Excepciones Procesales 1h2lr

EXEPCIONES PROCESALES Couture, (1977). Define a la excepción como "el poder jurídico de que se haya investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra é1". (p.89) Para Alsina (1958): La excepción "es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretende derivarse, sea que se límite a impugnar la regularidad del procedimiento”. (p.17) Monroy (1987), considera a la excepción como Un instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción. (p.p. 102-103) De lo expuesto líneas arriba podemos señalar que la excepción es un medio de defensa ejercida por el demandado, con la finalidad de poner de manifiesto la deficiencia o inexistencia de una relación jurídica válida, a fin de paralizar el ejercicio de la acción o a destruir su eficacia. La validez de la relación procesal es controlada a través de tres momentos: al calificar la demanda, al resolver las excepciones y al sanear el proceso. Estos operan como filtros de la relación procesal procurando que el proceso se constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de las dos condiciones de la acción: legitimidad e interés para obrar, para que el juez al momento de expedir sentencia emita un pronunciamiento que resuelva el fondo del conflicto. Como bien lo establece el artículo 121 del C, último párrafo, "mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes (...)". (p.466).

La norma en comentario regula el segundo control que se realiza a través de las excepciones. El emplazado con la demanda busca liberarse de la relación procesal, ya sea porque no existen los presupuestos procesales o no existen las condiciones de la acción. Según Monroy, (1987) Los presupuestos procesales son requisitos mínimos que deben concurrir para la validez del proceso, mientras que las condiciones de la acción son los requisitos mínimos e imprescindibles para que el juzgador pueda emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del litigio. (P.109) A través de las excepciones se Denuncia la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado; y la falta de interés para obrar, en las excepciones siguientes: falta de agotamiento de la vía istrativa, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva y convenio arbitral. Por otro lado, debemos precisar que la actividad saneadora no solo se agota con las excepciones, sino que puede recurrir a la defensa previa. Esta última no cuestiona la pretensión, tampoco la relación procesal. Contiene un pedido para que el proceso se suspenda hasta tanto el demandante no ejecute un acto previo. Busca dilatar el proceso y su eficacia, a veces incluso de manera definitiva. Debe precisarse además que el artículo en comentario constituye un numerus clausus, pues de la redacción incide en que el demandado solo puede proponer las siguientes excepciones que cita textualmente el artículo 446 del C. Artículo 446 del código civil, (1984). - Excepciones proponibles. El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: 1. Incompetencia; 2. falta de capacidad de ejercicio del demandante o de su representante, de acuerdo al artículo 43 del código civil. 3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado;

4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda; 5. Falta de agotamiento de la vía istrativa; 6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado; 7. Litispendencia; 8. Cosa Juzgada; 9. Desistimiento de la pretensión; 10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción; 11. Caducidad; 12. Prescripción extintiva; y, 13. Convenio arbitral. 14. falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida del demandante o de su representante de acuerdo al artículo 44 del código civil. (p. 565)

Se trata de un catálogo cerrado de ellas, motivo por el cual no puede existir excepciones reguladas en las demás normas del resto de ordenamientos jurídicos, sea este material o procesal. En un trabajo realizado por Carbajal (2007): se plantea la disyuntiva si el derecho de retención, cuando se ejercita judicialmente, constituye una excepción procesal o una defensa de fondo. Dicha preocupación nace a partir de un proceso de desalojo, donde la parte demandada dedu.io la excepción de derecho de retención, debido a que consideraba que la demandante le adeudaba una determinada cantidad de dinero, por mejoras, las que venían discutiéndose en otro proceso judicial. (pp. 595-598) Consideraba la demandada que al no estar garantizada el pago de mejoras, se debía autorizar a retener el bien hasta que dicho crédito sea garantizado.

Las excepciones sustanciales están referidas a la validez sustancial de la relación ejercitada, mientras que las procesales, son aquellas que tienen por objeto discutir el modo de ejercicio de la acción, o también cuando tienen por finalidad dilucidar una cuestión previa. En juicio cambio, las excepciones procesales significan no solo la invocación efectiva en de un derecho que se contrapone al der actor, sino en generar cualquier medio de defensa empleado por el demandado. se comprende, por lo tanto, bajo el nombre de excepciones, aun ras razones de orden meramente procesar que el demandado opone para obtener ra desestimación de la demanda y las de siempre defensa en cuanto al fondo. Pero como no existe una diferencia práctica entre la defen- sa y la excepción, no hay inconveniente alguno en emplear la expresión genérica de excepción para indicar, así er uno como er otro medio de defensa contra ra acción, como ro hace la más reciente doctrina, que se conforma de este modo con el lenguaje empleado por nuestras leyes, que bajo la denominación de excepciomucho nes comprende hasta ras defensas de fondo"(1e7)- La concepción de este autor es más particurar, pues para ér ra excepción sustanciár ataca er derecho de acción del demandante, mientras que ra excepción procesar "r;;h" p]i" ;il;_ 3yg la anterior, pues abarca no solo aspectos procesales como ra competen_ cia deljuez, sino incruso a todo tipo de defensas que pueda realizarer demanda- do, incluido las de fondo. 3' La competencia es la distribución de la jurisdicción entre los diversos órga- nos jurisdiccionales. Para distribuir la competencia según Fairén Guillén(rs8), se utilizan tres criterios: er de ra "funcíón" que desempeña=cada tribunar en reración con los demás de su orden; er der "objeto ¡¡ateriar" o jurídico der proceso; y er del "territorio", que dicho tríbunar cubre, en reración con ros territorios de ros demás delmismo orden. para chiovenda(iee) ros rímites de ra competenc¡a se determinan por razón de matería, cuantía, grado, turno y territorio; elro supone que si se inter_ pone una demanda ante un juez que carece de algunos de estos erementos, nos encontramos frente a un proceso iniciado ante unluez incompetente. El estudio de ra competencia comprende er examen de ros criterios que sirven para determinarra, como la materia, cuantía, territorio y grado. En caso de incom_ petencia, el juez de oficio sin necesídad de pedido de-parte puede rechazar la demanda cuando se vurnera ra materia y ra cuantía; dejando er cuestionamiento a la parte en lo relacionado con el territorio, al no someterse a la prórroga de la competencia; la razón radica en que la competencia.del juez es un presupuesto procesal, siendo su presencia y exigibilidad deberes deljuez. En el supuesto'que pasara inadvertida esta contingencia, el demandado se encuentra facultado para denunciar la omisión de este

