Garantias Constitucionales q6n3u

TULO: GARANTIAS CONSTITUCIONALES O INDIVIDUALES INDICE GENERAL INTRODUCCION CONTENIDO GARANTIAS CONSTITUCIONALES O INDIVIDUALES PAG. 1. CONCEPTOS DE GARANTÍAS INDIVIDUALES………………………………5 2. CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS……………………………………….6 3. UBICACIÓN DEL CONCEPTO GARANTIAS INDIVIDUALES EN MEXICO……………………………………………………………………………… ...7 4. EXTENSION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES EN CUANTO A SU CONSAGRACION CONSTITUCIONAL…………………………………………….8 5. GARANTIAS EN MATERIA PENAL……………………………………………..9 6. GARANTIA QUE PROTEGE LA LIBERTAD DE TRANSITO. (ORDEN DE APRENSION…………………………………………………………………………. 10 7. GARANTIAS CONSTITUCIONALES RESPECTO A LA PÉRDIDA DE LA LIBERTAD FISICA…………………………………………………………………..12 CONCLUSION……………………………………………………………………….. 18 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………… …20

INTRODUCCION Este trabajo de las garantías constitucionales o individuales lo realizo, no con la experiencia adquirida o por los muchos años de estudio, si no con la intención y el deseo vivo de continuar preparándome. Esto en razón de que durante el desarrollo del curso y al ver la calidad del catedrático y los muchos años de experiencia profesional y académica, me inspira para realizar mis metas. Todo proyecto tiene su razón de ser, para el caso que nos interesa es necesario decir que: Las garantías individuales se han ido creando paulatinamente, con el transcurso del tiempo, esto a merced de las exigencias del hombre, y para que los gobernantes respeten esos derechos fundamentales, para el tema en cuestión se encuentran establecidos en la Carta Magna o Ley Suprema de nuestra Nación y que lo es La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que en el presente trabajo se encuentra una noción clara, desde mi punto de vista, de lo que es una garantía, la opinión de diversos autores, una clasificación de las diversas garantías con palabras de a centavo, la ubicación de dichas garantías en la Carta Magna, la forma en que se pueden extender y estar también consagradas en otros preceptos constitucionales y ser complementarias de los primeros veintinueve artículos, las garantiza correspondientes en materia penal, formas y condiciones en que se puede privar de la libertad física y los actos de la autoridad, formas y requisitos para hacer ese uso del poder coercitivo del Estado. Así también si tales actos son violatorios de dichos preceptos. Y poder ejercitar otras garantías en vía de amparo, para que se violente la esfera jurídica del gobernado. Todo ello con la finalidad de acrecentar mis conocimientos y obtener mayores razonamientos lógicos, al tratar de ejercitar tales derechos ante una autoridad correspondiente. Sin olvidar que es objeto primordial para acreditar este curso. GARANTIAS CONSTITUCIONALES O INDIVIDUALES 1. Conceptos de garantías individuales El derecho no puede ser una creación caprichosa del Estado, pues por el contrario, debe ser siempre el resultado de las necesidades de la colectividad para la cual se legisla. Por ello los derechos del gobernado son prerrogativas que bebe respetar toda

