicas supletorias. COMUNIDAD DE PASTOS EN TERRENOS PÚBLICOS La comunidad de pastos en terrenos públicos, ya pertenezcan a los municipios ya al Estado, se regirá por las leyes istrativas". Que es competencia exclusiva de las autoridades istrativas a efectos de mantener la posesión de hecho y el disfrute de los partícipes y no declarar derechos, lo ha dicho el T.S. en varias ocasiones. Así en sentencias de 8 enero 1920, 12 julio 1982 y 24 febrero 1984. COMUNIDAD DE PASTOS EN TERRENOS PRIVADOS Puede ser una comunidad: 1° entre propietarios determinados (A, B y C ponen sus pastos en común). 2° Entre los vecinos de uno o mis pueblos. En este segundo caso el Código mira la figura con disfavor. Y: Prohíbe establecerla en lo sucesivo. "La comunidad de pastos sólo podrá establecerse, en lo sucesivo, por concesión expresa de los propietarios, que resulte de contrato o de última voluntad, y no a favor de una universalidad de individuos y sobre una universalidad de bienes, sino a favor de determinados individuos y sobre predios también ciertos y determinados" (art. 600. 1).

Permite liberarse de ella (conservando su derecho sobre las demás) que cerque su finca. "Si entre los vecinos de uno o más pueblos existiere comunidad de pastos, el propietario que cercare con tapia o seto una finca, la hará libre de la comunidad. Quedarán, sin embargo, subsistentes las demás servidumbres que sobre la misma estuviesen establecidas. El propietario que cercare su finca conservará su derecho a la comunidad de pastos en las otras fincas no cercadas" (art. 602). En el primer caso considera la comunidad como una figura a la que no hay por qué poner obstáculos y determina (art. 600) que puede establecerse por voluntad de los interesados ("por concesión expresa de los propietarios, que resulte de contrato o de última voluntad"), y que se rige por lo querido por quien la instituya ("La servidumbre (verdaderamente debería decir la comunidad) establecida conforme a este artículo se regirá por el título de su institución"); pero que ha de constituirse sobre predios ciertos y determinados, y no sobre una universalidad de bienes (art. 600, 1°, in fine). MONTES VECINALES Un caso de comunidad especial es la de los montes vecinales, figura regida por la ley de 11 de noviembre de 1980. Se trata de "los montes de naturaleza especial que, con independencia de su origen, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades istrativas y vengan aprovechándose consuetudinariamente en mano común por los de aquéllos en su condición de vecinos" (Ley, artículo 1). En un caso de comunidad de tipo germánico (ley, artículo 2). LAS LLAMADAS PROPIEDADES ESPECIALES CASOS La doctrina civil suele estudiar como propiedades especiales: la de las aguas, minera, intelectual e industrial. Aunque examinando sólo el aspecto de Derecho civil de esas figuras. Junto a esas denominadas "propiedades especiales", se habla hoy por algunos también como de propiedades con cierta especialidad de la propiedad urbana, la rústica, la forestal, la del patrimonio artístico, etc. Lo que pasa es que en el caso de éstas lo que hay es una cosa objeto de propiedad, objeto como el de la propiedad normal, pero que en la regulación diríamos normal de la propiedad, mientras que en las tradicionalmente llamadas propiedades especiales (de las aguas, de las creaciones del espíritu, etc.), el objeto del derecho es algo distinto del objeto de lo que podríamos llamar la propiedad normal, por lo cual

el señorío, equivalente a la propiedad normal, que se concede sobre él se llama propiedad especial. El C.c., en el título IV del Libro II, que titula "De algunas propiedades especiales", dicta escasas normas, relativa a: 1ª. Distinguir que aguas (con sus cauces) son de dominio público y cuáles de propiedad privada, y aprovechamiento de unas y otras. Casi todo ello cambiado en la nueva Ley de Aguas. 2ª. Establecer la libertad, en ciertas condiciones, de hacer en terreno de dominio público, calicatas y excavaciones en busca de minerales (tema que hoy se rige además por lo que establece la correspondiente legislación especial). Remitiendo a la legislación de Minería para todo lo demás referente a: los límites de ese derecho, a las formalidades previas y condiciones a su ejercicio, a la designación de los derechos que corresponden al dueño del suelo y a los descubridores de los minerales en el caso de concesión (art. 427). 3ª. Reconocer que: "El autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad" (art. 428). Pero agregando que: "La ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración (art. 429, primera parte). Como se ve, el Código no se refiere a la propiedad industrial, y no regula las otras. Puesto que de la intelectual se limita a reconocer el derecho del autor sobre su obra, remitiendo para su regulación a la ley especial. De la minera, también remite a la Ley especial de Minería, sin ni siquiera reconocer el derecho llamado de propiedad minera, porque el artículo 426 lo que recogió es la facultad de hacer calicatas en busca de mineral. Y de las de las aguas, simplemente toma algunos artículos de la correspondiente Ley especial antigua, hoy derogada, artículos que, sin duda, consideró los básicos en el aspecto civil de la cuestión. Pero que tampoco contienen realmente una reglamentación de la propiedad privada de las aguas, sino que se reducen a precisar, en primer término, cuáles son públicas y cuáles privadas. Lo que sería el presupuesto para después de regular el derecho de propiedad sobre éstas. Cosa que no se hace, salvo que algunos artículos (412 y ss.) contienen ciertas disposiciones relativas (y no todas) a aspectos concretos del uso de las aguas privadas. Y, por otro lado, la regulación del Código ha venido a ser modificada por la Ley de Aguas nueva. Sin duda, con lo anterior se creyó cumplir adecuadamente lo establecido en la Ley de Bases (en la número 10) del C.c, según la que se debían incluir en éste "las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedad, como las aguas, las minas y las producciones científicas, literarias y artísticas, bajo el criterio de respetar las leyes particulares por que hoy se rigen

