Recurso De Interpretación Legal Y Constitucional!!!!!!!!!!!!!!!! 2lp1l

RECURSO DE INTERPRETACIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL Origen: es del Contencioso istrativo Francés, en razón de la prohibición que tienen las tribunales de ese país de revisar los actos istrativo de una cuestión prejudicial. El juez ordinario remite a la jurisdicción contencioso istrativa para se determine el alcance. Hoy día se ha extendido a las normas de rango legal. Es un recurso directo de interpretación, ante una situación de incertidumbre relativa a un acto, contrato o reglamento se puede solicitar su interpretación. Efecto: la sentencia que dicte la jurisdicción contencioso istrativa es parecido a la mero- declarativa. Es vinculante para el juez civil, salvo que el recurso sea rechazado. Inter partes y otro erga omnes. Objeto jurisprudencial: se contrae a solicitar una declaración al órgano judicial acerca de las interpretaciones en los actos que se dicten en aplicación de la ley, las propias normas para precisar su extensión, sentido y alcance, aclarar cualquier duda que deriven de los mismo. Finalidad: resolver cuestiones de hermenéutica jurídica sin entrar a conocer o decidir sobre un caso concreto. Es la solución de dudas que se presenten al alcance, inteligencia sentido y aplicación en las normas contenidas en la ley o significado de una disposión legal. Legitimación: el recurrente debía tener un interés, vinculado con una afectación en su esfera jurídica. _ El estudio concreto dependiendo de la regulación que cada ley disponga, un interés jurídico actual que viene dado por la existencia de caso concreto que plantea la duda o incertidumbre. Requisitos de isibilidad: 1) Al rango legal- ley formal de la norma cuya interpretación se solicita (aunque el texto que la contiene no prevea expresamente la procedencia del recurso de interpretación). 2) La vinculación del recurso con un caso concreto, tanto a los efectos de verificar la legitimación como la existencia de una duda objetiva. 3) El carácter subsidiario del recurso. 4) Que no haya habido pronunciamiento al respecto. Competencia: con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Político- istrativa ha reiterado su criterio en cuanto a la afinidad de la materia. Recurso de interpretación constitucional: Era de la Sala Político- istrativa el que no era isible la pretensión autónoma de interpretación de la constitución. No había ninguna norma que facultara ni por vía de consulta ni por vía de interpretación. Fue creado por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 1077 del 22-09-00, caso Servio Tulio

León Briceño, se encuentra fundamentalmente en la referida decisión y en sentencia de la misma sala Nº 1309 del 19-07-01 caso Hermann Escarrá.” Precaver conflictos innecesarios o juicios inútiles, al conocerse previamente cuál es el sentido y alcance de los principios y normas constitucionales necesarios para el desarrollo del Estado y sus poderes, y de derechos humanos de los ciudadanos”. Objeto: 1) Lo que identifica como un conflicto de normas endoconstitucional. 2) Remisión a doctrinas o principios no especificados. 3) Referencia a derechos humanos no enunciados en la Constitución y cuya consagración en tratados requiere aclaración. 4) Determinación o no de la aplicabilidad de normas producidas por entes internacionales o en materia de amparo internacional a los derechos humanos. 5) Conflictos o dudas sobre el Régimen transitorio. 6) Normas constitucionales cuya ambigüedad las haga inoperantes. 7) Conflictos entre actos del Constituyente y la Constitución. Las condiciones de procedencia en sentencia Nº 278 del 19-02-02, caso Beatriz Constante de Ravelo los requisitos de procedencia: 1) Que respecto a dicha duda no se encuentre predeterminado un cauce procesal adecuado. 2) Que la norma resultara de “un marcado problematismo” para bueno marcha de las instituciones, el ejercicio de los derechos constitucionales o el mantenimiento del orden público y la paz social (todos conceptos jurídicos indeterminados). Legitimación: es el interés legítimo destinado a obtener certeza sobre el sentido y alcance de una disposición constitucional. Procedimiento: es un asunto de mero derecho, se produce una audiencia oral esto va depender del caso concreto. Efectos: serán generales, los temas colaterales vinculados con los razonamientos jurídicos planteados para dar solución al caso y erga omnes. Es un beneficio del propio texto fundamental, pues se trata de resolver su alcance, los principios que lo informan, su contenido y sus posibles ambigüedades. La sala ha declarado que para interponer el recurso de interpretación constitucional, no resulta menester que el mismo se encuentre regulado en una ley determinada, por lo que, jurisprudencialmente, determinó los lineamientos del ejercicio y trámite de dicho recurso, el cual puede ser ejercido por cualquier ciudadano, debido a que todas las personas están interesadas en el orden constitucional, de conformidad con el Art. 7 de la norma Fundamental. Asimismo, la interpretación solicitada debe referirse a posibles contradicciones, vacíos o ambigüedad que surjan de las disposiciones contenidas en el texto Constitucional. Sentencias: expediente 07-1108 20-02-2008, exp. 03-2630 14-11-2003, exp. 01-2452 05-08-2002, exp. 2007-0608 22-01-2008, exp. 00-1289 22-09-2000, exp. 2006-000421 02-07-2007 y otras

