Resumen De Derecho Civil 1 Parte General 3e373n

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL) BOLILLA I: A- Derecho civil: -Concepto: Concepto negativo: Es el conjunto de normas que, por ausencia de soluciones específicas dentro de las otras ramas del derecho normativo, vienen a suplirlas. Concepto positivo: El derecho civil es el que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o profesiones particulares, que regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando este último actúa en su carácter de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas. -Ubicación en el derecho positivo: El derecho positivo es el conjunto de leyes vigentes en un país, y se divide en dos grandes ramas: derecho público y derecho privado. El derecho público es el conjunto de normas que regulan la intervención del Estado en su carácter de poder público. El derecho privado comprende el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, o la de estos con el Estado, cuando este último actúa como simple persona jurídica. De esta manera, podemos ubicar al derecho civil en el derecho positivo dentro de la rama del derecho privado. -Clasificación de los derechos subjetivos: Se puede definir al derecho subjetivo como la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico para la satisfacción de intereses humanos. Los derechos subjetivos pueden dividirse en dos grandes grupos: Los derechos subjetivos patrimoniales y los derechos subjetivos extrapatrimoniales. 

Dentro de los derechos subjetivos patrimoniales se encuentran:

-Derechos personales creditorios: Comprenden la facultad de una persona de exigir a otra el cumplimiento de una obligación patrimonial. Por ejemplo, la facultad de un acreedor para exigir al deudor que pague su deuda. -Reales: Comprenden la facultad de una persona para el goce de una cosa, debiendo los demás respetar ese goce. Abarca todos los derechos que nacen de la titularidad de la propiedad, como por ejemplo el condominio o el usufructo, así como también los derechos reales de garantía, como la hipoteca o la prenda. -De Autor y de Patente invención: Abarcan elementos de los aspectos personalísimos y personales, y que forman por sus particularidades, un grupo aparte. 

Dentro de los derechos subjetivos extrapatrimoniales se encuentran:

-Derechos Personales de potestad: Comprenden la facultad de una persona sobre otra para dirigir sus actos o para exigir una conducta derivada de un vínculo extrapatrimonial. Estos derechos nacen de la familia. Por ejemplo, la potestad que ejerce un padre sobre su hijo. -Derechos Personalísimos: Comprenden las facultades que se ejercen sobre manifestaciones de la persona misma como vinculación directa que exige el respeto de los demás. Por ejemplo, derecho a la vida, al honor, a la libertad, etc. -Código Civil Argentino: El código civil argentino es una ley que contiene un cuerpo de normas dispuestas según un plan metódico y sistemático. Resulta el máximo avance de la ley como fuente del derecho y el mismo tiende a lograr la unidad, la integridad y la sistemática de las reglas que regulan el derecho civil. El código civil argentino fue redactado por Dalmacio Vélez Sarfield a encargo del presidente Mitre. Fue sancionado en 1869 y comenzó a regir a partir de 1871. -Caracteres: El código es un cuerpo de normas con unidad, ordenadas metódicamente, con especialidad, exclusividad en todo lo relativo a una materia determinada, y es una obra de juristas. -Fuentes del Código Civil Argentino: El derecho romano: Influyó directamente en la obra de Vélez Sarfield por medio de los textos del corpus iuris civilis e indirectamente a través de sus comentaristas. Entre los romanistas, el que más influyó en el espíritu de Vélez Sarfield fue el sabio jurista alemán Savigny.

La legislación española y el derecho patrio: Vélez Sarfield tuvo en cuenta fundamentalmente la legislación española que hasta ese momento se encontraba vigente en nuestro país, al igual que las costumbres patrias. El código civil francés y sus comentaristas: Más de la mitad de los artículos del Código Napoleón han sido reproducidos por Vélez Sarfield en la redacción de nuestro código, aunque si bien son numerosas las disposiciones de nuestro código en relación con el de Francia, es porque éste último a su vez tiene gran influencia del derecho romano. La obra de Freitas: Vélez Sarfield manifestó haber tomado muchos artículos del preproyecto inconcluso de código civil redactado para su país por el jurista brasileño Freitas. Otras fuentes que sirvieron también a nuestro código, aunque en un plano secundario, pudiendo mencionar al Código Civil Chileno, el del Estado de Luisana, el de los Estados Cardos, el Código Civil italiano, el prusiano, el Austríaco de 1811 y el ruso. -Método: Vélez Sarfield tomó como punto de partida para formular el plan del código la clasificación de los derechos en derechos de familia y derechos patrimoniales y la de estos en personales y reales. De esta manera, el código está dividido en dos títulos preliminares y en cuatro libros. Los títulos preliminares tratan, el primero sobre las leyes y el segundo del modo de contar los intervalos del derecho. El libro primero trata de “las personas” y está subdividido en dos secciones que tratan: la primera “de las personas en general” y la segunda “de los derechos personales en las relaciones de familia. El libro segundo trata “de los derechos personales en las relaciones civiles” y está subdividido en tres secciones: la primera trata de “las obligaciones en general” la segunda de los “hechos y actos jurídicos” y la tercera de las “obligaciones que nacen de los contratos”. El libro tercero trata de los derechos reales y no está subdividido en secciones; trata también de las cosas. El libro cuarto trata de “de los derechos reales y personales. Disposiciones comunes”. Está subdividido en tres secciones: la primera trata de las sucesiones, la segunda de los privilegios, y la tercera de la prescripción. Por último, un título complementario sobre la aplicación de leyes civiles. -Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial: Durante el año 1986, la Cámara de Diputados resolvió constituir una comisión denominada “De unificación legislativa civil y comercial”. En 1987 la comisión aprobó por unanimidad un anteproyecto elaborado por el doctor Le Pera y que fue aprobado en 1991 por el Congreso. Sin embargo, alguna de las disposiciones de esta ley contrariaban con la política económica de ese momento y otras implicaban soluciones disvaliosas, por lo que finalmente el Poder Ejecutivo terminó vetando esta ley. Luego de esto, el Poder Ejecutivo designó una comisión para elaborar un nuevo proyecto de unificación de las obligaciones civiles y comerciales. La comisión se expidió y el Poder Ejecutivo envió el proyecto al senado para su aprobación. Simultáneamente, la cámara de diputados aprobó otro proyecto de reforma total del Código Civil que había recogido las críticas sobre la ley vetada en 1991. Sin embargo, ninguno de estos dos proyectos fueron tratados en el Senado. -Solución de las cuestiones civiles: El artículo 15 del código civil establece que “los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”. Este artículo demuestra que los jueces, en su misión de mantener la paz y la convivencia, deben obtener de todos modos la solución a las cuestiones, a pesar de que las normas vigentes no presentes conclusiones aceptables para el caso dado. En relación directa con el artículo 15, el artículo 16 del Código Civil establece que “si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, y si aun la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

-Análisis del segundo título preliminar del Código: El segundo título preliminar del Código Civil titulado “Del modo de contar los intervalos del derecho” contiene reglas destinadas a cómo deben resolverse los problemas temporales de las situaciones y relaciones jurídicas. La primera regla sentada en el art. 23 de este título es que los días, meses y años se contarán por el calendario gregoriano. Se excluye de la cuenta de los plazos el transcurso de horas y solo se computan día a día. Según el art. 24 de este título preliminar, el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche. El código civil no prevé el caso de los plazos por semana, significando ésta siete días completos, contándose estos con lo estipulado en el art. 24 y a partir del día en que se celebro el acto. El art. 25 establece que los plazos de meses y de años se ajustaran al día señalado. Por ello, una obligación firmada el 15 con plazo de un mes, termina el 15 del mes siguiente, cualquiera fuera el número de días de este mes. El art. 26 prevé un caso especial: Si el mes en que se ha de comenzar un plazo de meses o años consta de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo comenzara en alguno de los días en que el primero excede al segundo, el ultimo día del plazo será el último día del segundo. De este modo, un plazo de un mes de duración que comenzara el 31 de enero finalizaría el 28 de febrero o el 29 en caso de que sea año bisiesto. Según el art. 27 del segundo título preliminar, todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día. En el art. 28, se establece que la cuenta de plazos se hace por días corridos, comprendiendo los domingos y los días feriados, salvo que las partes establezcan lo contrario. Este principio no corre en los términos procesales, los cuales se computan descontando los días hábiles. -Carácter de las normas del segundo título preliminar: Son de carácter meramente supletorio, por lo establecido en el art. 29. De esta manera, las partes pueden convenir que se modifiquen o se sustituyan estas normas. -Aplicación de la ley en el tiempo: Con respecto a la fecha de entrada en vigencia de una ley, el artículo 2 del Código Civil establece que “las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias a los ocho días siguientes al de su publicación oficial. El artículo 3 del Código Civil establece que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución, no son aplicables las nuevas leyes supletorias”. Queda establecido en el código el principio de irretroactividad, salvo que esta dispusiese lo contrario, y además no podría afectar garantías constitucionales. De esta manera, las leyes pueden tener tres tipos de efectos en el tiempo: -Efectos inmediatos: Cuando se trata de una ley imperativa y que no dispone su retroactividad, corresponde aplicarla a los actos futuros y a las consecuencias o efectos que aun no se han agotado. –Efectos retroactivos: Cuando se trata de una ley que dispone su retroactividad, y de esta manera altera las consecuencias ya producidas en las relaciones o situaciones anteriores. Por lo establecido en el artículo 3, la retroactividad no podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. –Efectos diferidos: Cuando las nuevas leyes son supletorias, dado que atienden solo intereses particulares, pueden ser dejadas de lado en los convenios, pero se aplican si ellos nada disponen. En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada. Aplicación de la ley en el espacio: El principio general establecido en el Código Civil Argentino es el de la aplicación territorial, establecido en el art. 1 “las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. A pesar de lo expresado en el art. 1, las leyes extranjeras, en ciertos casos en que el Código así lo autoriza, pueden ser aplicadas si la parte interesada así lo solicita, por lo establecido en el art. 13. Sin embargo, la ley extranjera no será

aplicable si la misma contraría con lo establecido en el art. 14, en suma, no será aplicable si va en contra del orden público. Para no dejar dudas, el código determina desde los art. 6 al 12 los supuestos en que la ley argentina debe ser aplicable o cede su aplicación a las leyes extranjeras: -Respecto del estado y la capacidad o incapacidad de hecho, rige la ley del domicilio de la persona (art. 6 y 7) -Respecto de la capacidad e incapacidad de derecho, se aplica en cambio la ley territorial. -Respecto de los contratos, están regidos por las leyes del lugar en que se han celebrado (art. 8) -Respecto de los bienes inmuebles, son exclusivamente regidos por las leyes del lugar donde están situados. (art.10) -Respecto de los bienes muebles, el Código hace una distinción entre los que tienen una situación permanente, que son regidos por las leyes del lugar en que están situados; y los que el propietario lleva consigo o son de uso personal o los que tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, que se rigen por la ley del domicilio del dueño. (art.11) -Respecto de las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieran otorgado (art. 12) -Respecto de las sucesiones, son regidas por la ley del último domicilio del dueño. D- La relatividad de los derechos: La ley positiva concede derechos subjetivos a las personas, o sea, facultades. Cuando la ley otorga esas facultades, lo hace teniendo un mira un fin determinado, útil y justo, y por lo tanto, las personas que ejerzan dichas facultades o derechos no podrán apartarse de los fines perseguidos por la ley al reconocerlos, porque si lo hicieren, ya no se estaría ejercitando el derecho, sino, haciendo abuso del mismo. De esta manera, se puede comprender que los derechos subjetivos no son absolutos o ilimitados, sino relativos. - El Abuso del Derecho: La teoría del abuso del derecho surge con el fundamento de que se deben ejercer determinados límites en el ejercicio de los derechos subjetivos para evitar los excesos y abusos de los mismos. Quienes se oponen a esta teoría sostienen que la libertad y el respeto de la ley impiden que se deje en manos de los jueces la facultad de fallar sobre los límites del derecho subjetivo. Entre las teorías a favor de la doctrina del abuso del derecho surgen diversos criterios para determinar cuando un derecho ha sido ejercido abusivamente: -Criterios subjetivos: Se centran en la intención y en el interés del sujeto que obra abusivamente, o también en la culpa o negligencia en su obrar. –Criterios objetivos: Según este criterio, habría abuso del derecho cuando éste se ha ejercido en contra de los fines socio-económicos que inspiran la ley en la cual se otorgó, o cuando se violan los fines del derecho. –Criterios mixtos: Combinan los criterios objetivos y subjetivos, y agregan a esas pautas principios generales que limitan el ejercicio de los derechos, como el de la moral, la buena fe y buenas costumbres. La teoría del abuso del derecho recibió plena consagración en nuestro código civil con la reforma del art. 1071 a través de la ley 17711. Los requisitos que establece el código para que el ejercicio sea considerado abusivo son: -Que ese ejercicio contraríe los fines que tuvo la ley que reconoció ese derecho. -Que el ejercicio exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El abuso del derecho puede ser invocado a través de una demanda judicial, o bien al contestar demanda de cumplimiento de la otra parte por medio de una defensa. La parte que pretende la sanción del abuso del derecho debe probar los elementos que configuran un uso abusivo del derecho cometido por la otra parte.

DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL BOLILLA II: A- La persona en general. Metodología. Clasificación. Conceptos: Nuestro código civil define el concepto de persona en su art. 30, estableciendo que “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones”. El artículo menciona la palabra “entes” que significa el ser que existe. Con respecto a la clasificación de persona, el art. 31 del Código expresa al respecto: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible”. El art. 32 del Código Civil define a las personas de existencia ideal, estableciendo: “Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas”. En tanto, el art. 51 define a las personas de existencia visible, estableciendo: “Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”. Cuando el artículo hace referencia a “signos característicos de humanidad” se refiere a los caracteres y formas del ser humano que debe reunir toda persona de existencia visible, y cuando menciona “sin distinción de cualidades o accidentes”, significa que no interesan las deformaciones, graves o no, que el ser humano pueda tener.

