Iura Novit Curia En Los Tribunales istrativos 5vq2r

IURA NOVIT CURIA EN LOS TRIBUNALES ISTRATIVOS En relación al origen histórico del aforismo iura novit curia solo se conoce con precisión que era invocado como traducción latina de una expresión empleada por los jueces en el siglo XIII, cuando frente a las interminables discusiones normativas efectuadas por los letrados hacia las cuestiones de derecho con descuido de los hechos, eran obligados a interrumpirlos con la siguiente expresión: “aténgase el letrado a los hechos, que el juez conoce el derecho“. Ha mencionado en este sentido SENTÍS MELENDO la frase venite ad factum. Iura novit curia surgió como una advertencia de un juez fatigado por la exposición jurídica de un abogado y que, además, guarda relación con otro aforismo latino: da mihi factum, dabo tibi ius, el cual se traduce como “dame los hechos, yo te daré el derecho”. Igualmente, detalla su significación idiomática precisando que el sujeto en la oración es el término curia que representa al juez, al tribunal o al juzgador en general; el verbo es el término novit, el cual constituye la tercera persona del singular del pretérito perfecto de nosco, noscis, noscere, novit, notum, y denota un conocimiento expresamente logrado –no un conocimiento que se va obteniendo dentro del proceso–; mientras que iura es un término plural que significa “derechos”, refiriéndose al derecho objetivo, no así a los derechos subjetivos 1 Este principio se encuentra positivizado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil 2 “El 1 SENTÍS MELENDO, SANTIAGO. (1978). “Iura novit curia”, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVI. Buenos Aires, Editorial Driskill, p. 937-938.

2 Encontramos que el proceso civil, predominantemente dispositivo en nuestro país, confiere mayores facultades a las partes que al juez, sus reglas fundamentales son: a) el juez no puede iniciar de oficio el juicio; b) no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes; c) debe tener por ciertos los hechos en que ellas estuviesen de acuerdo; d) la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado y e) el juez no puede condenar a mas, ni a otra cosa que la pedida en la demanda.En la exposición de motivos del Código Procesal Civil, se enuncia como principio orientador del Código el de dotar a los jueces de mayores atribuciones en lo referente a la dirección del proceso, de manera tal que el proceso, sin dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, no quede solo librado plenamente a la habilidad ocasional de los litigantes sino a la dirección del juez. De manera que si bien el Código habla de facultades, pareciera dar a entender, que está en la decisión del juez utilizarlas o no; cosa que no es cierta, puesto que no ha sido ese el espíritu del legislador; sino más bien que, si es claro que el juez tiene el deber de averiguar la verdad, en pos de ese deber, deberá utilizar todos los medios que considere idóneos para alcanzarla; de lo contrario, no podrá dictar una sentencia justa.

Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las parte”

y en el artículo VIII del Título Preliminar del Código

Procesal Constitucional. El autor español EZQUIAGA GANUZAS apunta que el iura novit curia esconde dos usos del conocimiento judicial del derecho; por un lado, es una presunción que se operativiza en el ámbito del proceso y que sustenta la distribución de tareas entre las partes y el órgano jurisdiccional, en el que éste último, al conocer del derecho aplicable al litigio, exime a las partes de alegar y probar a los materiales jurídicos y, a su vez, justifica que el juez no se encuentre vinculado a las consideraciones de derecho que eventualmente aquellas efectúen; por otro, es un principio normativo que actúa junto a esa función procesal como un deber impuesto a los jueces para que resuelvan los litigios utilizando el derecho

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Aquel deber conlleva también al órgano técnico encargado de aplicar el derecho a que en su labor de suplir la ignorancia o de subsanar el yerro de las partes al fundar normativamente sus pretensiones, ponga todos los medios de investigación necesarios para procurarse el conocimiento del derecho vigente, incluso fuera del proceso. En relación con lo expuesto, MONTERO AROCA señala que el iura novit curia pone de manifiesto el deber del juez de conocer el derecho y la facultad de aplicar en el caso concreto la norma adecuada; este deber y facultad no está sujeto a discusión doctrinal alguna, simplemente porque la norma jurídica no sirve para delimitar el objeto del proceso4

3 EZQUIAGA GANUZAS, FRANCISCO JAVIER. (2000). Iura novit curia y aplicación judicial del derecho. Valladolid, Editorial Lex Nova, p 18.