RECURSO DE INTERPRETACIÓN ANTECEDENTES DEL RECURSO DE INTERPRETACION EN VENEZUELA.

En lo que respecta al recurso de interpretación de leyes, previsto ya desde el 26 de julio de 1976 en la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, éste tiene como finalidad determinar el contenido y alcance de los textos legales. En un primer término la jurisprudencia entendió que dicho recurso de interpretación sólo podía ser ejercido cuando la ley cuya interpretación se solicitaba así lo permitía. Asimismo, de acuerdo con la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Político – istrativa era la única competente para conocer de este tipo de recursos.

El recurso de interpretación, ha sido considerado desde sus inicios como una figura excepcional, sin embargo el tratamiento jurisprudencial sobre su isibilidad ha variado en el devenir del tiempo.

En efecto, en una etapa inicial estaba limitado para aquellos supuestos en los que la propia ley permitía interponerlo para disipar las dudas que surgieran en cuanto a la inteligencia, alcance y aplicación de la norma en cuestión.

Algunas de las leyes, ya derogadas, en las que se preveía el recurso de interpretación para obtener la determinación del alcance de una disposición normativa, eran la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera istrativa, la Ley de Licitaciones, la Ley Orgánica del Sufragio y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En esta última, además del recurso de interpretación, la Ley contemplaba la interpretación de los contratos istrativos, contenido en el numeral 14 del artículo 42 de la referida Ley, en virtud del cual podía solicitarse el esclarecimiento de cualquier duda que surgiera con motivo de la celebración de un contrato en el que interviniera la República, los Estados y las Municipalidades.

En este primer período, el recurso de interpretación era poco conocido de rara utilización. La Sala Político – istrativa que era la competente para conocer en ese entonces de dicho recurso, únicamente podía pronunciarse sobre el sentido del acto sin resolver ninguna otra petición, ya que el análisis del texto legal agotaba el pronunciamiento del tribunal.

Con respecto al recurso de interpretación de una disposición legal, la Sala Político – istrativa en sentencia de fecha 14 de noviembre de 1991, dejó sentado que éste estaba destinado a resolver las dudas que se originaban con ocasión de una norma, estrictamente, de rango legal, sin que fuere posible interponer el recurso para que se interpretara una norma constitucional o una disposición sublegal.

En una segunda etapa, denominada por la doctrina como de flexibilización; no sólo se itía el recurso de interpretación sobre textos normativos que expresamente no lo previeran, siempre que estuvieren estrechamente relacionados con otros que sí lo contemplare; sino también, susceptible de tener como objeto, el alcance, sentido e inteligencia de normas aún de rango sublegal – reglamentos, entre otros.

Luego, en la parte final de esta segunda etapa se sistematizó aún más el recurso, pues se consideró isible la interpretación de una ley por vía de remisión de otra que sí consagrase tal recurso, que estuviese directamente relacionada con aquella que autorizara la interpretación.

Posteriormente, este criterio fue ampliado, itiéndose la interpretación de una constitución estadal, con lo cual quedó establecido que el recurso de interpretación no resultaba agotado en el texto de leyes nacionales, sino también, respecto de otras leyes cuyo sentido y alcance estén directa y estrechamente vinculados con otras que sí prevean el recurso que nos ocupa.

Finalmente, alcanzó definitiva sistematización el criterio antes expuesto, cuando se indicó que la solicitud por la cual se pretendiere la interpretación de un texto legal, no

debía aspirar una mera orientación didáctica o pedagógica cuyo alcance fuese abstracto, sino que más bien, tenía que estar orientado a solventar un caso concreto y específico.