presupuesto a través de la excepción de incompetencia, que rqcoge el inciso primero de la norma. El demandado que no aduce la excepción de incompetencia no implica que celebre un pacto tácito con su adversario para ser juzgado por un juez incompetente, sino que se limita a no hacér valer, dentro de tiempo, una facultad procesal que la ley le confiere. Ella encierra la idea del principio de preclusión, pero solo debe entenderse este aplicado a la competencia territorial, pues cuando existen elementos para cuestionar la competencia objetiva o funcional. El hecho de que no se hubiere observado, vía excepción, no convalida la intervención de un juez incompetente en el proceso. Conforme señala el artículo 9 del C la competencia solo puede ser establecida por ley, por tanto, puede ser materia de apreciación la incompetencia de un juez, al momento del saneamiento procesal o de emitir sentencia, por incidir ella en la validez de la relación entablada. Cuando se cuestiona la competencia territorial por haber convenido somelerse a la jurisdicción de un juez diverso se debe tener en cuenta que la Constitución Política del Estado (ver el artículo 62) consagra la libertad de contratar, lo que implica que las partes pueden pactar válidamente la competencia territorial; que esos términos no pueden ser codificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, pues el contrato es ley entre las partes, por tanto, si las parles anteladamente han establecido el órgano jurisdiccional competente para resolver el conflicto derivado de la ejecución de un contrato, debe respetarse dicho acuerdo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la competencia -por regla generalno puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa, de tal forma que la vulneración de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta o insubsanable; sin embargo, excepcionalmente -como ya hemos señalado líneas arriba- se ofrece una competencia dispositiva, llamada territorial, confiada a la autonomía de la voluntad privada, que puede ser materia de renuncia o modificación, generando con ello una nulidad relativa sujeta a convalidación. Bajo este último supuesto, el artículo 26 del C, consagra la prorroga tácita de competencia. Esta opera cuando el demandante vulnera la norma de competencia y el opositor o demandado se Somete a esa vulneración sin impugnar. Hay una actitud pasiva de quien pudiendo impugnar el defecto de competencia no lo hace y de esta manera la prorroga. 4. La excepción que regula el inciso 2 de la norma en comentario se encuentra referida a la ausencia de capacidad procesal en el demandante o en Su representante. Esta constituye un presupuesto procesal fundamental y debe ser entendida como la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales y para desarrollarlas por sí mismo. La acti'¡idad que las partes desarroilan en er proceso tiene siempre conse- cuencias rerevantes; por eilo, ra rey exige que eilas tengan ra misma capacídad necesa¡'ia para

desarrollar cualquier actividad jurídica, rámitiéndono. p"i" "l¡o u las reglas generaies sobre la capacidad de las personas (artícuio 6g del c). El requisito de ra capacidad de ras partes es un presupuesto procesar y por consiguiente un requisito de la validez de la demanda; por eso si el juez senala, aun de oficio, la incapacidad de una parte, le corresponderá declarar además la improcedencia de la demanda. La otra alternativa es que ella sea cuestionada vía excepción. El código distingue entre la capacidad jurídica y la capacidad para obrar. La capacidad jurídica, regulada en elartículo 57 del C, es la idoneidad para sersu¡eio de derecho: a eila conesponde rógicamente ra idoneidad para ser parte en un proceso (capacidad para ser parte) la cual conesponde a todas las'personas físicas y juiro¡casv además a algunas corectívidades organizadas y patrimbnios autónomos. La capacidad para obrar consiste en er ribre ejercicio de los propios derechos y por consiguiente en la capacidad de realizar actos jurídicos. A ella corresponde lá capacidad procesar, o sea, ra capacidad de estar en juicio por sí y de cumprir válidamente los actos procesales; y corresponde a las personas que tienen el libre ejercicio de los derechos y, por eso, a todas las personas físicas que han alcanza_ do la mayoría de edad, además de los menores de edad. Para Liebman, "la capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural de la persona; a ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar váliciamente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se llama legitimatio ad processumy no debe confundirse con ta tegnimátio ad causam, que es la legitimacíón para accionar. La distinción entre capac-idad procesal y legitima- ción formalse hace relevante en los actos en los que la parte "ár""" de capacidad procesal: elejercicio de sus derechos procesales viene entonces confer!co por ley a terceros, los cuales, en viftud precisamente de tal investidura, adquíeren ia tegi_ timación formal y están en el proceso, cumpliendo todos los actos procesales en nombre y por cuenta de la parte que ellos representan". La capacidad para ser parte es definida por palacio(2@) como, ,,la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y de deberes procesales". La delimitación de esta clase de capacidad la podemos encontrar en las leyes sustanciales. El código civil, establece que ,,toda persona tiene el goce de los derechos civiles, sarvo ras excepciones expresamente estabrecidas por rey',(ver el artículo 3 del Código Civil), capacidad de goce que también es extensiva al concebido, a las personas jurídicas, a los organisrnos autónomos del Estado y a los patrimonios autónomos. Como ya referimos, la capacidad jurídica es la posibilidad que tiene la persona de gozar de las situaciones jurídicas previstas por el ordenamiento jurídico; sin embargo, no todas las personas que tienen capacidad para ser parte se hallan dotadas de aptitud