en su sentido y disposiciones, y deducir de cada una de ellas lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos para incluirlo en el Código". NORMAS APLICABLES Ciertamente, hay que señalar que cada institución (sea la propiedad u otra) tiene diversos aspectos y puede presentar variedades, siendo en cada caso regulado, lo relativo a éstas o aquéllos, por normas de la adecuada rama jurídica. Así, forman parte del Derecho fiscal los preceptos relativos a la tributación que grava la propiedad, y del Derecho penal, los atinentes a los delitos contra ella, etcétera. Ahora bien: En su inmensa mayor parte pertenecen al Derecho istrativo los preceptos reguladores de las llamadas propiedades especiales. Y sólo hay que la persona a quien corresponden estos poderes, que no tienen todos una naturaleza uniforme, disfruta de un derecho subjetivo que en ciertos casos tiene naturaleza civil, y, en otros, es sometido, en algunas hipótesis o aspectos, a normas civiles. ESTUDIO SEPARADO Voy a estudiar por separado lo que de civil hay en cada una de ellas. No sin advertir que por la misma razón que a aquéllas, también se podría calificar de propiedades especiales a otra serie de derechos que, sin embargo, el Código y la doctrina civil dejan para el derecho istrativo. APLICACIÓN, COMO SUPLETORIAS, DE LAS REGLAS SOBRE PROPIEDAD ORDINARIA Como el Código civil es supletorio de las leyes especiales (art. 4, num.3), es claro que, a falta de preceptos de éstas, las propiedades (que voy a examinar se regirán por lo dispuesto en aquél. Esto no se establece en particular en ninguno de los dos artículos que el C.c., dedica a tratar "De los minerales". Si se ordena, para la propiedad intelectual, en el 429, segunda mitad": "En cuanto a las aguas, parece que sucedo lo contrario, ya que dice el artículo 25: "En todo lo que no esté expresamente prevenido por las disposiciones de este capítulo se estará a lo mandado por la Ley especial de aguas". Pero, realmente, es que, por ser posterior el Código a la Ley de Aguas de 13 junio 1879, había que dar preferencia sobre ésta a lo poco que aquél dispuso en materia de aguas. Mas, a falta de precepto particular, del Código o de la ley especial en materia de aguas, había también que acudir a aquél. Hoy, como la nueva ley de aguas es posterior al Código, es

preferente a éste lo que aquella dispone y en lo que no, rige como supletorio (L. de aguas, disk. Final 1ª). Ahora bien, puesto que tanto la propiedad de aguas como minera, como intelectual e industrial, son derechos que someten directa e inmediatamente un bien material o inmaterial (las aguas, la mina, la creación del espíritu, el invento) al señorío total y exclusivo (ambas cosas, dentro de los límites legales) de una persona (aunque en el caso de las aguas y minas, lo que el particular tiene sobre ellas es un derecho de aprovechamiento exclusivo de una cosa que es objeto de dominio público del estado, las normas del Código más adecuadas, en principio, para suplir las deficiencias de las respectivas leyes especiales, son aquéllas que resulten el señorío directo total y exclusivo sobre las cosas, es decir, el derecho de propiedad normal, con las reservas anteriormente expuestas. Propiedad de las aguas CONCEPTO Al hablar aquí de las aguas y de su propiedad, me refiero, no a las proporciones individualizadas de tal líquido, que, por ejemplo, puedan hallarse recogidas en un recipiente (así depósito, botella, etc.), sino a las masas de agua que, estancada o corriente, pueden ser objeto de derecho, que recae sobre el caudal, la masa o corriente, independientemente de que se mueva el líquido concreto que la forma, el cual puede ser pasajero y distinto en cada momento. El agua, en el primer sentido, agua que podríamos llamar concreta, sin duda que pueda ser objeto de un derecho de propiedad normal, como el de quien adquiere un litro contenido en un frasco, por ejemplo. También, en el segundo sentido –que es el que utilizó en adelante-, se habla de propiedad de las aguas. En él éstas constituyen un bien inmueble (art. 334: "Son bienes muebles… 8°… las aguas vivas o estancadas"). Evidentemente, sí, por ejemplo, se separa el caudal determinada proporción de agua, envasándola, ésta pasa a ser objeto (agua en el primer sentido) de una propiedad normal, deviniendo cosa mueble (lo mismo que si se toma del fundo una piedra o una proporción de tierra, o un trozo de mineral, de la mina. Cfr. Art.334, 8°, primera parte). LEGISLACIÓN VIGENTE La legislación vigente está constituida por la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 y Reglamento del dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. de 11 de abril de 1986, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V VI y VII de la Ley de Aguas.

