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MATERIA: GARANTÍAS PERSONALES Y SOCIALES PRIMERA PARTE.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: Individuales* y Sociales GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Son Derechos fundamentales del ser humano, que actualmente forman una parte integrante de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han sido objeto fenómenos sociales, tanto nacionales como internacionales, pues se ha buscado su reconocimiento y protección. Como proceso instituido por la misma Constitución de un Estado cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida, realmente son los derechos que la constitución de un Estado reconoce a los ciudadanos. Se establece una división entre las garantías individuales y las garantías sociales. Las garantías constitucionales deben ser reconocidas por las normas supremas de un Estado para su observación, protección y respeto, estableciendo en las mismas los limites exteriores de su existencia. Garantías Individuales (Antes de la Reforma Constitucional del 2011) Las garantías individuales –hoy, mejor nombradas: personales o constitucionalesson “derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitución de amparo.” Son ese conjunto de facultades, prerrogativas y facultades que le corresponden al hombre por su misma naturaleza. Estas garantías pueden confundirse con los

Derechos Humanos, pero éstas los incluyen y se visualizan como medios de reconocimiento y protección de aquéllos. Las garantías individuales protegen valores ético-morales, que son los bienes jurídicos tutelados. Entre éstos podemos incluir: La vida, como valor supremo que da sustento general a los demás valores. La libertad, como facultad de desarrollar potencialidades y cualidades y de elegir los medios u objetivos materiales y espirituales con las restricciones de la moral pública y el orden colectivo. La Dignidad, que aunque no está incluida en la Ley Suprema, se presenta como la calidad y cualidad de ser tratado como persona. La Igualdad, como la facultad de ser tratadas de la misma manera que los que están en nuestra misma situación ante las leyes. La Seguridad Jurídica, como la protección de que la ley va a actuar en justicia para nosotros y para todos. La Propiedad, como reconocimiento de derechos individuales sobre las cosas, resultado de un régimen democrático. El titular de estos derechos subjetivos públicos es el gobernado. El obligado a respetarlas es el servidor público o mejor dicho la autoridad, refiriéndose a toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo para el Estado. El catálogo de garantías individuales que hace la Constitución es bastante extenso, pero aun así no es limitativo, ya que cualquier derecho inherente al ser humano es susceptible de protección aunque los mecanismos específicos no estén perfectamente definidos, siempre tenemos la posibilidad de recurrir al amparo de la Justicia Federal. Además hay muchas garantías específicas que nos dan una protección muy extensa, no sólo para aquellos actos que se mencionan, sino para todos aquellos que puedan tener una relación con éstos. Garantías Sociales Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las garantías sociales por su propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que restringe en su alcance liberal, en términos del artículo 1° de la propia Ley Fundamental. Las garantías sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separado de otros individuos. Por el contrario, estas garantías que por primera vez en la historia fueron consagradas en el ámbito constitucional en México, en 191 pretenden proteger los derechos y los intereses de grupos sociales determinados, cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto de otros grupos de personas que cuentan con mayores recursos.

Lo que pretenden las garantías sociales que ciertos grupos de individuos gocen de protección de la Constitución respecto de derechos varios, fundamentalmente de tipo laboral. Así, los artículos 3o., 27 y 123 constitucionales se refieren ampliamente a las prerrogativas otorgadas a esos grupos sociales. El artículo 3o. prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de la educación que estado, tanto en el ámbito federal como local municipal, está obligado a llevar a efecto. Dentro de los principios fundamentales contenidos este precepto pueden señalarse el carácter laico de la educación ofrecida por el Estado, gratuidad de tal educación y la necesidad de que el Congreso de la Unión expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República mexicana, se unifique y coordine el sistema educativo de la nación. Las Garantías Sociales tienen como objeto que el Estado realice las acciones encaminadas a procurar que los grupos sociales considerados indefensos económica y socialmente gocen de sus derechos como colectividad, en igualdad de circunstancias. La diferencia entre las garantías individuales y las garantías sociales estriba, principalmente, en que las primeras son extensivas a todo individuo, independientemente de su condición social y económica; las garantías sociales nacen como medida jurídica para proteger a una clase socialmente, pero no frente al Estado, sino ante las clases Sociales favorecidas, con base en los criterios de justicia y bienestar. Marco de referencia de Derechos Humanos 1.1