idónea para realizar por sí mismas actos procesales válidos. Esta aptitud, que constituye uno de los requisitos de isibilidad de la pretensión, se denomina capacidad procesal. Este tipo de capacidad supone la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de parte. Esto implica que la capacidad jurídica, esto es, la capacidad de ser parte en el proceso, no determina que pueda obrar en el proceso de manera directa e independiente. lngresamos a lo que se denomina capacidad procesal, que es la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de pafte. Lo señalado líneas arriba nos lleva a decir que se puede tener capacidad para ser pafte en un proceso, pero no tener capacidad procesal; la persona tendrá la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas pero no tendrá la aptitud de ejercerlas, por sí misma, sino a través de representantes legales, como sería el caso de los menores de edad, por citar. Por otro lado, es importante precisar que la capacidad procesal no solo debe gozar el demandante sino el representante de este. En ese sentido véase lo regulado en el inciso 2 del artículo 561 del C que permite ejercer la representación en caso de alimentos "al padre o madre del menor alimentista aunque ellos mismos sean menores de edad". 5. La aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales y para desarrollarlas por sí mismo no siempre es coincidente en una misma persona. Puede ocurrir que por razones voluntarias, legales o judiciales las partes no realicen directamente actos jurídicos procesales, pudiendo delegar dicha actividad en un tercero, desde ltego con capacidad de ejercicio, con la finalidad de que actúe procesalmente en nombre y lugar de la parte. Cuando nos encontrarnos ante esa situación podemos calificarla de representación procesal. La representación procesal, atendiendo a la fuente que emana la autorización para actuar por otro, puede ser legal, voluntaria y judicial. La representación legal esta, ligada a la incapacidad procesal de obrar. Es el ordenamiento jurídico el que establece quiénes, que no tienen aptitud para poder desarrollar las situaciones jurídicas de la que son titulares, deban ser representados, por citar, los padres son representantes legales de los hijos menores de edad. En la representación voiuntaria serán las propias partes las que decidan qué persona es la que va actuar por él y bajo determinadas facultades. Estas facultades van a estar contenidas en el poder para litigar y se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante eljuez del proceso y no requiere estaiinscrito en los Registros Públicos (ver el artículo 72 del C). En el caso de la representación judicial, es eljuez el que nombra al representante de una parte en el proceso, como es el caso del curador procesal. una figura especial en este tipo Ce representación es la procuración oficiosa, regulada en el artículo

B1 del C. Aquí opera una autorización legal genérica que permite a una persona, comparecer en nombre de otra, de quien no se tiene representac¡ón exprega. Los representantes necesarios o voluntarios tienen la carga de acreditar ab initio la personería que invocan. La persona que se presenta al proceso por un derecho que sea propio aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. En el caso de los representantes de las sociedades o asociaciones deben justificar tal carácter mediante presentación del testimonio de constitución o del acta de la asamblea o reunión de socios que los hayan designado. Los es de una sucesión, albacea, síndicos, etc., deben presentar el testimonio de su designación por los interesados o por el órgano judicial correspondiente, así como la aceptación del cargo. Puede suceder que por inadvertencia del juzgado se constituya como representante a quien ha omitido el cuntplimiento de la referida carga. En tal hipótesis es isible la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o demandado; sin embargo, puede darse el caso de que no se justifique la personería, eljuez debe exigir de oficio el cumplimiento de ese requisito y fijar un plazo para ello bajo apercibimiento de concluir el proceso, esto en aplicación del inciso 3 del artículo 465 del C. 6. La excepción que recoge el inciso 4 de la norma en comentario, constituyael medío acordado para denunciar la omisión o la formulación imprecisa o.ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles al interponer la demanda. Para Alsinatz'l) la referida excepción procede cuando la exposición de los hechos no es suficientemente clara, de tal forma que si la demanda adoleciera de oscuridad o insuficiencra, tal que no permita con precisión y seguridad las personas involucradas en el reclamo o el objeto que se pretende o los hechos que valen de título o causa de pedir, no existiría el presupuesto de un proceso válido. Esta excepción es conocida en otros ámbitos como "excepción de defecto legal". Según Caravantes(2oz) rno se refiere al fondo o justicia de la demanda, sino que solo tiene lugar cuando la forma de la demanda, esto es, el modo de formular la pretensión, adolece de vicio o no se ajusta a los requisitos y solemnidades que prescribe la ley para que pueda ser itida por el juez. Tal sucederá cuando no se fije con precisión lo que se pidá o no conste la persona contra quien se proponga o la que la entable o no se exponga suscintamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho (...)". Para Palacio(203), lo importante es que las falencias que pueda adolecer la demanda deben ser suficientes como para afectar el derecho de defensa del demandado, privando a este de la posibilidad de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándola la eventual producción de la prueba Procede esta excepción