En esta línea PEYRANO indica que esa facultad y deber de calificar los hechos que manifiesta el iura novit curia, expresa también la libertad con la que cuenta el órgano jurisdiccional para subsumir los hechos alegados y probados por las partes dentro de las previsiones normativas que rigen el caso, la misma que subsiste aún cuando las partes hubieran invocado otras disposiciones legales 5. Así mismo CARNELUTTI señala que esta libertad de elección de la norma aplicable se mueve dentro del campo legislativo, por lo que el legislador debería poner a disposición del juez un surtido de hipótesis variado y ordenado, de modo que el juzgador pueda encontrar fácilmente la solución normativa al caso 6. Esa facultad y libertad que concede el iura novit curia no es absoluta, pues está limitada por dos principios: el principio de contradicción y el principio de congruencia. Por ello, puede afirmarse que el órgano jurisdiccional no está vinculado a las calificaciones normativas que hagan las partes, pero sí debe respetar y no debe salirse de los hechos propuestos por ellas y, asimismo, la calificación jurídica que finalmente adopte no debe causar su indefensión a las partes. Estos límites encierran la ya mencionada dicotomía que surge entre los poderes de las partes y los poderes del juzgador. Entrando al tema el cual nos trae a colación, se tiene que conocer que la jurisdicción procesal istrativa, al constituir una garantía de los ciudadanos frente a la istración está a de conocer y juzgar si los actos emanados por ella, son conformes a Derecho, nada más oportuno que la decisión de los tribunales revisores, para reconocer o desconocer el posible error o la defectuosa 4 MONTERO AROCA, JUAN (2006 ). El principio acusatorio entendido como eslogan político, cit. p. 215;

5 PEYRANO, JORGE. (1978). El proceso civil. Principios y fundamentos. Buenos Aires, Editorial Astrea, p 96.

6 CARNELUTTI, SCO. (1971). Derecho procesal civil y penal. Tomo II. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, p 160-161.

interpretación de los argumentos que dieron lugar al acto istrativo impugnado. Los Tribunales istrativos han de juzgar dentro del límite de las alegaciones deducidas por las partes pero por su cuenta ya que pueden fundar la sentencia en otros motivos jurídicos que los alegados oportunamente por aquellos. Bajo la invocación de este principio se puede modificar la calificación de la acción propuesta en la demanda pero siempre y cuando ello no implique modificar los elementos de la pretensión que por la especial circunstancia del proceso istrativo se hizo valer ya en el procedimiento istrativo previo. De esta manera el empleo de este principio por parte del juez debe operar con prudencia, limitando por la congruencia procesal, esto es no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Debe aplicar la norma siempre enmarcando dentro de las situaciones presentados por las partes, de no ser así se estaría permitiendo la indefensión para las partes que han armado su estrategia sobre la base de la norma que la postre resultan inaplicables.

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7LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentario al código procesal civil Tomo I. Gaceta Jurídica, p 65.

BIBLIOGRAFIA - CARNELUTTI, SCO. (1971). Derecho procesal civil y penal. Tomo II. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América - EZQUIAGA GANUZAS, FRANCISCO JAVIER. (2000). Iura novit curia y aplicación judicial del derecho. Valladolid, Editorial Lex Nova. - LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentario al código procesal civil Tomo I. Gaceta Jurídica - MONTERO AROCA, JUAN (2006 ). El principio acusatorio entendido como eslogan político, p. 215 - PEYRANO, JORGE. (1978). El proceso civil. Principios y fundamentos. Buenos Aires, Editorial Astrea. - PEYRANO, JORGE. (2002). “Iura novit curia procesal: La reconducción de postulaciones”. En la Revista de Ponencias del II Congreso Internacional de Derecho Procesal. Lima, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. - SENTÍS MELENDO, SANTIAGO. (1978). “Iura novit curia”, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVI. Buenos Aires, Editorial Driskill