Derechos Humanos

Desde hace tiempo la protección internacional de los llamados derechos humanos ha sido una preocupación constante de la humanidad, en documentos jurídicos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, durante la Revolución sa, en 1789, pasando por a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, del 10 diciembre de 1948, y los dos Pactos de Derechos Humanos de 1966, la comunidad internacional de Estados ha reconocido la protección de los derechos humanos. Derechos Humanos es el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas,

que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Los derechos humanos, en su problemática filosófica, religiosa, política y social, han sido una preocupación desde tiempos remotos en el devenir histórico de la humanidad, su reconocimiento jurídico constituye un fenómeno relativamente más reciente, producto de un lento y penoso proceso de formulación normativa que ha atravesado por diversas etapas. La noción de los derechos humanos es en gran parte, según lo acabamos de ver, producto de la historia y de la civilización y, por tanto, sujeta a evolución y modificación. De hecho, también la concepción de los derechos humanos ha conocido varias etapas. Así, el concepto de los derechos humanos fue en su origen un concepto político que se traducía en el respeto por parte del Estado de una esfera de libertad y autonomía de la persona humana. En otros términos, el Estado estaba obligado a no intervenir en esta esfera de los ''derechos civiles'', o sea, de los derechos que miran a la protección de la vida, libertad, seguridad e integridad física y moral de la persona humana. Estos derechos provienen, en su conjunto, de una concepción individualista. En la etapa siguiente, el hombre no está opuesto ya al Estado, sino que participa en la estructuración política de la sociedad a que pertenece, ejerciendo sus derechos políticos dentro del Estado. Finalmente la aparición de la noción de derechos económicos, sociales y culturales formando una categoría distinta, es un fenómeno más reciente. El goce efectivo de estos derechos debe ser asegurado por el Estado o por su intermediación. En esta perspectiva, el Estado es el promotor y garante del bienestar económico y social. Mientras que con anterioridad el Estado representaba ante todo la autoridad responsable de la protección y del mantenimiento del orden público y de la seguridad de todos, el Estado moderno es, o debería ser, un instrumento al servicio de todas las personas que dependen de su jurisdicción. 1.2 Derechos Naturales Son aquellos que posee el hombre por el solo hecho de haber nacido, otorgados por el orden natural mismo, sin participación humana, y, por lo tanto, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, que no tiene el derecho de arrogarse atribuciones de negar potestades impuestas por leyes eternas e inmutables, que como decían los romanos