cuando no aparecen debidamente individualizados los nombres del actor o del demandado, impidiendo fijar inicialmente en forma inequívoca a los sujetos del proceso, por citar, no individualiza el nombre del propietario delautomóvilcausante deldaño;también procede cuando no denuncia su domicilio real, salvo que la ubicación de este resulte de los documentos acompañados. También procede cuando el actor se abstiene de precisar con exactitud la cosa demandada y no media obstáculo para ello, o reclama el paEo de cantidades globales sin discriminación, por ejemplo, si en la demanda de expropiación no se determina con exactitud la ubicación, linderos y medidas perimétricas del terreno; si el actor no específica la suma que reclama por el incumplimiento contractual que imputa al demandado, no bastando para suplir esa omisión la eventual determinación del valor de los bienes que aquel pretende diferir al momento de ejecutar la sentencia; si se demanda el pago de honorarios profesionales sin precisar en qué época y dónde se prestaron. Existen ciertos requisitos formales cuyo incumplimiento por partadel actor no podría permitir amparar la excepción citada; véase el caso de no acompañar la traducción de los documentos prestados en idioma extranjero (artículo 241 del C); no sería procedente esta excepción si la actora omitió acompañar las copias para el traslado de la demanda o estas no se entregaron en el acto de la notificación; tampoco la omisión de prueba documental al esc¡'ito de la demanda autoriza a interponer esia excepción, por cuanto el adículo 426 del c regula un efecto especifico, cual es la inisibilidad de la demanda; en todo caso, la presentación posterior permíte al demandado oponerse por enemporánea, conforme señala el artículo 189 del C. serÍa procedente en el caso de que se demande la devolución del precio pagado por la compra del departamento alfa o la entrega de este (pretensiones alternativas); sin embargo, en el desarrollo de los hechos de la demanda se hace referencia no solo a las pretensiones materia del petitorio sino que además se solicita la entrega de otro bien de igual valor y condiciones que alfa. Aqui definitivamente hay un punto no preciso en la demanda, ¿la entrega de otro bien, en iguales condiciones que alfa, constituye otra pretensión alternativa a las ya expresadas? Es necesario que el actor precise si ha postulado dos o tres pretensiones de manera alternativa, para que en atención a ellas, la parte demandada pueda ejercer el contradictorio; en caso contrario, si eljuez no lo advierte o la parte no lo cuestiona vía excepción, podríamos terminar con una sentencia incongruente por extra petita, por condenar el juez a la elección de tres prestaciones al ejecutado, una de ellas no demandada. Lo importante de esta excepción es que la imprecisión en el planteamiento de la demanda dificulta en mayor medida la posibilidad de una defensa adecuada; sin

embargo, ello no justifica que se ampare esta excepción ante la omisión o la errónea invocación de las normas legales en que se funda la demanda, ya que por aplicación del iura novit curia, el juez está facultado para suplir ese tipo de deficiencias. En relacíón a esta excepción, coincidimos con la opinión de Morales(2o4) cuando señala que eldemandado se coloca en un verdadero estado de indefensión al tener que contestar la demanda antes que el juez resuelva esta excepción, contestacióh que, oemo lo argumenta el propio demandado, tiene que realizar sobre una demanda oscura o ambigua, violentando el debido proceso, pues se obliga al demandado a formular su defensa sin tener exacto conocimiento de los alcances de la demanda. En estas circunstancias, en caso de que se ampare la excepción la norma debería haber propuesto que se conceda un plazo extraordinario al demandado para que absuelva la demanda corregida de sus vicios originales. 7. La excepción contenida en el inciso 5 exige la habilitación previa de la instancia judicial, sin embargo, esta exigencia actualmente es fue¡lemente criticada por diversas razones: a) aparece concebiCa contra el sentido común de las personas, al exigir que se tenga que demostrar previamente que la istración no le quiere dar la razón. Es incongruente esta exigencia, porque nadie asumirÍa ir a un proceso judicial, con los costos y la demora que implica, renunciado a un procedimiento más barato y de menos tiempo que sería el istrativo, si es que no tuviera la convicción de que no le darán la razón. b) se exige un dispendio istrativo inútil y sobre todo porque se deniega el a la justicia. y se afecta la búsqueda de una solución pronta y eficaz. Giovanni Priori(zos), Ss ubica en esta tendencia al señalar "un régimen mucho más acorde con el respeto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva sería aquel conforme al cual se le dé al ciudadano la facultad de acudir al ente istrativo o al Poder Judicial sin imponerle la obligación de agotar la vía istrativa, régimen al cual tendremos que llegar en un corto plazo". Los que justifican el agotamiento de la vía istrativa consideran un privilegio fozado que la istración impone a los particulares para que tengan que someter ante ella, previo a la jurisdicción; sin embargo, señala Gordillo(206) que en la judicatura se viene superando este problema "al dar traslado de la demanda, si la istración opone la falta de reclamo istrativo previo pero también contesta oponiéndose al progreso de la acción en cuanto al fondo, entonces está demostrado con la doctrina de los propios actos, que el reclamo previo es en ese caso particular efectivamente un ritualismo inútil ya que si está contestando en forma adversa la demanda, obvio es concluir que lo mismo hará con un reclamo istrativo del mismo teno/'. Carrión Lugo(zon, al referirse a esta excepción, considera que es un tema de discusión porque "se podría llegar a la conclusión, que en el fondo, esta