Resuelta evidente, pues, que la Sala Político – istrativa en el devenir del tiempo ha considerado al recurso de interpretación a lo largo de su evolución como una acción que ha sido calificada como peculiar, singular, excepcional, especial, delicada, de naturaleza particular y de aplicación restrictiva y limitada.

Con anterioridad dicho recurso había sido reconocido tan sólo en forma incidental en una norma atributiva de competencia, la contenida en el artículo 42 ordinal 24 de la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual se le otorgaba competencia exclusivamente a la Sala Político – istrativa (artículo 43), “en los casos previstos en la ley”. Es decir, que era necesario que una ley previera el indicado recurso para que fuese posible su ejercicio. “En los términos contemplados en la ley”; cambio éste de redacción que va a tener un significado muy importante que es:

a) Que el recurso no queda limitado a los casos expresamente autorizados por el legislador;

b) Que la restricción prevista en la norma constitucional se refiere a las condiciones, circunstancias y requisitos formales y de fondo que determine la ley que regulara al máximo tribunal.

RECURSO DE INTERPRETACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 266 NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.

La norma prevista en el artículo 266 de la Constitución Vigente, en su Numeral 6 dispone que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia.

“Conocer de los Recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”.

Igualmente señala en su aparte final “las demás atribuciones Nº 6, 7, 8 y 9, serán ejercidas por las diversas salas conforme a lo previsto por la constitución y la ley”.

Anteriormente en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia asignaba el conocimiento del Recurso de Interpretación a la Sala – Política istrativa, conforme al Numeral 24 del Artículo 24 de dicha Ley.

Ahora se extiende el conocimiento del Recurso de Interpretación a cualquiera de las Salas del Tribunal a fin o especialidad con la Materia debatida como lo señala el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia como ejemplo tenemos el solicitante que interponga un Recurso de Interpretación de una norma prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, como es una materia eminentemente laboral, la competencia será atribuida a la Sala de Casación Social, este criterio a quedado establecido en la sentencia Nº 2749. Sala Política – istrativa, Expediente: 2007-0608 sentencia 00082 del 23 de enero del año 2008.

Debemos señalar igualmente que de la norma 266 Constitucional no existe un reconocimiento expreso para accionar específicamente la interpretación constitucional, más si para la interpretación legal en los casos determinados por la Ley.

La interpretación del contenido y alcance de las propias normas y principios constitucionales es posible, tal como expresa el artículo 335 de la Constitución cuando señala “Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas de Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”, por ella, el

recurso de interpretación puede estar dirigido tanto a la constitución como al contenido y alcance de los textos legales, en los términos consagrados en la Ley.

Este criterio jurisprudencia lo encontramos en la Sentencia Nº 1077 del 22-09, Expediente: 00-1289 en Sala Constitucional, que considera que cualquiera con interés jurídico actual puede solicitar la interpretación de la ley y también la interpretación de la constitución, para así obtener una sentencia de mera certeza sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales; acción que sería de igual naturaleza que para la interpretación de la ley.

PROCEDIMIENTO PARA VENTILAR EL RECURSO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Según Sala Constitucional de fecha 22-09-2000, Sentencia 1077, Expediente: 00-1289 estima que no existe razón lógica ni teleológica para que la interpretación de la constitución no se pueda realizar, aún cuando ni la constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecen un procedimiento para ventilar el recurso de interpretación, y por ello tratándose de un asunto de mero derecho, no considera necesario la Sala Constitucional aplican la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remitiéndose a los procedimientos existentes en dicha ley. Para ventilar el recurso de interpretación la Sala Constitucional ha señalado: 1. Presentando el recurso, se indicará su objeto a decir si se refiere a contradicciones, vacíos o ambigüedades. 2. Indicación de las normas y principios sobre los que se pide la interpretación. 3. La Sala lo itirá o no 4. Si lo ite y cree necesario emplazará pro edicto a cualquier interesado que quiera coadyuvar en el sentido que ya de darse a la interpretación, se señalará un lapso de preclusión para que los interesados concurran y expongan por escrito, lo que creyeron conveniente. 5. Se hará saber de la isión del recurso, mediante notificación a la fiscalía general de la República y la defensoría del pueblo, para que en el lapso de cinco días de despacho siguiente a su notificación, se consigne lo necesario

6. Una vez vencido los términos anteriores, se pasarán los autos al ponente nombrado en el auto de isión, a fin de que presente un proyecto. 7. Seguirá su curso por lasa normas que rigen la ponencia.