autoridad y constituyen las garantías individuales. El diccionario de la Real academia Española define así el vocablo garantía: como acción o efecto de afianzar La palabra garantía proviene del latín garante; entre sus acepciones se encuentran “efecto de afianzar lo estipulado” y “cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad”. En realidad, las nociones de afianzamiento, aseguramiento y protección son indisociables del concepto de garantías individuales. Alberto castillo del Valle, señala que Las garantías individuales son medios de protección de los derechos del hombre, oponibles frente a las autoridades y que se otorgan por la norma jurídica, preferentemente la primaria (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Guillermo Cabanellas de Torres, señala que Las Garantías individuales, son un conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen. Ignacio Burgoa Orihuela, define como “garantía” “La garantía” es una relación jurídica de supra a subordinación en la que actúa el Estado como sujeto pasivo y el gobernado como activo de la cual surge un Derecho Publico Subjetivo a favor del gobernado oponible en forma mediata ante el Estado y en forma inmediata ante sus órganos. Martha Elba Izquierdo Muciño, afirma que las “Garantías individuales” son derechos inherentes a la persona humana en virtud de su propia naturaleza y de las cosas que el Estado reconoce, respeta y protege mediante un orden jurídico y social que permite el libre desenvolvimiento de las personas de acuerdo con su vocación” En el derecho público la noción de garantías individuales se comprende básicamente en una relación subjetiva, pero directa entre la autoridad y la persona, y no entre persona y persona como en el derecho privado. Por ella, la relación subjetiva se origina por la facultad soberana de imponer el orden y regir la actividad social, y por otro, la necesidad de que las personas no sean atropelladas en sus derechos o prerrogativas por la actuación de la autoridad. Por ende, puede decirse que las garantías individuales son “derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la republica, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consigna, esto es la acción constitucional del amparo.” Al demandar del Estado y sus autoridades el respeto a los derechos del hombre, que garantiza la Constitución al gobernado, ejerce un derecho subjetivo publico; se trata

de un derecho subjetivo porque es una facultad que se desprende de una norma, y es publico por que se intenta contra sujetos pasivos públicos, es decir el Estado y sus autoridades. En ese sentido, como las garantías individuales son limitaciones al poder público su violación no puede al menos en México reclamarse en contra de particulares. 2. CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS La clasificación de las garantías individuales va en función del bien jurídico protegido, Según esta la Clasificación, en Nuestra Carta Magna ya se encuentran estructuradas, pero ello no significa que no pueden estar independientemente en otra ley secundaria. Tales garantías son las siguientes: 1. Las garantías de igualdad, son aquellas mediante las cuales se pretende dar un mismo tratamiento a los gobernados que se encuentran en una misma situación jurídica, prohibiéndose la discriminación o la distinción entre dichos sujetos; 2. Las garantías de libertad, son aquellas que proponen salvaguardar el derecho fundamental del gobernado, y que consiste en decidir de entre dos o mas posibilidades y optar por la que mas le agrade, con independencia de la materia propia de la determinación electiva respectiva (libertad de transito, de expresión, de trabajo, religión, etcétera); 3. Las garantías de propiedad, que tutelan ese derecho real (la propiedad), frente a la autoridad estatal; y 4. Las garantías de seguridad Jurídica, que dan certeza al estado de Derecho, al orillar a las autoridades publicas a hacer lo que la constitución y/o la ley les impone como obligación, consistiendo el deber jurídico respectivo en hacer algo antes de dañar al gobernado. En síntesis, las garantías individuales o del gobernado pueden estar inscritas en la constitución general de la Republica o leyes secundarias ya sean estas federales, estatales o locales, incluso en tratados internacionales, en todo caso esas garantías son gozadas por todo individuo o persona que se ubique en la titularidad de la misma.

3. UBICACIÓN DEL CONCEPTO GARANTIAS INDIVIDUALES EN MEXICO Art. 1 Constitucional señala: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo

gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". BURGOA DICE: Se consagra una garantía individual específica de igualdad, puesto que considera posibilitados y capaces a todos los hombres, sin excepción, de ser titulares de los derechos subjetivos públicos instituidos por la propia Ley fundamental, el alcance personal de esta garantía específica de igualdad se extiende, como dice el 1º constitucional, a todo individuo; es decir, a todo ser humano independientemente de su condición particular congénita (raza, sexo, etc.) o adquirida. Ahora bien el propio artículo 1º de la Constitución declara que las garantías individuales sólo pueden restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que dicho ordenamiento supremo establece, por lo tanto, implicando la abolición de las garantías individuales una transformación radical del sistema jurídico estatal, puesto que se erigiría el Estado en totalitario en el sentido actual del vocablo, el Congreso de la Unión y la Legislaturas de los estados no tiene facultad para suprimirlas; puede, sí, modificarlas o restringirlas pero siempre conservando su finalidad tutelar esencial. 4. EXTENSION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES EN CUANTO A SU CONSAGRACION CONSTITUCIONAL. La cuestión relativa a la extensión de las garantías individuales en cuanto a su consagración equivale a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Las garantías individuales, solo están comprendidas por la Constitución en sus veintinueve primeros artículos o por el contrario, abarcan otros preceptos constitucionales distintos? A este respecto a Don Ignacio L. Vallarta le preocupo tal cuestión, resolviendo que por garantías individuales no solo se bebe de entender únicamente los veintinueve primeros artículos de la Constitución, sino que aquellas podían hacerse extensivas a otros preceptos de la ley fundamental que signifiquen una explicación, ampliación o reglamentación de las normas que expresamente las prevén. Ya que como otros autores consideran que el concepto de “garantías individuales” no es restrictivo, sino por el contrario, extensivo, es decir, no nada mas se debe de identificar a las garantías individuales con los veintinueve primeros artículos de la Carta Magna, ya que en estos se enuncian en forma sistemática, sino también se deben de referir a todos aquellos preceptos constitucionales que complementan en diversa manera, las primeras veintinueve disposiciones, o que se complementan en una manera mas compleja, así mismo y toda vez que la declaración contenida en el articulo primero es lo suficientemente amplia para inferir que atreves de toda la constitución se consagran las garantías individuales o del gobernado. Por lo que para

ejemplificar lo estudiado, el articulo 123 Const. Que no se encuentra dentro de los veintinueve primeros artículos constitucionales, esta íntimamente vinculado con el art. 5 de la ley fundamental, precepto que refiere garantías relativas a la prestación de servicios, en las fracciones II, III, etc., por lo que en el art. 123, se fijan las condiciones del desempeño del trabajo y cuando una autoridad viole en perjuicio de una persona tales garantías, procede el amparo por considerarse violación a dicho preceptos constitucionales. Así que se concluye que las garantías individuales están consagradas en toda la constitución. 5. GARANTIAS EN MATERIA PENAL Las garantías en materia penal son medios jurídicos de tutela de derechos del gobernado, que se hacen valer frente a la autoridad publica, cuando esta desarrolla la actividad tendiente a delimitar o determinar la responsabilidad por la comisión de un delito. En este rubro existen dos sujetos, que son el que cometió el delito (imputado) y el que fue lesionado en su patrimonio con motivo de la conducta ilícita (victima u ofendido). Constitucionalmente, ambos sujetos son titulares de garantías individuales o del gobernado, con lo que a los dos se les protege en su patrimonio frente a los órganos de gobierno, sea cualquiera esa autoridad, legislativa, istrativa o judicial. Históricamente las garantías individuales en materia penal no son solamente de seguridad jurídica, ya que protegen la vida como derecho supremo, la libertad de transito evitando que cualquier autoridad y bajo cualquier circunstancia la restrinja, la integridad física, la integridad moral, así mismo con posterioridad se van creando otros derechos en materia penal como los pecuniarios y los de índole procesal. Al hablar sobre la privación de la libertad, cabe decir que esta se actualiza con cualquier conducta de un ente publico merced a la cual una persona queda recluida o impedida para transitar por doquier, con independencia del tiempo que dure la medida de la autoridad que emita el acto que atente en contra de ese bien jurídico y de la denominación del acto respectivo, teniendo esa calidad los siguientes actos: a) Orden de detención; b) Orden de presentación (vaya o no precedida de una búsqueda y localización); c) Arraigo; d) Orden de comparecencia; e) Orden de aprehensión;