es una modalidad de la excepción de incompetencia, pues válidamente podemos sostener que un juez no sería competente para conocer de una demanda sobre impugnación de una resolución istrativa si previamente el actor no ha agotado los recursos impugnatorios previstos en la vía istrativa". En estos últimos tiempos, se ha instaurado la actividad conciliatoria como un paso previo al proceso judicial. Dicha actividad es personalísima pues no se ite representación, salvo la legal. A pesar de ello, la Casación Ne 632-2002-Lima, de fecha 10 de junio de2OO2, hace referencia al caso de haberse intentado la actividad conciliatoria mediante representante, situación que no observó la parte demandada en su momento en ei proceso para plantear la excepción de faita de agotam¡ento de la vía isirativa, pues ei trámite de la conciiiación no se había agotado válidamente. No compartimos el criterio expuesta en la citada casación, pues el acto previo al ingreso a la junsdicción no constituye un acto ínistrativo. Si bien las reclamaciones previas en vía istrativa han sido equiparadas a los actos de conciliación, precisamente por tener como nota común, ser ambas actuaciones previas a la iniciación de la vía judicial; sin embargo, entre ellas existen notorias diferencias. En los actos de conciliación los destinatarios son órganos judiciales; en la reclamación previa, son órganos i5trativos. La conciliacjón tiende a obtener un acuerdo entre las partes en conflicto, en la reclamación previa es la istración la que acepta o rechaza unilateralmente la petición. En la conciliación se sigue un procedimiento oral contradictorío, en la reclamación previa el procedimiento es escrito y la decísión se adopta unilateralmente por laistración. 8. Para Montero Aroca la actividad procesal se puede iniciar por persona d¡st¡nta al titular de la relación jurídico-material o frente a persona distínta, bien porque existe error o se falta a la verdad por quien interpone la pretensión, bien porque el ordenamiento jurídico permite pretender la actuación del derecho objetivo a quien no es titular de la relación jurídicomaterial. La acción se ejerce al margen de la legitimación que pueda invocarse en el proceso. La legitimación es definida como la relación sustancial que se denuncia que existe entre las partes del proceso y que es el objeto de la decisión reclamada. Bajo esa óptica se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido. Devis Echandíae08) ilustra la definición con elsiguiente ejemplo: "quien reclama una herencia o un inmueble para sí, tiene legitimación en la causa por el solo hecho de pretender ser heredero o dueño; pero puede que no sea realmente heredero o dueño y por ello la sentencia será de fondo, pero adversa a su demanda". En los procesos contenciosos, refiere el cítado autor, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por

sentencia de fondo o de mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancialpretendida en la demanda y respecto del demandado en ser la persona que conforme a ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante. En ese sentido, considera acertado el pronunciamiento judicial de falta de legitímación pasiva, cuando se demanda en petición de herencia a quien no ocupa los bienes como heredero, sino por haberlos adquirido de un aparente heredero o de otro heredero. La legiiimación puede ser ordinaria y e;
Según Gozaini, ambas se diferencian porque: a) la legitimatio ad causam constituye un elemento del Derecho sustantivo para que se ampare la pretensión jurídica demandada; en tanto que la legitimatio ad prosessurn es un presupuesto necesario para que la relación procesal nazca válida; b) en la legitimatio ad causam, el actor será parte en sentido formal, pero no lo será en sentido sustancial, por lo que será válido el proceso pero sin ninguna eficacia en cuanto al Derecho Civil accionado, ya que la demanda será declarada infundada; c) la ausencia de legitimación procesal genera la nulidad de lo actuado, razón por la que no debe el juez itir a trámite la acción; d) si el actor no tiene la legitimatio ad causam,la acción queda extinguida, no pudiéndola renovar posteriormente, Salvo que se indique un título distinto; en cambio, si el actor no tiene la legitimatio ad prosessum, la acción puede volverse a invocar por el sujeto que tenga dicha legitimación. En el caso del demandado, ambas legitimaciones funcionan con iguales alcances, ya que si aquel no es el obligado a responder de la pretensión demandada carece dela legitimatio ad causam, declarándose por tanto la acción infundada; en cambio, si el titular a responder es titular de la obligación, en consecuencia, la demanda será amparada. En cuanto ala legitimatio ad prcsessum, si el cjemandado no tiene esa capacidad, por ser menor de edad o incapaz, o al airibuírsele una representación indebida, lo actuado devendrá en nulo al igual que cuando el actor carece de dicha legitimación. Frente a las legitimaciones citadas, consideramos acertada la posición de Devis Echandía de eliminar la legitimatio ad prosessum para hablar solo de la capacidad general y especial para ciertos actos procesales y no correr el riesgo de confundir indebidamente las dos nociones. De todo lo expuesto líneas arriba coincidimos con Gozaini(210) que la excepción de falta de legitimidad para obrar puede prosperar en las siguientes circunstancias: el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión con prescindencia de la fundabilidad de esta; y mediando la hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido interpuesta por o frente a todos los legitimados. En ese sentido, también se orienta la opinión de Palacio(2'1) precisando además que no procede oponer esta excepción cuando concurre la sustitución procesal que regula el artículo 60 del C. 9. El inciso 7 regula la excepción