B-Derechos Personalísimos. Adquisición. Caracteres. Clasificación. Ubicación en el ordenamiento jurídico: Se llama derechos personalísimos a aquellos que se ejercen sobre manifestaciones de la persona misma, como vinculación directa, que exige el respeto de los demás (erga omnes) pero con objeto extrapatrimonial (Cifuentes). El fin de estos derechos consiste en proteger la personalidad de la persona en sus distintos aspectos, es decir, aquellas libertades y derechos propios del hombre sin los cuales no sería posible su existencia como tal. En cuanto al modo en que los derechos personalísimos se adquieren, por ser de carácter innatos, son adquiridos por el solo hecho de comenzar a ser persona. Los derechos personalísimos reúnen una serie de caracteres que son los siguientes: -Son innatos: Porque nacen con el sujeto mismo; por el solo hecho de comenzar a ser persona, se adquieren los derechos personalísimos. –Son vitalicios: Porque siguen a la persona toda su vida y terminan con la muerte de su portador. –Son necesarios: Porque no pueden faltar en el hombre, aunque circunstancialmente puedan estar limitados. –Son esenciales: En el sentido de opuestos a eventuales. Si el ordenamiento normativo desconociera estos derechos, todos los otros derechos eventuales perderían interés para el individuo. –Son de objeto interior: Ya que son manifestaciones del hombre como persona, están inseparablemente unidos a él. Son interiores al propio sujeto, porque provienen de la sola condición de ser persona. –Son inherentes: Porque son intransmisibles en virtud de su inescindible unión con la persona. – Son extrapatrimoniales: Porque no pueden ser medidos o mensuados en dinero. –Son absolutos: Porque se ejercen y se oponen contra cualquiera que los afecte. –Son imprescriptibles: Porque el transcurso del tiempo no determina que ellos se adquieran ni se pierdan. En un criterio plural, los derechos personalísimos pueden clasificarse en: -Derechos de la integridad física: Comprenden la vida y las facultades que la persona ejerce sobre su cuerpo. Ejemplo: Derecho de vivir, derecho a la salud, derechos sobre el destino del cadáver. El derecho a la vida se ve protegido en el C. Penal, que castiga el homicidio, el aborto y cualquier otro atentado contra la vida ajena. -Derecho de libertad. No solamente atiende a la libertad de movimiento y locomoción, sino también en lo concerniente a la expresión de ideas, la realización de actos y negocios, el empleo sin trabas de la fuerza física y espiritual. Este derecho no se ve expresamente tutelado en el Código Civil, aunque está reconocido en la Constitución Nacional por medio de diversos artículos, entre ellos el 14, 15, 18 y 19. -Derechos de la integridad espiritual: Estos comprenden el honor, la imagen, la intimidad y la identidad. En lo que hace a los derechos de la integridad espiritual, nuestro código trata del honor y la intimidad. En cuanto al honor, rigen los artículos 1089 y 1090. En cuanto al derecho a la intimidad, se ve tutelado en el código en el artículo 1071 bis, incorporado por la ley 21173 -Tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la constitución reformada en 1994: A partir de la reforma constitucional de 1994, fueron incorporados varios tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Estos tratados, establecidos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, adquirieron a partir de dicha reforma, jerarquía constitucional en nuestro país. Los tratados internacionales sobre derechos humanos que fueron incorporados a la constitución son: -La declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. -Pacto de San José de Costa Rica, o también llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos (establece en sus artículos el derecho a la vida, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación o respuesta). –Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. – Convención sobre los derechos del niño. -Tratado de Viena: Los pactos internacionales entre estados están regulados por la Convención de Viena del año 1969. La Convención de Viena, ratificada en nuestro país por ley 19865, establece que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, sin que los países signatarios puedan invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

-Medios de protección de los Derechos Personalísimos: Los medios del derecho civil para tutelar los derechos personalísimos pueden sintetizarse en tres vertientes: la indemnización de los daños y perjuicios; la reposición in rotura o en especie; y la supresión o eliminación del ataque: -Indemnización o resarcimiento de los daños y perjuicios: Se traduce en una compensación en dinero para tratar de obtener un equilibrio entre el bien perdido y el provecho que esa suma de dinero representa. En el ámbito de los derechos personalísimos asume indudable importancia el daño moral, pues suelen lesionarse valores no medibles monetariamente. El daño material requiere una reparación equivalente en dinero por la pérdida sufrida. –Reposición en especie: Se traduce en la devolución del bien dañado. Puede ser a través de las publicaciones y de la retractación. –Supresión o eliminación del ataque: La eliminación del ataque puede realizarse a través de una acción de abstención. Cuando un ataque produce una lesión continuada en el tiempo, es dable solicitar a la justicia que ordene la remoción, suspensión o cese y eliminación del ataque ya comenzado. También es posible, por medio de una acción inhibitoria, pedir una orden que impida un ataque no comenzado, pero sí amenazado. C-Atributos de la persona física: Los atributos de la persona son las cualidades o propiedades del ser jurídico por medio de las cuales el sujeto-persona puede individualizarse y formar parte de la relación de derecho. Los atributos de la persona tienen ciertos caracteres comunes a todos ellos: son necesarios; vitalicios; inalienables; absolutos y únicos. Los cinco atributos de la persona son: Nombre, domicilio, capacidad, estado y patrimonio. 

Nombre: Puede decirse que “el conjunto de palabras que muestran a alguien personal y distinto frente a todos los demás, es lo que se llama nombre, atributo que junto con los otros conforman la persona en su unidad sustancial.

-Naturaleza jurídica del nombre: En un primer momento, se consideraba que el nombre era un “derecho de propiedad”. Otra doctrina sostuvo que el nombre era una institución de policía civil. Para otros, el nombre se encuentra dentro de los derechos personalísimos. Nuestro ordenamiento jurídico se adscribe a la teoría del nombre como “una institución de policía civil” y considera al nombre como un “derecho-deber de identidad” -Caracteres: El nombre es obligatorio; único; estable e inalienable; e indivisible. -Legislación: La ley 18248 se encargó de ordenar, clasificar y unificar las disposiciones referidas al nombre, que hasta antes de su sanción legislaron la materia en forma parcial y a veces incoherente. La ley, en su contenido, incluye diversos artículos: Sobre el nombre de pila: Éste se adquiere con la inscripción en el acta de nacimiento y es elegidos por los padres, como derecho de ambos. En caso de que ambos padres faltasen o se encontraran impedidos, el nombre puede ser elegido por los tutores, los guardadores, el Ministerio de Menores o por los funcionarios del Registro Civil. Si bien las personas autorizadas por la ley tienen libertad para elegir el nombre de pila, la propia ley establece ciertas limitaciones en esta elección: No podrán inscribirse los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas, que susciten equivocaciones respecto del sexo, los apellidos como nombres, primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos, más de tres nombres o nombres extranjeros. Sobre el apellido: Es el nombre que corresponde a la familia. Los hijos matrimoniales llevan el primer apellido del padre, o a pedido de los progenitores, podrá inscribirse con el apellido compuesto del padre o agregar el de la madre. Los hijos extramatrimoniales adquieren el apellido del progenitor que los reconoció. El hijo de madre viuda lleva su apellido de soltera. Cuando la criatura no tuviese padres conocidos, el oficial del registro lo anotará con un apellido común. Los extranjeros pueden pedir la adaptación al castellano de apellidos que son de difícil pronunciación. La mujer casada puede optar por añadir a su apellido el de su marido, precedido de la preposición “de”. En caso de decretada judicialmente la

separación, el derecho de la mujer en optar por el uso del apellido marital se conserva, a menos que sea privada de hacerlo por sanción. En caso de divorcio vincular, la mujer pierde el derecho del uso del apellido marital, salvo acuerdo contrario. Los hijos adoptivos llevan el apellido del padre adoptante. En el caso de adopción simple, el adoptado después de cumplir 18 años puede pedir que se le añada el apellido de sangre. En el caso de adopción plena, no puede ya el adoptado solicitar que se le añada el apellido de origen. Sobre el seudónimo: Es un nombre de fantasía que es utilizado por las personas con diferentes objetos, en alguna actividad específica. El seudónimo puede inscribirse en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Sobre el cambio de nombre: Con respecto al cambio de nombre, la ley establece que solo es isible si es autorizado por un juez y si median justas causas. La modificación del nombre puede darse a modo de consecuencia, a modo de sanción o a modo voluntario. Sobre la protección jurídica del nombre: El nombre recibe protección jurídica mediante tres acciones: Acción de reclamación de nombre: tiene lugar cuando a alguien se le desconoce el nombre que lleva, o se le niega el derecho a usarlo. Acción de usurpación de nombre, que se da cuando uno usa para su propia designación un nombre ajeno. Si dos personas tienen el mismo nombre que les corresponden como titulares legítimos, esta acción carecería de fundamento. Acción en defensa del buen nombre: Se utiliza cuando alguien usa un nombre ajeno para designar cosas o personajes de fantasía. 

Domicilio: Es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona, para la producción de determinados efectos jurídicos. El domicilio se identifica con la vida jurídica de la persona y la personaliza dándole condición de presencia.

-Clasificación del domicilio: El domicilio se clasifica en general y en especial. A su vez, el domicilio general se clasifica en legal y real. El domicilio general abarca la generalidad de los derechos y obligaciones, y se caracteriza por ser necesario, ya que no puede haber persona sin domicilio general; único, ya que no puede haber para una persona dos domicilios generales que simultáneamente le correspondan; y mutable, ya que las personas pueden modificar los hechos que los fijan. (art. 9 del código) (art. 18 de la Constitución). -Domicilio legal: Es una de las clases de domicilio general, y se define en el art. 90 del código civil como el lugar donde la ley presume, sin itir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. El art. 90 enumera también los distintos supuestos de domicilio legal: Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporales, periódicas o de simple comisión; los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquel, salvo manifestación en contrario; el domicilio de las personas jurídicas es el lugar donde está situada su dirección o istración, salvo que en sus estatutos tuviesen señalado otro domicilio; transeúntes, ambulantes y personas que no tengan domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual; los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; las personas mayores de edad que sirven o trabajan en casa de otras, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan. -Domicilio de origen: Es el lugar del domicilio del padre en el día de nacimiento de sus hijos. -Domicilio real: Según el art. 89 del Código Civil, el domicilio real de las personas es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Dos son los elementos que constituyen el domicilio real: Uno es objetivo, que es la residencia (Corpus). Otro es subjetivo, que es el ánimo de permanecer en el lugar en que se habite (Animus).

No debe confundirse domicilio real con la simple residencia, que implica la permanencia en un lugar con carácter temporario, y menos aún con la habitación, que es la permanencia accidental en un sitio determinado. El domicilio real se caracteriza por ser: Voluntario, mutable e inviolable (art. 18 de la constitución). Haciendo referencia al cambio de domicilio real, el Código Civil dispone que el cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él, y tener allí su principal establecimiento (art. 97). Con respecto a la conservación del domicilio, el art. 99 establece que el domicilio se conserva pro la sola intención de no cambiarlo o de no adoptar otro. -Domicilio especial: Es el que se establece para una o más relaciones jurídicas particulares, a fin de que ellas tengan su sede jurídica en el lugar elegido. Existen cuatro especies de domicilio especial: El domicilio procesal, que es el que está obligado a constituir toda persona que intervenga en un juicio; el domicilio de las sucursales, que es el de las sociedades; el domicilio matrimonial o de los esposos, que rige para el divorcio y la nulidad del matrimonio; y el domicilio contractual, que es el que fija una persona en un contrato, para todos los efectos legales derivados de ese acto jurídico. -Domicilio de elección: Es aquel que las personas pueden elegir en sus contratos, para la ejecución de sus obligaciones. Entre los caracteres de este domicilio, se puede decir que es voluntario, pues las partes pueden o no fijarlo; es contractual, ya que surge de un vinculo de este tipo; es invariable, salvo que ocurra un nuevo acuerdo entre las partes; y es de interpretación rigurosa y estricta. En cuanto a su duración, el domicilio de elección no tiene duración indefinida, dura mientras tenga vida el contrato. 

Capacidad: Es la aptitud o posibilidad jurídica de gozar o ejercer los derechos. La capacidad se divide en capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de los mismos; y la capacidad de hecho, que es la aptitud para ejercer los derechos por sí mismo.

-Incapacidad: La capacidad es la regla básica, pues solo existen incapacidades como excepciones que establece la ley. No puede haber otras incapacidades que no sean las que la ley determina. Son incapaces de hecho absolutos, es decir, que no pueden ejercer la totalidad de sus derechos por sí mismos: Las personas por nacer; los menores impúberes y los dementes declarados tales en juicio; los sordomudos que no saben hacerse entender por escrito, también declarados en interdicción. Son incapaces de hecho relativos los menores adultos, es decir, aquellos que han cumplido 14 años pero aún no han llegado a los 18, pues pueden otorgar los actos que las leyes les autorizan expresamente. Las incapacidades de derecho no están sistematizadas en la ley, sino que surgen de las diferentes prohibiciones que en ella se contienen. La incapacidad de derecho siempre es relativa, y generalmente, establecida por razones de orden público, y para resguardar intereses generales. De igual modo, la capacidad de der ser titular de derechos también es relativa. 

Estado: Se llama estado a la “situación o posición jurídica de la persona en la sociedad y frente a las demás personas.

El estado puede ser apreciado desde tres puntos de vista: Con relación a las personas consideradas en sí mismas: puede ser mayor o menor de edad, hombre o mujer, sano o demente; en estos casos, la edad, el sexo, la salud mental y la profesión hacen surgir distintos derechos y obligaciones. Con relación de familia: Una persona puede ser casada o soltera, viuda o divorciada, padre o hijo, pariente, etc. Con relación a la sociedad en que vive: Puede ser nacional o extranjero. -Caracteres: Se puede decir que el estado está fuera del ámbito de la voluntad y sus reglas son de orden público, es único, inalienable y recíproco. -Posesión de estado: La posesión del estado es gozar de las ventajas anexas al mismo y soportar sus deberes. Según la teoría clásica, para que haya posesión

de estado, deben hallarse reunidos tres elementos: el nombre, el trato cotidiano y no interrumpido, y la fama, siendo el trato el más relevante de estos tres. -Prueba del Estado: El Registro Civil: En el Código Civil se preveía la creación de registros oficiales, que debían ser establecidos por los municipios. Posteriormente, esto se modificó con la ley de matrimonio, que estableció que los registros debían ser creados por las legislaciones provinciales. Finalmente, en 1963, se organizó el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que tiene jurisdicción en todo el país. El régimen vigente prevé la obligación de inscribir todos los actos relacionados con el estado civil de las personas. Estas inscripciones se harán en los registros provinciales y nacionales. La ley dispone que se lleven en el registro civil los siguientes libros: De nacimientos, de matrimonios, de defunciones y de incapacidades. Los asientos de los libros del registro civil y las copias sacadas de ellos con formalidades de la ley, se denominan partidas. Las partidas originales y sus copias o certificados son instrumentos públicos, y tienen por lo tanto, el valor probatorio de tales. Las partidas, una vez asentadas y firmadas, ya no se pueden modificar. Sin embargo, si en ella existen fallas, errores u omisiones, podrán anularse o rectificarse. Hay causa de nulidad de las partidas en los siguientes casos: Si existe contradicción entre los asientos del registro y la realidad misma; si falta la firma del encargado del registro, de las partes, o de los testigos; si la partida ha sido extendida por quién no está encargado en el registro; si el encargado del registro actuó fuera de su jurisdicción. En algunos casos, se procede a la rectificación de los asientos de los registros, porque en ellos se ha deslizado errores materiales o declaraciones falsas, o porque el interesado ha cambiado o adicionado su nombre. En el caso de que no se disponga de la partida, es posible obtener la declaración judicial del estado por otro medio de prueba supletorio a esos asientos. Todos los medios de prueba son isibles, basta con persuadir al tribunal de la verdad de los hechos y posición jurídica que se invoca. 

Patrimonio: Según el código civil, el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Una definición más compleja podría ser la de universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecunario, es decir, como bienes.