f) Auto de vinculación a proceso (con prisión preventiva); g) Arresto istrativo por desacato a un mandato judicial (como medida de apremio en un juicio penal); h) Orden de reaprehensión (durante la substanciación del proceso); i) Sentencia definitiva; j) Orden de reaprehensión para compurgar la pena; y k) Orden de detención con fines de extradición. Una vez analizados las diferentes situaciones en las que se puede determinar por la autoridad competente la privación de la libertad a persona determinada por la comisión de un delito, es importante señalar que mi atención se centra en lo que corresponde a la orden de aprehensión. 6. GARANTIA QUE PROTEGE LA LIBERTAD DE TRANSITO Pero para entender un poco más de la libertad entendamos el concepto como tal. La libertad se define como: Esa garantía que se consagra en el tercer párrafo del articulo 16 constitucional, condiciona la posibilidad de privar de esa libertad a una persona, a que un juzgador emita una orden de aprehensión, en la inteligencia de que conforme al referido numeral, así como al contenido del articulo 11 de ley suprema, solamente esta autoridad tiene competencia y capacidad para librarla. Por lo que “TODA ORDEN DE APREHENSION DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE” Ahora bien para que esa “Orden de Aprehensión” sea constitucional, el juzgador deberá encontrar reunidas las siguientes condiciones jurídicas, aunado a que tenga competencia para librar la misma: a) Que a esa resolución, preceda una denuncia o querella (averiguación previa); b) Que esa denuncia o querella se refiera a un hecho calificado por la ley como delito, en el entendido de que ese hecho debe encuadrarse al tipo penal o disposición normativa, en respeto a la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal;

c) Que ese delito sea sancionado con pena privativa de libertad, sin que sea dable que se emita esa orden si el delito amerita pena alternativa (prisión o alguna otra, pero no necesariamente la primera) y si el delito se castiga con pena alternativa o distinta a la de prisión, (por ejemplo, la multa), debe librarse una orden de comparecencia, y no orden de aprehensión ya que si el juez libra esa orden en caso de delito sancionable con pena alternativa, la misma es inconstitucional. La denuncia se entiende como el acto por el cual toda persona hace del conocimiento del Ministerio Publico la comisión de un delito, sin que la voluntad del demandante tenga relevancia para suspender o terminar el procedimiento iniciado Por querella se entiende al igual que la denuncia, en hacer del conocimiento del M.P. la comisión de hechos que constituyan algún delito, pero a diferencia de la denuncia solo puede presentarla la persona afectada por el delito; es decir, la victima o el ofendido. Por lo que para tal efecto los Arts. 16 y 21 const. Mencionan las condiciones para llevar acabo del ejercicio de la acción penal y que sean aceptables. Continuando con lo que respecta a la Orden de Aprehensión es de señalar que solo la autoridad competente para dictar la citada orden debe ser la judicial, con el requisito indispensable de que el Ministerio Publico la solicite como titular de la acción penal. La orden de Aprehensión o detención no es mas que un mandamiento de la autoridad judicial o gubernativa que orden privar a una persona de su libertad, para lo cual ha de ser buscada en su domicilio u otro lugar donde puede encontrarse, conminarle la orden, que deberá cumplir , incluso por la fuerza material del acto. Por lo que el párrafo primero del Art. 16 constitucional se refiere a los requisitos generales, como lo es el mandamiento por escrito, la autoridad competente, la fundamentación y la motivación, donde se exprese la causa legal del procedimiento. 7. GARANTIAS CONSTITUCIONALES RESPECTO A LA PÉRDIDA DE LA LIBERTAD FISICA. En el presente curso se preciso que la posición constitucional de las garantías respecto de la esclavitud y su prohibición de manera categórica, es así que hoy entraremos a examinar los requisitos y modalidades mediante las cuales, si se autoriza la perdida de la libertad física, por ajustarse la actuación de las autoridades o de los particulares en virtud de la serie de disposiciones que constituyen precisamente garantías constitucionales.