La vigente Ley de 1985 establece la derogación expresa de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, así como de otras disposiciones sobre la materia, y de los arts. 407 a 425 del C.c, en cuanto se opongan a lo establecido en ella (Disposición Derogatoria). La Ley de 1985 no es de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias (Disposición Adicional 3ª), en la que rige la Ley de 5 de mayo de 1987. La Disposición Final 1ª afirma que "En todo lo que no esté expresamente regulado por esta Ley, se estará a lo dispuesto por el Código Civil". CLASES DE AGUA Las aguas son bien marítimas, bien terrestres, llamadas también continentales. Respecto a las primeras, hay que subdistinguir: El mar globalmente considerado, que no es cosa en sentido jurídico. El mar litoral o mar territorial (o sea, "la zona marítima que ciñe las costas o fronteras de los dominios de España, en toda la anchura determinada por el Derecho internacional, con sus ensenadas, radas, bahías, abras, puertos y demás abrigos utilizables para la pesca y navegación": Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880, art. 1, 2°, y Ley de Costas de 1969, art. 1) que es de dominio público (leyes citadas, art. 1, principio, constitución, art. 132, 2, Ley de Costas vigente, de 28 de julio de 1988, art. 3, 2) formando parte del llamado dominio público marítimo. AGUAS TERRESTRES O CONTINENTALES A continuación me ocupo de las aguas terrestres o continentales. Pero si bien la propiedad de todas las aguas se rige por lo que se dice a continuación, de lo que se expone sobre aprovechamiento de las mismas, quedan excluidas las aguas minerales (minero-industriales y mineromedicinales) y termales. Las aguas terrestres o continentales se ha aspirado que sean todas de dominio público, denominado dominio público hidráulico, hasta el punto de poderse afirmar que la categoría de "aguas privadas" es excepcional o residual, como se desprende de lo dispuesto en el art. 10 de la Ley, en la Disposición Adicional 1ª, y en las Transitorias 2ª y 3ª. En resumen: la legislación vigente afirma que todas las aguas continentales forman parte del dominio público estatal o dominio público hidráulico del Estado (arts. 1°, 2 y 2° de la Ley y 2° del Reglamento en cuanto desarrollo del art. 132, 2° de la Constitución), pero tal criterio no excluye la posibilidad de reconocer la existencia de aguas privadas "manteniendo su titularidad en la misma forma que hasta ahora" (Disposiciones Transitorias 2ª y 3ª).

RAZON DE ESTUDIO Al tratar de la propiedad de las aguas, nuestra legislación vigente (al igual que la derogada) regula el dominio público o privado de los álveos o cauces y lechos o fondos, y hoy también el de los acuíferos. Por la conveniencia de verlo todo en conjunto, expongo a continuación también la propiedad de éstos. CONCEPTO La Ley entiende por álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (art. 4). El Reglamento del Dominio Público Hidráulico dice que "se considerará como caudal de máxima crecida ordinaria la medida de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente" (art. 4, 2). "Lecho o fondo de os largos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario.- Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas de los ríos que lo alimentan" (Ley, art. 9). Y lo mismo habrá que decir de su lecho o fondo de una chacra el terreno que cubran las aguas de ésta a su mayor nivel ordinario. Los terrones que puedan resultar inundados durante las crecidas extraordinarias, que no son cauce o álveo ni lecho o fondo, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieran (art. 11). Acuíferos son las formaciones geológicas que contienen o han contenido o por las que circulan o pueden fluir aguas subterráneas (L. de Ag. art. 12, Rglto., art. 15). PROPIEDAD DE LOS MISMOS Son de dominio público (L. aguas, art. 2) los álveos, o cauces, los lechos, o fondos, de las aguas de dominio público y los acuíferos subterráneos; y de propiedad privada los de las aguas de propiedad privada y los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales (que son públicas), en tanto que atraviesen desde su origen únicamente fincas de dominio particular (L. de Aguas, art. 5). Si se trata de "acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes serán considerados como parte de la heredad o edificio a que vayan destinadas las aguas, o, en caso de evacuación, de las que procedieran" (L. Aguas, art. 47), así que serán de dominio público o de propiedad privada según lo sea la heredad o edificio en cuestión.

