El Poder Especial Judicial 655j1r

EL PODER ESPECIAL JUDICIAL Rama del Derecho: Derecho Procesal Civil.

Descriptor: Actos Procesales en Materia Civil.

Palabras Claves: Mandato, Poder, Poder Especial Judicial, Representación Judicial. Tribunal Primero Civil Sentencia 686-2010, Tribunal II Civil Sección Primera Sentencias 158-2010, 287-2010, 295-2010, 384-2011, 62-2015, Tribunal de Familia Sentencia 997-2013, Tribunal Contencioso istrativo en Sección II Sentencia 75-2014 y en Sección VII Sentencias 161-2012 y 7-2013. Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia.

Fecha: 09/12/2015.

Contenido RESUMEN ............................................................................................................................. 2 NORMATIVA ........................................................................................................................ 2 Poder Especial Judicial................................................................................................. 2 DOCTRINA ........................................................................................................................... 3 Constitución del Poder Especial Judicial................................................................. 3 JURISPRUDENCIA............................................................................................................... 3 1. Distinción entre los Requisitos de Eficacia y Validez de la Actuación Notarial con el Ejercicio de la Abogacía y el Mandato Especial Judicial ......... 3 2.

Concepto y Alcances del Mandato Especial Judicial ..................................... 7

3.

El Mandato Especial Judicial y el Proceso Contencioso istrativo . 8

4. Alcances del Poder Especial Judicial y Necesario Otorgamiento a Abogados ....................................................................................................................... 10 5.

Mandato Especial Judicial Otorgado en el Extranjero ............................... 11

6.

Firmas en el Poder Especial Judicial............................................................... 13

1

7. Diferencias entre el Poder Especial Judicial y los Poderes General y Generalísimo................................................................................................................. 13 8.

Abogado Director del Proceso y Mandatario Especial Judicial ............... 16

9. Revocatoria del Poder Especial Judicial por Presentación de un Segundo Poder ............................................................................................................. 17 10.

Error en la Redacción del Poder .................................................................. 18

RESUMEN

El presente informe de investigación contiene doctrina y jurisprudencia sobre el Poder Especial Judicial, considerando los supuestos normativos de los artículos 1256 y 1288 del Código Civil.

NORMATIVA

Poder Especial Judicial [Código Civil]i

Artículo 1256. El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro. (Así reformado por el artículo 178, inciso b), del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998)

Artículo 1288. Todas las disposiciones del capítulo anterior son aplicables al mandato judicial en tanto lo permita la índole de este mandato.

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DOCTRINA

Constitución del Poder Especial Judicial [Amador Hasbun, S.]ii

[P. 98]…En cuanto al mandato especial judicial, se encuentra que puede otorgarse en el mismo expediente en el que se tramita el proceso legal.1 A mayor abundamiento, el artículo 118 del C dispone que para "representar a otro en proceso" no se requiere que el mandato conste en escritura pública, sino que puede ser en papel común, autenticado por un abogado que no sea el mandatario.

JURISPRUDENCIA

1. Distinción entre los Requisitos de Eficacia y Validez de la Actuación Notarial con el Ejercicio de la Abogacía y el Mandato Especial Judicial [Tribunal Segundo Civil, Sección I]iii Voto de mayoría:

“III. Del estudio de los autos, se infiere que este Tribunal - a través del Voto número 182, de las 10:50 horas del 3 de junio de 2014-, le ordenó al juzgado de instancia, pronunciarse en torno a los alegatos efectuados por la parte actora en cuanto al mandato especial judicial otorgado por el representante de la sociedad accionada a favor del abogado Álvaro Emilio Castro Garnier. A raíz de esto, el juzgado de instancia dictó el auto de las nueve horas veintitrés minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, en el que denegó dicho mandato, básicamente aduciendo que, al encontrarse el poderdante fuera del país al momento de conferir dicho mandato, debieron cumplirse todos los "requisitos consulares necesarios". Vale destacar que el juzgador que dictó ese pronunciamiento nunca indicó cuáles eran esos requisitos y el por qué de su aplicación en este caso concreto. Posteriormente y, ante un recurso de revocatoria con apelación en subsidio formulado por el Licenciado Castro Garnier, se dictó un nuevo auto de las diez horas veintiún minutos del cuatro de noviembre de ese año, en el que se justificó el rechazo de ese mandato en otras razones. Primeramente se dijo que, aplicando el numeral 32 del Código Notarial, los cartularios costarricenses tienen competencia para autorizar actos en el extranjero, no obstante el mandato en cuestión incumplía ciertas condiciones de validez. Se señaló que el documento no detalla la fecha exacta en que se otorgó, dado que se omite indicar el día, lo que se resalta como un aspecto de importancia, puesto que el mandante no se encontraba en 1

Brenes Córdoba, Alberto. op. cit. p. 292; Ramírez Segura, Mario. op. cit. p. 93. 3

el país, situación que tampoco se reseñó en el mandato. En segundo término, se analizó lo dispuesto por los artículos 118 del Código Procesal Civil, 111 del Código Notarial y 27 de los "Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial", para concluir que la persona notaria debió dar fe de que la firma fue otorgada en su presencia, lo cual se echa de menos en el documento. Por último, se hizo referencia al numeral 392 del Código Procesal Civil, ya que de acuerdo al criterio del órgano de instancia el mandato presentaba una alteración en su texto que fue realizada por corrector de tinta, lo que elimina su valor probatorio, pues dicho error debió ser corregido por nota. A criterio del Tribunal dichos argumentos no resultan correctos para denegar la validez del mandato especial judicial brindado al recurrente. Expliquemos el por qué. A nuestro entender, el juzgado de instancia confunde los requisitos de eficacia y validez de la actuación notarial con el ejercicio de la abogacía. Esa confusión no es nueva y ha sido dilucidada en varios pronunciamientos dictados por el Tribunal Disciplinario Notarial. Así, en el Voto 0189-2012, de las quince horas diez minutos del seis de setiembre de dos mil doce, dicho Tribunal estableció: "[...] Según el artículo 1 del Código Notarial: "El notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él." Para alcanzar la habilitación para el ejercicio del notariado, es requisito indispensable, ser abogado activo incorporado al Colegio respectivo y contar con al menos dos años de ejercicio de la profesión (numerales 2, 3 inciso y transitorio VII, ibid). Estas normas, recogen la doctrina del sistema de Notariado Latino, vigente desde siempre en nuestro país, que ha optado -a diferencia de otros países como Argentina o España- por permitir un ejercicio combinado de la profesión liberal -abogacía- y de la función pública notariado- en una misma persona. Sin embargo, esta dicotomía, no ite o implica una mezcla -y menos confusión- entre abogacía y notariado. Dicho de otro modo, los alcances del ejercicio forense son disímiles y hasta contrapuestos de los de la función notarial. Para citar un ejemplo, el régimen de incompatibilidades. En tanto en la abogacía no existe prohibición para el ejercicio en asuntos personales o familiares, en el notariado la veda es expresa (artículo 7 inciso d) y su transgresión se sanciona disciplinariamente. Continuando con la escisión entre ambos ejercicios, se tiene que mientras en la abogacía se requiere una identificación del profesional con los intereses de su cliente, en el notariado, no existen clientes, sino s de los servicios notariales y quien los brinda, debe ser imparcial, sin poder inclinarse a favor de alguna de las partes intervinientes en los actos o contratos que autoriza (artículos 6, 34, 35, 36 y 38 del Código Notarial). Tan celoso es el ordenamiento en materia de la imparcialidad, que la exige incluso de los testigos instrumentales que intervienen en los actos (numeral 42 ibidem). Por su parte, la abogacía implica una labor proactiva del profesional en favor de los intereses de su cliente. La dirección profesional del caso debe hacerse con la más absoluta diligencia y el abandono es 4