-Naturaleza jurídica: En cuanto a su naturaleza jurídica, se considera al patrimonio como un atributo de la personalidad y una universalidad jurídica. -Caracteres: El patrimonio reúne ciertos caracteres: Es necesario y vitalicio, ya que no puede haber persona sin patrimonio, el cual se le une hasta su muerte; es único, porque no hay más de un patrimonio general personal que conforma el modo de ser de la persona; es inalienable y absoluto, puesto que no está en el comercio como unidad sustancial e ideal, y debe ser respetado por las demás personas; es una universalidad jurídica, porque todos sus componentes forman una masa abstracta, diferente o independiente de sus componentes. -Elementos: El patrimonio se encuentra compuesto de cosas y bienes. El código denomina cosas a los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Los bienes son las cosas más los objetos inmateriales susceptibles de tener un valor. -Garantía de los acreedores: El patrimonio, aparte de satisfacer los fines y necesidades de la persona, es garantía general y común de los acreedores, porque el deudor responde por el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros. Hoy, sin embargo, hay bienes que escapan a la acción de los acreedores, precisamente para resguardar el mínimo de patrimonio al deudor, necesarios para reafirmar su condición de persona. Por ejemplo: los bienes inscriptos como bien de familia, las jubilaciones y pensiones, el crédito por alimentos, entre otros. Para impedir que el deudor sustraiga bienes de su activo y pretenda evitar el cobro de sus acreedores, existen tres clásicas acciones de conservación del patrimonio del deudor: La acción de simulación, de fraude y de subrogación. D- Comienzo de la existencia de las personas: Por lo establecido en el art. 70 del Código Civil, “desde la concepción en el seno materno, comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos

derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacen con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre. Como se ve, Vélez Sarfield estableció como principio la regla que ite la personalidad del concebido, y por ello lo llamó “persona por nacer”. -Concepción: Se denomina concepción al instante en que se unen los gametos masculino y femenino, y comienza la existencia de un nuevo individuo. -Formas de concepción extracorpórea: En la época en que el Código se dictó, no era imaginable que la concepción pudiera tener lugar sino en el seno materno. Pero hoy, aparte de la concepción natural por relaciones sexuales normales en el seno de la madre, aparecen con la biotecnología y la ingeniería genética una serie de posibilidades que no podían siquiera imaginarse en la época del Código y hasta hace pocos años: Las técnicas de fecundación asistida, sean corpóreas o extracorpóreas, posibilitan lograr la concepción. Entre las técnicas que obtienen la fecundación del óvulo fuera del seno materno, cabe mencionar: -La fecundación in vitro, que es un método de reproducción asistida en el cual los espermatozoides y los ovocitos se unen fuera del seno materno, en una probeta de laboratorio; si la fertilización se produce, el embrión resultante es introducido en el útero donde se implantará. –La transferencia de gametos a las trompas de Falopio, es otro procedimiento en el cual se logra que los ovocitos y el esperma se pongan en o y luego se transfieran a una o ambas trompas de falopio, logrando asi una fertilización similar a la natural. La legislación argentina no contiene preceptos que regulen específicamente los supuestos de inseminación artificial, en cualquiera de sus modalidades. -Doctrina Nacional y Legislación Internacional sobre la naturaleza del embrión: Conforme a lo establecido en el art. 70 de nuestro Código Civil, la doctrina nacional sostiene que se es persona a partir de la concepción en el seno materno, por lo que al embrión ya se le da naturaleza de persona física. En nuestros días, los avances científicos nos muestran nuevos métodos para hacer posible la concepción. El hecho de que la concepción se haya realizado en el seno materno, no constituye obstáculo para aplicar por analogía el referido art. 70 del Código. Con respecto a la Legislación Internacional sobre la naturaleza el embrión, el Pacto de San José de Costa Rica, sin hacer distinción alguna, afirma que la vida comienza en el momento mismo de la concepción, por lo que se considera al embrión ya como persona. -Prueba del Nacimiento: Nacer es aparecer y entrar en la vida visible; es brotar hacia el exterior. No implica sólo salir del vientre materno, sino también comenzar a vivir por cuenta propia. Dado que la ley exige un nacimiento completo, y que el nacido tenga vida aunque sea por instantes, es importante establecer los medios de comprobación de este hecho jurídico: Para demostrar el nacimiento, todos los medios son isibles: Tienen especial importancia el testimonio del médico o partera o de los otros testigos asistentes al parto que hubiesen oído la respiración o la voz del nacido o hubiesen observado otros signos de vida. Sin embargo, el perfeccionamiento de la ciencia obliga a considerar especialmente la pericia médica, y se le atribuye importancia decisiva al hecho de que haya penetrado aire a los pulmones. Es necesario destacar que la presume, en caso de duda, que la criatura ha nacido con vida. E- Extinción de las personas. Muerte. Diversos supuestos: Según lo establecido en el art. 103 del Código Civil, la existencia de las personas termina por la muerte de ellas. La muerte es uno de los hechos que deben ser inscriptos en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Ese organismo asienta las defunciones en el correspondiente libro. Para labrar la partida de muerte con la inscripción, es necesario que exista la presencia del cadáver y que éste pueda ser individualizado. A ese efecto, se requiere un certificado del médico que lo atendió en la última enfermedad, o si falta éste, el de otro médico requerido al efecto. En ausencia de médico, bastará el certificado expedido por la autoridad policial o civil y dos testigos que hayan visto el cadáver. En el certificado,

además de los datos del fallecido, debe constar la causa de la muerte, el lugar y la fecha en que ocurrió. Cuando fuese imposible hallar el cadáver o, encontrándose éste, no fuera posible identificarlo, no puede hacerse la inscripción. Al no poder obtenerse la partida de defunción, se carece de instrumento público que pruebe la muerte de la persona, lo cual obliga a iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. En algunos casos, esa complicación no se justifica, estableciendo el art. 108 del Código Civil que “En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. Puede ocurrir que en un accidente o suceso común mueran varias personas llamadas a sucederse, presentándose el problema de determinar legalmente quien ha fallecido primero, puesto que ello puede resultar decisivo para la transmisión de los derechos sucesorios. Con frecuencia, resulta imposible determinar quien ha muerto primero. En estos casos, la ley aplica del sistema de conmoriencia, estipulado en el art. 109 del Código civil, que establece que si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no pueda saberse cuál de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derecho entre ellos. -El concepto de muerte a la luz de la Ley de Trasplante de Órganos: La norma reguladora de trasplantes de órganos es la ley 24.193, reglamentada en el año 1995. La misma, en su artículo 23, establece que la muerte será considerada tal cuando se verifique la ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia; ausencia de respiración espontánea; ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentos adecuados a las diversas situaciones clínicas. -Efectos de la muerte respecto de los Derechos Extrapatrimoniales y Patrimoniales: La muerte produce efectos sobre todos los derechos y obligaciones del fallecido, pero las consecuencias jurídicas son distintas según la naturaleza de los derechos: Algunos se extinguen y otros se transmiten a sus herederos. En el caso de los derechos extrapatrimoniales, estos se extinguen, ya que son inherentes a la persona, y por lo tanto, no transmisibles por causa de muerte. En cambio, los derechos patrimoniales son, en principio, transmisibles, salvo que la ley dispusiera lo contrario; que en el contrato en que se origina el derecho se hubiera establecido que los derechos nacidos de él no se transmiten a los sucesores, o que por la misma naturaleza del derecho, éste no fuera transmisible. Todos los derechos patrimoniales no comprendidos en estas excepciones, pueden transmitirse por causa de muerte. -Ausencia simple. Procedimientos: Cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio, sin que se tenga noticias de ella y sin que haya dejado apoderado, o que este último no tenga poderes suficientes para cuidar de sus negocios, la ley prevé un sistema de protección al ausente, a fin de resguardar en general su patrimonio, llamado de simple ausencia. En la simple ausencia no sólo tiene que desaparecer el individuo, sino que se debe ignorar su paradero. A efecto de proteger los bienes del ausente, podrán solicitar la designación de un curador, el ministerio público y toda persona que tuviere un interés legítimo respecto de los bienes del ausente (el cónyuge, parientes en grado sucesible, los socios, los condóminos o el apoderado con poder suficiente). Las facultades del curador se refieren únicamente a los bienes del ausente y no a su persona. La curatela de los bienes del ausente finaliza en el caso de que el ausente se presente, sea en persona o por escrito; por la muerte del mismo o por su fallecimiento presunto, jurídicamente declarado. -Ausencia con presunción de fallecimiento: La simple ausencia no basta por sí sola para presumir el fallecimiento de la persona. Pero si esta ausencia se prolonga durante algunos años, el abandono de su familia, de sus bienes y la

circunstancia de que no se tenga noticia alguna de ésta persona, hacen nacer la presunción de fallecimiento. Hay distintos casos de presunción de fallecimiento, según las circunstancias: -El ordinario, donde se presume la muerte del desaparecido a los tres años desde la desaparición, que se cuentan desde la última noticia. –El extraordinario genérico, donde se presume la muerte a los dos años desde que ocurrió un desastre, incendio, terremoto, guerra o empresa riesgosa, y no se tuviese noticias de la persona que participó en ellas, a contar desde que ocurrió el suceso o pudo haber ocurrido. –El extraordinario específico, donde la ley presume la muerte a los seis meses en caso de naufragio de nave o aeronave, en donde se encontraba la persona, tiempo que se cuenta desde que ocurrió o pudo haber ocurrido el naufragio. La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento puede ser pedida por todas las personas que tengan algún derecho sobre los bienes del ausente, supeditado a la condición de su muerte. -Procedimientos: La primera medida que debe adoptar un juez ante un pedido de declaración de fallecimiento presunto, es dar intervención al defensor oficial de ausentes si lo hubiere en su jurisdicción, en caso contrario, designará un defensor de oficio. Si hubiese bienes, en el mismo acto designará un curador a los mismos, siempre que no se hubiese designado anteriormente, y que el ausente no hubiera dejado un mandatario con poderes suficientes. Los interesados en obtener una declaración de ausencia con presunción de fallecimiento deberán probar el derecho que se posee a los bienes del ausente, subordinado a la condición de su muerte; el tiempo de la ausencia, que debe ser mayor al fijado por la ley en cada caso; las diligencias practicadas para averiguar la existencia del ausente; y si fuera el caso, el suceso del incendio, terremoto, acción de guerra, accidente, naufragio o pérdida de nave, y que el ausente se encontraba en el siniestro. Una vez cumplido un plazo legal de seis meses, y ofrecidas las pruebas por el o los interesados, y si el ausente no se presentara a la citación por edictos, el juez debe declarar su fallecimiento presunto, fijará el día presuntivo de la muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro Civil. Para que el juez fije en la sentencia el día presuntivo del fallecimiento, la ley establece las siguientes pautas: -En el caso ordinario, el día presuntivo de la muerte será el último día del primer año y medio. –En el caso extraordinario genérico, el día presuntivo de la muerte será el día del suceso en el que estaba el ausente. –En el caso extraordinario específico, el día presuntivo de fallecimiento será el último día en que se tuvo noticia de la nave o aeronave donde se encontraba el ausente. La sentencia declarando el fallecimiento presunto no hace cosa juzgada, por lo que cualquiera de los interesados podría dejarla sin efecto, probando que se tuvieron noticias ciertas sobre el ausente. Una vez tramitado el juicio de fallecimiento presunto e inscripta la sentencia que fija el día presuntivo del fallecimiento en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, quienes tengan derecho a los bienes del presunto fallecido deberán llevar adelante un juicio sucesorio, indispensable para que los herederos puedan gozar de los derechos que emanan de esa calidad. Si bien los bienes son entregados a los herederos, el dominio sobre ellos no será pleno durante un tiempo. De esta manera, la entrega de los bienes a los herederos se rodea de ciertas garantías, que son el inventario y las limitaciones o los poderes disposición de los herederos, que se imponen durante un período denominado de prenotación, que antece el período de dominio pleno. El período de prenotación dura hasta tanto se cumplan cinco años contados a partir del día presuntivo de la muerte, o hasta que el presunto fallecido haya cumplido ochenta años. A partir de la conclusión del período de prenotación, los herederos tienen plena disposición de los bienes recibidos. -Efectos de la reaparición del ausente. Efecto respecto de los derechos extrapatrimoniales y patrimoniales: La persona que reaparece tiene derecho a reclamar sus bienes, pero la medida de esta restitución por parte de los herederos varía según el momento en que aparezca el ausente, durante el período de prenotación o durante el período de dominio pleno.

Si el ausente se presenta durante el período de prenotación, queda sin efecto la transmisión del dominio hecha a favor de los herederos. Si bien los herederos están obligados a devolver los bienes, hacen suyos los frutos percibidos de buena fe durante el tiempo que duró la posesión. Como la sociedad conyugal no se disuelve inmediatamente con la declaración de presunción de fallecimiento, si el desaparecido se presenta durante el período de prenotación, el matrimonio continua; distinto sería el caso si el cónyuge del ausente se hubiera vuelto a casar, pues en este caso, por más que el ausente se presente durante el período de prenotación, el vínculo matrimonial estaría disuelto. Si el ausente se presenta durante el período de dominio pleno, la ley dispone que podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado y los frutos no consumidos. Como durante el período de dominio pleno el poseedor puede disponer libremente de los bienes, el ausente deberá respetar todos los actos jurídicos celebrados por el poseedor. Con respecto a la sociedad conyugal, por lo establecido legalmente, si el ausente reaparece durante el período de dominio pleno, el matrimonio estaría disuelto.