de litispendencia. Se califica a esta excepción cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos. Esta identidad que existe entre los elementos de la pretensión lleva a diferenciar la litispendencia de la acumulación de procesos. Así, mientras la primera supone la existencia de la triple identidad entre las pretensiones, la acumulación puede decretarse por la mera conexión entre la causa o el ob¡eto de aquellas. Por otro lado, la litispendencia tiene por efecto la elimina.ción del segundo proceso, que busca archivarlo; en cambío, la acumulación, cua¡do los procesos conexos se tramitan ante órganos judiciales distintos, solo produce un desplazamiento de la competencia por vía de adquisición. La excepción es un medio estratégico que tiende a ganar el proceso, mientras la acumulación es una simple táctica, cuya finalidad es situarse mejor en el proceso, pero no ganarlo de inmediato. Si la excepción de litispendencia es amparada se concluye el proceso, por el contrario, la acumulación no tiende a ganar directamente al segundo proceso (a hacerlo desaparecer) sino a unirlo al primero. Larazón de esta excepción se sustenta en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, con la consiguiente posibilidad que sobre ella recaigan sentencias contradictorias. Esta excepción no puede dejar de vincularse con la litispendencia. Ambas figuras tienen como presupuesto la existencia de dos procesos absolutamente idénticos, por ello es isible la excepción de litispendencía porque constituye una especie de anticipación de la cosa juzgada; ambas excepciones producen, en caso de ser itidas, la eliminación del proceso en el cual se formulan, cuyo objeto de litis queda sin pronunciamiento; además, en ambas subyace un interés jurídico-público que en doctrina se considera que puedan ser apreciadas de oficio y no solo por control de partes. La trascendencia de esta intervención es justificada por Couture(2ls) en atención a que ambas excepciones "procuran impedir que se siga adelante un juicio que, en definitiva, provocará resultados gravosos: si las dos sentencias (la deljuicio anterior y la del nuevo juicio) son iguales, la segunda es innecesaria; sison distintas, aparejarán la colisión de dos decisiones pasadas en cosa juzgada". La excepción de cosa juzgada consiste en alegar, en un pleito determinado, la existencia de otro proceso sobre el mismo objeto terminado por sentencia firme, mientras que la excepción de litispendencia implica que ese proceso, que en este caso deberá haberse iniciado con anterioridad, se encuentra todavía en curso. Dicho de otro modo, la excepción de litispendencia requiere la simultánea pendencia de los dos procesos afectados, en tanto que la de cosa juzgada solo puede utilizarse cuando uno de ellos ya ha finalizado. Para

Málaga{etor, "La litispendencia y la cosa juzgada tienden por igual a la protección de la eficacia de la sentencia y ambas lo hacen desplegando sus efectos de un modo similar, de suerte que la litispendencia constituye una especie de anticipación de la cosa juzgada o, si se prefiere, una suede de retroacción de los efectos de esta al momento de la presentación de la demanda". Entre ambas excepciones no median diferencias profundas, pues ambas procuran impedir que siga adelante un proceso que, en definitiva, provocará resultados gravosos: si las dos sentencias (la del juicio anterior y la del nuevo juicio) son iguales, la segunda es innecesaria; si son distintas apareja la colisión de dos decisiones pasadas en cosa juzgada, señala lulálaga{217); sin embargo, como ya hemos señalado líneas arriba, la distinción entre ambas se va a expresar, en que la excepción de cosa juzgada consíste en aleEar, en un proceso determinado, la existencia de otro proceso sobre el mismo objeto terminado por sentencia firme, mientras que la excepción de litispendencia implica que ese juicio, que en este caso deberá haberse iniciado con anterioridad, se encuentra todavía en curso. Por otro lado, en caso de que se quiera hacer valer una sentencia extranjera para sustentar la excepción de cosa juzgada, en un proceso civil en giro en el Perú, no requiere el exequátur. Es suficiente que se presente la copia legalizada de la sentencia extranjera, pues conforme establece el artículo 210g del cc las sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el perú el valor probatorio que se reconoce a los instrumentos públicos no requiriendo el exequátur. La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse valer dentro de un proceso, si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2103 y 2104 del'cc; en tal sentido, será eljuez de la contienda en giro, quien verificará si la sentencia se ajusta a dichas exigencias, contribuyendo con la unidad y celeridad procesal 11. El desistimiento siempre se produce en el ámbito del proceso y se expresa bajo dos supuestos: desistirse del proceso y desistirse de la pretensión, este último también es conocido como desistimiento del derecho y es acogido por el inciso 9 de la norma en comentario como excepción. El desistimiento de la pretens¡ón se califica como la abdicación, renuncia o dejación del derecho material producida en el ámbito del proceso. Su naturaleza es un acto jurídico dispositivo tendiente a extinguir derechos. En el proceso se inclina como un acto unilateral de abdicación al derecho en el proceso. El desistimíento de la pretensión, si es procedente, dará por terminado el liti- gio. En lo sucesivo las mismas partes no podrán promover otro proceso por el mismo objeto y causa. En caso de intentar un nuevo litigio con las identidades descritas, el demandado podría oponer la excepción del desistimiento de la pretensión con la prueba documental de la existencia del proceso donde exista la resolución que ite

dicho desístimiento, pero siempre y cuando hubiese operado dicho desistimiento en un proceso contencioso. El desistimiento necesaríamente está sujeto al controljurisdiccional para apreciar si se trata de un objeto disponible para luego, en caso de ser positivo, proceder a la hc;mologación para validar su exístencia y sus efectos. Como señala el artículo i44 del C "la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda infundada con ra autoridad de cosa juzgada;. El desistimiento de la pretensión debe ser apreciado bajo dos supuestos a actuar: que la demanda haya sido notificada y que tal acto no haya tenido lugár. En el primer caso, es obvio que habrá de notificarse la resolución que se dicte. Producido el desistimiento del derecho, eljuez dictará una resolución homologatoria en tanto lo ita. Dictada esa resolución, ella deberá notificarse. Las dudas aparecen cuando la demanda no ha sido notificada y el actor se desiste. Elcódigo Procesalcivil no regula nada al respecto, pero consideramos que producido el desistimiento del derecho antes de notificarse la demanda, el iuez podrá tenerlo por válido si corresponde a la naturaleza del derecho y la resolución que recaiga será comunicada a la contraparte a efectos de que tóme ccnoc¡miento de su liberación y puede a futuro oponer a iravés de la excepción del desistimiento de la pretensión. . En este mismo sentido también se orienta Fornaciari cuando señala que debe notificarse al accionado aun cuando no esté integrado a la litis. Las razones son prácticas. Cuando se renuncia al derecho material este no puede volver a ejercerse en otro proceso, generándose la defensa del desistimiento del derecho. EI demandado a quien no se le dio traslado de la demanda nada sabe de la existencia de esta. Si antes de la notificación el actor desiste de su pretensión, la pregunta elemental que surge es el cómo podrá enterarse de tal desistimiento. Omitir la notificación de la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión podría permitir a futuro la generación de un nuevo proceso sustentado en un derecho que no existe. 12.Laexcepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción está regulada en el inciso 10 de la norma. La transacción y la conciliación en el proceso judicial tiene como objetivo aportar a la litis un medio de definición del conflicto con elfin de que eljuez decrete la terminación del proceso. Si partimos del supuesto que tanto la transacción como la conciliación tienen efecto extintivo sobre la cuestión controveñida impidiendo que las partes puedan volver sobre ella, la redacción que contiene este inciso podría llevar a entender que solo operaría para poner fin al proceso, situación que no necesariamente involucra poner fin al conflicto. Son dos categorías totalmente diferentes, cuyas consecuencias señalan lo siguiente: la transacción o la conciliación ponen fin al conflicto y, consecuentemente, al proceso en el que se discute;