sancionado disciplinariamente. Esta relación entre el profesional en abogacía y su cliente se inicia desde antes del proceso judicial o istrativo, con fases iniciales de conocimiento y asesoría, y se consolida, cuando el profesional decide asumir el caso, materializándose mediante el otorgamiento de un poder o bien, con la autenticación del escrito de demanda, acto éste que implica la dirección profesional del cliente y su caso. Confirmación de lo dicho, es que en el Arancel de honorarios por servicios de abogacía y notariado (Decreto Ejecutivo 32493-J) se establece por un lado la remuneración de la autenticación de firmas como abogado en asuntos extrajudiciales (artículo 60) y como notario (artículo 76), pero no se contempla la autenticación autónoma en procesos judiciales, porque ésta no existe, ya que la autenticación es parte de la dirección profesional del caso y en consecuencia de los honorarios correspondientes a esa labor...III.- De la relación de los numerales 151, 152 y 163 del Código Notarial; 114, 118 y 299 del Código Procesal Civil, cuando en esta jurisdicción se establezca demanda por acción civil resarcitoria, la parte deberá actuar bajo el patrocinio de un abogado y los escritos deberán contar con autenticación de ese profesional. Conviene aquí, establecer cómo se configura ese patrocinio y sus alcances. A tenor del numeral 116 del código de rito, la autenticación de firma implica la dirección profesional del asunto, salvo que se demuestre que ésta fue "ocasional". El ordenamiento jurídico debe ser entendido como un todo y los operadores del derecho no pueden estarse a la literalidad de una única norma. Como se desprende de la transcripción normativa hecha anteriormente, la dirección profesional de un asunto, se asume con la sóla autenticación de firma de la parte en sus escritos y ésta es producto de una anterior faceta de estudio y aceptación del caso, por parte del profesional en leyes. Dicha anuencia, implica, la dirección profesional del asunto, su atención y seguimiento, asistencia aaudiencias y consecuente información al cliente. Bajo esta actual tesitura, quedó superado el resabio resumido bajo el acróstico "PLPU" (para la presentación únicamente), que hace algunas décadas se estilaba en los escritos presentados a los estrados judiciales, leyenda que obviamente, implicaba un descargo de responsabilidad del abogado respecto del contenido del documento y la dirección profesional del asunto, el cual ahora, está expresamente prohibido (ver artículos 9 y 10 del Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho, anteriormente transcritos).IV.- De la relación de los artículos 34 inciso c) y 111, ambos del Código Notarial, se desprende que los notarios públicos tienen la potestad de autenticar firmas cuando éstas hubieran sido puestas en su presencia. Como toda actuación notarial, y en general, como toda actuación o actividad humana, ésta no es irrestricta y está sujeta a límites, en este caso, los definidos por el ámbito de competencia funcional del notariado (ver artículos 6, 7, 30, 31 y 34 del Código Notarial). En el caso de la autenticación de escritos para ser presentados ante los Tribunales de Justicia, ya se analizó que la ley manda que ésta se hace en condición de abogado y si bien, podría pensarse que como los notarios públicos, también son abogados, estaría habilitada 5

su actuación como fedatarios para este caso, por subsumir ambas condiciones. Sin embargo, este razonamiento, colisiona con la adecuada conceptualización de la función de abogacía y del notariado, que ya se ha hecho líneas arriba, pues la autenticación en escritos presentados en sede judicial, además de estar categorizada por ley como "de abogado", implica la dirección profesional del asunto, labor de abogacía y no de notariado, y por ahí, fuera del ámbito de competencia notarial. Por otro lado, debe recordarse que, como ya se dijo, el régimen de incompatibilidades en materia notarial es sumamente riguroso, lo que cierra la posibilidad a pensar que en esa condición pueda llevar adelante la dirección profesional de un proceso judicial. A mayor abundamiento, debe contemplarse que el régimen disciplinario ejercido sobre la profesión liberal y la función pública notarial, también son distintos -tienen necesariamente que serlo, en atención a su disímil naturaleza- por lo que tampoco podría itirse la invasión del notariado en ámbitos estrictamente reservados para la abogacía, pues ello traería, en caso de una eventual falta disciplinaria, problemas para la definición de cuál sería la entidad competente para conocerla, si la Fiscalía del Colegio de Abogados o esta Jurisdicción Notarial; cuando en realidad, la ley ha definido claramente que la actuación es propia del ámbito de la abogacía y bajo esa unívoca conclusión, ha de tenerse por ineficaz la autenticación de firma que, como notaria pública, impartió la licenciada Luciana Acevedo Gutiérrez al escrito de folios 12 a 14. Para su corrección se confiere el plazo de tres días a la parte actora (artículo 114 del Código Procesal Civil), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión se procederá conforme a derecho corresponda.- V.- En autos se ha aportado poder especial judicial conferido por el actor a favor de los licenciados L. y A., ambos de apellidos A.G. Tanto las firmas del actor, cuanto las de los abogados destinatarios del poder, fueron autenticas por el licenciado U. Z. P., en condición de notario público (ver folio 28). En el caso del otorgamiento de poderes, dispone el código de rito aplicable a esta sede que:"ARTÍCULO 118.- Otorgamiento del poder. No será necesario que el poder de quien represente a otro en proceso conste en testimonio de escritura pública, pues podrá hacerse en papel simple, con tal de que esté firmado por el otorgante, o si no supiere escribir o estuviere impedido para hacerlo, por una persona a ruego; en ambos casos debidamente autenticado por un abogado, que no sea aquél a quien se otorga el poder."Considera esta Cámara que, en el caso de poderes, la norma habilita su otorgamiento ante notario o ante abogado, pues al decir que no será necesario que se haga en escritura pública, establece la posibilidad de que se contenga en ésta -labor que sólo puede hacer un notario- y ite también que se confeccione en papel simple, autenticado por un abogado, distinto -se repitede quien recibe el poder. Así las cosas, aunque la autenticación se haga notarial, no se presenta la problemática expuesta líneas arriba para los escritos presentados al proceso, pues quien interviene como notario, es otra persona, distinta de quien está recibiendo el poder y por tanto la dirección profesional del caso. Por esta razón, respecto del poder que rola a folio 28, no se hace idéntica prevención a la formulada 6