Ante todo debe hacerse referencia a las disposiciones del artículo 16 constitucional, en lo que se refiere a la “Libertad Física”. José R. Padilla menciona que el Art. 16 contiene la garantía de legalidad más amplia que pueda existir en cualquier régimen jurídico. Ignacio Burgoa, por su parte, llama a la garantía de legalidad contenida en este precepto garantía lato sensu, que es una de las más completas. El primer párrafo del Art, 16 lo interpreta la Suprema Corte, retomando el principio de legalidad de los actos de autoridad como una de las bases fundamentales del Estado de derecho. Las condiciones que el Art. 16 Impone a los actos de autoridad son tres: 1. Que se exprese por escrito 2. Que provenga de autoridad competente 3. Que el documento escrito en que se exprese sustente la causa legal del procedimiento. Por lo que a continuación se explican estas condiciones, iniciando por el acto de molestia. Por acto de molestia se entiende la perturbación o afectación en la esfera jurídica de los individuos. En la Constitución de 1857 se reconoció que el derecho fundamental del Art. 16 era la seguridad personal y real. Don Mariano Coronado menciona un dato muy importante y señala que en esa Constitución se otorgaban estas garantías, y que las molestias se referían a la persona, en el caso de aprehensión, cateo, visita domiciliaria, etc., o en lo que la persona “posee”, por ejemplo, allanamiento de morada, registro de papeles o privación de bienes. Por ello la garantía de legalidad establecida en el Art. 16 significa que, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento. Así mismo en este precepto se establecen claramente los bienes tutelados para el gobernado. La expresión nadie denota que ninguna persona nacional o extranjera, física o moral, puede ser molestada en sus derechos, sino por un acto de autoridad; el vocablo molestia significa que nadie puede ser agraviado o privado de sus derechos.

Por lo que los actos de molestia se refieren a la perturbación en la esfera jurídica de los individuos. Y cuando nos referimos al acto de autoridad condicionado a la garantía significa que el Estado debe supeditarse a las garantías individuales, ya que se habla de perturbación o afectación de la esfera jurídica del gobernado, que puede traducirse a sus bienes o derechos. Entendido lo anterior, explicaremos otro requisito que se impone a los actos de la autoridad y que se contempla como garantía de legalidad stricto sensu consiste en el derecho que tienen los gobernados a que su acto sea emitido “por escrito”, es decir que el escrito tenga la firma original o autógrafo de la autoridad competente que emite el acto de molestia, tal firma leda autenticidad y certeza jurídica al documento, es así que cualquier otro documento con otra forma de firma, no satisface las condiciones necesarias y no bebe ser reconocida. Es así que por “autoridad competente”, que puede ser cualquier autoridad legislativa, istrativa o judicial, siempre y cundo actúe dentro de su ámbito de validez. Por ultimo explicaremos que el acto de molestia bebe estar motivado y fundado, “La fundamentación” se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que pretende imponer el acto de autoridad. Por su parte “La motivación” legal del procedimiento permite conocer las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que esta se basa están probados y son los previstos en la disposición legal que aplicable o correspondiente. Ante todo, las órdenes de aprehensión o detención solo pueden proceder de una autoridad judicial. Con esto, claramente entendemos que nuestro texto constitucional esta partiendo de una hipótesis concreta, según la cual quien es aprehendido o detenido debe entenderse que es porque se le atribuye una responsabilidad penal y no de otra naturaleza. La disposición constitucional que examinamos se refiere a ordenes de aprehensión o detención, lo cual nos indica un criterio según el cual la restricción de la libertad personal, aunque sea un hecho que materialmente se traduce en la perdida transitoria de la libertad física, jurídicamente se valora en diversa forma, y con efectos que igualmente se distinguen. A este respecto resulta interesante la siguiente jurisprudencia: Tesis 186. LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCION DE LA.-(Cambio de situación jurídica.) La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la presión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y

rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Por lo anterior el articulo 16 Const. Solamente hace referencia a la aprehensión o detención, dejando las otras modalidades de restricción de la libertad a disposiciones distintas. La aprehensión es el acto de cumplimentar una orden de autoridad, para someter a un procedimiento legal a una persona inculpada; la detención tendría que referirse a lo mismo, pero también puede abarcar hipótesis según las cuales se retiene a un remiso que no va a ser sometido a un proceso, sino tan solo a hacerlo intervenir en este, quizá en su calidad de testigo o para el auxilio de la justicia en cualquier otro aspecto. Así mismo el articulo 16 Const. Ordena que previamente a la orden de aprehensión o detención aparezca forzosamente una denuncia, acusación o querella, al menos dentro de la regla general que es la única que hemos examinado. Es decir se denuncia la comisión de un hecho delictuoso por aquella persona o autoridad que toma conocimiento de el e informa a la autoridad competente para que se puede iniciar un tramite investigatorio. Se acusa cuando se cause un daño o se esta en peligro de que se cause y la victima y el ofendido reclaman la acción de la justicia para evitar la lesión o para reparar que ya se ha realizado; y se formula querella por el ofendido, cuando se trata de delitos que no se persiguen de oficio, cuando se trata de delitos que no se persiguen de oficio sino a petición de parte agraviada. Debe destacarse también que el hecho atribuido a una persona y que motiva la orden de aprehensión, debe estar previsto por la ley que sancione tal hecho con pena corporal, por lo que si la sanción prevista es meramente pecuniaria o alternativa, no se esta bajo el supuesto constitucional y por lo tanto el mandato judicial es ilegal. Por ultimo es importante señalar que no basta que se llenen los requisitos anteriores mencionados, para que se libre orden de aprehensión o detención, sino que basta que de los elementos procesales hagan probable la responsabilidad de un inculpado, para que la orden resulte legal. Así mismo de estudiado en la orden de aprehensión y que forma la regla general, el mismo articulo 16 Const. Señala dos situaciones de excepcionales, dentro de los cuales no se requiere el cumplimiento de los requisitos ya estudiados anteriormente. La primera de ellas se refiere a “los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin demora

a la disposición de la autoridad inmediata”. Por lo que se entiende por delito flagrante o infraganti, a aquel que se descubre en el momento mismo de su ejecución u en uno muy próximo a el, circunstancia que permite apreciar la conducta ilícita del infractor, por lo que en estos casos cualquier persona particular o autoridad puede aprehender al ejecutor del acto ilícito, para asegurarlo y ponerlo a disposición de las autoridades inmediatas y estas a su vez a la que corresponda intervenir en el juzgamiento de su conducta. Por lo que se concluye que no siempre se pueden seguir los formalismos de la regla general. Cabe destacar que estos lineamientos también se aplican a los cómplices de un hecho calificado como delito, por lo que la obligación en estos casos en poner sin demora a disposición al delincuente y a sus cómplices, por lo que es un acierto de la disposición constitucional, ya que si se fijara un termino cualquiera, a un que fuese breve dentro del cual se tuviere que remitir al aprehendido a la autoridad, esto permitiría que se mantuviera privado de la libertad indebidamente a un detenido, con tal de no rebasar el plazo fijado, lo que evidentemente constituye una arbitrariedad que no debe autorizarse, mucho menos constitucionalmente. No hay que olvidar que quien aprehende a un delincuente o sus cómplices en la comisión de un delito flagrante, bebe dar pasos estrictamente necesarios para trasladarlo ante la autoridad, ya que de lo contrario también pude ser consignado a la autoridad, si no pusiere al detenido a disposición del juez dentro de las 24 horas siguientes, tal situación se prevé en el texto constitucional en el articulo 107. Por lo que se entiende que solo esto puede ser cometido por servidores públicos. Así también se debe comprender que si la detención se verificare fuera del lugar en que se reside el juez, al termino mencionado se agregara el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y en el que se efectuó la detención. Pero de tal estudio se aprecia una incongruencia ya si bien es cierto que el responsable de un delito, en los términos del artículo 16 Const. Debe ser entregado a la autoridad competente de inmediato, y no a las 24 horas de la detención, por lo que se esta en una incomprensión, ya que esto puede o facilita el amparo y protección de la justicia federal, ya que el juez de distrito puede conceder la suspensión de plano o de oficio, ya esto no tiene nada que ver con la detención realizada fuera dentro del procedimiento judicial permitido. Existe otra excepción a la regla general, interesante de estudio y es la que establece los requisitos para privar de la libertad física a una persona, se encuentra igualmente en el articulo 16, en aquella parte en que dispone: “Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad istrativa, bajo su mas estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a

