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2.3.10.4. La nueva Constitución Aunque, como veremos, el capítulo de impunidad aún no había terminado, la actitud encubridora del gobierno con respecto a las investigaciones en torno al caso de La Cantuta mereció una amplia desaprobación ciudadana a lo largo de 1993 y 1994 (Tanaka 2001: 84). Efectivamente, en todo este proceso el gobierno de Fujimori no asumió responsabilidades, optando más bien por la descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hostigamiento, en lo que sería una constante a través del resto de la década. La existencia de una mayoría de representantes oficialistas en el CCD permitió la utilización de diversos voceros para salir al frente a las denuncias defendiendo lo indefendible, legal y éticamente. Pero a los factores que influyeron en la baja de popularidad también se sumó la campaña iniciada por fuerzas plurales de la oposición aglutinadas en el «Comando de Campaña por el No», durante la etapa previa a la realización del referéndum para la aprobación del proyecto de nueva Constitución. En efecto, paralelamente al proceso de investigación del caso La Cantuta por de la minoría opositora del Congreso y organizaciones de derechos humanos, se procedió a la elaboración y debate de la nueva Constitución. El proyecto final no incluyó mayores modificaciones de los capítulos referentes al régimen de excepción y sobre defensa y orden interno, en comparación con la Constitución de 1979. Pero, sí incluyó novedades riesgosas, entre ellas, la reelección presidencial inmediata — una sola vez— y la ampliación de la pena de muerte a los casos de traición a la patria o terrorismo. El tema de la pena muerte, promovido en algún momento por el propio Fujimori y apoyado luego por la mayoría oficialista, despertó la oposición de organizaciones de derechos humanos que, desde la CNDDHH, llevaron adelante la campaña «Por la vida, contra la pena de muerte». La campaña desplegada incluyó la presión en el terreno internacional, en particular a la OEA. La CNDDHH buscó un fallo sobre el punto, consiguiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una opinión consultiva coincidiendo con que la ratificación de la pena de muerte era incompatible con la Convención. Incluyendo la pena de muerte, el proyecto oficialista de ley de Constitución fue ratificado en el referéndum del 31 de octubre de 1993 con un margen muy estrecho - el 52% contra el 48% que votó por el NO71. A pesar de ello, como hemos referido, no tardaría mucho para que los propios principios consagrados por la nueva Constitución, empezaran a ser violados por el propio gobierno. 71 A través de sus os en la OEA, la CNDDHH siguió ejerciendo presión sobre el gobierno peruano para que no implementase la cláusula. Finalmente, el gobierno peruano no tomó ninguna acción inmediata, incluso no se llegó a normar los procedimientos a seguir. 102 Antes de continuar, consideramos necesario recalcar también que la nueva Constitución incluyó dos puntos nuevos interesantes, para las posibilidades de democratización, por un lado, y la defensa de derechos constitucionales y fundamentales, por otro. En primer lugar, aunque constituyó inicialmente parte de la campaña deslegitimadora de Fujimori contra los partidos políticos tradicionales y luego fueran mermadas por otras vías extra legales sus posibilidades de aplicación (en el caso del referéndum), la inclusión de un capítulo sobre mecanismos de participación ciudadana directa. Y, en segundo, lugar, la creación de una Defensoría del Pueblo (DP) como respuesta a una campaña de cabildeo realizada por la Comisión Andina de Juristas y otros grupos de derechos humanos. Pasarían, eso sí, varios años antes de que el Ejecutivo y, por tanto, la mayoría del Congreso aceptasen elaborar una ley orgánica que la implemente y eligieran al Defensor. La negativa a culminar el proceso de instalación de la DP cedería en 1996 debido, en gran medida y una vez más, a la presión internacional.