al definir el derecho natural, están impresas en el corazón de los hombres. 1.3 Derechos Públicos y Subjetivos La subjetivización del derecho es el resultado de la evolución de la posición material del individuo que tuvo su punto de partida por lo menos a partir del siglo XVI; que obtuvo un impulso decisivo, sobre la posición jurídica individual en la doctrina liberal del idealismo; entre el derecho procesal y la pretensión material y la determinación funcional de la estructura del derecho. En torno a este proceso se inició en el siglo XIX, en el marco de la diferenciación entre el derecho público y privado, la discusión sobre la posición general del individuo frente al Estado, la cual se encontraba caracterizada por la controversia entre: subordinación del ciudadano y la sujeción del Estado al derecho. Conceptualmente, el derecho subjetivo es un poder jurídico, que le ha sido otorgado al individuo por el ordenamiento jurídico, pero según su finalidad, es un medio de satisfacción de intereses humanos. Por Derechos Públicos Subjetivos se entiende que son aquellos que derivan de una norma y tiene por finalidad la protección de un interés individual, no está destinada exclusivamente a proteger el interés general. 1.4 Libertades Públicas La idea de las libertades públicas tiene su origen en el ámbito filosófico, motivo por el cual suscita discusiones y debates. Los componentes del concepto, la libertad y lo público, constituyen términos que enlazan la filosofía y la política, y por ello existe la factibilidad de que tengan una incidencia directa en la vida social. En este sentido, como principios de acción política que inspiran cierto orden y relación entre gobernantes y gobernados, son de interés y, por tanto, también materia de análisis en el campo del derecho. Las libertades públicas permiten plantear aspectos fundamentales de la relación política, entre ellos los de la finalidad del Estado y el papel de la ley como límite de la acción gubernativa; sin embargo, en nuestro espacio jurídico se les ha dado un tratamiento poco preciso, cuando no incompleto, y se ha soslayado su valor y potencial como elementos complementarios a una categoría básica como la de Estado de derecho. Las nociones de libertades públicas y de Estado de derecho están ineludiblemente ligadas; las primeras son los objetivos a realizar por todo régimen que procura el desarrollo del hombre en lo individual y lo colectivo, por esto el Estado de derecho incluye en sí los sistemas y

mecanismos normativos para ejercer las libertades públicas. Un gobierno apegado a la ley y vigía de la misma instituye, en contraparte, un marco de actuación para los gobernados, cuya finalidad es equilibrar y conducir, en cierta forma, las acciones del poder. Las libertades públicas son, en este sentido, la resultante de un régimen de Estado de derecho, de un Estado donde el derecho es una realidad, en el que el establecimiento y operación de las normas es tal que éstas alcanzan el rango de garantías efectivas para el ejercicio de las libertades públicas. 1.5 Garantías ¿Individuales? La declaración mexicana de derechos humanos está contenida en dos partes: la de garantías individuales y la de garantías sociales. La Constitución comienza con la declaración de garantías ¿individuales?, así se intitula el Capítulo I del título primero, es la parte axiológica de la ley fundamental, la causa base de toda la organización política. El artículo 1o de la Constitución manifiesta: ''En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece''. Este artículo asienta la tesis positivista respecto a los derechos humanos, la tesis que se encuentra en el artículo primero es la misma que se halla en todo el constitucionalismo mexicano: el hombre es persona jurídica por el hecho de existir, y como persona tiene ya una serie de derechos. 1.6 Derechos Fundamentales Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son derechos humanos concretados espacial y temporalmente en un Estado concreto. La terminología de los derechos humanos se utiliza en el ámbito internacional porque lo que están expresando es la voluntad de las declaraciones internacionales, se trata de la declaración universal de los derechos humanos frente al derecho fundamental. 1.7 Garantías Constitucionales En un estricto sentido técnico-jurídico, se entiende por garantía constitucional el conjunto de instrumentos procesales, establecidos por la norma fundamental, con objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política.

1.8 Expresiones utilizadas en el derecho positivo mexicano La expresión ''derecho positivo'', contrariamente a la de ''derecho”, se desarrolló hasta la Edad Media. La expresión legem ponere, de la cual deriva ius positivum, surge en el siglo VI desde entonces ha sido frecuentemente usada.

EL GARANTISMO Y SUS PERSPECTIVAS EN MEXICO Universidad Latina de América IUS Revista Jurídica http://www.unla.mx/iusunla19/reflexion/GARANTISMO.htm