REQUISITOS DE ISIÓN Y PROCEDENCIA DEL RECURSO DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL SEGÚN JURISPRUDENCIA DE SALA CONSTITUCIONAL.

Según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional Expediente: 07 – 1108 del 20 sentencia 52 de febrero del año 2008 se ha venido imponiendo para la isión de la solicitud de interpretación una serie de diversos requisitos: 1. Legitimación para Recurrir, exige la conexión con un caso concreto para poder determinar, por un lado, la legitimidad del recurrente sea persona pública o privada invocando un interés jurídico, actual, legítima, fundado en una situación jurídica concreta y especifica y que requiere necesariamente de la interpretación de normas constitucionales, aplicables a la situación, a fin de que cese la incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación jurídica. 2. Precisión y Novedad en cuanto al Motivo u Objeto de la Acción, expresar con precisión en que consiste la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones, o la contradicción de normas constitucionales, o si la duda planteada no responde. 3. La no Existencia de otros Medios, judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, o que los procedimientos a que ellos den lugar estén en tramite. 4. Precedencia en la Sala Constitucional, de una decisión respecto al mismo asunto planteado, y que exista la persistencia del animo de la Sala de la decisión previa siempre y cuando sea necesaria modificarla. 5. El Recurso de Interpretación es un medio, extraordinario, no puede sustituir los recursos procéseles existentes. No cualquier clase de pedimentos puede originar la interpretación, ya que ser así, se procuraría opinión de la sala ante cualquier juicio en curso o por empezar, para tratar de vincular el resaltado de dicho juicios, con la opinión que expresa la Sala, eliminando el derecho que tienen los jueces del país.

6. La no acumulación por parte del recurrente de otro recurso o acciones de naturaleza diferente. 7. Cuando se acompañen de los documentos indispensables para verificar si la acción es procedente. 8. Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos 9. Inteligibilidad del escrito. 10. Representación del Actor. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Según jurisprudencia de la Sala Constitucional Expediente 01-2452 del 05 de Agosto del año 2002. 1. Cuando determinadas normas constitucionales colidieren con los principios y valores jerárquicamente superiores, consagrados en el texto constitucionales. 2. Si la constitución se remite, como principios que la rigen, a doctrinas en general, sin precisar en que consiste, o cuál sector de ellas es aplicable; o cuando ella se refiere a derechos humanos que no aparecen en la carta fundamental; o tratados internacionales protectores de Derechos Humanos, que no se han convertido en leyes nacionales, y cuyo texto sentido y vigencia requieren aclaratoria. 3. Cuando dos o más normas constitucionales colidieren entre si, absoluta o aparentemente, haciendo necesario que tal situación sea aclarada. 4. Cuando se cuestionen la constitucionalidad o adecuación con el Derecho Interno de la norma emanadas de órganos supranacionales, a los cuales esté sujeta la República por virtud de tratados y convenios internacionales. 5. También se hace necesaria la interpretación a un nivel general, para establecer los mecanismos procésales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales previstos en la vigente constitución mientras se promulga las leyes relativas al amparo internacional. 6. Ante interrogantes con relación al régimen legal transitorio, cuando normas de éste parezcan sobreponerse a la constitución, o cuando ni uno ni otro sistema sean aplicables al caso concreto y determinado. 7. Cuando se requiera

determinar

el contenido y alcance

de normas

constitucionales, pero aún sin desarrollo legislativo, con la finalidad que sus disposiciones no queden en suspenso definido.