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL) BOLILLA III: A- Protección legal de los incapaces: El código civil organiza la protección legal de los incapaces a través de dos regímenes que deben ser diferenciados: La representación y la asistencia. El régimen de representación de los incapaces se encuentra organizado en los artículos 57 y 59. En el artículo 152 bis se establece el sistema de asistencia para los incapaces. -Representación de los incapaces: El sistema de representación de los incapaces se encuentra establecido en los artículos 57 y 59 de nuestro código civil. En la representación, el representante actúa por decisión propia en

nombre del incapaz; la voluntad del representante es la que prevalece, sin que pueda modificarse por no coincidir con la voluntad del representado: Para el caso de las personas por nacer, han de ser sus representantes los padres, y ante la falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre. Para el caso de los menores no emancipados, serán sus representantes sus padres, y ante la falta o incapacidad de éstos, lo serán los tutores que judicialmente se designen. Para el caso de los dementes o sordomudos, sus representantes serán los curadores que el juez designe. La representación de los incapaces se caracteriza por ser legal, puesto que emana de la voluntad legislativa y no de la voluntad del incapaz; necesaria, porque no se puede prescindir de ella; y dual y conjunta, puesto que por un lado está el representante legal necesario del incapaz, pero a su vez es asistido por el Ministerio de Menores, representante promiscuo del incapaz. Por lo dispuesto en el artículo 59, los incapaces poseen además del representante necesario, un representante promiscuo: el Ministerio de Menores: El ministerio de menores es un órgano del Estado, cuya actuación necesaria se realiza con miras a la protección de los incapaces, asistiendo y controlando la actuación judicial y extrajudicial de los incapaces. -Asistencia: En el artículo 152 bis del Código Civil se encuentra estipulado el régimen de asistencia. La asistencia no es más que un medio de control por parte de un tercero, de modo que el inhabilitado actúa por sí, ejerciendo personalmente sus derechos, sin que se lo reemplace o sustituya, pero tiene que contar con la conformidad o asentimiento del asistente, quien lo prestará si considera que el acto no es dañoso para el asistido. El nombramiento de un curador lo realizará el juez de inhabilitación, en el momento de dictar sentencia, con aplicación de la normativa a la que remite el precepto. -Ministerio Pupilar: El ministerio pupilar o Ministerio de Menores ejerce la representación promiscua de los incapaces, por lo establecido en el artículo 59 del Código Civil, cuyo contenido dicta “A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, bajo pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación”. La intervención del Ministerio es de carácter complementario al de los representantes necesarios del incapaz, y controla la actuación judicial o extrajudicial de éstos últimos. La representación del Ministerio Pupilar se aplica a todos los incapaces, incluidos los menores sujetos a patria potestad. La intervención del Ministerio Pupilar debe conjugar los intereses de los incapaces representados, con la observancia de las leyes y del orden público, como una de las finalidades del ordenamiento jurídico. De allí que sLai la pretensión del incapaz fuere injusta, el Ministerio Pupilar no debe propiciarla, porque contraría el verdadero interés del incapaz, que no es su prosperidad, sino su conformidad con la justicia. -Nulidad de los procedimientos por la no intervención del Ministerio Pupilar: El artículo 59 del Código Civil establece la nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar en que intervengan los incapaces sin la participación del Ministerio Pupilar. Esta nulidad es relativa y saneable, del modo que el acto puede ser confirmado si no se ha seguido perjuicio al incapaz. -Internación: La internación en instituciones médicas y asistenciales es una medida extrema, pero que puede ser necesaria para lograr objetivos concretos. Dentro de esos objetivos se encuentran: Evitar el peligro por la acción descontrolada de ciertos dementes furiosos; obtener su curación o el tratamiento compulsivo, que atenúe sus reacciones peligrosas; la curación de ciertos vicios o anomalías que muchas veces conducen a deterioros orgánicos y mentales irremediables. La internación produce una pérdida grave de la libertad personal, por lo cual debe ser dispuesta con suma prudencia, no solo porque puede prestarse a ser utilizada como medio de persecución, sino porque acorde con avances e

investigaciones de la psiquiatría y la psicología, se ha demostrado que puede agravar ciertos estados histéricos, neuróticos o depresivos, y producir efectos deteriorantes para la personalidad de la persona. La internación del presunto insano puede darse por orden judicial, a pedido del propio interesado o de su representante legal, por disposición policial, o por urgencia -Análisis de la ley 26061: La ley 26061 es la denominada “Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley tiene por objetivo la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. La ley establece el interés superior de la niña, niño y adolescente, es decir, la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en ella. En su segundo título, esta ley recoge todos los principios, derechos y garantías que se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes. En su tercer título, establece y regula el sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Más adelante en su contenido, esta ley establece la creación de órganos istrativos de protección de derechos, como la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; y la creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. B- Menores. Concepto. Clasificación: El artículo 126 de nuestro código civil establece que “son menores las personas que no hubiesen cumplido la edad de 18 años. Con respecto a su clasificación, el artículo 127 del Código establece dos categorías: “Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de 14 años cumplidos, y son menores adultos los que fueren desde los 14 años hasta los 18 cumplidos. -Actos que pueden realizar: Si bien los menores se encuentran en una situación básica de incapacidad, sean púberes o impúberes, el ordenamiento jurídico los faculta para realizar ciertos actos por sí solos o con la asistencia de sus padres o tutor. Los actos más importantes que pueden realizar los menores son: -Pueden a partir de los 10 años adquirir posesión de las cosas, por lo establecido en el artículo 2392. –Pueden contraer matrimonio, con previa dispensa judicial, por lo establecido en el art. 167. La dispensa de otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigen previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. –Pueden los menores adultos reconocer hijos y estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, sin necesidad de autorización de los padres. –Pueden trabajar con autorización de sus padres desde los 16 años, por lo establecido en el artículo 275 del Código Civil y en el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo. -Protección de los menores: Los menores, por ser incapaces de hecho, deben ser tutelados y dirigidos, siendo esto un medio de protección para evitar daños y aprovechamientos, por ser personas que naturalmente aun no tienen condiciones de idoneidad y habilidad frente a los demás. Por tal motivo, los menores tienen representantes necesarios y legales que se ocupan y obran por ellos. De acuerdo con lo establecido en el art. 57 inc. 2, son representantes de los menores no emancipados sus padres, y en el caso de incapacidad o suspensión de la patria potestad de éstos, lo serán los tutores que judicialmente se designen. Los menores también son protegidos y representados promiscuamente por el Ministerio Pupilar o de Menores. En los casos en que los padres se vean suspendidos y privados de su patria potestad, y no dándose el caso de tutela legal, los menores quedaran bajo el patronato del Estado Nacional o Provincial. -Mayoría de edad, su evolución legislativa: Antes de que fuera sancionada en el año 2009 la ley 26579 que estableció en nuestro país la mayoría de edad a los

18 años, la mayoría de edad era recién alcanzada a los 21 años, por lo que establecía la ley 17711. Hasta 1968, año en que había sido sancionada la ley 17711, la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 22 años. -Aspectos Generales de la capacidad de los menores según la ley 26579: La ley 26579, sancionada y promulgada en el año 2009, introdujo importantes modificaciones en algunos artículos contenidos en el título IX del Código Civil, denominado “De los menores”. A partir de la sanción de esta ley, la incapacidad de los menores cesa en el día en que cumplieran los 18 años. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia, sin necesidad de previa autorización, y istrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil y penal por acciones vinculadas a ello, por lo establecido en el art. 128 del Código Civil. -Emancipación por matrimonio: El artículo 131 del Código Civil establece que los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil, con las limitaciones establecidas en el art.134. Si se hubieran casado sin autorización, no tendrán hasta la mayoría de edad la istración y disposición de los bienes recibidos o que se recibiesen a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores. En el supuesto de que el matrimonio quedara invalidado, el art. 132 prevé que “la invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del cónyuge de mala fe, para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autorizad de cosa juzgada. En virtud del art. 133, se establece que “la emancipación por matrimonio es irrevocable, y produce el efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los artículos 134 y 135, aunque el matrimonio se disuelva en su menor de edad, tengan o no hijos. No obstante a ello, la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad. La única forma de emancipación reconocida por el ordenamiento jurídico es la emancipación por matrimonio, ya que la emancipación dativa o por habilitación de edad desapareció con la reforma de la ley 26579. C-Los incapaces en particular: Dementes. Procedimiento. Reglas de Procedimiento: El artículo 141 del Código Civil establece que “se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o istrar sus bienes”. El texto de éste artículo viene a adoptar un criterio médico-jurídico para conceptuar a los dementes. Por lo establecido en el art. 140, ninguna persona será considerada demente sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente. Para que una persona sea declarada demente, el ordenamiento jurídico exige el padecimiento de una enfermedad mental y además, la ineptitud del enfermo para dirigir su persona o istrar sus bienes. Para ser causa válida de interdicción, la enfermedad mental debe llenar ciertas condiciones: Debe ser habitual, es decir, manifestarse como anomalía mental duradera; debe ser grave; y debe ser actual. Cumplidas las condiciones nombradas anteriormente, toda persona mayor que sufra enfermedad mental puede ser declaradas dementes, inclusive las que ya fueron anteriormente inhabilitadas o emancipadas, y hasta los sordomudos declarados incapaces. Se excluye a los menores impúberes, porque estos se encuentran ya en una situación de incapacidad de hecho absoluta. También se excluye a las personas que fueron demandadas por demencia y la sentencia les fue favorable, declarándolas sanas. El artículo 144 hace referencia a quiénes pueden pedir la declaración de demencia: Pueden hacerlo el cónyuge no separado personalmente o divorciado vincularmente; los parientes del demente en general; el Ministerio Público, en ejercicio de su función de representante promiscuo de los incapaces; el respectivo cónsul, si el demente fuere extranjero; o cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos.

La solicitud de demencia realizada por alguna de las personas autorizadas a hacerlo, debe presentarse al juez competente exponiendo los hechos y acompañado 2 certificados médicos sobre el estado mental y la peligrosidad del presunto incapaz; si no es posible acompañar los certificados, el juez ordenará que 2 médicos forenses lo examinen y se expidan sobre la seriedad de la denuncia. Una vez presentado el pedido con sus requisitos, el juzgado deberá nombrar para el demandado un curador ad litem que lo represente y lo defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Además del curador ad litem, el juez puede nombrar un curador provisorio a los bienes para que conserve y istre los bienes del presunto demente. El nombramiento de éste curador solo se producirá cuando la demencia sea notoria y cuando el insano tenga bienes que sea necesario istrar. La función del curador a los bienes se limitará al aspecto patrimonial. La prueba fundamental en el juicio de insania será la pericia médica en la cual deberán participar tres médicos, a través de la cual se emitirá un dictamen médico que expresará si el enfermo está o no demente. También deberá calificar la enfermedad, encuadrándola dentro de una clasificación científica. Las partes que intervienen en el juicio de insania son: el denunciante, el presunto insano, el curador ad litem y el Asesor de Menores Una vez finalizado el proceso, el juez dictará una sentencia, en la cual podrá rechazar el pedido de declaración de demencia, o podrá resolver hacer lugar al pedido y declarar a la persona demente o inhabilitada, reemplazando al curador provisorio por un curador definitivo, para que cuide y istre los bienes de la misma. -Validez de los actos realizados antes, durante y después de la interdicción: Los actos realizados anteriores a la declaración de demencia son, en principio, válidos, ya que en el momento de la celebración de estos actos no pesaba sobre el otorgante ninguna interdicción; sin embargo podrán ser anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que fueron ejecutados (art. 473). Los actos celebrados durante el juicio de insania también son validos, ya que hasta que no haya una sentencia definitiva, el presunto demente sigue en uso de su capacidad legal. Sin embargo, también podrán ser anulados si la causa de la interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que fueron ejecutados. Los actos celebrados después de la interdicción son nulos, por lo establecido en el art. 472. Los dementes carecen de responsabilidad por los perjuicios que causaren por sus hechos ilícitos, salvo que sean realizados en un intervalo lúcido, sean o no interdictos. -Rehabilitación: Por lo establecido en el artículo 150 del Código Civil, el levantamiento de la interdicción procede cuando el enfermo se haya restablecido completamente, siendo necesaria una declaración judicial, previo examen practicado por facultativos y con Audiencia del Ministerio de Menores. El cesamiento de la interdicción puede ser pedido por todas las personas a las que el art. 144 autoriza a solicitar la declaración de demencia. -Sordomudos. Procedimiento. Reglas de Procedimiento: El artículo 153 de nuestro código civil establece que los sordo-mudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito. Con respecto al procedimiento de interdicción de los sordomudos, éstos están sometidos al mismo régimen jurídico que los dementes, según lo dispuesto en el art. 154. Por lo tanto, la interdicción podrá solo decretarse luego del juicio respectivo, que habrá se habrá de tramitar con los recaudos establecidos para el de insania, y a solicitud de las mismas personas que pueden pedir la declaración de demencia. Puesto que el juicio de interdicción de los sordomudos debe seguir los mismos trámites que el de demencia, corresponde asimismo un examen por facultativos: Los médicos verificaran si la persona en cuestión es sordomuda y si puede darse a entender por escrito, pero también deben verificar si padece

de una enfermedad mental que le impida dirigir su persona o istrar sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por demencia. El sordomudo interdicto es incapaz de hecho absoluto, por lo que los actos que éste celebre con posterioridad a la declaración son nulos. Sin embargo, a diferencia del demente declarado, el interdicto por sordomudez tiene una importante aptitud, que es la de poder celebrar el matrimonio, siempre y cuando pueda manifestar su voluntad por cualquier medio. También tienen aptitud para adquirir la posesión de las cosas, manifestando su voluntad a través de signos. Puesto que los sordomudos tienen discernimiento, a diferencia de los dementes, éstos son responsables por sus actos ilícitos. La interdicción de los sordomudos sólo podrá levantarse de conformidad a los mismos procedimientos que se requieren para el caso de la demencia. -Situación actual de los interdictos e inhabilitados a la luz de los Tratados sobre derechos humanos: La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad propicia un sistema de apoyos en la toma de decisiones, que faciliten a la persona con discapacidad el ejercicio de sus derechos en la medida de sus posibilidades, en lugar del tradicional régimen de sustitución de su voluntad por la del representante legal. El propósito de la convención es promover, proteger, y garantizar a las personas con discapacidad, el disfrute pleno y en igualdad de condiciones que las demás, de los derechos humanos. El artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a proporcionar el a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad y salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. D- Inhabilitados. Estados Intermedios o fronterizos. Análisis del art. 152 del Código Civil: La ley 17711 creó la institución de la inhabilitación con el art. 152bis del Código Civil, que establece que podrá inhabilitarse judicialmente a: -Quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales para su persona o patrimonio. –A los disminuidos en sus facultades, que no lleguen a ser dementes, y el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. –A los pródigos que expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio; solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio; la acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes. El artículo también establece que se le nombrará un curador al inhabilitado, y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. Sin la conformidad del curador, los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Con respecto a la capacidad de las personas inhabilitadas, por principio general, éstas son capaces de hecho, que tienen limitada facultad de disponer. Esa limitación de disponer, por lo establecido en el art. 152bis, se extiende a los actos de istración que el juez identifique en la sentencia. -Cesación: El cese de la inhabilitación se da, por lo establecido en el art. 152 bis, aplicando las mismas normas que regulan la rehabilitación de los dementes. De esta manera, se deberá realizar un examen de facultativos que comprueben la superación del estado que llevó a la persona a la inhabilitación.