en el anterior considerando y se tiene por válida la autenticación notarial allí contenida." (Lo destacado es nuestro). Del anterior pronunciamiento, se extrae que carece de fundamento el razonamiento de la juzgadora, en cuanto aplica normas notariales para restarle validez y eficacia al poder especial judicial conferido por el representante de la mercantil accionada al abogado Castro Garnier, pues el abogado que viajó a Hawaii para autenticar la firma de dicho representante en el mandato, solo debía cumplir las formalidades previstas por el numeral 118 del Código Procesal Civil. Otro aspecto que utiliza la juez para rechazar dicho poder lo constituye el hecho de que en él no se detalla la fecha exacta en que se otorgó el mandato, dado que el documento es omiso con respecto a eso. A criterio de esta Cámara tal hipótesis no provoca la invalidez del mismo, ya que, si lo que la jueza echa de menos es la fecha de otorgamiento del mandato, tal punto quedó determinado por la razón de fecha cierta que obtuvo el documento privado al ser presentado a estrados judiciales (artículo 380 ibídem)-. También alega la a quo que, de acuerdo al artículo 392 del Código de rito, el mandato que presenta correcciones carece de valor probatorio si no fueran salvadas por nota. No compartimos ese argumento de la jueza. El numeral 392 dispone que los documentos dañados o rotos EN UNA PARTE SUSTANCIAL no tienen valor probatorio. Tampoco lo tendrán en la parte que fueran enmendados o entrelineado, si el error no fuera salvado mediante una nota conforme con la ley. En el sub-júdice, la parte corregida del documento en el que constaba el mandato es únicamente la que hacía referencia al lugar en que fue otorgado, lo cual se observa de colocar a "contra-luz" el citado documento. Así las cosas, esta corrección no incide sobre el mandato, pues se puede extraer el mes y el año en el que se realizó el mismo. Por ende, la resolución recurrida debe ser revocada, para en su lugar tener por otorgado el poder especial judicial de la sociedad demandada a favor del abogado Álvaro Castro Garnier.”

2. Concepto y Alcances del Mandato Especial Judicial [Tribunal Contencioso istrativo, Sección II]iv Voto de mayoría

“UNICO. El Juzgador debe velar por la recta integración de las partes en la relación procesal y del cumplimiento de las formalidades en los supuestos de la legitimación sobre esa relación procesal, como además la capacidad de las partes para sostener juicio. La capacidad o la representación de las partes dentro de un proceso, son aspectos que se puede y debe revisar de oficio, para evitar vicios que entuerten el recto procedimiento o beneficien o den ventaja indebidamente a una de las partes en aquel. El licenciado Velázquez de León se apersonó ante el juzgado de instancia, señalando ser apoderado especial judicial del actor, y con dicho actuar procesal según se aprecia en memorial presentado a estrados el 15 de enero de 2014 (folio 75 del expediente) apeló de lo resuelto en sentencia número 2433-2013 de las dieciséis horas 7

veinticinco minutos del once de diciembre de dos mil trece. Se desprende de un revisión de los autos, que el apelante NO ES APODERADO ESPECIAL JUDICIAL DEL ACTOR, ni aparece tampoco escrito del actor Campos Carmona, ratificando dentro de tercero día su irregular y unilateral apersonamiento (arts. 1, 135, 118 y 286 del Código Procesal Civil y 1256 del Código Civil), esto es, no le ha sido otorgado a su favor poder alguno para actuar en representación del actor dentro del proceso. El poder especial judicial, es aquel poder otorgado a un abogado para que lo represente a uno (persona física o jurídica), en un proceso judicial y es tan sólo para que el mandatario, quien necesariamente tendrá que ser un abogado, represente en el litigio al mandante, aspecto que debe acreditarse dentro del expediente. Cuando el poder se da a un abogado, o aquellos que la ley faculta excepcionalmente para litigar, se hace con el fin de que participe en proceso defendiendo los intereses de su cliente, así, estamos en presencia de un mandato judicial. Este tipo de mandato puede ser particular o especial, cuando se otorga en forma limitada a determinado juicio; y puede ser general cuando da facultades para intervenir en todos los negocios judiciales que tenga el mandante. Se acostumbra en la práctica otorgar poder especial judicial a un determinado abogado en el propio juicio que interesa. El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder y para ejercerlo en procesos judiciales deberá constar en un papel simple, siempre que se encuentre firmado por el mandante y debidamente autenticado por un abogado distinto, obviamente, al mandatario. El alcance funcional o competencional del poder especial judicial lo establece el artículo 1256 del Código Civil, al referir en lo conducente, que sólo se facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. Dicho lo anterior, es claro que el licenciado Velázquez de León no estaba legitimado para apelar en nombre y por cuenta del actor, ya que no consta en autos poder alguno a su favor, con lo cual, según su afirmación, condujo a error al juzgado de instancia, órgano que le itió indebidamente la apelación. De modo tal, que la resolución de las quince horas treinta y tres minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce debe anularse para en su lugar y de manera oficiosa, declarar mal itido el recurso de apelación, ordenándose la devolución del presente asunto a la oficina de origen. Tome nota el juzgado de origen sobre lo indicado.”