8. También puede existir normas constitucionales cuyo contenido ambiguo las haga inoperantes y ante tal situación, para que pueda aplicarse, hay que interpretarlas en sentido congruente con la constitución y sus principios. 9. Interrogantes relativas a la congruencia del texto constitucional con las faltas del constituyente. MOTIVOS DE INISIÓN E IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

Según Jurisprudencia de la Sala Constitucional Expediente 01-2452 sentencia 1808 del 05 de agosto del año 2000 y Expediente 07-0172,sentencia 601 del 9 de abril del año 2007. 1. Imprecisión en cuanto al motivo de la acción. La petición de interpretación puede resultar improcedente, si ella no expresa con claridad en que consiste la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones o la contradicción entre las normas del texto constitucional o cuando no alegue una afectación actual o futura a la esfera jurídica del solicitante. 2. Que la norma en cuestión no presente la alegada oscuridad ambigüedad o inoperabilidad actividad. 3. Cuando a su respecto la sala exceda sus facultades, viole el principio de separación de poderes, atento contra la reserva legal o en fin, cuando el objeto de la pretensión desnaturalice en perjuicio de la espontaneidad de la vida social. 4. Acumulación de acciones que se excluyan mutuamente o cuyo procedimiento sean incomparatibles. Tal sería la acumulación de un recurso de interpretación con uno destinado a resolver un conflicto de autoridades, o que se solicite conjuntamente la nulidad de un acto de algún órgano del Poder Público, tanto en el caso en que se pretenda que la decisión abarque ambas pretensiones o que las estime de forma subsidiaria – o que promueva la interpretación de algún texto de naturaleza legal o sublegal, o la acumule con un recurso de colisión de leyes o de estás con la propia constitución. 5. Convicción de que constituye un intento subrepticio de obtener resultados cuasi-jurisdiccionales que desbordan el fin esclarecedor de este tipo de recurso, es decir; quien lo plantea persiga más bien la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre estos y órganos públicos, o entre éstos últimos entre

si; o una velada intención de lograr una opinión previo sobre la inconstitucionalidad de una ley. 6. 06. Será inisible el recurso, cuando en sentencias de esta sala, anteriores a su interposición, se haya resuelto y no sea necesario modificarlo.

SENTENCIAS UTILIZADAS 1. Requisitos de isibilidad del Recurso de interpretación. Sala Constitucional. Expediente 07-1108 del 20 de febrero del 2008. 2. Inisibilidad

del

Recurso

de

Interpretación.

Sala

Constitucional.

Expediente 03-2630 del 14 de noviembre del 2003. 3. Algunos motivos de improcedencia del Recurso de Interpretación. Sala Constitucional. Expediente 01-2452 del 05 de agosto del 2002. 4. Motivos de procedencia del Recurso de Interpretación. Sala Constitucional. Expediente 01-2452 del 05 de agosto del 2002. 5. Recurso de Interpretación previsto en el artículo 266 de la Constitución. Ampliación del criterio atributivo adoptado por el legislador en la Ley Orgánica del T.S.J. Sala Político istrativa. Expediente 2007-0608 del 22 de enero del 2008. 6. Interpretación Constitucional y su procedimiento. Sala Constitucional. Expediente 00-1289, sentencia 1077 del 22 de septiembre del 2000. 7. Antecedentes que ha tenido el Recurso de Interpretación en Venezuela. Sala de Casación Civil. Expediente 2006-000421 del 02 de julio del 2007. OBSERVACIONES

Aunque hay sentencias con fechas anteriores a la actual Ley Orgánica del TSJ (2004), éstas sentencias conservan su vigencia, ya que el procedimiento, sibilidad, inisibilidad, improcedencia e procedencia del Recurso de Interpretación, no ha variado y no ha sido regulado en la actuaal Ley Orgánica del TSJ; no así, el conocimiento del Recurso de Interpretación que corresponde a la sala afin con la materia debatida.

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA Caracas, veinticuatro (24) de febrero de 2011. Años: 200° y 152°.

En fecha 17 de diciembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº 10-1131 remitió a la Secretaría de esta Sala de Casación Social, el expediente constante de una (1) pieza con veinticinco (25) folios útiles, en el cual declaró en sentencia Nº 1297 de fecha 9 de diciembre de 2010, que no tiene competencia para el conocimiento de la solicitud de interpretación de los artículos 845 y 848 del Código Civil, que interpusiera la ciudadana María de Los Ángeles Palacios Maldonado de Pietri, y declinó la competencia en esta Sala de Casación Social. En fecha 3 de febrero de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA quien con tal carácter suscribe la decisión. En la oportunidad legal correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el recurso de interpretación planteado, en los términos siguientes: I DE LA COMPETENCIA Establece el artículo 266, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia conocerá “de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los