Pero aun en los cauces de propiedad privada no cabe hacer en ellos nada que pueda variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o casas (Ley, arts. 5, 2 y 52, C.C., arts. 413 y 416). AGUAS PROPIEDAD DE LAS AGUAS A tenor de la nueva legislación, en principio, y salvo alguna excepción de escasa monta o limitaciones que amparan, generalmente de forma transitoria, derechos anteriores, todas las aguas continentales, superficiales o subterráneas renovables, pluviales o de nacimiento, vivas o estancadas, son de dominio público estatal, denominado dominio público hidráulico (L. aguas, arts. 1 y 2), quedando como de propiedad privada las de las charcas situadas en predios de propiedad privada destinadas a su servicio exclusivo (v. L. arts. 10) además de que, según la disk. Adicional 1ª de la Ley, conservan el carácter de propiedad privada las aguas de los lagos, lagunas y charcas sobre las que existan inscripciones expresas en el Registro de la propiedad como de propiedad privada al entrar en vigor (en 1 enero 1986, según unos, siguen siendo privadas las que correspondería que lo fuesen según la legislación anterior, basándose en L. A, art. 1, 4; y según otros, que son los que están en lo cierto, esta ley las ha hecho públicas a tenor de su art. 1, 2), de las que, con independencia de su propiedad, el aprovechamiento se regula por la L. de Minas. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS Por lo que toca al aprovechamiento de las aguas, el de las de propiedad privada corresponde a su dueño. El de las de dominio público: 1°, siendo pluviales que discurra por fincas o estancadas dentro de sus linderos, puede servirse de las mismas el propietario del fundo, así como utilizar las procedentes de manantiales situados en su interior y las subterráneas cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 m2 (Ley, art. 52); 2°, para aprovechamientos comunes domésticos (beber, bañarse, lavar, abrevar el ganado, etc.), mientras discurran por sus cauces naturales y con los demás requisitos que la ley fija, todos pueden usar sin más de las aguas superficiales (Ley, art. 48); 3°, y con autorización istrativa podrán practicar ciertos usos comunes especiales, como la navegación y flotación, o el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos, etc. (art. 49); 4°, más que aprovechamientos exclusivos, que suponen el uso privativo del beneficiario, se requiere o disposición legal o concesión istrativa (art. 50), que caducará o se extinguirá por el transcurso de su plazo y por otras causas que la ley prevé (como renuncia del concesionario, expropiación forzosa, caducidad por incumplimiento de condiciones de la concesión, o interrupción permanente de

la explotación, etc. Ley, arts. 51 y 64), y que es susceptible de transmisión cumpliendo los requisitos que la ley establece. Propiedad de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos LA LEGISLACIÓN DE MINA Como dije ya, en su inmensa mayor parte pertenecen istrativo los preceptos reguladores de las llamadas especiales y temas conexos.

al Derecho propiedades

Por lo que atañe a las minas esta afirmación se comprueba echando una ojeada a la legislación que las rige (legislación que está formada por lo siguiente: art. 149, 1, 25° de la Constitución: Ley de Minas de 21 julio 1973; Ley de Hidrocarburos de 27 junio 1974; Real Decreto 2857/1978, de 25 agosto, aprobando el Reglamento General para el régimen de la minería; Ley de energía Nuclear de 29 abril 1964, modificada por Ley de 20 junio 1968; Ley 54/1980 de 5 noviembre, que modifica la Ley de Minas de 1973 en relación con las facultades dominicales sobre el subsuelo; Real Decreto de 15 octubre 1982, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas, y recientemente el R.D. de 28 junio 1986, adecuado el ordenamiento minero al de la Comunidad Económica Europea), ya que se ve en seguida que las más de sus disposiciones regulan lo relativo a la acción estatal en el campo de la minería, a forma y requisitos para la concesión de permisos de exploración y de investigación minera, a los trámites y procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y concesiones de explotación de los recursos minerales, así como a las condiciones necesarias para obtenerlas, al modo como la istración pública puede controlar el desarrollo de la explotación para que satisfaga de la mejor manera posible los intereses nacionales, etc. Naturalmente aquí no corresponde entrar en todos los extremos. Sólo nos toca examinar el aspecto civil de la propiedad minera. De lo demás, únicamente y de forma breve, lo que sea conveniente para dar una más exacta idea de qué es ésta o de cómo se obtiene o de a quién corresponde. DOMINIO PÚBLICO DE LOS YACIMIENTOS MINERALES Y DEMÁS RECURSOS GEOLÓGICOS Las sustancias minerales mientras permanecen unidas al yacimiento, es decir, mientras forman parte de éste, son un bien inmueble (C.c, art. 334, 8°). Y todos los yacimientos minerales y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, cualquiera que sea su origen y estado físico, pertenecen al Estado como bienes de dominio público (Ley de Minas de 21 de julio de 1973), art. 2, 1, y Ley de Hidrocarburos de 27 junio 1974, art. 1 y art. 2° de la Ley de 5 noviembre 1980).