3. El Mandato Especial Judicial y el Proceso Contencioso istrativo [Tribunal de Familia]v Voto de mayoría

“III. SOBRE EL FONDO: A. […] En cuanto al tema de la indebida representación por el tipo de poder que se le otorgó al abogado para que represente los intereses del actor dentro del proceso, no lleva razón la apelante. El poder otorgado de folio 60, cumple 8

todos los requisitos legales que exige el artículo1256 en relación con el 1289 del Código Civil, es suficiente para la representación en un proceso contencioso de divorcio como el que nos ocupa. Válidamente la Apoderada del actor podía promover todas las gestiones que realizó ya fuera para pedir medidas cautelares, solicitar pruebas o ampliar la demanda como lo hace en el proceso que nos ocupa, salvo en los actos que deba realizar "el propio dueño, o poderdante en persona", entiéndase evacuar prueba confesional (artículo 338 del Código Procesal Civil, por tratarse de hechos personales),contraer matrimonio en ausencia del otro cónyuge (artículo 30 del Código de Familia) y donar en su nombre (artículo 1408 del Código Civil); para estos dos últimos actos sí se requiere de un poder especialísimo, mas no para representarlo en juicio donde basta como se dijo con un poder especial judicial, que reúna los requisitos de los artículos supra mencionados 1256 en relación con el 1289 del Código Civil, por lo que el juzgador de instancia resuelve acertadamente al denegar esta objeción de la parte demandada. Pues, como se señaló, el poder especialísimo solo se requiere para un proceso de divorcio por mutuo acuerdo en el cual uno de los dos cónyuges no está presente. Situación que no ocurre aquí, en donde se está frente a un divorcio contencioso, en el cual el apoderado representa a su poderdante en su ausencia, pero también puede el titular del derecho hacerse presente en cualquier momento en persona, a una comparecencia o diligencia judicial en compañía de su apoderado, o bien dejar en manos de su representante esa actuación sino se requiere su presencia. Finalmente en cuanto a lo que alega en el sentido de que los hechos denunciados referentes a la sevicia están caducos, no lleva razón, porque como el actor indica en la demanda, aunque hay una situación de violencia patrimonial que señala se ha dado a lo largo del matrimonio, indica que actualmente le ha quitado el a cuentas bancarias cuyos ingresos son mutuos, por tratarse de ingresos generados por bienes comunes, señalando esa acción como actual, se entiende que las acciones que eventualmente podrían constituir maltrato o sevicia patrimonial están vigentes. Asimismo, se hace referencia en la demanda a una denuncia por violencia doméstica que ubica a inicios del año2011, es decir en el mismo año que presenta la acción de divorcio, por ende válidamente se rechaza la excepción como previa por parte del Ad-quo, pues se trata de un aspecto que no puede valorarse anticipadamente, sino que necesariamente debe decidirse en sentencia, con todo el haber probatorio, puesto que por lo menos en tesis de principio, se trata de un hecho actual. No obstante, ello debe decidirse en el fondo del asunto, al valorarse todos los elementos de convicción que surjan de los autos. En virtud de lo expuesto, coincide esta integración en declarar sin lugar la apelación contra el auto de las ocho horas tres minutos del doce de marzo de dos mil doce, el que se confirma. […]”

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4. Alcances del Poder Especial Judicial y Necesario Otorgamiento a Abogados [Tribunal Contencioso istrativo, Sección VII]vi Voto de mayoría

“I. ADVERTENCIAS PREVIAS. […] Primero: No resulta atendible para esta Cámara el poder otorgado por la actora a sus abogados, al inicio de la celebración de la Audiencia Preliminar; no obstante la previsión contenida en el numeral 1251 del Código Civil de que puedan otorgarse "aún de palabra ". Debe tenerse en consideración que tratándose del mandato general, se exige su correspondiente inscripción en el Registro Público y que, conforme el ordenamiento jurídico nacional, el contrato de mandato especial judicial es de carácter formal, en tanto sólo puede ser otorgado, por quien tiene la representación, únicamente a quien ostenta la profesión de abogado (así entendido por la jurisprudencia nacional, así por ejemplo en las sentencias número 31, de las nueve horas quince minutos del veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis del Tribunal Superior Segundo Civil de San José, Sección Primera; y número 22-2007, de las diez horas veinticinco minutos del diecinueve de enero del dos mil siete, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia); debiendo además, consignarse las firmas de los otorgantes y los mandatarios, así como la autenticación por tercer abogado; con la aportación de los correspondientes timbres (Artículos 1251 y 1256). En el caso, los timbres se aportaron de manera posterior, según consta a folios 375 frente y vuelto). Sin embargo, se advierte que en este caso, el propio Juez, de manera oficiosa, sin haber mediado gestión de la interesada, interpeló a la actora para que otorgara poder a sus abogados y tuvo que indicarle las palabras que debía decir la actora, a modo casi de dictado y aún así, no se infiere del audio, siquiera qué tipo de poder se otorga, si general o especial, encontrándose dos vicios esenciales en esta actuación: de contenido -por falta de precisión- y posible afectación de la voluntad de la otorgante, siendo además que tampoco consta la aceptación de los poderantes. En todo caso, dicha actuación resultaba superflua en el caso, por cuanto de la revisión del audio de la Audiencia Preliminar, estaba presente la actora con dos abogados -María del Rocío Mendoza Castro y José Luis Campos Vargas-, los cuales se entiende que actuaban en ese acto como abogados directores del proceso, como lo prevén los numerales 114 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria por remisión del 220 del Código Procesal Contencioso istrativo), en relación con lo dispuesto en los artículos 16, 40, 46 y 67 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Lo anterior evidencia que el desconocerle el contrato de mandato (se repite, otorgado de manera irregular en esta ocasión, según se ha explicado), no causa indefensión a la actora.”