pero puede darse el caso que se ponga fin al proceso mas no al conflicto, situación que puede permitir reanudar su discusión posteriormente, en otro momento y en otro proceso. Tanto la transacción como la conciliación judicial consideran que el conflicto ha sido dilucidado por composición de partes y la ley le ha otorgado a ese acuerdo la calidad de cosa juzgada siempre y cuando sea aprobado dicho acuerdo por el órgano jurisdiccional (véanse los artículos 32By 337 del C). Recién allí se puede oponei para futuros procesos en el que exista triple identidad, la excepción citada. En ese mismo sentido Carr¡ón(218) señala "(...) cuando un proceso civil hubiera concluido mediante conciliación y no obstante ello se inicia un nuevo proceso idéntico a aquel, el demandado, en el segundo proceso, puede deducir la excepción de conclusión del proceso por conciliación o simplemente la excepción de conciliación. En este caso es esencialdeterminar la identidad de los procesos -{ue es distinto de las pretensiones- tomando como referente lo dispuesto en el artículo 452 delC que dice: hay identidad Ce procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos". Por otro lado, debemos precisar que los efectos de la conciliación extraprcceso es totalmente diferente a la conciliación procesal, porque a esta última le es extensiva la cosa juzgada (véase el artículo 328 del C). Como señala el dictamen de la Comisión de Justicia al debatir el proyecto de ley de conciliacíón, "el título de ejecución, puede ser cualquier documento que la ley le confiera dicha calidad y no tiene que ser necesariamente cosa juzgada". El único ente que se encuentra facultado para istrar justicia con efecto de cosa juzgada es el PoderJudicial, conforme lo señala el artículo 139 de la Constitución del Estado. En esa misma línea Gozain¡{zts) sgfr¿13 que "la cosa juzgada es el atributo que consigue un avenimiento homologado, y tiene ejecutoriedad si fuese desconocido en sus términos o incumplido por alguna de las partes". Ello justifica que frente a una actividad dolosa estos acuerdos homologados puedan ser revisados a través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta que recoge el artículo 1 78 del C. Desde otra óptica, que no comparto, Hinostroza(zo) considera que nada obsta para que esta excepción pueda operar tratándose de conciliación extrajudicial, la cual, pese a no concluir en un proceso judicial, impide que se promueva eljuicio si el objeto de este y el asunto conciliado coinciden. "(...) por cumplir tanto la conciliación judicial como la extrajudicial la misma función (poner fin al conflicto de intereses por acuerdo de partes) esta última, es susceptible de ser considerada como presupuesto de la excepción que analizamos". El referido autor supedita la excepción fundada en la conciliación extrajudicial siempre que sea facultativa y lo explica así: "(...) siendo el acta de conciliación extrajudicial anexo exigible a la demanda en los procesos

cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo (que adquiere carácter obligatorio) resulta muy sencillo para el órgano jurisdiccional determinar durante la calificación de la demanda si hubo o no conciliación preprocesal. En el primer caso, rechazarála demanda por ser notoriamente improcedente; en el segundo, falta el presupuesto de la excepción. Es por ello que no puede concebirse la excepción basada en la conciliación extrajudicial que no sea de carácter facultativo (en cuyo caso se está ante un asunto que puede ser ventilado judicialmente sin exigirse la copia certificada del acta respectiva) salvo las hipótesis del error judicial al verificar el acta de conciliación o del planteamiento malicioso de la excepción". NATURALEZA ¿Qué es una excepción y cuáles son los requisitos para ejercerla? La excepción es “la oposición que el demandado formula frente a la demanda, bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, o bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la sentencia que pone término a la relación procesal, lo absuelva, ya sea total o parcialmente” (Bañuelos, 1974: 139). Es importante hacer notar los siguientes aspectos, con base en los conceptos ya expuestos, para entender la naturaleza jurídica de la excepción: • Es una oposición frente a la demanda y a la acción del actor. • Puede ser un obstáculo provisional o definitivo a la acción. • Está destinada a contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer. • Se opone para rebatir total o parcialmente la acción. Elementos y condiciones ¿Qué elementos debe contener una excepción? Las partes integrantes de una excepción son las siguientes: a) Los sujetos de la excepción b) El objeto de la excepción c) La causa de la excepción Son los requisitos con los que debe cumplir el sujeto activo, es decir, el demandado, para poder oponer la excepción que pretenda hacer valer ante el órgano jurisdiccional. De lo anterior se desprende que los requisitos de la excepción, son; Interés jurídico, la oposición a la acción y/o pretensión. Evolución histórica. Tipos ¿Qué tipo de excepciones podrías ejercer ante un órgano jurisdiccional? Las excepciones tienen su origen en el Derecho procesal romano, en el denomina- Evolución histórica de proceso formulario. Las partes exponían sus pretensiones ante el praetor originariamente y después fue ante el magistrado, éste proceso tenía dos instancias: una in iure y otra in iudicio. Desde el punto de vista de que la excepción basada