En cuanto a las aguas minerales (minero-medicinales y minero-industriales) y termales, ya señalé que su dominio se rige por lo dicho más arriba para las aguas en general, pero su aprovechamiento se regula por la Ley de Minas (arts. 2, núm. 2; 25; 26; 27, 1° y 2°; 30; 34 y 106). CLASES DE YACIMIENTOS MINERALES Y DEMÁS RECURSOS GEOLÓGICOS Según el Art. 3 de la Ley de Minas (y ver también el 5 del Rglto. de 25 agosto 1978), los yacimientos minerales y demás recursos geológicos se clasifican, a los efectos de dicha ley, en las siguientes secciones: Sección A. "Pertenecen a la misma los de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento única sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. Sección B Comprende: a) Las aguas minero-medicinales Son aguas minero-medicinales "las alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública" (Ley de Minas, art. 23, número 1, apartado a). b) Las aguas minero-industriales Son aguas minero-industriales "las que permitan el aprovechamiento racional de las sustancias que contenga" (art. 23. número 2, apartado b): Véase el art. 38-1, b) del Reglamento de 25 agosto 1978. c) Las aguas termales. Son aguas termales "aquellas cuya temperatura de urgencia sea superior en cuatro grados C a la media anual del lugar donde alumbre" (artículo 23, número 2) d) Las estructuras subterráneas. Así los pozos y galerías que quedaron como consecuencia de la explotación minera. "Se entiende por estructura subterránea todo depósito geológico, natural o artificialmente producido como consecuencia de actividades reguladas por esta Ley, cuyas características permitan retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo que en él se vierta o inyecte" (art. 23 número 3), Véase el art. 6 de la Ley 54/1980, de 5 noviembre que "considera estructuras subterráneas, además de las definidas en el art. 23 de la Ley de Minas, las

artificialmente creadas que resulten aptas para almacenar productos minerales o energéticos o acumular energía bajo cualquier forma". e) Los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la Ley de Minas. Así las escombreras en que puedan los desechos de la explotación minera. Se considera que son tales yacimientos "aquellas acumulaciones constituidas por residuos de actividades reguladas por esta Ley que resulten útiles para el aprovechamiento de alguno o algunos d sus componentes" (art. 23, número 4). Sección C. Comprende cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no estén incluidos en las secciones A, B o D y sean objeto de aprovechamiento conforme a la Ley de Minas (es decir, con exclusión de los de hidrocarburos líquidos y gaseosos, de que me ocupo después). Sección D. La ley de 5 noviembre de 1980 ha venido a establecer una nueva sección, la D, mediante desgajar de la antigua sección C los minerales o recursos geológicos de interés energético, de modo que en adelante pasen a constituir esa nueva sección D "los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético que el Gobierno acuerdo incluir en esta sección" en los casos y con cumplimiento de los requisitos que la ley establece (art. 1) Nueva sección a la que, en principio, se siguen aplicando, salvo que se disponga alguno distinto, las normas de la Ley de Minas dictadas para la sección C (art. 1, núm. 3). Si se trata de minerales radiactivos, su investigación y aprovechamiento se rigen en los aspectos que no estuviesen específicamente establecidos en la Ley de 29 de abril de 1964, reguladora de la energía nuclear (los aspectos que están regulados específicamente en ésta son irrelevantes en la materia civil que ahora importa), por la Ley de Minas. Es decir, en cuanto aquí interesa, quedan englobados en el sitio que les corresponda de la clasificación que acabo de exponer: Por último, fuera de dicha clasificación quedan los hidrocarburos líquidos y gaseosos, los derechos a cuyo aprovechamiento se rigen por la Ley de 25 de junio de 1974 (de la que la Ley de Minas es Derecho supletorio: Ley de Hidrocarburos, disposición adicional 1ª). De modo que, además de los casos de propiedad minera (tomando el término propiedad en el sentido que ya sabemos tiene esta expresión) recogidos en la Ley de Minas, se puede decir que hay otro, el de la propiedad minera de los hidrocarburos líquidos y gaseosos (si se trata de yacimientos de hidrocarburos sólidos, caen dentro de la regulación establecida por la Ley de Minas (Ley de Hidrocarburos, art. 1 y disposición adicional 1ª), que no los cataloga en sección aparte, sino que los subsume en la que les corresponda de las que establece en general). DERECHO A LA EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO EN EXCLUSIVA EL DERECHO DE APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO Según lo ya visto los yacimientos minerales y demás recursos geológicos (de cualquiera de las secciones A, B, C o D), y los hidrocarburos también), son bienes de dominio público, pero su investigación y aprovechamiento los puede llevar a cabo el Estado o cederlo, en exclusiva, a los particulares (Leyes de Minas, art. 2, número 1, y de Hidrocarburos, art. 1, número 2).