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5. Mandato Especial Judicial Otorgado en el Extranjero [Tribunal Contencioso istrativo, Sección VII]vii Voto de mayoría

IV. CRITERIO DEL TRIBUNAL. El artículo 82 Bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No.7978, señala que para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual o industrial, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción del mandato. Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede istrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias. (Así adicionado por el artículo 1 aparte ñ) de la Ley No.8632 del 28 de marzo del 2008. Conforme lo dispone la disposición citada, es claro que para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, cuando el documento sea otorgado en el país, se requiere contar con la autorización del poderdante; que el mandato debe ser autenticado como formalidad mínima y no se requiere de su inscripción. Señala la citada disposición que cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse. En criterio de ésta Cámara, la sola autenticación del poder especial registral y judicial otorgado en favor del representante del actor, es suficiente para actuar en sede istrativa respecto de la inscripción de marcas, toda vez que conforme la disposición legal descrita, no se requiere de mayor formalidad para actuar en ese sede. Distinta es la situación en cuanto a la validez de dicho instrumento para poder actuar en sede jurisdiccional, toda vez que el poder especial judicial debe reunir los requisitos establecidos al efecto en el ordenamiento jurídico. En efecto, el poder especial Judicial, es aquel otorgado a un abogado para que represente a una persona física o jurídica, en un proceso judicial con el fin de que participe en proceso defendiendo los intereses de su cliente, por lo que estamos en presencia de un mandato judicial. Este tipo de mandato puede ser particular o especial, cuando se otorga en forma limitada en determinado juicio; y puede ser general cuando da facultades para intervenir en todos los negocios judiciales que tenga el mandante. Estos poderes se pueden otorgar en escritura pública o bien en el propio expediente, mandato este último que se conoce como "Apud Acta", sea otorgada en la materialidad del proceso. (Véase resoluciones N° 167-80 de la Sala Primera Civil y la número 550 de 9:30 horas del 14 de octubre de 1981 del Tribunal 11

Superior Segundo Civil, Sección Segunda). De acuerdo al numeral 1251 del Código Civil, el contrato de mandato puede celebrarse entre presentes y ausentes, por escritura pública o privada y aún de palabra; pero no se itirá en juicio la prueba de testigos, sino en conformidad con las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes exijan documento público. El instrumento en que se hace constar el mandato en procesos judiciales deberá constar en un papel simple, siempre que se encuentre firmado por el mandante. Conforme lo dispone el artículo 118 del Código Procesal Civil, el poder deberá ser debidamente autenticado por un abogado que no sea aquel a quién se otorga el poder. El alcance funcional o competencional del poder especial judicial lo establece el artículo 1256 del Código Civil, al referir en lo conducente, que sólo se facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. En la especie, el Licenciado Pal Hegedus, procedió a autenticar el poder especial registral, encontrándose como mandatario en imposibilidad de hacerlo, por lo que el documento no reúne los requisitos para surtir efectos en sede judicial. Dicho vicio se hubiera subsanado, si el poder hubiere sido legalizado por el Cónsul de Costa Rica en México o bien la firma del mandatario hubiera sido autenticada por otro abogado al momento de su otorgamiento. Si bien es innegable que el documento se otorgó ante abogado costarricense con facultades de otorgar fe pública a instrumentos o documentos, es lo cierto que en este caso contiene un vicio que afecta su validez en ésta sede, toda vez que el poder no podía ser autenticado únicamente por el mismo mandatario. En razón de lo dicho, no es de recibo el argumento del apelante en el sentido de que el poder otorgado no debió ser consularizado al no haber sido otorgado ante autoridades mexicanas, sino él como abogado, pues requería de la consularización para legitimar la firma del profesional en derecho que autenticó la firma del mandante y en favor de quién se otorgó el mandato. En este sentido debe destacarse que el mismo formulario en el que se otorgó el poder especial registral y judicial señala que la firma de ese poder debía ser legalizada por el Cónsul de Costa Rica más cercano. V. El Juzgado de instancia procedió conforme al iter procesal a prevenir al actor la subsanación del defecto en los términos contenidos en el los artículos 298 inciso 2 y 299 del Código Procesal Civil, disposición que es concordante con lo dispuesto por el artículo 315 del citado Código, según el cual desde la isión de la demanda y en las oportunidades en que corresponda, el Juez deberá decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones. Asimismo, lo actuado es concordante con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley Reguladora de la materia, según el cual cuando se alegare que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos legales, la que se hallare en tal supuesto podrá subsanar el defecto, dentro de los diez días siguientes a aquél en que se notifique la alegación, siempre que con anterioridad no se le hubiere concedido plazo expreso para el cumplimiento del requisito. En la especie, a 12

pesar de que el Juzgado de instancia formuló una prevención para subsanar el defecto, la parte actora no cumplió con lo requerido, no siendo de recibo la alegación del apelante en el sentido de que no existía ningún defecto que subsanar, por lo que el incumplimiento genera la sanción procesal de acoger la excepción de falta de capacidad y defectuosa representación invocada por el representante estatal y en consecuencia declarar la inisibilidad de la demanda y ordenar el archivo del expediente, conforme lo determinó el Juzgado a-quo en la resolución dictada a las ocho horas del dieciséis de abril del dos mil doce.¨

6. Firmas en el Poder Especial Judicial [Tribunal Segundo Civil, Sección I]viii Voto de mayoría

“I. Del estudio detenido de los autos, se extrae que el Licenciado José Rodrigo Solano Masís, aduciendo que es apoderado especial judicial de la parte actora, formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de esta ciudad, a las ocho horas diez minutos del cinco de setiembre de dos mil once. Sin embargo, después de analizar el mandato especial judicial otorgado a folio 27, el Tribunal constata que dicho poder no puede surtir efectos legales, dado que infringe lo dispuesto por el numeral 118 del Código Procesal Civil, en tanto que la firma del poderdante no fue autenticada por otro profesional en derecho distinto al que se le otorga el poder, sino por el propio abogado Serrano Masís. Así las cosas, y tal y como ha sido resuelto por este Tribunal en reiteradas ocasiones, la interposición del recurso de apelación efectuada por dicho profesional no puede ser atendida, por lo que procede declarar mal itido el recurso de apelación ( ver en este sentido, Votos número 220, de las nueve horas veinte minutos del nueve de junio de dos mil, 192, de las nueve horas treinta y cinco minutos del treinta de mayo del dos mil, 223 de las nueve horas quince minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete de la Sección Segunda del Tribunal; 250 de las diez horas diez minutos del doce de mayo de dos mil nueve y 353, de las nueve horas del catorce de setiembre de dos mil uno, de la Sección Primera del mismo Tribunal).”