Armando ALFONZO JIMÉNEZ I. Introducción Desarrollar a cabalidad el tema que comprende el título de las presentes líneas ameritaría, por lo menos, escribir un ensayo prolijo que por supuesto rebasa las expectativas del presente trabajo. Las graves desigualdades sociales prevalecientes en el mundo nos obligan a pensar en nuevos esquemas institucionales y normativos que atemperen tal flagelo. La globalización económica no trajo consigo la mundialización del bienestar y de la justicia social. Por el contrario, en nuestro planeta predomina el rostro del hambre y la miseria. Viejos demonios con nuevos bríos amplían la brecha entre ricos y pobres, y son pocas las voces que reclaman un cambio en esa inequitativa correlación. De ahí la importancia que desde la óptica del Derecho se propongan alternativas de solución a los múltiples problemas que nos aquejan, en especial aquellas que colocan a la humanidad muy cerca del hecatombe. En este sentido, los objetivos de estas reflexiones son, por una parte, aproximarnos conceptualmente al llamado modelo garantista que privilegia la plena realización de los derechos fundamentales de toda persona y, por otro lado, esbozaremos someramente las correspondencias de dicho modelo con la ciencia jurídica y la posibilidad de su aplicación en nuestro país. II. El garantismo

Esta nueva corriente del constitucionalismo coloca en el centro de su atención a los mecanismos, identificados como garantías, para hacer eficaces los derechos fundamentales. Algunas concepciones de garantía, a la luz de la lengua española[1] son: -efecto de afianzar lo estipulado; -fianza, prenda; -cosa que se asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Ya en el terreno del derecho constitucional, garantías son los medios de tutela para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y para protegerlos ante el riego de su violación por parte de los poderes públicos. Como apuntan Jorge Carpizo y Miguel Carbonell resulta muy pertinente no confundir las nociones derechos fundamentales y garantías. Las garantías son los mecanismos de tutela o de protección de los derechos fundamentales. Gracias a esta distinción es posible evitar “el extremo de suponer que un derecho que no esté garantizado no es en realidad un derecho” o “creer que basta la consagración de un derecho en una carta constitucional para tenerlo por garantizado y protegido”; asimismo, dicha diferenciación “permite denunciar la inexistencia de los sistemas de tutela y protección necesarios para poder exigir una norma constitucional”[2] III. Del garantismo penal al garantismo global A) La iuris y la ratio del garantismo Luigi Ferrajoli es autor de esta teoría que fue explicada a partir de la doctrina del derecho penal. Sin embargo, en la actualidad la visión conceptual de esta corriente del pensamiento resulta tan vasta y compleja, al grado tal, que estamos en presencia de una sólida teoría particular del derecho. En este sentido, tenemos que la expresión garantismo se emplea desde tres ópticas: i) como modelo normativo de Derecho, ii) como teoría jurídica, y iii) como filosofía política. El jurista florentino, en su obra Derecho y razón. del garantismo penal, puntualiza claramente los alcances del garantismo:

Teoría

“el garantismo, como técnica de limitación y de disciplina de los poderes públicos dirigida a determinar lo que los mismos no deben y lo que deben decidir, puede muy bien ser considerado el rasgo más característico (no formal), sino estructural y sustancial de la democracia: las garantías tanto liberales como sociales, expresan en efecto los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los poderes del Estado, los intereses de los débiles respecto a los fuertes, la tutela de las minorías marginadas o discrepantes respecto a las mayorías

integradas, las razones de los de abajo respecto de las de los de arriba”[3] B) Características del garantismo[4] Los rasgos fundamentales del garantismo son: 1. En primer término, es “una tesis metodológica de aproximación al derecho que mantiene la separación entre „ser‟ y „deber ser‟, entre efectividad y normatividad…”(sic)[5]. 2. Esta tesis es aplicable en los siguientes ámbitos del análisis jurídico: o

El meta-jurídico del enjuiciamiento moral del derecho.

o

El jurídico del enjuiciamiento interno del derecho.

o

El sociológico de la relación entre el derecho y su práctica social efectiva.