Se trata ahora de ver el aspecto civil del derecho a este aprovechamiento en exclusiva, pero antes conviene referirse a la facultad que la ley (Leyes de Minas, art. 3, número 2) concede al propietario de todo terreno en el que se encuentre enclavado un yacimiento o recurso (que jurídicamente constituye un objeto aparte y distinto del terreno, separado de éste idealmente, y no propiedad del dueño de él, sino dominio público del Estado), de llevar acabo extracciones ocasionales y de escasa importancia, de recursos minerales de cualquier sección, siempre que sea para uso exclusivo de dicho propietario y no exija la aplicación de técnica minera alguna. La ley no se expresa bien, pero su espíritu está claro. Dice que la extracción "se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo. Evidentemente ello no significa que sea ese propietario el que haya de realizar personalmente la extracción. Por otro lado, aunque se hable de propietario de un terreno, se quiere significar que sea el propietario del terreno en que esté situado el yacimiento o recurso. Esta que podría llamarse tolerancia a favor del dueño del terreno o facultad de extracción de tal dueño, le permite beneficiarse de algún modo de un bien que no es suyo, el yacimiento; beneficio que se le concede en atención a hallarse aquél enclavado en terreno de su propiedad. Pero ni constituye un derecho propiamente hablando, sino una especie de permisión establecida por la ley, ni, desde luego, impide el otorgamiento a otra persona del derecho exclusivo al aprovechamiento de que se trate. Por otro lado, tal facultad del dueño, acaba tan pronto como otro adquiera el derecho exclusivo al aprovechamiento del yacimiento o recurso. Así que puede definirse como facultad que corresponde al dueño de un terreno de utilizar en cierto modo el yacimiento o recurso del Estado que esté enclavado en su propiedad, mientras que no adquiera otra persona el derecho a su aprovechamiento exclusivo. Entretanto que este derecho de aprovechamiento exclusivo no se otorga, no hay más titular que el Estado, titular del derecho de propiedad (pública) que tolera (por virtud de disponerlo la ley) la utilización, ocasional y poco importante, que de tal propiedad pueda hace el dueño del terreno. Después, cuando el derecho al aprovechamiento exclusivo se otorgar, el que dicho dueño del terreno pueda seguir utilizando el yacimiento o recurso, dependerá de que se lo permita el que ha adquirido el derecho a aprovecharlo en exclusiva. Si se trata de concesión minera de aprovechamiento de los recursos de las secciones C o D, se otorga por un período de treinta años prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de noventa (ley de Minas, art. 62). Si de concesión de aprovechamiento de yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, se otorga por treinta años prorrogables por otros dos períodos de diez (Ley de hidrocarburos, art. 29). Si se trata de aprovechamientos de yacimientos o recursos de las secciones Ay B, no se hallan sometidos, en principio, a límite de tiempo. De cualquier modo el derecho a los aprovechamientos que sea, tenga o no tope de tiempo, se extingue por las causas (así, agotamiento del recurso, falla de pago de ciertos impuestos, no comenzar en tiempo los trabajos o paralizarlos indebidamente, et.) que marca la ley (que denomina caducidad a esa extinción: véanse Título VII de la Ley de Minas, y Capítulo VIII de la de Hidrocarburos). Por supuesto que, como todo derecho, el de aprovechamiento en estudio, se otorga en todos sus casos, dentro de los límites que la ley marca e imponiendo al que lo disfruta una serie de deberes relativos, bien a la forma de realizar la explotación, bien a no cesar en ella, bien al