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL) BOLILLA IV: A- Las Personas Jurídicas: El artículo 31 de nuestro Código Civil establece que “Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”. -Naturaleza Jurídica: Existen diversas teorías sobre cuál es la naturaleza jurídica de las personas jurídicas: Teoría de la ficción: Expuesta por el alemán Savigny, esta teoría llega a la conclusión de que las personas jurídicas son sujetos del derecho de bienes, creados artificialmente por la ley. Savigny elabora su teoría a partir de la noción de derecho subjetivo, que para él es un poder atribuido a una voluntad. En consecuencia, como esa voluntad, entendida en un sentido psicológico, solo la tiene el hombre, debe concluirse en que sólo el ser humano individual es propiamente persona; y los restantes sujetos de derecho que la ley reconoce no son más que seres ficticios. El ordenamiento legal, con el propósito de facilitar la obtención de finalidades colectivas de utilidad social, recurre a una presunción, mediante la cual se permite la actuación de entidades que no son personas físicas, como sujetos de relaciones jurídicas. Teorías realistas: Las teorías realistas sostienen que la persona jurídica no es una ficción, sino una realidad, basándose en que ellas realmente están dotadas de voluntad o bien en que el interés de las personas jurídicas es distinto del interés de los individuos que las componen: -Teoría del órgano: Esta teoría concibe a las personas jurídicas como un organismo dotado de voluntad propia, diferente a la de sus , siendo estos últimos solamente los medios de que se vale la persona jurídica para manifestarse. –Teoría de la institución: Esta teoría se funda en el concepto de institución: Una institución es una idea u obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social. La teoría sostiene que las instituciones responden a necesidades vitales del hombre, pero que la vida de estas entidades está por encima de la de cada uno de sus , considerados aisladamente. Teorías negatorias: -Teoría de los patrimonios de afectación: Sostiene que los bienes de un hombre pueden estar destinados a lograr fines propios o fines colectivos, y que lo que se denomina “persona jurídica, no es otra cosa que el patrimonio, afectado al cumplimiento de ciertos fines colectivos. –Teoría de los derechos individuales: Sostiene que la persona jurídica no es titular de derechos, sino que los verdaderos titulares son sus , pues ellos sufren o aprovechan las desventajas o ventajas de la actividad de la sociedad; es decir, que los derechos atribuidos a las personas jurídicas no son otra cosa que el conjunto de los derechos individuales de sus . –Teoría de la propiedad colectiva: Sostiene que la persona jurídica es un sujeto superficial y aparente, tras del cual se ocultan los verdaderos titulares del patrimonio. La persona jurídica, sería una propiedad colectiva detrás de la cual se oculta la propiedad individual de sus . Con respecto a que teoría es en la que se basa nuestro Código Civil para establecer la naturaleza de las personas jurídicas, la opinión general de los autores es que Vélez Sarfield adoptó la teoría de la ficción. Esto parece demostrarse en la forma en que se legisla sobre el comienzo y fin de la existencia de las personas jurídicas y, sobre todo, cómo se resuelve el problema de la representación y responsabilidad. -Teoría de la “Penetración del Ente”: Si bien la persona jurídica es un ente distinto que los componentes que la integran, en los casos en que la persona jurídica es utilizada para obtener finalidades distintas de aquéllas para las cuales ha sido reconocida, es decir, si se comete abuso de derecho por medio de una persona jurídica, los jueces pueden dejar de lado la independiente y separable personalidad de las personas jurídicas, y revelar la actuación y la responsabilidad de los que la componen. Si bien esta doctrina es itida, la desestimación de la forma de la persona jurídica es un remedio que debe quedar limitado a casos concretos verdaderamente excepcionales. Es decir, que en principio, debe respetarse la estructura formal de las personas jurídicas, y solamente puede investigarse su elemento material cuando lo justifiquen causas graves.

-Comienzo de la existencia de las personas jurídicas. Análisis de las normas del Código Civil: El artículo 45 del Código Civil establece que comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos y la confirmación de los prelados en la parte religiosa. Esta disposición alude exclusivamente a las personas jurídicas de derecho privado, más precisamente a las asociaciones y a las fundaciones; las de derecho público se rigen por la ley de creación, que inclusive fija el momento desde el cual comienzan a existir como entes con personería propia. El artículo 47 del Código, dispone que en el caso de que la autorización estatal es posterior al acto fundacional, quedan las entidades legitimadas en su existencia con retroactividad al tiempo de dicho acto constitutivo. Este efecto retroactivo de la autorización, legitima la existencia del ente como persona jurídica, desde la fecha de su constitución. De esta forma, se permite la creación de relaciones jurídicas en el período constitutivo. B- Representación de las Personas Jurídicas: Con respecto al modo de actuación de las personas jurídicas, existe una discrepancia entre dos teorías que se debaten la cuestión: -La teoría de la representación sostiene que los entes de existencia ideal actúan por medio de sus representantes legales, por consiguiente, entre la persona jurídica y sus representantes legales habría una relación de representado a representante. –La teoría del órgano sostiene que la persona jurídica actúa por medio de sus órganos, es decir, las personas físicas que son parte de la entidad, existiendo entre la persona jurídica y sus órganos una relación institucional, derivada de la constitución y la organización de la persona jurídica. Con respecto al modo de actuar de los entes de existencia ideal en nuestro ordenamiento jurídico, Vélez Sarfield se inclinó por la teoría de la representación; así se ve reflejado en el art. 35 de nuestro Código Civil, que establece que “las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que éste Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido. La postura ficcionista del codificador también se hace notar en la nota al art. 35 in fine, que sostiene que “la persona jurídica, solo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad”. -Responsabilidad de las Personas Jurídicas: Responsabilidad Contractual: Por lo establecido en el artículo 36 del Código Civil, se entiende que las personas jurídicas son plenamente responsables de los actos de sus es o representantes mientras éstos actúen dentro de los límites de sus facultades o mandatos. De esta manera, si el representante actuó dentro de los límites del mandato, la persona jurídica será la responsable; y si se excedió de los límites del mandato, la persona jurídica no será responsable, y solo lo sería este representante. Sin embargo, éste principio no es absoluto, y hay una excepción a la irresponsabilidad del representante, que es en el caso de enriquecimiento sin causa: En este caso, si la persona jurídica se hubiese enriquecido por el acto realizado por el representante, estará obligada a responder por las consecuencias del acto, en la medida del beneficio o enriquecimiento obtenido. Responsabilidad extracontractual (Civil por hechos ilícitos): El artículo 43 del Código Civil establece que “las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o istren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el Título “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”. Responsabilidad penal por hechos ilícitos: La responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos penales es difícil de itir. Sin embargo, en algunas circunstancias se iten, especialmente frente a las leyes especiales. C- Las personas jurídicas de carácter público y privado: El artículo 33 del Código Civil clasifica a las personas jurídicas, estableciendo que “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado: Tienen carácter público: 1)El Estado Nacional, las provincias, y los municipios. 2)- Las entidades

autárquicas. 3)- La Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1)- Las asociaciones o fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2)- Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Personas Jurídicas de carácter público: -El estado Nacional, las provincias y los municipios: El Estado es el representante de toda la sociedad, y organiza al país jurídica, política y económicamente. Por ende se reconoce su personalidad jurídica, y en conformidad a nuestro sistema federal de gobierno, también se debe reconocer la personalidad jurídica de las provincias y de los municipios. -Las entidades autárquicas: Son organismos que se han desprendido o descentralizado del estado, y que llevan funciones propias de aquel; algunas entidades autárquicas son: el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, las Universidades Nacionales, etc. –La Iglesia Católica: El carácter de persona jurídica pública que se reconoce en la Iglesia Católica proviene del hecho de que es el culto sostenido por la Nación, y el profesado por la mayoría de los habitantes. Personas Jurídicas de carácter privado: Son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el derecho privado, requieran o no autorización estatal para funcionar. Existen dos especies principales de personas jurídicas privadas: Las que requieren para su existencia autorización y control del Estado; y las que nacen respetando, simplemente, las reglas legales generales de su conformación: -Las primeras son llamadas asociaciones o corporaciones, fundaciones o establecimientos. Por lo estipulado en el art. 33, deben cumplir ciertas condiciones: Tener como principal objetivo el bien común; deben tener un patrimonio propio; deben ser capaces por sus estatutos de adquirir bienes y contraer obligaciones, y deben contar con la autorización del Estado para poder funcionar. –Las segundas son las sociedades civiles y comerciales, que no requieren en general, cumplir con las condiciones para las asociaciones y fundaciones. -Paralelo entre las Asociaciones y fundaciones: Es importante marcar una distinción conceptual entre estos dos términos: Las asociaciones son entidades creadas por un acuerdo de voluntades de varias personas, que persiguen un fin de interés común, sea altruista o lucrativo, y son sus quienes la gobiernan, la transforman o la disuelven. Las fundaciones, en cambio, son creadas por una persona, sea natural o jurídica, que hace una donación o legado con el objeto de que se destine a un cierto fin, siempre altruista, fijando las reglas a que ha de ajustar su desenvolvimiento la entidad, designando sus es y la forma en que han de renovarse. -Análisis de los estatutos: Los estatutos están previstos en el acto constitutivo, puede definirse a los estatutos como el conjunto de reglas referidas a la persona de existencia ideal, que establece su organización, estructura, gobierno y fines. Forman la ley fundamental de las personas jurídicas, cuyas actividades deben ajustarse a sus disposiciones. Los estatutos constituyen un requisito necesario para la concesión de la personería jurídica. Los estatutos son aprobados o desaprobados por el Estado, siendo también éste último quien interviene para su reforma En cuanto a la naturaleza jurídica de los estatutos, la doctrina tradicional veía en ellos un contrato: Como son redactados y establecidos de común acuerdo por los fundadores, se entendía que ese acuerdo de voluntad importaba un contrato de sociedad. Sin embargo, esta doctrina no resistió al análisis de la crítica moderna y quedó en el olvido: Sin duda, los estatutos son la expresión de un acto voluntario; pero este acto voluntario no contractual una vez aprobado por el estado, adquiere el valor de una verdadera norma jurídica, que gobierna la entidad y a la cual están sometidos sus . -Sociedades Civiles y Comerciales: Se denomina sociedad a la unión de personas que se organizan para la obtención de utilidades apreciables en dinero y el reparto de éste entre ellas, es decir, que tienen un fin de lucro.

En el sistema actual de nuestra legislación, todas las sociedades son consideradas como personas jurídicas, por lo establecido en el art. 33 del Código Civil, salvo las sociedades accidentales o en participación. Las sociedades pueden ser de carácter civil o comercial: -En cuanto a la sociedad comercial, el art. 1 de la Ley de Sociedades establece que “Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. Los tipos de sociedades comerciales están taxativamente establecidos en la ley, siendo nula la constitución de sociedades de tipos distintos a los previstos en el texto legal. -En cuanto a las sociedades civiles, son aquellas que, no adoptando ninguna de las formas previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, quedan encuadradas en la disposición del artículo 1648 del Código Civil, según la cual “Habrá sociedad cuando dos o más personas se hubieran mutuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado”. D- Extinción de las personas jurídicas. Causas: En los artículos 48 y 49, el Código Civil establece las casusas de extinción de las personas jurídicas. Estas normas rigen para las que necesitan autorización estatal para funcionar; las que no necesitan se rigen por las leyes especiales, aunque estos artículos son aplicables subsidiariamente si las leyes no prevén el caso. Las causas de fin de la existencia de las personas jurídicas establecidas en los artículos del Código son: -Por su disolución en virtud de la decisión de sus , aprobada por la autoridad competente. –Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus , o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos. –Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas. –Puede ser también una causal de disolución de las personas jurídicas la muerte de sus , aunque el artículo 49 establece que la existencia de las personas jurídicas no termina por el fallecimiento de sus . Existen otras causas de extinción de las personas jurídicas que no están contempladas en el código, tales como: -La finalización del plazo fijado en el estatuto para la duración de la entidad. –Una vez cumplido el objetivo que se previó en los estatutos. –En el caso de una fusión entre dos o más personas jurídicas, creándose una nueva entidad. -Poder interviniente en el retiro de la personería: El retiro de la personería jurídica es una facultad propia del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil. La extinción de los entes ideales también podría ser dispuesta por ley del Congreso, aunque tal hipótesis es excepcional. Lo normal es que esta potestad sea ejercida por el Ejecutivo. El artículo 48 también habilita, para el caso de disolución, a interponer los recursos judiciales por ilegitimidad o arbitrariedad de las decisiones istrativas, a fin de evitar actuaciones sumamente injustas o irrazonables por parte del Poder Ejecutivo. -Disolución y destino de los bienes: El retiro de la personería jurídica, produce la disolución de la entidad. Una vez producido el hecho de la disolución o extinción de la persona de existencia ideal, pasa ésta al estado de persona en liquidación. La liquidación es una etapa posterior a la disolución, en la cual la subsistencia del ente responde a la necesidad de adjudicar sus bienes, tal como se previno en el estatuto, pagando previamente las deudas de la entidad, haciendo las ventas que sean necesarias para cumplir con ellas y con los gastos de liquidación del patrimonio. Esto significa que lo primero que se tiene que hacer es cumplir con el destino que estaba fijado en el estatuto. Cuando el estatuto nada prevé sobre el destino, el art. 50 del Código Civil establece que los bienes se consideran vacantes, y por lo tanto, pasan a ser propiedad del Estado. Dicha vacancia debe ser declarada judicialmente, aplicándose por analogía el procedimiento sucesorio.

En lo que respecta a las fundaciones, el art. 30 de la ley de fundaciones establece que el remante de los bienes deberá destinarse a una entidad de carácter público o a una persona jurídica de carácter privado de bien común, sin fines de lucro y domiciliada en la república, salvo cuando se trata de fundaciones extranjeras.

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL) BOLILLA V: A- Hechos y Actos Jurídicos: Por lo establecido en el artículo 896 del Código Civil, los hechos jurídicos son “todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones”. Por lo establecido en el artículo 944 del Código Civil, los actos jurídicos son “los hechos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Los hechos jurídicos pueden clasificarse en: Naturales o humanos. Los naturales son todos aquellos hechos que acontecen en la naturaleza y que acaecen sin intervención del hombre. Por ejemplo: Un granizo que destruye una cosecha puede hacer nacer el derecho a una indemnización si la cosecha hubiera estado asegurada contra ese riesgo. Los hechos jurídicos humanos son todos aquellos realizados por el hombre y que producen efectos jurídicos. Por ejemplo: Un contrato o un delito. A su vez, los hechos jurídicos humanos pueden clasificarse en voluntarios e involuntarios (Art. 897). -Análisis y clasificación de los actos voluntarios: Por lo establecido en el Código, los hechos se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad, que constituyen los elementos internos del acto voluntario. El código también establece en el art. 913, que para que un acto voluntario sea considerado como tal deberá existir un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. En tal sentido, el art. 915 del Código establece que “la declaración de voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o inducida por una

presunción de la ley”. Las declaraciones formales son aquéllas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente itidas como expresión de la voluntad (art.916). La expresión positiva de la voluntad será considerada como tal cuando se manifieste verbalmente, o por escrito, o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos (art.917). La expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos, por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de voluntad, en los casos en que no se exija una expresión positiva, o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria (art.918). El silencio no es considerado como una manifestación de voluntad por lo establecido en el art. 919; salvo en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia, o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Los hechos voluntarios se clasifican a su vez en lícitos e ilícitos, por lo establecido en el artículo 898 del Código Civil. Son actos lícitos las acciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción de derechos. Los actos ilícitos son acciones y omisiones prohibidas por la ley, a raíz de las cuales se produce un daño a un tercero. Los actos lícitos se clasifican a su vez en actos voluntarios simples y actos jurídicos. Los actos voluntarios simples son aquellos que no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de derechos (art.899). Los actos jurídicos son aquellos actos voluntarios que sí tienen por finalidad inmediata establecer entre las personas relaciones jurídicas (art.944). Los actos ilícitos se clasifican a su vez en delitos y cuasidelitos. Los delitos son aquellos hechos ilícitos en los que se actuó con dolo, es decir, con la intención de producir el resultado contrario a la ley. Los cuasidelitos son aquellos hechos ilícitos en que se actuó con culpa, es decir que no se actuó con intención de producir un daño, pero el daño se ha producido porque se ha actuado con imprudencia o negligencia. Los hechos humanos involuntarios son aquellos realizados con vicios en el discernimiento, en la intención, o en la libertad; al encontrarse viciados algunos de estos elementos, no hay voluntad jurídica, y por lo tanto, no producen por sí obligación alguna (art.900). B- Imputación normativa de los Actos Voluntarios e Involuntarios. Análisis de las reglas del Código Civil: De los actos voluntarios: Al acontecer un hecho realizado con discernimiento, intención y libertad, es decir, un hecho voluntario, se desencadena una serie de consecuencias infinitas. El autor de un acto o hecho voluntario no podría ser responsable por todas las consecuencias de aquel. De ésta manera, el Código Civil distingue cuatro tipos de consecuencias, determinando cuáles pueden ser imputables al autor y cuáles no: -Las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si una persona le da veneno a otra, la consecuencia inmediata de ese hecho será la muerte de la persona envenenada; si una obra es mal construida, la consecuencia inmediata de ese hecho será su derrumbe. –Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman consecuencias mediatas. Por ejemplo, si una persona vende animales gravemente enfermos, y el comprador los pone junto con otros de su propiedad, la consecuencia inmediata será la muerte de los animales que vendí, y la consecuencia mediata será el contagio y muerte de los demás animales. –Las consecuencias mediatas que no pueden preverse, se llaman consecuencias casuales. Por ejemplo, si una persona vende animales gravemente enfermos, y el comprador los pone junto con otros de su propiedad, la consecuencia inmediata será la muerte de los animales que vendí, la consecuencia mediata será el contagio y muerte de los demás animales, y la consecuencia casual sería que el comprador de los animales enfermos vaya a la quiebra. –Las consecuencias que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad, se llaman consecuencias remotas. Por ejemplo: Si el comprador que compro animales enfermos, cayó en quiebra, y posteriormente se suicido, el suicidio de éste sería una consecuencia remota al hecho de una persona le vendió animales enfermos.