términos contemplados en la Ley”; en desarrollo de dicho precepto, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 31, numeral 5, atribuye la competencia a este máximo Tribunal, en la Sala afín con la materia debatida, para conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales. En el caso sub examine, la Sala Constitucional, al motivar la declinatoria de competencia a esta Sala, estableció: Por cuanto las normas sobre las cuales versa la solicitud de interpretación que se examina tienen que ver con la realización de disposiciones testamentarias y ya que la supuesta duda razonable se presentó en el juicio por nulidad de cláusula testamentaria y reducción de cuota hereditaria que inició la ciudadana Alexandra I. Pietri B. contra la accionante y su menor hija, esta Sala Constitucional, en armonía con los criterios que expuso en sentencia n.° 2588 de 11.12. 01 (Caso: Yrene Aracelis Martínez Rodríguez), considera que dicho texto legal reviste carácter afín con las competencias atribuidas a la Sala de Casación Social, razón por la cual se declina el conocimiento de la mencionada pretensión en dicha Sala. Así se decide. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a esta Sala de Casación Social, el conocimiento de la presente causa; en consecuencia, asume la competencia para conocer del recurso de interpretación ejercido. Así se establece. II DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN Con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes, esta Sala en sentencia Nº 498 de fecha 10 de mayo de 2005 (caso: Petróleos de Venezuela, S.A.), fijó los requisitos de isibilidad del recurso de interpretación sobre el alcance y contenido de los textos legales de la siguiente manera: 1. Establecer la conexidad con un caso concreto, para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal. 2. Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

3. Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación. 4. Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y, en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido. 5. Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva. 6. Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias. 7. Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos. En el caso de autos, se presentó un recurso de interpretación de los artículos 845 y 848 del Código Civil. Entre los hechos expuestos por la solicitante como fundamento del recurso de interpretación interpuesto, se observan los siguientes: En la oportunidad de formalizar el correspondiente Recurso de Casación, denuncié la infracción del artículo 845 del Código Civil por parte de la Recurrida, por errónea interpretación acerca de su contenido y alcance, así como la de los artículos 20, 824, 833, 834, 883, 884 y 888 ejusdem (sic), por habérsele negado aplicación. 4. La Sala en cuestión, al resolver el Punto sometido a su consideración por la contraparte (p.7) señala: Por disposición de los artículos 845 y 848, del Código Civil, el cónyuge supérstite de quien se haya casado en ulteriores nupcias, está incapacitado para heredar una parte mayor de la que le correspondería al menos favorecido de los hijos concebidos en cualquiera de los matrimonios anteriores; toda disposición testamentaria en contrario, es nula. Así lo interpretó el Tribunal de alzada, y acotó que en materia de sucesión testamentaria priva el principio de autonomía de la voluntad, no obstante, la facultad para testar tiene limitaciones establecidas en la Ley sustantiva. 4.1 Esta premisa, la lleva a esta conclusión: ‘Como ya se ha referido, en la disposición testamentaria sexta fueron instituidas como herederas del De cujus la ciudadana María de los Ángeles Palacios Maldonado de Pietri y las hijas de éste, manifestación

de voluntad plenamente válida, sobre la que no pesa algún impedimento legal, sin embargo, en lo que respecta a la forma en que se dispuso de los bienes, es claro que lo testado contradice lo establecido en los artículos 845 y 848 del Código Civil, y en razón de ello opera la nulidad parcial de la disposición testamentaria hecha a favor de la cónyuge sobreviviente, para limitarla y adecuarla a lo que por Ley le corresponde’. 4.2- Y concluye así: Adicionalmente, debe precisarse que no procede la aplicación del artículo 807, único aparte del Código Civil, en el sentido de que a falta de sucesión testamentaria en todo o en parte, tiene lugar la sucesión intestada, en virtud de que en el presente caso la nulidad es parcial, puesto que se mantiene la voluntad del De cujus sobre la disposición de la totalidad de su patrimonio, en beneficio de las personas que el mismo señaló, sólo que la voluntad expresada excede de las limitaciones legales y por tanto debe ajustarse. Sobre la base de lo anterior, la ciudadana María de los Ángeles Palacios Maldonado de Pietri, no puede heredar el 50% de los bienes del causante, puesto que ello iría en detrimento de las otras dos herederas, a quienes sólo les correspondería, a cada una, el 25%. En tal sentido, procede la reducción de la porción disponible de forma equitativa y proporcional, con el objeto de que la repartición abarque la totalidad de la masa hereditaria, y que a cada una se le asigne la misma cuota parte que corresponda a las demás. 5.- (…) con la interpretación que hace la Sala de Casación Social del referido artículo 845, se echa por tierra y se deja sin efecto el mandato contenido en el artículo 807, sobre la forma en que defieren las sucesiones; (…). 6.- En razón de que la señalada Sentencia dejaría sin efecto la normativa que regula las herencias testadas y, por supuesto, el instituto de la legítima, que es, quizá (sic) el mayor logro en esta materia, es por lo que permito interponer el presente Recurso de interpretación de los artículos 845 y 848 del Código Civil (…). De la reproducción efectuada, se desprende que la ciudadana María de los Ángeles Palacios Maldonado De Pietri, solicita la interpretación del artículo 845 y 848 del Código Civil, a efectos de obtener un pronunciamiento por parte de esta Sala de Casación Social, orientado a revisar las denuncias contenidas en recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana Alexandra Isabel Pietri Behrens, parte actora en el juicio que por nulidad de cláusula testamentaria y reducción de cuota hereditaria sigue contra la solicitante.