posible control estatal de la misma, etc. deberes que no persiguen otra cosa que defender el interés de la comunidad. Pero señalado lo anterior, un examen detallado del tema no procede hacerlo aquí. Para concluir con el presente punto, basta decir que el derecho en estudio, también en todos sus casos, es transmisible, y, en general, susceptible de tráfico, si bien con las limitaciones que fija la ley y con necesidad de la pertinente autorización estatal. Véanse principalmente los arts. 16, 25 y 94 y siguientes de la Ley de Minas, y 10 de la de Hidrocarburos, y Reglamento General para el régimen de la Minería de 1978 (arts. 27 a 87 y 119 a 127). ADQUISICIÓN DEL DERECHO Debe señalarse que (como se acaba de ver) se adquiere desde luego por cesión o transmisión del anterior titular, pero la adquisición inicial puede producirse de una de tres formas: 1° Si se trata de yacimientos o recursos de las secciones A y B (con la excepción que se verá en el apartado 2° para cierto caso de aguas) puede adquirirse bien automáticamente, bien mediante el otorgamiento de la autorización correspondiente, según los casos. 2° Si se trata de yacimientos o recursos de las secciones C o D o de hidrocarburos líquidos o gaseosos, o de manantiales o alumbramientos, o de aguas minerales o termales de la sección B que se encuentren en terrenos de dominio público, se adquiere mediante concesión istrativa. El derecho de aprovechamiento se concede a su beneficiario, pero éste en todo caso, queda obligado a favor de la persona titular de los terrenos en que aquél esté situado, a indemnizarle por la ocupación de la superficie necesaria y por los daños y perjuicios que se le causen (así, Ley de Minas, arts. 31, número 1, 29, 35, número 2, etc.) y si opta por acogerse a la Ley de Expropiación Forzosa, puede conseguir ésta a su favor, en lo que sea necesario para la explotación de que se trate, también abonando el correspondiente justiprecio (Véase Título X de la Ley de Minas). C) A quién corresponde el derecho.- Obviamente, el derecho corresponde a quien lo adquiera (así, por ejemplo, al que lo compró al anterior titular). Hasta aquí, de acuerdo. Pero se habla también de a quien corresponde, en el sentido de a quien corresponde inicialmente (si su adquisición es automática (parte del caso 1° del apartado B anterior), o en el sentido de quien tiene preferencia para que se le otorgue (si se adquiere, no automáticamente, sino por otorgamiento de autorización o de concesión (la otra parte del caso 1° y caso 2° del apartado B anterior). Pero como el que lo tuvo en el primer caso o en el segundo (después de habérsele otorgado), lo pudo transmitir o perderlo (así por haberle sido expropiado, o por caducidad, o, en particular por lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Minas, etc.) y en el segundo pudo no haber llegado a obtenerlo a pesar de su preferencia para conseguirlo (por ejemplo, al final, no le interesó, o dejó pasar el tiempo hábil para usar de su preferencia, o se le denegó por falta de requisitos debidos), resulta que en definitiva en cada caso el derecho de aprovechamiento corresponderá a quien corresponda porque, por ejemplo, se lo transmitió el anterior titular, o porque le caducó a éste, y después el titular actual ha conseguido uno nuevo, o porque se le atribuyó directamente, al no ser concedido inicialmente a la persona que tenía preferencia para obtenerlo, o porque no había persona con tal preferencia.

Ahora bien, en lo que expongo a continuación, corresponder el derecho es expresión que se usa en los señalados sentidos (en cuál de ellos, se desprenderá del contexto) de corresponder inicialmente o de tener preferencia para que nos sea otorgado. Según la Ley de Minas, el derecho a la explotación o aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos corresponde (siempre que la persona de que se trate tenga aptitud para ser titular de derechos mineros, para lo que es necesario, en principio, ser español: sobre el particular véase el Título VIII de la Ley de Minas, condiciones para ser titular de derecho mineros). a) Si están incluidos dentro de la sección A, en principio, al dueño de los terrenos donde se encuentren, si en el que se hallan es de propiedad privada (sea propiedad privada de un particular o de un ente público, en cuyo caso, como sabemos con una terminología tradicional, los bienes que sean, se llaman patrimoniales (del ente público); y si se hallan en terrenos de dominio y uso público, serán de aprovechamiento común (art. 16). En cualquier caso, para ejercitar el derecho al aprovechamiento deberá obtenerse previamente a la iniciación de os trabajos la oportuna autorización de explotación (art. 17, número 1). b) en cuanto al derecho de aprovechamiento de los yacimientos y recursos de la sección B: a") Si se trata de aguas, corresponde a quien fue repropietario decía antes la ley: hoy siendo el agua de dominio público, habrá que entender que quien corresponda o tenga derecho preferente a su explotación de las mismas en el momento de declaración de su condición mineral o termal (art. 25, número 1, y 30), o cuando los manantiales o alumbramientos se encuentren en terrenos de dominio público, a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición mineral o termal de las aguas (arts. 25, número 2 y 30). En cualquier caso, para ejercitar el derecho al aprovechamiento deberá solicitarse la oportuna autorización de la Delegación Provincial de Industria (v. art. 26 que establece más extremos relativos al tema). B") si se trata de residuos mineros (producidos en operaciones de investigación o explotación minera), el derecho a su aprovechamiento corresponde: 1°. Al titular de los derechos mineros en los que se hayan producido aquellos. 2° Y si están situados en terrenos que fueron ocupados por derechos mineros caducados, al propietario o poseedor legal de los terrenos (art. 31). Para comenzar el aprovechamiento en este segundo caso hace falta autorización de la Delegación Provincial de Industria (art. 31, final). C") Si se trata de estructuras subterráneas, cualquier persona apta para ser titular de derechos mineros podrá obtener autorización para utilizarlas (art. 34). c) En cuanto al derecho al aprovechamiento en el caso de los yacimientos y recursos de la sección C y de hidrocarburos líquidos y gaseosos es al titular del permiso de investigación en cuya virtud se descubrieron al que le corresponde la preferencia para que le sea concedido (Leyes de Mina, art. 44, y de Hidrocarburos, art. 17). A QUIEN CORRESPONDE EL DERECHO EXPLOTACIÓN E INVESTIGACIÓN