El código establece que las consecuencias inmediatas de los hechos voluntarios, son imputables al autor de ellos (art.903). Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas (art. 904). Las consecuencias casuales no son imputables al autor del hecho, salvo que el autor las hubiera tenido en cuenta a la hora de ejecutar el hecho (art. 905). Las consecuencias remotas no son imputables al autor del hecho en ningún caso. (art.906). Para establecer el grado de responsabilidad en los actos voluntarios ilícitos, el código establece en su artículo 902 que “cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Por ejemplo: No es igual la responsabilidad del médico que la del especialista en la materia; la del estudiante que la del abogado que da un consejo. De los actos involuntarios: Los hechos involuntarios no son imputables a su autor, según el artículo 900 del Código Civil, que establece que “los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad no producen por sí obligación alguna. Sin embargo, el código contempla excepcionalmente tres posibilidades de imputar algunas consecuencias: La primera excepción se da en el caso de que si como consecuencia del hecho involuntario el autor de éste se hubiera enriquecido, deberá indemnizar a la víctima en la medida del enriquecimiento (art.907). La segunda excepción está contemplada en el art. 908 del código, y establece que en el caso de daños causados por personas que obran sin discernimiento, son responsables los que los tienen a cargo, es decir, los padres, tutores o curadores. La tercera excepción está contemplada en el artículo 907, que se adicionó con la reforma que introdujo la ley 17711, y establece que aunque un hecho sea realizado sin discernimiento, los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima. Esta indemnización de daños queda librada al arbitrio del juez, en el sentido de que tanto su aceptación como extensión dependen de la apreciación de aquél. C- Estructura del Acto Jurídico. Elementos Accidentales y Esenciales: La estructura de todo acto o negocio jurídico se compone de ciertos elementos. Estos elementos pueden ser según su naturaleza: -Accidentales: Son aquellos elementos que pueden o no existir en el acto jurídico, según la voluntad de las partes. Entran dentro de la categoría de elementos accidentales las modalidades de los negocios jurídicos como pueden ser el plazo, el cargo, la condición. La condición es una cláusula en virtud de la cual la adquisición o la pérdida de un derecho se subordina a un acontecimiento futuro o incierto. El hecho es futuro en el tiempo, e incierto en el sentido de que puede o no suceder. Las condiciones se pueden clasificar de distintas formas: Pueden ser suspensivas o resolutorias: La condición es suspensiva cuando lo que se halla subordinado a ella es el nacimiento de un derecho. Por ejemplo: El derecho a la indemnización estipulado en el contrato nacerá si ocurre el siniestro previsto. La condición es resolutoria cuando lo que depende del hecho incierto es la extinción del derecho. También pueden ser potestativas, casuales y mixtas: La condición es potestativa cuando su cumplimiento depende del arbitrio del obligado; las condiciones puramente potestativas anulan la obligación. La condición es casual cuando se trata de un hecho totalmente ajeno a la voluntad de las partes. Es mixta cuando su cumplimiento depende en parte de la voluntad de las partes y en parte de factores extraños. Otra manera de clasificar a las condiciones es en positivas y negativas: La condición es positiva si consiste en la realización de un hecho. La condición es negativa si consiste en una omisión o en la falta de realización de un acontecimiento. Las condiciones también pueden clasificarse en imposibles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres: Las condiciones imposibles son aquellas en las cuales el acontecimiento futuro e incierto es física o jurídicamente imposible. Las condiciones son ilícitas cuando el hecho a que se subordina el nacimiento de una obligación sea prohibido por la ley. Las condiciones contrarias a las buenas costumbres son aquellas en las cuales el hecho a realizarse es contrario a la

moral y a las buenas costumbres. En virtud del artículo 530 del Código Civil, las condiciones imposibles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres dejan sin efecto la obligación. El plazo o término es la cláusula en virtud de la cual se difieren o se limitan en el tiempo los efectos de un acto jurídico. A diferencia de la condición, que puede o no suceder, el plazo ha de ocurrir fatalmente. En principio, todos los actos pueden someterse a plazo. Solo por excepción y casi siempre por razones de orden moral, la ley lo prohíbe en algunos casos (aceptación o repudiación de la herencia). El plazo, en nuestro derecho, se supone establecido a favor de ambas partes, salvo que por el objeto de la obligación o por otras circunstancias resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. Con respecto a su clasificación, el plazo puede ser suspensivo o resolutorio: El plazo es suspensivo cuando difieren los efectos del acto jurídico hasta el cumplimiento del término fijado. En cambio, es resolutorio cuando se limitan hasta cierto momento los efectos del acto. También puede clasificarse al plazo en cierto o incierto: El plazo es cierto cuando la fecha de su cumplimiento está determinada con precisión, sea por la designación expresa del día, o por fijación de un número de días a partir de la fecha del acto, o por la determinación de un acontecimiento que ha de ocurrir fatalmente en cierto día. El plazo es incierto cuando no se sabe la fecha en que ha de cumplirse. Otra forma de clasificar a los plazos es en expresos o tácitos: Es expreso cuando está formalmente convenido en la obligación. En cambio, es tácito cuando no está formalmente convenido, pero surge implícitamente de la naturaleza del acto. Por último, se puede clasificar al plazo en legal, judicial o voluntario: El plazo es legal si surge de la ley; es judicial si está fijado en una sentencia; y es voluntario cuando ha sido establecido por los otorgantes del acto. El plazo voluntario es el único que cae dentro del concepto de elemento accidental de los actos jurídicos. El modo o cargo es una obligación ria que se impone al que recibe una liberalidad. El cargo es siempre una obligación ria; no afecta la eficacia ni la exigibilidad del derecho, puesto que su incumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio, salvo que se hubiere impuesto como condición suspensiva; si se hubiere impuesto como condición suspensiva, será necesaria la sentencia del juez para que el beneficiado pierda el derecho adquirido en caso de incumplimiento del cargo. En el caso de que el cargo no se hubiese impuesto como ningún tipo de condición, y si no se cumpliera, no produce la pérdida del derecho, pero el beneficiario puede ser judicialmente exigido a su cumplimiento. En el caso de que el hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, el acto en que el cargo fuese impuesto no valdrá, por lo establecido en el artículo 564 del Código Civil. El código hace una excepción a esta regla en su artículo 565: Si el hecho no fuera absolutamente imposible, pero llegase a serlo después, sin culpa del adquiriente, la adquisición del beneficio subsistirá sin cargo alguno. Es importante marcar una diferencia entre el cargo y la condición: El incumplimiento de la condición trae aparejada la extinción del beneficio; el incumplimiento del cargo no. Además, los interesados pueden exigir judicialmente el incumplimiento del cargo, cosa que no podrían hacer si fuera una condición. -Esenciales: Son los elementos generales que se encuentran en todo acto o negocio jurídico; no pueden faltar y responden a la estructura misma del acto o negocio. Según la doctrina clásica, estos son el sujeto, el objeto, la forma y la causa. El sujeto es uno de los elementos generales esenciales de un acto jurídico. No se concibe un acto o negocio sin los sujetos a los cuales se les pueda atribuir las consecuencias jurídicas. El sujeto debe estar acompañado de la capacidad de derecho; en tal sentido, el artículo 1040 del Código Civil establece que “el acto jurídico para ser válido, debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su derecho”. Hay que hacer una distinción entre las partes, que son los verdaderos sujetos del acto y a los cuales se les atribuyen la consecuencia, de otras personas que intervienen en el acto, pero no son partes: Las partes son los sujetos o personas interesadas en el acto, es decir, a

quienes se imputan las relaciones jurídicas que el acto tiene por fin establecer; las personas físicas o jurídicas cuyos derechos se crean, modifican, transfieren, conservan o aniquilan por causa del acto jurídico. Los otorgantes son quienes disponen, estipulan o prometen por medio del acto, es decir, quienes otorgan ese acto; generalmente las partes son quienes otorgan el acto, pero los negocios jurídicos también pueden otorgarse por representación, es decir, por otras personas que no son partes pero que obran para las partes. De esta manera, se puede definir a los representantes como otorgantes del acto jurídico, pero no son partes; sustituyen a la parte y actúan en reemplazo de ella, comprometiéndola con el acto; actúan a nombre de otro u otros, emitiendo una declaración de voluntad que no se les atribuye, sino que es de interés del representado. Existen distintos tipos de representación: Puede ser legal o voluntaria: La representación legal es la establecida por la ley para suplir la incapacidad de las personas. La representación voluntaria es la que dispone una persona incapaz, que se encuentra en situación jurídica de gestionar por sí misma los propios negocios y declarar por sí su voluntad confiando a otros el efectuar negocios en su nombre. La representación también puede ser activa o pasiva: Es activa cuando el representante declara o realiza una manifestación de voluntad dirigida a otro, en nombre y por cuenta del representado; es pasiva cuando el representante está designado exclusivamente para recibir una declaración de voluntad de un tercero dirigida al representado. Por último, la representación puede ser directa o indirecta: Es directa cuando el representante actúa en interés ajeno y en nombre ajeno; es indirecta cuando el representante actúa en interés ajeno, pero en nombre propio. El objeto es la entidad material o inmaterial sobre la cual recae el interés implicado en la relación; es mediato y constituye, por lo tanto, la cosa, el hecho, la utilidad o el bien a que se refiere el acto jurídico. El artículo 953 del Código Civil establece los requisitos que debe reunir el objeto de un acto jurídico: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”. La forma, entendida como elemento esencial de los actos jurídicos y no como forma impuesta, es el medio por el cual la persona manifiesta exteriormente su voluntad. Por lo establecido en el artículo 913, ningún hecho tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. La forma puede consistir en hechos inequívocos, en expresiones orales o en forma escrita, también llamada instrumental. La causa, entendida como elemento esencial del acto jurídico y no como causafuente, es el fin que las partes se propusieron en el momento de llevar adelante el negocio jurídico. Entre los juristas existen marcadas diferencias en torno a la causa: Algunos aceptan a la causa-fin como elemento de los actos jurídicos, mientras que otros la niegan. De esta manera existen distintas doctrinas en torno a la causa: La doctrina causalista clásica, desarrollada por Domat, sostenía que la causa fin era la razón abstracta perseguida por los contratantes. La tesis anticausalista niega a la causa como elemento de los actos jurídicos, sosteniendo que esta noción de causa se confunde con la de objeto. La doctrina causalista moderna surge para contestar a los cuestionamientos del anticausalismo, elaborando una noción más flexible y útil. En nuestro derecho positivo, las doctrinas causalistas y anticausalistas han tenido sus correspondientes partidarios y detractores, y ambas corrientes de opinión han tratado de encontrar fundamento a su criterio en los textos del Código Civil: Los causalistas sostienen que los artículos del Código hacen referencia a la causa fin, mientras que los anticausalistas sostienen que los artículos están referidos a la causa fuente. El art. 499 sienta el principio según el cual “No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles”. En tanto, el artículo 500 establece que aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario; el artículo 501 dispone que la obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa si existe otra causa

verdadera. El artículo 502 se refiere a la causa ilícita, estableciendo “la obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto”. La causa es ilícita cuando es contraria a las leyes o al orden público. -Condiciones de validez de los actos jurídicos: Para que un acto jurídico sea considerado válido, deberá ser lícito, formal, carente de vicios que afecten la voluntad y otorgado por persona capaz. -Forma de los actos jurídicos: Por lo establecido en el artículo 973 del Código Civil, la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico, tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar. El artículo 974 del Código consagra el principio de libertad de las formas, ya que cuando la ley no exija expresamente una determinada forma para algún acto jurídico, las personas pueden usar las formas que juzguen convenientes. Los actos jurídicos, de acuerdo a sus formas, pueden clasificarse en formales o no formales: Los primeros son aquellos para los que la ley exige una determinada forma, sin la cual carecen de valor legal; mientras que los segundos no requieren ninguna solemnidad. A su vez, los actos formales se clasifican en solemnes y no solemnes. En los actos formales solemnes la forma es exigida como requisito inexcusable de la validez del acto, mientras que en los actos formales no solemnes la forma es exigida sólo como un medio de prueba y como protección de los derechos de terceros. D- -Prueba de los hechos y actos jurídicos: La prueba es el conjunto de elementos para demostrar la existencia y contenido de un acto, pudiendo ser escritas, testimoniales, confesionales, presuncionales, periciales, etc. La prueba del hecho o acto jurídico no debe confundirse con la forma del mismo: La prueba es ajena y externa al acto y puede ser contemporánea o posterior, mientras que la forma es un elemento del acto, y por lo tanto, es siempre contemporánea con él. No puede existir acto jurídico sin forma esencial, pero sí sin prueba. De este modo, la prueba no es un elemento constitutivo del acto, mientras que la forma sí lo es. -Instrumentos públicos y privados: Los instrumentos constituyen una prueba denominada instrumental de los hechos y actos jurídicos y se los puede definir como la declaración escrita de la voluntad y que ha sido suscripto con el fin de hacer constar un acto o negocio que interesa al derecho. Los instrumentos pueden ser públicos o privados: 

El instrumento público es el que secundado por una disposición normativa tiene fuerza probatoria auténtica, sea que esa disposición normativa requiera a ese efecto de la actuación de un oficial público, de un autorizado a actuar como tal u otros elementos en ella previstos.