disposición de la autoridad judicial”. Por ultimo es de señalar cual es el objeto de la Orden de aprehensión y sencillamente se traduce en privar de la libertad física al ciudadano, denominada también libertad deambulatoria, con el efecto de dar cumplimiento a la violación de una garantía, o para dar inicio a un procediendo o para cumplir una pena. CONCLUSION Una vez que he llegado a este punto, en el me toca describir lo que se comprendió del estudio, podría decirse del análisis, y en si del trabajo de investigación que nos ocupo en esta materia, y del tema a elección. Me es satisfactorio señalar que el empeño y la dedicación que puse en este trabajo, son un logro personal, ya que no fue lo amplio de las fuentes consultadas, o lo amplio y extenso que es el tema de las prerrogativas consagradas en nuestra Carta Magna, sino lo que se me queda de conocimiento, y la forma en que puedo de alguna manera identificar de manera sencilla y clara el concepto, la división y el objeto de las garantías individuales. En el presente trabajo llegue analizar en forma sencilla que las garantías individuales no corresponden a los derechos humanos, pero si a una serie de prerrogativas alcanzadas por los hombres frente al poder publico en su calidad de autoridad. Son estos los derechos de los que los gobernados pueden echar mano y oponerse a los gobernantes con el fin de que se conduzcan de la manera dispuesta por las normas del orden jurídico del Estado, que protejan la vida, la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad de las personas. Es importante indicar que estas garantías se han ido creando y perfeccionando con el transcurso del tiempo y la expedición de cada nueva Carta Magna, aun cuando el objetivo primario, que es proteger al gobernado, frente al gobernante, subsiste. Por ello en el devenir histórico, en los primeros tiempos del Derecho Constitucional Mexicano, las garantías que se otorgan en materia penal fueron exclusivamente las del reo, pero con el trascurso del tiempo se han ido consagrando otras como, los inherentes a la victima y ofendido. Así al final de este interesante curso de Garantías en Materia Penal y el Juicio de Amparo, y después de esta significativa investigación sobre las garantías y lo concerniente a la garantía de libertad de ambulatoria y mas en especifico de la Orden de Aprehensión, por cuento ve a su desarrollo en el articulo 16 constitucional, que reglamenta las situaciones en que se puede perder la libertad y quien y con que requisitos puede hacerlo, me es gratificante saber que de alguna manera el estudio y

la investigación te llevan a una compresión mas profunda. Por lo anterior cabe mencionar que el objeto de estudio y comprensión es mayor y del cual quedan bases sólidas de aprendizaje y el propósito del catedrático se cumple, al haber contribuido de manera significativa con su ejemplo y capacidad. Que por el contrario con otros con su gran capacidad demeritan el esfuerzo de sus estudiándoos y no los alientan a seguir el encamino de los estudiosos de las ciencias jurídicas que rigen en nuestro país. Ahora quedaran satisfechos mis esfuerzos, claro, los puestos a mi alcance y capacidad en el presente trabajo. “Con gran respeto y iración a mi Catedrático Juan José Juárez Rojas”. Notable profesionista y estudioso de las ciencias jurídico penales y amparo. BIBLIOGRAFIA BAZDRESH, Luis, Garantías Constitucionales: curso introductorio, 4ª edición, México, Editorial Trillas, 1992, Pág. 11 y sigs. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, 28ª edición, México, EDITORIAL PORRUA, 1996, Págs. 161 y sigs. CASTILLO DEL VALLE, Alberto, Garantías en Materia Penal, 1ª edición, México, EDICIONES JURIDICAS ALMA, 2009, Págs. 17 y sigs. IZQUIERDO MUCIÑO, Martha, Garantías Individuales, 1ª edición, México, Editorial Oxford, 2001, Págs. 103 y sigs. MANCILLA OVANDO, Jorge, El Juicio de Amparo en Materia Penal, 7ª edición, México, EDITORIAL PORRUA, 2001, Págs. 189 y sigs. V. CASTRO, Juventino, Garantías y Amparo, 5ª edición, México, EDITORIAL PORRUA, 1986. Págs. 44 y sigs. CABALLERAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Helista, 1994, Págs. 17Ver como multi-páginas