3. En el plano meta-jurídico, la tesis metodológica del garantismo significa la separación entre “ser” y “deber ser”, entre derecho y moral, así como entre derecho y justicia. 4. Desde la perspectiva del garantismo, el Estado es un mero instrumento y la dignidad personal la finalidad principal. 5. El modelo del derecho es normativo, es decir, “el derecho es un sistema de límites y vínculos al poder político para la protección de los bienes e intereses que deban ser perseguidos”[6]. 6. Para el garantismo resulta relevante la distinción entre “ser” y “deber ser” en el derecho: la validez y la eficacia de las normas son categorías diferentes entre sí, al igual que son diversas de la vigencia o existencia. Lo anterior influye en el modelo de juez y jurista: el garantismo les exige una posición crítica frente a la ley con el objeto de evitar su eficacia precaria en el ordenamiento. 7. Desde el garantismo el modelo de la política significa, por un parte, que la legitimidad de la acción política se basará en la capacidad de concretar en la realidad los bienes y valores que, de acuerdo con el modelo normativo vigente, deban ser perseguidos y, por otra parte, la democracia no se reduce simplemente a lo electoral sino a sus contenidos[7]. C) La ley del más débil El papel que históricamente han jugado los derechos fundamentales ha consistido en ser limitaciones a los abusos del poder público. En un primer momento fueron los derechos civiles y de libertad que pusieron freno al absolutismo, más tarde, los derechos laborales que permitieron transitar de un Estado liberal a un Estado de bienestar social. Hoy se reivindican nuevos derechos (medio ambiente, paz, entre otros) todavía de difícil cumplimiento. “…Los derechos fundamentales se afirman siempre – sentencia Ferrajoli- como leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia.”[8] D) La triple dirección de la democracia constitucional

Ferrajoli al referirse al neoconstitucionalismo señala que, para que el paradigma de la democracia constitucional madure, es menester que se amplíe en tres dimensiones, a saber: 1) Que se garanticen todos los derechos sin excepción; 2) Que esos derechos se hagan valer ante cualquier tipo de poder, incluso los poderes privados, y 3) Que verdaderamente los derechos se apliquen en los ámbitos doméstico y mundial[9]. IV. El garantismo y su aplicación en México A) El garantismo como Teoría del Derecho en nuestro país La difusión de la teoría del garantismo en la lengua castellana se ha debido, sobre todo, al trabajo de la editorial española Trotta, por lo que ha asumido un papel fundamental en la divulgación de la obra de Ferrajoli[10]. Por su parte, en México se han destacado como principales impulsores de la obra del juez europeo citado, profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México [IIJ] y el Instituto Tecnológico Autónomo de México [ITAM][11]. Debemos contentarnos con el esfuerzo de los intelectuales mexicanos al haber abrazado la causa garantista. Ha sido un gran avance que muchos de ellos hayan superado la ortodoxia jurídica que prevaleció mucho tiempo en México. Empero, resulta oportuno apuntar que es bastante lo que falta por hacer para situarnos en un estadio académico vigoroso. Asimismo, es necesario que se divulgue más la obra de Ferrajoli, así como el pensamiento de otros autores modernos. Es indispensable acabar con el centralismo imperante en cuanto a la generación de ideas y la publicación de textos jurídicos, por tanto, urge impulsar polos de desarrollo académico a lo largo y ancho del país. También es importante pasar, de la mera descripción de los problemas y sus posibles soluciones, a una discusión más abierta y plural de los distintos tópicos que conforman el neoconstitucionalismo. Reto crucial de los juristas mexicanos representa, de igual modo, que sus propuestas tengan la posibilidad de concretarse en derecho positivo. De nada servirán reflexiones inteligentes y opciones de solución que pudieran resolver los múltiples problemas que enfrentamos, sino se cuenta con la capacidad de incidir en los círculos de decisión política. A partir de una mayor participación y de una perspectiva crítica de los diversos temas relacionados con las ciencias jurídicas, así como de una audaz posibilidad