Por lo establecido en el art. 979 del Código Civil, son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: -Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias sacadas de esos libros con formalidades de la ley. –Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieran determinado. –Los asientos de los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio. –Las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, y las copias sacadas de ellas por orden del juez ante quien pasaron. –Las letras aceptadas por el gobierno y los billetes o cualquier titulo emitido por el Tesoro Público. –Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales. –Los billetes, libretas y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones. –Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros provinciales y las copias sacadas de esos libros o registros. Con respecto a las condiciones de validez de los instrumentos públicos, existen requisitos objetivos y subjetivos para que el instrumento público sea válido: Dentro de los requisitos subjetivos se encuentran: La capacidad del oficial público, es decir, su aptitud para expedir y autorizar instrumentos

derivada del título que inviste al ser designado; la compatibilidad del oficial público, siendo incompatible la actuación del oficial público en los actos en cuales hay interés directo suyo o de parientes hasta el cuarto grado; y la competencia del oficial público, ya que el código establece que para la validez del acto como instrumento público es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones, respecto de la naturaleza del acto, y que este se extienda dentro del territorio que se ha asignado para el ejercicio de sus funciones. Dentro de los requisitos objetivos se encuentran: El cumplimiento de las formas exigidas por ley en casos especiales bajo pena de nulidad; y los requisitos genéricos para todo tipo de instrumento público, como la firma de las partes, del oficial público y de los testigos, la fecha en que se otorga el instrumento y el sitio. Con respecto a la fuerza probatoria del instrumento público, estos hacen plena fe de de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplido por él mismo o que han pasado en su presencia; en cuanto al hecho de haberse ejecutado al acto; de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc. contenidos en ellos; y de las enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal. La fuerza probatoria de los instrumentos públicos puede hacerse valer contra las partes, los sucesores de éstas y también contra terceros. 

Los instrumentos privados son aquellos que las partes otorgan sin intervención de oficial público. Respecto de ellos, impera el principio de la libertad de las formas. Las partes pueden escribirlos de su puño y letra o puede hacerlo un tercero; es indiferente que sean hechos a tinta o a lápiz, o que estén mecanografiados o impresos; pueden ser redactados en idioma nacional o extranjero.

Con respecto a las formalidades para la validez de los instrumentos privados, al estar regidos sustancialmente por el principio de libertad de formas, estos se encuentran liberados de formalidades, y solo se restringen en dos aspectos: la firma y el doble ejemplar: La firma es el modo habitual que tiene una persona de dar a conocer su individualidad escribiendo su nombre y apellido. La firma debe ser puesta al terminar el acto, al pie y abarcando las expresiones o declaraciones estampadas en él. Con respecto a si la impresión digital puede sustituir a la firma, existe discrepancia entre distintas posturas, aunque la mayoría de los autores sostiene que la impresión digital no se acepta como reemplazo de la firma, porque si bien ésta sirve para identificar a la persona, no es prueba de la voluntariedad de la declaración. Con respecto a la firma a ruego, tampoco es posible darle validez tratándose de instrumentos privados. La otra formalidad de los instrumentos privados es el doble ejemplar, que consiste en hacer tantos ejemplares como partes interesadas participan en el acto que se instrumenta, por lo que pueden ser más de dos. Cada uno de estos ejemplares debe estar firmado por la parte obligada, pero esa exigencia rige solamente para los actos que producen obligaciones recíprocas entre las partes. El código civil contempla tres excepciones en que no es exigido el doble ejemplar: -Cuando antes de la redacción del instrumento o simultáneamente con su redacción, una de las partes da cumplimiento o ejecución total a las obligaciones que el acto le impone (art. 1022). –Cuando después de extendido el instrumento único, la parte que no firmó el otro ejemplar cumple íntegramente cumple íntegramente con sus prestaciones, dado que con la ejecución de ellas subsana el vicio (art. 1024). –Cuando se redacta un solo ejemplar, pero se lo deposita en una escribanía o en poder de otra persona, encargada de conservarlo, y ese depósito se hace por acuerdo de todas las partes interesadas (art. 1025). Con respecto a la fuerza probatoria del instrumento privado éste no la tiene, a diferencia de los instrumentos públicos que gozan de presunción de autenticidad. De este modo, carece de valor probatorio mientras la firma que lo suscribe no haya sido reconocida por el interesado o declarada debidamente reconocida por el juez competente. El reconocimiento de la firma lleva como consecuencia que todo el cuerpo del documento quede reconocido.

Los instrumentos privados debidamente reconocidos tienen, respecto de terceros y de los sucesores a título singular, la misma fuerza probatoria que los instrumentos públicos, pero solamente después de haber adquirido fecha cierta. El art. 1035 enumera los cuatro modos en que un instrumento privado adquiere fecha cierta: -Cuando un instrumento privado fue exhibido en juicio o en una repartición pública y allí quedo archivado. –Cuando el instrumento es reconocido por un escribano y dos testigos que lo firmaren. – Cuando sea el instrumento fuese transcripto en cualquier registro público. – La fecha del fallecimiento de la parte que lo firmó, del que lo escribió o de quien firmo como testigo, adquiere carácter de fecha cierta. Con respecto a los instrumentos firmados en blanco, en principio, son perfectamente lícitos, pero la ley reconoce al signatario la facultad de poder impugnar el contenido del documento cuando éste no se ajustara a lo estipulado. De esta manera, el signatario puede oponerse al contenido del instrumento cuando: -Considera que se ha abusado de su firma en blanco, debiendo probar que lo que dice el documento no es lo que él ha tenido intención de hacer o contratar. Esta prueba no puede hacerse por testigos pero sí por otros medios de prueba. Si se declara la nulidad del contenido, ella tendrá efectos entre las partes, pero no podrá ser opuesta a terceros de buena fe que hubiesen contratado con quien llenó el documento. –Si el documento fue sustraído fraudulentamente a la persona que lo firmó o a la persona a quien se lo hubiera confiado y hubiera sido llenado en contra de la voluntad de ellas. En este caso, deberá probar la sustracción y el abuso de su firma en blanco, pero itiéndose todo tipo de pruebas, incluso testigos, y la nulidad puede oponerse contra terceros aun sean de buena fe. Con respecto a las cartas misivas, estos son instrumentos privados que consisten en comunicaciones escritas que una persona dirige a otra, generalmente en sobre cerrado, manifestándole su pensamiento sobre alguna cosa. Surge el cuestionamiento de que si son isibles como medio probatorio. Al respecto debe distinguirse entre: -Las cartas enviadas por una parte del litigio a la otra parte: En estos casos se considera que la carta puede ser presentada y itida como medio de prueba. –Cartas dirigidas a un tercero: No serán itidas como medio de prueba. -Análisis de las escrituras públicas: Las escrituras públicas son uno de los instrumentos públicos más importantes. Normalmente, se otorgan ante los escribanos del registro, aunque por excepción y en casos muy especiales, se los reemplaza y se cubre su misión por otros funcionarios que ejercen atribuciones notariales. Las escrituras públicas son asentadas por los escribanos en el protocolo. Estos protocolos quedan después encuadernados en libros, que son los registros notariales de las escrituras. La escritura matriz es la asentada en el protocolo, no teniendo carácter de tal las copias autenticadas de esos protocolos, sus testimonios y las certificaciones derivadas de él, aunque también tengan valor de instrumento público. El acto de incorporar un documento al protocolo se denomina protocolización. Generalmente se trata de incorporar instrumentos privados. Para que esa incorporación surta efectos de convertir el instrumento privado particular protocolizado en instrumento público, debe ser ordenada por juez competente. Con respecto a las partes que constituyen las escrituras públicas, se deben distinguir en ella: El encabezamiento o cabeza, que es la parte con que se abre el acto; La exposición, en la cual las partes explican el acto jurídico o dan la razón que los ha movido a contratar; la estipulación, que es la declaración de voluntad formulada por los otorgantes con el propósito de producir efectos jurídicos; y el pie, que es el cierre de la escritura. Las escrituras deben hacerse en idioma nacional. En el caso de que las partes no hablaran este idioma, se hará una minuta que se agregará al protocolo. Cuando una persona obra por otra en su representación, deberá esta exhibir los poderes o documentos habilitantes que quedan anexados al protocolo. -Otros medios de prueba: Pueden ser los instrumentos informáticos, los cuales a partir de la ley 25506 tiene una seguridad jurídica similar a la de los instrumentos privados, pero con fuerza probatoria mayor. Esta ley acepta el uso de documentos digitales y regula el empleo de la firma

electrónica y digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la misma ley. Sin embargo, también excluye del régimen de de documentos digitales a algunos actos, como las disposiciones por causa de muerte; los actos jurídicos del derecho de familia; los actos personalísimos y los actos instrumentados bajo formalidades incompatibles con el uso de firma digital. E- -Efectos de los actos jurídicos: Los actos o negocios jurídicos sólo producen, en principio, efectos entre las partes. Es lo que se llama efecto relativo de los actos. De este modo, las consecuencias ventajosas o perjudiciales del acto solo le corresponden a las partes, y no a los terceros, así sean otorgantes, representantes sin interés directo, testigos del acto o funcionario ante quien ese acto se celebro. La aplicación del efecto relativo está consagrada en los art. 504, 1195 y 1199 del Código Civil. Hay excepciones a este principio, que son: -Cuando el objeto principal del negocio jurídico es beneficiar a un tercero. –En el caso del sucesor singular, para quien pueden derivar algunas obligaciones y derechos. –En el caso de los acreedores, que pueden ver modificado el patrimonio de su deudor con el acto o negocio, pudiendo impugnar actos del deudor para preservar el patrimonio de este, que es garantía general de su crédito. -Reglas de interpretación de los actos jurídicos: La interpretación de los actos jurídicos consiste en desentrañar la voluntad de las partes a través del prisma de su declaración. Son los jueces quiénes interpretan los actos jurídicos cuando se presenta un desacuerdo entre la voluntad interna, de la persona que otorga el acto, y su exteriorización, El principio fundamental de las reglas de interpretación es el de la buena fe, llamada también regla de oro de la interpretación de los negocios jurídicos. Este principio está dispuesto en el art. 1198 del Código Civil. Del código de comercio se desprenden otras reglas que deben aplicarse en la interpretación de los actos jurídicos, tales como: -Atender a la intención real de las partes. –Cuando una cláusula lleva a la invalidez y otra apuntala a la validez del acto, hay que darle preeminencia a la segunda. –Debe atenderse al texto íntegro, no a las palabras aisladas de la declaración de voluntad. –Tiene que buscarse un significado razonable, debiendo el intérprete dejar de lado el significado literal de las palabras y atenerse al sentido común de las mismas. –Los fines económicos y la naturaleza del acto son de buena guía, así como los usos y costumbres del lugar. –Debe aplicarse el principio favor debitoris, inclinándose en caso de duda por la liberación de la deuda. –Se debe considerar los hechos posteriores al acto o negocio, que pueden suministrar una buena explicación de ese acto, siendo también importantes aunque en menor grado, los hechos anteriores al acto.

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL) BOLILLA VI: A- Vicios de los actos jurídicos: Vicios de la voluntad: Los vicios de la voluntad son aquellos que afectan a la libre voluntad de las personas, es decir, aquellos vicios que afectan el discernimiento, la intención y la libertad. Dentro de los vicios de la voluntad, se encuentran la ignorancia, el error, el dolo y la violencia:

-Ignorancia y error: La ignorancia puede ser definida como la completa ausencia de conocimientos sobre una materia determinada, mientras que el error es un conocimiento equivocado. Al ser estos dos vicios apreciados jurídicamente de la misma manera, es indiferente el hecho de emplear una u otra expresión, y por lo tanto, todo lo que se dice del error es aplicable a la ignorancia. El error puede ser de hecho o de derecho: 



El error de hecho tiene lugar cuando el falso conocimiento recae sobre los datos de hecho, o bien sobre el contenido o los presupuestos del acto. A su vez, el error de hecho puede clasificarse en error accidental o error esencial: -El error accidental es el que recae sobre elementos accidentales, de carácter secundario, que las partes no tuvieron en mira al realizar el acto. El error accidental no produce la nulidad del acto. –El error esencial es el que recae sobre elementos esenciales del acto, que las partes tuvieron en mira al realizar la manifestación. El código, para no dejar duda, contempla los distintos casos de error esencial, estableciendo que existe tal error cuando éste recae sobre la naturaleza del acto, sobre el objeto del acto, sobre la causa principal del acto, sobre las cualidades sustanciales de la cosa, o sobre la persona con la cual se celebra el acto. El error esencial puede ser excusable o inexcusable, siendo excusable cuando la persona ha tenido motivos para equivocarse y ello ocurre a pesar de haber actuado con prudencia y tomando precauciones, y siendo inexcusable cuando no se justifica que la persona se halla equivocado. El error esencial, a diferencia del error accidental, produce la nulidad del acto, siempre que este sea excusable. El error de derecho es aquel que recae sobre la legislación aplicable al acto que se realiza. El error de derecho no es excusable y en ningún caso impide los efectos jurídicos de los actos lícitos, ni excusa la responsabilidad por éstos. Esto se fundamenta en que las leyes son obligatorias y se presumen conocidas por todos.

-Dolo: Por lo establecido en el art. 931 del Código Civil, el dolo, como vicio de la voluntad, es toda aserción de lo que es falto o disimulación de lo que es verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplea con ese fin. El dolo siempre supone un engaño, ya que es inducir en error a la persona con el propósito de hacerla celebrar un acto. El dolo puede ser principal o incidental: -El dolo principal es aquel que induce y determina que la victima realice el acto. Este tipo de dolo tiene el efecto de producir la nulidad del acto y la indemnización por daños y perjuicios. –El dolo incidental o dolo incidente, a diferencia del anterior, es aquel que no ha sido la causa determinante para la realización del acto. Este tipo de dolo no tiene el efecto de producir la nulidad del acto jurídico, pero la víctima puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Con respecto a las condiciones para que el dolo de lugar a la nulidad del acto, éstas se encuentran contempladas en el art. 932 del Código, que establece que: El dolo debe ser grave; debe ser la causa determinante de la acción: debe haber ocasionado un daño importante; no debe ser recíproco, es decir, no debe haber dolo por ambas partes. Si el dolo proviniera de un tercero, también da lugar a la nulidad del acto jurídico, igual que si proviniera de las partes, por lo establecido en el art. 935 del Código Civil. -Violencia: Se puede definir a la violencia como la coerción física o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla a ejecutar un acto que no quiere realizar. La violencia puede presentarse de dos formas, ya sea a través de la fuerza o a través de la intimidación: La fuerza es la coacción física ejercida sobre una persona, mientras que la intimidación es la coacción moral que se ejerce sobre el individuo. Para que la fuerza produzca la nulidad del acto jurídico, son requisitos que el sometimiento de esta sea irresistible, en el sentido de que la víctima no posea ningún medio para oponerse o resistir a la coacción que sufre, y también que la fuerza sea la causa determinante del acto o negocio jurídico. Para que la intimidación produzca la nulidad del acto jurídico, el código civil establece los siguientes requisitos: -La amenaza debe ser injusta, siendo