7. Diferencias entre el Poder Especial Judicial y los Poderes General y Generalísimo

[Tribunal Segundo Civil, Sección I]ix Voto de mayoría: “II. LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Alega lo siguiente: a) que la defensa de falta de representación se fundamentó en qué, el poder conferido al representante de la 13

actora, no cumple con las formalidades establecidas en el numeral 226 en relación con el 232 del Código de Comercio; b) que, de la interpretación de esas normas se infiere que, los poderes especiales judiciales, deben incluir una manifestación expresa, en el sentido de que la parte poderdante como su apoderado, se someten a las leyes y tribunales costarricenses; además de ello, también deben contener una renuncia expresa del poderdante a las leyes de su domicilio; c) que el poder otorgado por la actora incumple con esas dos formalidades y, sin embargo, de forma superficial, el aquo no entró a valorar esas omisiones. III. LOS ARTÍCULOS 226 Y 232 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El capítulo XI del Código de Comercio se titula "De la representación de Empresas y Sociedades Extranjeras y del traspaso de su sede a Territorio Nacional". Dentro de este capítulo, el numeral 226 citado establece: "Las empresas individuales o compañías extranjeras a que se refiere el inciso d) del artículo 5° de este Código, que tengan o que quieran abrir sucursales en la República, quedan obligadas a constituir y mantener en el país un apoderado generalísimo para los negocios de la sucursal. En la escritura de poder consignarán: a) El objeto de la sucursal y capital que se le asigne; b) El objeto, capital, el nombre completo de los personeros o es y duración de la empresa principal; c) Manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su caso, quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o contratos que celebren o hayan de ejecutarse en el país y renuncian expresamente a las leyes de su domicilio; y d) Constancia de que el otorgante del poder tiene personería bastante para hacerlo. La personería social y la de los apoderados en los casos que requieran inscripción quedarán completas si se presenta al Registro Mercantil el mandato junto con un certificado expedido por el respectivo Cónsul de Costa Rica, o a falta de éste, por el de una nación amiga, de estar la compañía constituida y autorizada conforme a las leyes de su domicilio principal y una relación, otorgada como adicional, por el propio apoderado, aceptando el poder. La declaración del capital de la compañía o empresa principal, no tiene más objeto que el de hacer conocer aquí su solvencia económica y no implica obligación de pagarespecialmente derechos de Registro por tal concepto. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 4625 de 30 de julio de 1970)". ( Lo subrayado es nuestro). Por otra parte, el numeral 5), inciso d, ibídem, en lo que nos interesa señala: " Son comerciantes [...] d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas, que ejerzan actos de comercio en el país, sólo cuando actúen como distribuidores de los productos fabricados por su compañía en Costa Rica.". El numeral 232 ibídem dispone: "Cualquier empresa o sociedad extranjera puede otorgar poderes para ser representada en el país, si llena los requisitos que expresa el artículo 226, con excepción del indicado en el inciso a); pero si se tratare de poder especial para un solo acto o gestión, bastará cumplir el requisito del inciso c) y la diligencia consular. Los poderes generales judiciales implican sumisión a lasleyes y tribunales 14

costarricenses; en los poderes especiales de esta clase, pueden las compañías exceptuar expresamente esta sumisión para determinados casos o relaciones concretas. Toda sociedad constituida con arreglo a las leyes extranjeras, que opere en el país o tenga en él sucursales o agencias, deberá cumplir con lo establecido en el inciso 13) del artículo 18."(Nuevamente aquí lo destacado es nuestro). La parte recurrente centra toda su argumentación en la interpretación que ella hace de los numerales 226 y 232 supracitados. Alega que el poder especial judicial otorgado por la accionante al Licenciado Roberto Suñol Prego, en el Consulado de Costa Rica en Brasil, infringe los requisitos formales contenidos en esas normas. Específicamente, aduce que ese tipo de poderes deben contener "[...] (i) una manifestación expresa en el sentido de que el poderdante y su apoderado se someten a las leyes y tribunales de Costa Rica; y, además, (ii) una renuncia ---también expresa--- por parte de la primera a las leyes de su domicilio." (ver memorial de folio 586). Es por esto que, según la demandada, la defensa de defectuosa representación debe de ser acogida. El Tribunal discrepa de esos argumentos, debido a las razones que a continuación expondremos. IV.- Primeramente, debemos indicar que el numeral 10 del Código Civil faculta a los órganos jurisdiccionales a interpretar las normas recurriendo a criterios tan variados como lo son el sentido propio de las palabras, el contexto, los antecedentes históricos y legislativos del espacio de tiempo en que se han de aplicar y, a su "espíritu" y "finalidad". Bajo esta perspectiva, el juzgador o la juzgadora, cuentan con una amplia gama metodológica para poder argumentar sus decisiones, eso sí con la necesaria sustanciación a fin de que las partes tengan derecho, en el marco de un debido proceso y de una tutela judicial efectiva, de conocer los fundamentos del por qué se arriba a una decisión en detrimento de otras posibilidades. Una vez explicado lo anterior, el Tribunal elige una interpretación de las normas con base a su contexto para concluir que la tesis de la accionada debe ser denegada. En principio, los numerales 226, 227, 228, 229, 230, 231 y 233 del Código de Comercio buscan regular las formalidades que deben cumplir las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas que pretendan ejercer actos de comercio en Costa Rica (artículo 5, inciso d, ibídem). Es por esto que el numeral 226 del Código de Comercio, obliga a esas sociedades extranjeras a constituir y mantener en el país a una persona como apoderada generalísima para los negocios de la sucursal y a cumplir una serie de requisitos en la constitución de dicho poder, tales como la indicación de: a) el objeto de la sucursal y el capital que se le asigne; b) el objeto, capital, el nombre completo de los personeros o es y duración de la empresa principal; c)una manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su caso, quedan sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o contratos que celebren o hayan de ejecutarse en el país y una renuncia expresa a las leyes de su domicilio, etcétera. Los numerales del 227 al 231 ibídem, siempre bajo el contexto de actos de comercio realizados en Costa Rica por sociedad es extranjeras, regulan lo 15