La exploración e investigación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos se hallan reguladas por la correspondiente legislación especial (minera, de hidrocarburos), pero se trata de tema que no procede estudiar aquí (donde me ocupo sólo de la propiedad minera), ay que constituye vertiente istrativa (que debe exponerse, pues, en el Derecho istrativo) del Derecho de minas. CONCLUSIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y OTORGAMIENTO DEL DERECHO AL APROVECHAMIENTO En conclusión.- y dejando aparte lo relativo a exploración e investigación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos, que no constituye un derecho sobre éstos, sino una actividad que permite nuestro derecho –tales yacimientos minerales y demás recursos geológicos, son siempre (se hallen en terreno de dominio público o de propiedad privada) bienes de dominio público (salvo el caso de las aguas que sean privadas), pero el derecho a su aprovechamiento en exclusiva, derecho que, constituyendo un poder directo e inmediato que recae sobre la mina o recurso geológico, es concebido como un derecho real istrativo sobre dichos bienes públicos (pero que, por conceder prácticamente su total señorío efectivo al que tiene aquella exclusiva, se equipara a la propiedad privada), corresponde a los particulares que sea, en los términos ya detalladamente expuestos, bien automáticamente bien mediante autorización que lo otorgue, bien mediante concesión del mismo. Sin que el yacimiento o recurso deje de ser una cosa (objeto de derecho) diferente al predio donde está, aun en el caso de que el derecho sobre ella corresponda también al dueño de tal predio. Pero no existe un verdadero derecho de propiedad privada que tenga por objeto el yacimiento o recurso ni aún después de "otorgado su aprovechamiento". No obstante, se suele hablar de propiedad de ellos, para referirse al derecho que nace de la concesión (o de la autorización, o automáticamente); terminología que, advertido lo anterior, puede mantenerse si se quiere. Los tres sistemas principales, adoptados en materia de minas, son: 1°. El de considerarlas de dominio público, del que no pueden salir. 2° El de atribuir su propiedad al descubridor. 3°. El de otorgársela al dueño del terreno donde se hallen. Nuestra ley de Minas ha elegido el primero. EL MINERAL OBTENIDO ES FRUTO El mineral, o en general, los productos que se extraen u obtienen del yacimiento o recurso geológico que sea, son jurídicamente hablando, fruto de la mina o del recurso geológico d que se trate.

Conclusiones 

1. La extinción de la propiedad, se manifiesta de diversas formas, entre ellas el código civil regula la adquisición del bien por otra persona. Destrucción o pérdida total o consumo del bien, expropiación, abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del Estado.

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2. El derecho de propiedad es susceptible de protección, configurándose acciones protectoras que beneficien al dueño del bien.

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3. La propiedad horizontal es aquella que se diferencia de la propiedad vertical por la ocupación de un único terreno para varios propietarios, dueños absolutos, exclusivos y perpetuos.

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4. El derecho real de propiedad, abarca cualquier tipo de bien, tanto los materiales, como los incorporales, manifestándose a través del derecho a la propiedad intelectual.

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5. Las formas especiales de la propiedad se refieren a todo tipo de propiedad que no está regulado por el poder de aquellas que su regulación es normal.

Bibliografía 

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2. MANUEL ALBALADEJO, Derecho civil III. Derechos de bienes.

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3. JORGE EUGENIO CASTAÑEDA. Instituciones del derecho civil.

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4. ALBERTO VASQUEZ RIOS, Derechos reales.

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5. WILDER TUESTA SILVA. Código civil comentado

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6. http://www.abedia.com/ley/ley-propiedad-horizontal.htm

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7. http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual

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8. http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas.htm