de influencia en la toma de decisiones públicas, es como se podrá formular y aplicar con éxito una nueva ingeniería constitucional y legal acorde con la realidad. Como bien dice el jurista alemán Peter Häberle gracias a una actitud abiertamente pluralista “puede desarrollarse la debida apertura de miras frente a cualquier interpretación alternativa que permita un ulterior y progresivo desarrollo institucional político”[12]. B) El garantismo en el sistema jurídico mexicano: ¿frustración desilusionante o devenir esperanzador? A raíz del cambio político acontecido en nuestro país en el año 2000 con motivo del arribo a la Presidencia de la República de un integrante de un partido político distinto al que gobernó durante varias décadas, se puso en la mesa de discusión si procede expedir una nueva Constitución o si ésta debe ser objeto de una reforma integral. El gobierno que encabeza Vicente Fox ha difundido la idea que con su llegada al poder se conquistó la democracia, pero un simple análisis de los hechos nos permite corroborar que no se ha ido más allá de una democracia carente de significados. Las modificaciones constitucionales impulsadas durante el período del autodenominado “gobierno del cambio” no dejan de ser formales; algunos botones de muestra: se trasladó la proscripción de la esclavitud del artículo 2° constitucional al artículo 1°; se agregó un último párrafo al 1° que establece la prohibición de cualquier forma de discriminación sin establecer técnicas de garantía para su cumplimiento; respecto de los llamados derechos programáticos, todo sigue igual: son piezas oratorias del discurso político pero nada más; está por culminarse el procedimiento constitucional para eliminar del texto constitucional la previsión sobre la pena de muerte, por cierto en desuso desde hace décadas y durante muchos años tal circunstancia fue solicitada por organizaciones de derechos humanos sin que se recibiera reacción alguna por parte de la clase política. En la vertiente de las políticas públicas: promulgación de ordenamientos jurídicos con ostensibles deficiencias legislativas y establecimiento en esos cuerpos jurídicos de normas programáticas carentes de garantías (V.gr. la Ley General de Desarrollo Social); la elaboración de un deficiente, inoportuno y poco incluyente Programa Nacional de Derechos Humanos; decisiones que no han favorecido a las mayorías pero sí a grupos poderosos como los banqueros o la jerarquía eclesiástica; mala relación con los organismos públicos y no públicos de derechos humanos y poca voluntad política por cumplir cabalmente sus recomendaciones; continuismo en los programas sociales para el combate a la pobreza y un “triunfalismo” muy poco afortunado sobre el particular. El panorama descrito de lo que hoy vive México en materia de derechos y garantías no es alentador. En la medida que no se le dé sustancia a la democracia electoral, en esa medida continuará la percepción ciudadana de que la alternancia política sólo ha servido para seguir beneficiando principalmente a determinados grupos políticos y económicos en detrimento de los intereses de la mayoría.