referente a la posibilidad y los requisitos para que dichas sociedades puedan transferir su sede social al país. Por último, el 233 establece la responsabilidad en que puede incurrir quien efectúe actos de comercio a nombre de una sociedad extranjera sin tener poder para ello. Hasta aquí podemos concluir que la normativa en cuestión gira en torno a las formalidades que deben cumplirse para que una sociedad extranjera realice actos de comercio en el país. V.- Ahora bien, el numeral 232 regula una temática distinta, y es la posibilidad de que una empresa extranjera otorgue un contrato de mandato, no con la finalidad de efectuar actos de comercio en Costa Rica, sino tan solo para gozar de una representación en el país. De la lectura de la norma se extrae que dependiendo del grado de mayor o menor representación del poder, disminuyen los requisitos formales exigidos. Así, en el primer supuesto que sería un mandato generalísimo o general otorgado por una empresa extranjera, se debe cumplir con todos los requisitos del numeral 226, a excepción del inciso a). En el segundo supuesto, sea cuando la empresa extranjera da un poder" especial para un solo acto o gestión", solamente se requiere el cumplimiento de lo establecido en el inciso c) del 226 ibídem y la diligencia consular. O sea, en caso de mandato especial, se exige como requisito sine qua non, una manifestación EXPRESA del representante o de la sucursal en la que indique que se somete a las leyes y tribunales nacionales, con respecto a los actos o contratos que se ejecuten en el país y también una renuncia a las leyes de su domicilio. Ya en el tercer supuesto (mandatos generales o especiales judiciales), no se exigen tales requisitos, pues su solo otorgamiento implica someterse a la legislación y a los tribunales nacionales. En otras palabras, la naturaleza jurídica de este tipo de poder, no requiere que la empresa extranjera manifieste someterse a la legislación nacional, pues solo el hecho de otorgarle un poder a un abogado o a una abogada, para que lo represente en un proceso jurisdiccional establecido en Costa Rica implica esto. La parte recurrente sostiene que, a pesar de esto, el poder otorgado por la actora no cumple con "la renuncia expresa a las leyes de su domicilio". Tal y como lo señalamos, tal renuncia solo es exigida en los poderes especiales para determinados actos y no en los judiciales. Así las cosas, el poder otorgado por la actora, al Licenciado Roberto Suñol Prego, cumple las formalidades exigidas por el ordenamiento.”

8. Abogado Director del Proceso y Mandatario Especial Judicial

[Tribunal Segundo Civil, Sección I]x Voto de mayoría “I. En la resolución de instancia, se declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por el demandado. La parte recurrente se muestra disconforme con el criterio del a-quo, de que la nulidad procedería solo si el Licenciado 16

Jorge Isaac Vargas Hernández, abogado director del petente, quien enfermó y luego murió, hubiese tenido la calidad de apoderado especial judicial. Argumenta que no hay diferencia, conforme al artículo 201 del Código Procesal Civil, entre “mandatario judicial” y “director legal”, “pues el director legal realiza las mismas funciones que el mandatario judicial, a diferencia que el director legal no puede firmar documento en nombre de su cliente, sin embargo la persona deposita su confianza en él, autoriza que él reciba sus notificaciones, y por supuesto asume responsabilidad de sus funciones…” (Lo destacado es nuestro). No comparte el Tribunal los argumentos del recurrente. En tesis de principio, las partes deben actuar en el proceso recurriendo al patrocinio de una persona profesional en derecho (artículo 114 ibídem). Situación distinta es la del mandatario especial judicial pues aquí la representación, en nombre de la parte, se ejerce en virtud de un contrato constituido al efecto. A pesar de lo anterior, el Tribunal considera que aquí lo relevante es que no se produjo un estado de indefensión, pues la parte tenía la obligación, al no existir esa obligación contractual, de mantener comunicación permanente con su abogado. A parte de esto, como lo ite el recurrente en el hecho primero de su incidente (folio 102), conocía desde hace mucho tiempo el quebranto de salud de su abogado y que estuvo internado desde el mes de noviembre de 2008 hasta su fallecimiento el nueve de febrero de 2009. En otro orden de ideas, el supuesto establecido por el inciso 3° del 201, es específico para la persona mandataria especial judicial y no cabe hacer interpretaciones extensivas.”

9. Revocatoria del Poder Especial Judicial por Presentación de un Segundo Poder

[Tribunal Segundo Civil, Sección II]xi Voto de mayoría II. Es cierto que en escrito presentado al Juzgado el veintitrés de junio de dos mil nueve, visible a folio 94, se dijo que en este asunto litigaban dos profesionales, citándose como tales a las licenciadas Palma Porras y Figueroa Flores; pero esa manifestación fue hecha únicamente por la licenciada Palma Porras, y no por la poderdante Ramírez Porras, quien para esa fecha ya le había revocado el poder otorgado a la licenciada Figueroa Flores. Si el Juzgado pese a esa revocatoria del poder le permitió a la última profesional citada seguir actuando en el proceso, esa es una cuestión que no obliga a este Tribunal, y tampoco cabía ni cabe hacer ninguna prevención al respecto, antes de resolver como lo hizo el Tribunal en la resolución ahora impugnada, porque no había ningún presunto defecto de representación que corregir en relación con la actuación de la licenciada Figueroa Flores al momento de apelar del fallo de primera instancia. Simplemente dicha profesional carecía en forma absoluta de poder cuando apeló dicha sentencia en representación de la 17

codemandada Ada Roxana Ramírez Porras, y ese es un hecho del cual ambas tenían pleno conocimiento según ya se explicó en la resolución objeto de impugnación (artículos 1280 y 1282 del Código Civil). No es cierto entonces que el Tribunal con la decisión tomada en el citado voto número 158 de 2010 haya dejado en total estado de indefensión a la recurrente Ramírez Porras, porque de ser verdad que quedó indefensa no ha sido por virtud de alguna actuación u omisión del Tribunal, quien por el contrario se limitó a resolver de acuerdo con el mérito de los autos y a lo que dispone la ley en estos casos. III. […]. El texto legal en que se apoyó este Despacho para tomar la decisión impugnada, que dicho sea de paso no es de carácter procesal sino sustantivo, es muy claro sobre el punto y no ite interpretaciones: cuando el mandato es para determinado negocio o acto, queda revocado por el nuevo poder conferido a otra persona para el mismo negocio o acto (artículo 1280 del Código Civil), que es precisamente lo que sucedió en este caso con respecto al poder que la codemandada Ramírez Porras le otorgó en su oportunidad a la letrada Figueroa Flores. No resulta de aplicación en la especie lo dispuesto en el artículo 1259 ibídem, citado en su apoyo por la recurrente, porque cuando la licenciada Figueroa Flores apeló el fallo en representación de la codemandada Ramírez Porras, no existían en relación con esta última dos mandatarias suyas con poder vigente, sino una sola, la licenciada Palma Porras, que no fue quien apeló el fallo en representación de su cliente. IV. Por último debe decirse que no procedía ni procede hacer ningún pronunciamiento sobre si existe nulidad o no en todo lo actuado a partir de la presentación del segundo poder, otorgado a la licenciada Palma Porras, como se solicita en el memorial que se resuelve, porque el Tribunal carece de competencia funcional para pronunciarse sobre ese extremo, precisamente porque no hay en autos una apelación válidamente itida que le dé competencia para realizar un análisis de esa naturaleza.