En cuanto a la naturaleza de la pretensión de interpretación de textos legales y normas constitucionales, esta Sala de Casación Social en sentencia Nº 1426 del 9 de agosto de 2006 (caso: Freddy Lepage Scribani, Luis Beltrán Franco y Pedro Segundo), acogiendo el criterio sostenido por la Sala Constitucional, estableció: El artículo 26 de la vigente Constitución establece con carácter constitucional, el derecho de a la justicia, lo cual se logra mediante la acción. Con el ejercicio de la acción, las personas tratan de hacer valer sus derechos o intereses. Se trata de derechos subjetivos e intereses jurídicos, requiriendo el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, norma que rige el proceso en general, que dichos intereses sean actuales. Todo derecho subjetivo que se hace valer mediante la acción involucra un interés jurídico, el cual consiste en el interés sustancial en la obtención de un bien, que, como expresa el Profesor Calamandrei (Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código. EJEA. Buenos Aires. 1973. Tomo I. Pág. 269), constituye el núcleo del derecho subjetivo. Pero puede existir interés jurídico que no corresponda a ningún derecho subjetivo actual, sino a necesidades eventuales, a precaver situaciones, y ello da origen a demandas como la de retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas (artículo 813 del Código de Procedimiento Civil); o a la tercería coadyuvante prevista en el ordinal 3° del artículo 370 del mismo código; o a la apelación del tercero, en cuanto se vea afectado por una decisión judicial (artículo 297 eiusdem), e incluso la que originaba la llamada acción de jactancia prevista en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil de 1916. Se trata de defender hacia el futuro situaciones jurídicas, sin solicitud de declaración de derechos a favor de quien ostenta el interés, el cual es también actual en el sentido que se hace necesaria de inmediato la actuación. Este interés jurídico, que es diferente al interés procesal, entendido éste como la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional (Calamandrei ob. cit. p. 269), es el que fundamenta el llamado recurso de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley (numeral 6 del artículo 266 de la vigente Constitución). Se trata de un interés jurídico, que no persigue la obtención de un bien que constituye el núcleo del derecho subjetivo, sino otro tipo de bien, en este caso el que se fije el contenido o alcance de un texto legal, lo cual, como interés, coincide con el que tiene alguien, de que no se ejecute en su contra un fallo que nace en un proceso donde originalmente no es parte, y donde la decisión que se dicte no declara la existencia de un derecho a su favor, sino de otro, viéndose favorecido por tal declaratoria. En la acción de interpretación constitucional, se está en presencia de un interés legítimo destinado a obtener certeza sobre el sentido y alcance de una disposición constitucional.