Vivir una transición a la democracia implica insoslayablemente hacer realidad todos los derechos para todos. En un país con una mayoría de habitantes pobres, democracia de contenido implica tomar en serio a los derechos sociales. Para lo cual es estratégico el papel de los operadores jurídicos: desde los académicos hasta los jueces. No sólo basta generar ideas. Es urgente incidir en la realidad. No esperar a que los políticos encuentren las respuestas que no han querido o no han podido hallar. Cada quien, dentro de su ámbito, es mucho lo que puede aportar. Sólo basta decisión y mucha imaginación. En México, estamos aún muy lejos de actualizar los extremos del eje tridimensional que nos sugiere Ferrajoli: es preciso atemperar las desigualdades; perfeccionar nuestro sistema de justicia para hacer exigibles todos los derechos y para todos; acotar a esos demonios que andan sueltos (los “poderes salvajes”) y que el Estado mexicano sea congruente en lo interno como en lo externo para pugnar por un globalismo no sólo económico sino en la esfera de la dignidad. Por fortuna, la semilla del garantismo hace tiempo que cayó en tierra fértil. De su cultivo depende el tipo de fruto que se obtendrá. *********** Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diccionario de la Lengua Española, T. II, Madrid, Real Academia Española, 22ª edición, 2001, p. 1117. [2] Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo IV, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas [IIJ] de la Universidad Nacional Autónoma de México[UNAM]/Porrúa, pp. 195-198. [3] Derecho y razón, 2ª ed., Madrid, Trotta, 1997, p. 846. [4] Para mayor abundamiento, véase el trabajo de Marina Gascón Abellán intitulado “La teoría general del garantismo: rasgos principales” en Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid, Trotta/IIJ de la UNAM, 2005, pp. 21-39. [5] Ibidem. p. 22 [6] Ibidem. p. 24. [7] “…la „rematerialización constitucional‟ –sostiene Luis Prieto Sanchis- representa una premisa insoslayable para el desarrollo de la dimensión sustancial de la democracia que promueve el garantismo y que consiste básicamente en someter el juicio de validez de las leyes no sólo a criterios formales o relativos al órgano competente y al procedimiento (quién legisla y cómo lo hace), sino también a los criterios sustantivos o de contenido que proporcionan los derechos constitucionales, tanto los civiles y políticos como los sociales.” en Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 105. [8] Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999, p. 54. También puede verse “Garantismo y poderes salvajes” en El garantismo y la filosofía del derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, número 15, 1ª edición, 1ª reimpresión, 2001, pp. 120-190. [9] Vid. “La democracia constitucional” en Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Christian Courtis (compilador), Buenos Aires, Eudeba, pp. 265 y 266. [10] En un primer momento, Trotta dio a conocer en nuestro país Derecho y razón. Teoría del galantismo penal. Después circuló Derechos y garantías. La ley del más débil. En un segundo tiempo, jóvenes investigadores mexicanos estrecharon relaciones con del Consejo Editorial de Trotta y han compartido la tarea de ampliar el conocimiento del garantismo. Miguel Carbonell y Lorenzo Córdova participaron en la edición de Los fundamentos de los derechos fundamentales. *

[1]

En especial, Carbonell ha desarrollado una intensa actividad académica. Por ejemplo, ha participado en la compilación de los siguientes ensayos de Ferrajoli: “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: una constitucionalidad global” en Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, México, Porrúa, 2000, pp. 397-409; “Contra los poderes salvajes del mercado: para un constitucionalismo de derecho privado” enEstrategias y propuestas para la reforma del Estado, (en coordinación con Hugo Concha, Lorenzo Córdova y Diego Valadés), México, IIJ, 2001, pp. 99-110; “El Estado constitucional de derecho: el modelo y su divergencia en la realidad” en Poder, derecho y corrupción, (en coordinación con Rodolfo Vázquez), México, IFE, ITAM y siglo veintiuno editores, 2003, pp. 143-160; “Pasado y futuro del Estado de derecho” enNeoconstitucionalismo(s), publicado antes en Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina, (en coordinación con Wistano Orozco y Rodolfo Vázquez), México, IIJ, ITAM y siglo veintiuno editores, 2002, pp. 187-204; además, Carbonell reseñó el libro más reciente en castellano de Ferrajoli: Razones jurídicas del pacifismo en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional Cuestiones Constitucionales, IIJ, número 12, enero-junio de 2005, pp. 327335. Por último, este año apareció publicado un homenaje al autor italiano bajo el título Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli en una coedición de Trotta y del IIJ de la UNAM, a cargo del propio Miguel Carbonell y Pedro Salazar. [11] Principalmente, el ITAM ha difundido algunos de los ensayos de Ferrajoli en Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho gracias al entusiasmo de su director, Rodolfo Vásquez. El IIJ se ha convertido en semillero del pensamiento garantista, vid. supra. En breve, el propio Instituto iniciará la publicación de la serie “Estado de Derecho y función judicial” y su primer título será Jurisdicción y argumentación en el Estado Constitucional de Derecho con textos de Manuel Atienza y de Luigi Ferrajoli. [12] Vid. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Madrid, Tecnos, 2000, p.65.