en una disposición procesal o en disposición de fondo; Excepciones adjetivas, excepciones sustantivas. Desde el punto de vista de que la excepción pueda suspender el procedimiento en un juicio o no lo paralice; a) Excepciones de previo y especial pronunciamiento. b) Excepciones comunes o normales. III. Desde el punto de vista de su denominación; Excepciones nominadas, excepciones innominadas. IV. Desde el punto de vista de que las excepciones se dirijan a detener la marcha de un proceso o a atacar las pretensiones de la parte actora o contrademandante para que haya una sentencia favorable; Excepciones dilatorias, excepciones perentorias. V. Desde el punto de vista del momento procesal en que deban hacerse valer: Excepciones que tendrán que interponerse en un término más breve que el TEORIA GENERAL DEL PROCESO 5 concedido para contestar la demanda, excepciones que se harán valer simultáneamente con el escrito de contestación, excepciones que se harán valer con posterioridad a la contestación por tener carácter de supervinientes. VI. Desde el punto de vista de que las excepciones estén respaldadas o no por la lógica por las constancias de autos y por las normas jurídicas aplicables a ellas; Excepciones fundadas, excepciones infundadas. VII. Desde el punto de vista de que las excepciones se promuevan adecuadamente conforme a las normas que rigen el proceso, o infrinjan las normas procesales que rigen su procedencia; Excepciones procedentes, excepciones improcedentes. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS EXCEPCIONES.2.A. Escuela clásica o tradicional :Considera a la acción como una mera expresióndel derecho subjetivo, distingue entre acciones yexcepciones, pero referidas aquellas al derechosustancial y éstas al procedimiento. Es en esesentido que deben interpretarse los aforismos«el juez de la acción es el juez de la excepción»,«tanto dura la acción, tanto dura laexcepción» (5) . 2.B. Teoría del derecho concreto deacción : Considera a la acción como un derechoconcreto a la tutela jurídica, sea contra el Estado(Wach), sea contra el demandado frente alEstado (Chiovenda), la excepción es uncontraderecho. La acción es un derecho quecompete al que tiene la razón, si la demandaresulta infundada es porque el demandado notiene acción: en la fórmula «desestimación de lademanda» está implícita la negación de laacción. Las condiciones de

la sentenciadesestimatoria pueden, por ello, resumirse en lainexistencia de la acción. La excepción es underecho de impugnación dirigido a la anulación dela acción (6) . 2.C. Teoría del derecho abstracto deobrar : autores como Carnelutti, consideran laacción como un derecho abstracto de obrar, esdecir el derecho de actuar en juicio aunque no setenga un derecho subjetivo válido, llegan a unasolución diversa: la

excepción no puedeconsiderarse ni como un contraderecho, ni comocontraprestación; tienen tan poco de derechomaterial o procesal como de pretensión, y a suvez tiene tan poco de contraprestación como depretensión la discusión de la pretensión. Laexcepción no es más que una razón de discusión,es afirmación de libertad, no de derechosubjetivo, porque quien la propone tiende aexcluir el derecho subjetivo de otro, no a afirmarun derecho subjetivo propio: el que excepcionano pretende nada del que acciona, sino queafirma que no está sujeto al poder jurídico deaquel. La diferencia entre la excepción simple yexcepción sustancial no está en que la segunda yno la primera deba concebirse como uncontraderecho respecto del adversario, sino enque la segunda y no la primera constituye unacondición al poder del juez de tenerla en cuentaen la sentencia. Por consiguiente, así como paraproponer una acción no es necesario tenerderecho, tampoco lo es para oponer unaexcepción; la sentencia dirá si la demanda o laexcepción son fundadas, pero en cualquier casono dependen de la existencia del derecho (7) . 3.EL DERECHO DE DEFENSA EN ELDERECHO PROCESAL CIVIL Y UBICA-CIÓN DE LAS EXCEPCIONES. Nuestro sistema procesal conceptúa a laexcepción como un instituto procesal a través delcual el demandado ejerce su derecho de defensadenunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defectoen algún presupuesto procesal, o el

impedimen-to de pronunciarse sobre el fondo de lacontroversia por omisión o defecto en unacondición de la acción La excepción carece de voluntariedaddebido a que su existencia esta supeditada a quepreviamente alguien en ejercicio de su derechode acción haya interpuesto una demandaconteniendo una o más pretensiones en sucontra.Es importante, además, diferenciarla de laexcepción sustancial. Para ROSENBERG (9) , ladistinción entre la excepción procesal y lasustancial radica en que la primera es siempre unhecho, mientras que la segunda es siempre underecho.La excepción como instituto procesal seopone a la demanda, en cuanto pretende unaacción que no existe, una acción susceptible deser extinguida o una acción que es infundada envirtud de un derecho que no debe seramparado

Arellano, A. (2000). Teoría General del Proceso. México: Porrúa. Bravo, A. (1978). Compendio de Derecho Romano. México: Pax. Compilación Civil para el Distrito Federal (2011).México: Raúl Juárez Carro Editorial. Dorantes, L. (2005). Teoría del Proceso. México: Porrúa. Ovalle, J. (2011). Teoría General del Proceso. México: Oxford.