(Omissis) Cuando se interpreta el contenido y alcance de un texto legal, el juzgador no declara derecho alguno a favor del actor, sino que, si declara con lugar la demanda, interpreta el derecho. En este último caso debe existir un interés jurídico del actor de obtener la mera declaración, no en el sentido tradicional para oponérsela a alguien (demandado), sino en el sentido que el contenido y alcance del derecho existente sea precisado, lo que es una forma de actualizar las normas constitucionales, si esa fuera la interpretación solicitada. Luego, quien solicita el llamado recurso de interpretación de ley, propone una demanda mero declarativa, que la ley venezolana no ha regulado en plenitud, y que se funda en un interés jurídico del accionante. (Omissis) Ahora bien, en la acción de interpretación, la sentencia actúa el derecho objetivo aclarando la voluntad de la ley, sin partir de un hecho histórico concreto, al cual deba aplicarse la norma cuya interpretación se pide. (Omissis) Lo expresado por el eximio maestro, funciona a plenitud en el proceso civil (salvo excepciones), donde la transgresión del derecho es su base, pero no en el proceso en general, ya que de ser así no existiría el “recurso de interpretación”, cuya finalidad es que se declaren el alcance y el contenido de una ley, que nadie denuncia transgredida y donde el proceso no se funda en ningún hecho histórico, sino más bien en el interés jurídico que afirme el accionante. (Omissis) Establecido lo anterior, considera la Sala que cualquiera con interés jurídico actual puede solicitar la interpretación de la ley conforme a las previsiones legales, y también la interpretación de la Constitución, para así obtener una sentencia de mera certeza sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales (…). De la reproducción efectuada se colige que mediante el recurso de interpretación de las leyes no puede obtenerse una sentencia que resuelva un conflicto de intereses o una situación jurídica concreta, sino una declaración de certeza sobre el contenido y alcance del derecho objetivo, ya que este tipo de pretensiones se satisfacen bajo una especial modalidad de prestación de la función jurisdiccional, en la cual, el proceso no constituye el cauce para determinar la existencia de una voluntad concreta de ley en el patrimonio de un sujeto o la eventual transgresión de la norma jurídica en

cuestión, siendo que este tipo de procesos no se fundamentan en un hecho histórico específico constitutivo de la pretensión deducida -sin perjuicio de la exigencia de una cierta conexión con una situación particular de quien solicita la interpretación, ya que esto permite evidenciar el interés jurídico actual y directo del actor-, por lo que en la sentencia dictada actúa el derecho objetivo aclarando la voluntad de la ley en abstracto, es decir, la procedencia de la pretensión desemboca en la interpretación del correcto alcance y contenido de una norma jurídica, sin que ésta sea finalmente aplicada para otorgar un derecho subjetivo al solicitante, ya que su finalidad se reduce a la actualización de una norma legal mediante la fijación de su preciso significado en una declaración oficial de certeza que satisface el derecho de acción ejercitado frente al Estado. En consecuencia, el interés jurídicamente tutelado mediante la acción de interpretación es la obtención de un pronunciamiento que fije con certeza el contenido y alcance de un precepto integrante del sistema de derecho objetivo vigente.

Sobre la base de las precitadas consideraciones, advierte esta Sala que cuando el solicitante pretende un pronunciamiento que no tiende a la obtención de una aclaratoria sobre el significado y alcance de la norma cuya “interpretación” se pide, sino que persiga sustituir los recursos procesales existentes, en el caso concreto, obtener un nuevo pronunciamiento de la Sala respecto de las delaciones contenidas en el recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana Alexandra Isabel Pietri Behrens, en el juicio de nulidad de cláusula y reducción de cuota hereditaria, seguido contra la ciudadana María de los Ángeles Palacios Maldonado De Pietri y su menor hija; con el fin de sustituir el criterio proferido por esta Sala en el fallo Nº 440 de fecha 11 de mayo de 2010, se colige que la solicitante acude al recurso de interpretación para recibir una tutela jurisdiccional que no se corresponde con la naturaleza de la acción incoada, buscando la satisfacción de intereses distintos de aquellos que la misma está ordenada a proteger, por lo que, la solicitud de interpretación debe ser declarada inisible. Así se decide.

DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, istrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INISIBLE el recurso de interpretación de los artículos 845 y 848 del Código Civil, interpuesto por el ciudadana María de los Ángeles Palacios Maldonado De Pietri. Dada la naturaleza de la decisión, no hay condenatoria en costas. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

Presidente de la Sala, ____________________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ Vicepresidente,

Magistrado,

________________________________ LUIS E. SCHI GUTIÉRREZ

_________________________________ JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

Magistrada Ponente,

________________________________ __________________________________ ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA El Secretario Temporal, _____________________________ MARCOS ENRIQUE PAREDES R.I. Nº AA60-S-2011-0102 Nota: Publicada en su fecha a El Secretario Temporal,