considerada tal cuando el medio empleado es ilícito o bien cuando éste es lícito pero el propósito es ilícito, inmoral o contrario a las buenas costumbres. –El mal debe ser inminente, es decir, relativamente próximo. –El mal debe ser grave. – El temor debe ser fundado. –La intimidación debe ser la causa determinante del acto jurídico. Con respecto a los efectos de la violencia, ya sea por fuerza o intimidación, produce la nulidad del acto jurídico y da la posibilidad a la víctima de solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Si la violencia proviniera de un tercero, tiene también el efecto de producir la nulidad del acto jurídico, al igual que si proviniera de las partes. B-Vicios de los actos jurídicos: -Vicios propios de los actos jurídicos: Son ciertas imperfecciones que los actos jurídicos contienen y constituyen defectos legales que solamente pueden concurrir en ellos. Son considerados vicios propios de los actos jurídicos la simulación, el fraude y la lesión. -Simulación: Se puede definir a la simulación como aquel acto o negocio jurídico que por acuerdo de las partes se celebra exteriorizando una declaración recipticia no verdadera, para engañar a terceros. Por lo establecido en el art. 955 del Código Civil, la simulación tiene lugar cuando: -Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. – O cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas. –O cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Con respecto a su clasificación, la simulación puede ser absoluta o relativa, o bien puede ser lícita o ilícita: Por lo establecido en el art. 956, la simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y es relativa cuando se utiliza para dar al acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter. Por lo establecido en el art. 957, la simulación es lícita cuando no perjudica a nadie y tiene un fin lícito, mientras que es ilícita cuando perjudica a terceros y tiene un fin ilícito. Con respecto a la acción de simulación, esta se concede cuando hay un acto jurídico simulado, con el efecto de que se declare judicialmente que el acto nunca existió, en el caso de simulación absoluta, o que solo existió un acto oculto, en el caso de simulación relativa. Las partes pueden ejercer la acción de simulación cuando la simulación es lícita, pero no pueden hacerlo cuando es ilícita, salvo que la acción tenga por fin dejar sin efecto el acto y las partes no obtengan ningún beneficio de la anulación, por lo establecido en el art. 959 del Código Civil. La simulación entre las partes sólo puede probarse por el contradocumento, que es un escrito generalmente secreto que comprueba o reconoce la simulación total o parcial del acto de un acto aparente al que se refiere, y solo se puede prescindir de éste para itir la acción si mediaran circunstancias que hacen inequívoca la existencia de la simulación, por lo establecido en el art. 960 del Código Civil. La acción de simulación también puede ser ejercida por terceros del acto jurídico simulado, pero solamente si éstos se hubieran visto perjudicados con el acto simulado, es decir, solo en el caso de que la simulación sea lícita. -Fraude: El fraude tiene lugar cuando el deudor enajena o graba sus bienes, con el propósito de sustraerlos de su activo y evitar así el cobro por parte de sus acreedores. La ley concede una solución a los acreedores para evitar actos fraudulentos de sus deudores, que es la denominada acción revocatoria, o también llamada acción de fraude o acción pauliana, que se encuentra contemplada en el art. 961 del Código Civil. Los requisitos para ejercer la acción revocatoria se encuentran contemplados en el art. 962 del Código Civil, el cual establece que es preciso que: -El deudor se encuentre en estado de insolvencia, presumiéndose ese estado desde que se encuentra fallido. –Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente. –Que el crédito en virtud del cual intenta la acción sea anterior al acto del deudor. En el caso de que el acto fraudulento fuera oneroso, el acreedor que inicia la acción deberá probar además que el tercero que adquirió el bien del deudor

fue cómplice del fraude, lo cual se presume si el tercero adquiriente tenía conocimiento de la insolvencia del enajenante por lo establecido en el art. 968 y 969 del Código Civil. Si el acto de fraude fue gratuito, no hace falta probar la complicidad del donatario adquiriente, bastando que el acreedor demuestre lo establecido en el art. 962 del código. Con respecto al efecto de la acción revocatoria, a diferencia de la simulación que produce la nulidad del acto, plantea una inoponibilidad del acreedor respecto del acto fraudulento. La revocación del acto fraudulento solo beneficia al acreedor que la pidió y hasta el importe de su crédito. -Lesión: La lesión como vicio propio de los actos jurídicos fue recién introducida en nuestro ordenamiento positivo en 1968 con la reforma introducida por la ley 17711 en el art. 954 del Código Civil, el cual que establece que la lesión tiene lugar cuando una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de un acto jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Con respecto a los requisitos que establece nuestra ley para que se ita la lesión son dos: El primero es que medie un aprovechamiento de la necesidad, ligereza, o inexperiencia de la otra parte; y el segundo es que se haya obtenido del acto jurídico una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Con respecto a la prueba de la lesión, el art. 954 establece que se presume, salvo prueba en contrario, que la lesión existe en caso de observarse una notable desproporción de las contraprestaciones. El art. 954 otorga la acción de nulidad o reajuste por lesión a la víctima del acto lesivo o a sus herederos. Con respecto a los efectos de la lesión, si la acción fue de nulidad por lesión, el acto o negocio jurídico queda invalidado, mientras que si la acción fue de reajuste por lesión, se restablecerá la equidad de las contraprestaciones.

DERECHO CIVIL I (PARTE GENERAL)

BOLILLA VII: A- Medios de ineficacia de los negocios jurídicos: Se puede definir a la ineficacia de los negocios jurídicos como la privación o disminución de los efectos propios de los negocios jurídicos, es decir, de los efectos que las partes persiguen de manera inmediata al otorgarlo. Existen distintas especies de ineficacia de los negocios jurídicos, tales como la esterilidad, la caducidad, la revocación, la rescisión, la resolución, y la nulidad o invalidez. La esterilidad es una ineficacia que se produce por circunstancias de la naturaleza o por voluntad de las partes. La ineficacia por caducidad del derecho es una causa que sobreviene al nacimiento del negocio, ya que el acto se encontraba sometido al transcurso de un cierto tiempo, que una vez cumplido, si no se ejerció, decae el derecho y queda sin efecto el acto. La revocación es una facultad conferida por la ley en los negocios jurídicos unilaterales de confianza, por la cual la parte puede dejarlos sin efecto según su voluntad. La ineficacia por revocación es posterior al nacimiento del acto, y no opera retroactivamente. La rescisión es un acuerdo de la voluntad de las partes, posterior al nacimiento del acto, con el propósito de desvincularse de dicho acto. La ineficacia por rescisión es también irretroactiva, y solo tiene proyección hacia el futuro. La resolución es una causa de ineficacia de los negocios jurídicos bilaterales, por la cual ante la inejecución o mora de una de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones, la otra puede exigir judicialmente su cumplimiento o puede pedir que se deje sin efecto el acto. La ineficacia por resolución opera hacia el pasado, es decir, de manera retroactiva. La nulidad o invalidez tiene lugar cuando hay una falla congénita en el acto, y depende de que la ley la contemple como causal de ineficacia, es decir que no es voluntaria, y sus efectos son retroactivos. B-Nulidad. Definición. Metodología. Clasificación: Se puede definir a la nulidad como la sanción legal que priva a un acto o negocio jurídico de sus efectos normales, en virtud de una causa originaria, es decir, existente en el momento en que el acto se celebró. Con respecto a los caracteres de la nulidad, se puede decir que esta es: Una sanción legal, por ser un castigo que la ley impone a quien transgrede un deber legal. Se puede decir también que priva al acto jurídico de sus efectos normales, ya que no permite producir las consecuencias que las partes querían lograr. Y por último, se produce en virtud de una causa existente al momento de celebrarse el acto, soliendo denominarse a ésta causa originaria de la nulidad. Con respecto a la metodología y clasificación de la nulidad, el Código Civil organiza a la nulidad en su libro segundo sección segunda títulos 6 y 7, clasificándola de la siguiente manera: -La nulidad puede ser manifiesta o no manifiesta, contempladas en el art. 1038 del Código Civil. –Los actos pueden ser nulos o anulables, contemplados en los artículos 1041 al 1046. –La nulidad puede ser absoluta o relativa, contempladas en los artículos 1047 y 1048. Y la nulidad puede ser total o parcial, contempladas en el artículo 1039. La nulidad es manifiesta cuando el vicio es fácilmente apreciable, mientras que es no manifiesta cuando para comprobarse el vicio el juez debe realizar una investigación. Con respecto a los actos nulos y los anulables, el Código no los define, y solamente se encarga de enumerarlos. Es la doctrina quien ha establecido el criterio de distinción de los actos nulos y anulables, existiendo dos posturas al respecto: Para algunos, los actos nulos y anulables coinciden respectivamente con nulidad manifiesta y no manifiesta. Para otros, el acto es nulo cuando el vicio es rígido y no es susceptible de existir en mayor o menor medida, mientras que el acto es anulable cuando el vicio es susceptible de darse en mayor o menor medida, siendo necesaria la apreciación judicial para determinar si el vicio tiene magnitud suficiente para anular el acto. Por lo establecido en el código civil, son nulos los actos que: -Son otorgados por incapaces de hecho absolutos o relativos. –Son otorgados por incapaces de derecho. –Son otorgados por quienes dependen para ese acto de una autorización judicial. –Los actos en que se hubiese procedido son simulación o

fraude. –Los actos que tuviesen un objeto ilícito. –Cuando el acto no tuviera la forma exclusivamente ordenada por la ley. Por lo establecido en el código civil, los actos son anulables: -Cuando el sujeto que los ejecuta obrara con incapacidad accidental. –Cuando la prohibición del objeto del acto no fuera conocida por la necesidad de una investigación de hecho. –Cuando tuviesen vicio de error, dolo, violencia, simulación o fraude. – Cuando la validez del acto dependiera de la forma instrumental y fuesen anulables los respectivos instrumentos. La nulidad es absoluta cuando el acto padece de un defecto esencial y permanente, mientras que la nulidad es relativa cuando al otorgarse el acto este padece de un vicio que no es absolutamente sustancial y no es perdurable. La nulidad es total cuando todo el acto es ineficaz, mientras que es parcial cuando solamente es ineficaz la cláusula o disposición viciada. -Nulidad implícita: A fin de dar seguridad jurídica a las relaciones jurídicas, el art.1037 del Código Civil establece que los jueces no podrán declarar otras nulidades de los actos jurídicos que no sean las que el Código establece. Sin embargo, esta tesis del código no resistió la crítica y hoy se considera definitivamente abandonada en el derecho. La mayoría de los autores coinciden en que no es necesario que la palabra nulidad esté expresada en la ley, bastando que de sus disposiciones no pueda resultar otra consecuencia que la invalidez. Esto es lo que se denomina nulidad implícita. -Acciones: Con respecto a las acciones para invocar la nulidad de un acto o negocio jurídico, pueden ejercerlas: -En el caso de la nulidad relativa, solo la parte perjudicada con el vicio. De igual modo pueden ejercer la acción los representantes del incapaz y el asesor de menores cuando actúa en defensa de los intereses que a aquel le corresponden; y la legitimación para ejercer la acción invocando la nulidad de un acto se transmite a los sucesores universales que asumen el carácter de parte. -En el caso de la nulidad absoluta, si el acto es nulo, la parte está en condiciones de iniciar el proceso si desconocía el vicio. Además, el juez puede declarar la nulidad de oficio, siempre que el vicio sea manifiesto. Cualquier otro interesado puede pedir la nulidad del acto en el caso de nulidad absoluta, siempre que demuestre el interés legítimo afectado. -Efectos: Con respecto a los efectos de la declaración de nulidad entre las partes, en principio y por lo establecido en el art. 1050 del Código Civil, la nulidad vuelve las cosas al estado que tenían antes de la realización del acto anulado. Antes de la ejecución del acto, en el supuesto en que las partes celebraron el negocio pero no llegaron a cumplir las prestaciones que con ese negocio fueron creadas, se puede denunciar el vicio por las personas que tienen personalidad para ello y el negocio queda desmantelado de los efectos previstos. Cuando el negocio fue ejecutado y después se demanda su nulidad, en el caso en que ese acto se hubiera cumplido con prestaciones de dar, corresponde, una vez declarada la nulidad, ordenar la restitución de lo dado, a fin de volver las cosas al estado que tenían antes. Con respecto a los efectos de la nulidad respecto de terceros, el art. 1051 del Código Civil dispone que: Todos los derechos reales y personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado ser propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual, salvo los derechos de los terceros adquirientes de buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable. C-Nulidad e Inexistencia: Se habla de inexistencia de un acto, cuando en él falta algún elemento esencial para su existencia, ya sea el sujeto, el objeto, la forma o la causa, por lo que nunca llega a configurar un acto jurídico, aunque aparente serlo, mientras que la nulidad es una sanción legal que priva al acto o negocio jurídico de sus efectos normales, en virtud de una causa originaria. Con respecto a las características esenciales del acto inexistente, son las siguientes: La inexistencia puede ser declarada de oficio por el juez; puede ser alegada por cualquiera que tenga interés en establecerla y en cualquier estado del proceso; y el Ministerio Público no puede invocar la inexistencia de un acto, pues carece de interés en ellos. Con respecto a los efectos del acto inexistente,

se rigen por las normas generales aplicables conforme al caso, pero nunca le son aplicables los efectos que regulan los efectos propios de la nulidad de los actos jurídicos. Nulidad e inoponibilidad: La inoponibilidad es un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio jurídico válido y eficaz entre las partes de sus efectos respecto de determinados terceros a quienes la ley dirige su protección, permitiéndoles ignorar la existencia del negocio e impidiendo a las partes del mismo ejercitar pretensiones jurídicas dirigidas contra un tercero. La nulidad en cambio, se extiende erga omnes, es decir, que se opone inclusive a terceros. El código civil contempla distintos supuestos de inoponibilidad, como en el caso de los negocios fraudulentos, en la constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, en los instrumentos privados que carecen de fecha cierta, en la hipoteca no registrada, o en la cesión de crédito no notificada al deudor o no aceptada por éste. Con respecto a los efectos de la inoponibilidad, esta priva al acto jurídico de sus efectos solo respecto de determinados terceros. Nulidad y esterilidad: La esterilidad es una ineficacia que se produce por una circunstancia de la naturaleza o por la voluntad de las partes, y no tiene por lo tanto un origen legal. Mientras que la nulidad tiene lugar cuando hay una falla congénita del acto o negocio jurídico, y depende de que la ley la contemple como causal de ineficacia, por lo tanto, su origen es legal, y no es de carácter voluntario. D- Confirmación de los actos jurídicos. Concepto: El art. 1059 del Código Civil establece que la confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad. Solamente los actos que adolecen de nulidad relativa son susceptibles de confirmación, mientras que los actos absolutamente nulos no lo son. -Requisitos: En el art. 1060 del Código Civil se establecen los dos requisitos de la confirmación: En primer lugar, es necesario que haya cesado la incapacidad o vicio que provenía de la nulidad. Y en segundo lugar, que no concurra ninguna causal de nulidad del acto de confirmación. -Efectos: Entre las partes, la confirmación produce efectos retroactivos, de modo que subsana desde un principio el acto viciado, sin que tenga relevancia el tiempo que va entre la celebración del acto inválido y la celebración del acto de confirmación. Este principio no se aplica a los actos inválidos de última voluntad, como el testamento, ya que la confirmación posterior del testador solo tendrá efectos a partir de su muerte, que es cuando las disposiciones del testamento tienen importancia. En relación con los terceros, si se trata de sucesores singulares, no pueden ser perjudicados por la retroactividad del acto de confirmación.