10. Error en la Redacción del Poder

[Tribunal Primero Civil]xii Voto de mayoría “I. La resolución apelada por el profesional en derecho “Mario Pacheco Flores” en condición de representante judicial de la sociedad dispuso el rechazo de la excepción de defectuosa representación. Lo debatido se circunscribe a los efectos atribuibles al poder aportado por la sociedad promovente de prueba anticipada que aparece a folio 25 otorgado a favor del licenciado Alexandro Vargas Vásquez. El citado apoderamiento presenta el siguiente contenido: “(...) otorgo PODER ESPECIAL JUDICIAL a favor del LICENCIADO ALEXANDRO VARGAS VÁSQUEZ, casada una vez, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad #1-856-167; a efecto de que represente amplia 18

y profesionalmente a mi patrocinado, en todas las instancias, diligencias, audiencias e incidencias que se presenten dentro del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, Confesional y Reconocimiento de Documentos que se tramitará ante el Juzgado Civil de Mayo Cuantía de San José. El apoderado referido queda ampliamente facultado para presentar y contestar escritos iniciales de denuncias, demanda, querellas, incidentes, recusaciones, nuevas demandas, denuncias civiles, istrativas, penales y en general interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, pedir y absolver posiciones, en todas las instancias judiciales que correspondan, para lo cual les conferimos al apoderado dicho las facultades de los artículos 1256 y siguientes del Código Civil. Estando presente el apoderado manifiesta expresamente que acepta el poder general judicial conferido al efecto, y prometo su fiel cumplimiento.”.Según motivación del juzgador de grado, el rechazo de la articulación obedece a que el poder ostenta como “rotulación” el calificativo de Poder Especial Judicial y que se reitera en el cuerpo del documento. Consigna además el sentenciador de instancia transcripción parcial departe de las atribuciones o facultades como argumentado favorable a favor de su tesis de poder especial judicial y que el hecho de que se haya incluido además otras facultades ajenas no lo desnaturaliza. Por último consigna cita del ordinal 1256 del Código Civil. En la formulación de los agravios el apelante refuta lo dictaminado por el juez al señalar que la calificación o denominación que se le dé a un acto o negocio jurídico no es constitutivo de su naturaleza, sino que es preciso atender a su contenido. Refiere además inconformidad de la decisión acordada al brindarle la condición de “entrecortada”. Culmina su inconformidad planteada ante el juzgador de instancia señalando que si bien es cierto, la aceptación no es un requisito de eficacia de un poder, si el mandatario lo acepta de una forma determinada, no puede variarse ésta sin alterar la voluntad de la parte. II. Agravios descritos deben ser itidos. El Tribunal aprecia un contenido disímil e incierto respecto al poder concedido por la sociedad promovente a favor del licenciado Alexandro Vargas Vásquez. En materia de representación por apoderamiento es necesario que el documento brinde un grado aceptable de certidumbre sobre las facultades o atribuciones objeto del contrato y de esa forma apreciar sin ostensibles “dubitamentos” respecto al tipo o modalidad de poder atribuido, sobre todo en aras de la seguridad jurídica. Se insiste, en que no resulta aconsejable en la labor jurisdiccional acudir a una actividad de enorme deducción sobre alcances de cláusulas en contratos de representación judicial a través de poderes que en ocasiones -inclusosuperan los alcances del objeto debatido en el proceso principal. Dentro de los parámetros normales de la litigación es necesario prever y exigir que la redacción de los poderes cumplan a cabalidad con la identificación clara y diáfana de su contenido y que además ese clausulado coincida con la denominación del poder conferido. Recordemos que en la labor jurisdiccional y de interpretación jurídica la verdadera 19

esencia de un instituto no se vislumbra por la simple “denominación” atribuida por los contratantes o litigantes según la célebre expresión latina: “Sensum, non verba considerare debemos”: Debemos tener encuentra el sentido no las palabras. III. Según lineamientos descritos resulta atinente dictaminar el acogimiento de la defensa de falta de capacidad o defectuosa representación debatida en autos. A diferencia de lo consignado en el auto apelado, no se aprecia suficiente concordancia con la denominación del poder. Primeramente se rotula “PODER ESPECIAL JUDICIAL” y en el cierre se alude a “poder general judicial”. La inconsistencia descrita en principio podría obedecer a un error material “de pluma” sin embargo, esa posibilidad se desvanece al describirse las facultades del poder otorgado, por cuanto alude a aspectos que extralimitan las facultades propias del apoderamiento especial, pues incluso se alude a eventuales procesos istrativos y penales. A fin de contar con un panorama claro y pacífico sobre la verdadera naturaleza del apoderamiento otorgado al licenciado Alexandro Vargas Elizondo, se dispone la acogida de la excepción debatida para conceder un plazo de 15 días a la parte actora a fin de que corrija la falta bajo el apercibimiento de inisibilidad.”

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ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 63 del veintiocho de setiembre de mil ochocientos ochenta y siete. Código Civil. Vigente desde 01/01/1888. Versión de la norma 11 de 11 del 23/07/2012. ii

AMADOR HASBUN. Sergio. (2006). El Mandato y la Representación en Costa Rica. Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de Derecho. San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. P. 98. iii

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 62 de las catorce horas del veintiséis de febrero de dos mil quince. Expediente: 12-000566-0164-CI. iv

TRIBUNAL CONTENCIOSO ISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia 75 de las ocho horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil catorce. Expediente: 04-001192-0163CA. v

TRIBUNAL DE FAMILIA. Sentencia 997 de las quince horas con cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil trece. Expediente: 11-000069-0187-FA. vi

TRIBUNAL CONTENCIOSO ISTRATIVO SECCIÓN SÉTIMA. Sentencia 7 de las once horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil trece. Expediente: 11-007094-1027-CA. vii

TRIBUNAL CONTENCIOSO ISTRATIVO SECCIÓN SÉTIMA. Sentencia 161 de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil doce. Expediente: 05000047-0163-CA. viii

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 384 de las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil once. Expediente: 09-000748-0164-CI. ix

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 295 de las ocho horas con cincuenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diez. Expediente: 09-000202-0183-CI. x

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 287 de las quince horas del veinticuatro de septiembre de dos mil diez. Expediente: 08-000268-0164-CI. xi

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia 158 de las once horas del treinta de julio de dos mil diez. Expediente: 08-000415-0640-CI. xii

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 686 de las siete horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil diez. Expediente: 08-000686-0185-CI.

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